Año 1, núm. 2, septiembre de 2025
editorial
La reforma electoral y la consolidación del nuevo régimen
Mauricio Merino
Sería iluso ignorar cuáles son los propósitos del Ejecutivo y de la mayoría legislativa con la reforma electoral que hoy está en la agenda pública
El proyecto de reforma electoral que será elaborado por una comisión integrada por servidoras y servidores públicos y encabezada por Pablo Gómez Álvarez, cerrará el ciclo iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar o eliminar las instituciones creadas durante el periodo de pluralidad política que nació en la última década del siglo pasado.
Todo apunta a que esa reforma sellará el final del accidentado proceso de consolidación democrática en México y marcará el principio de un nuevo régimen autocrático; es decir: el poder concentrado en un partido hegemónico, con un proyecto político único, con el liderazgo incuestionable y con el predominio indisputable del Ejecutivo sobre los otros poderes, sobre el federalismo y sobre cualquier organismo autónomo. Autocrático: el poder de uno solo (o de unos cuantos, que actúan como uno solo).
La reforma marca el final del accidentado proceso de consolidación democrática en México y dará entrada a un nuevo régimen autocrático
En los próximos meses atestiguaremos un debate sobre una reforma cuyos contenidos no solo fueron sugeridos, sino presentados por el presidente López Obrador y defendidos en el Poder Legislativo por Morena desde noviembre del 2022, cuando ese partido y sus aliados no contaban con la mayoría calificada indispensable para modificar la Constitución. El proyecto fue desechado por falta de votos, pero se rehízo de inmediato como el “Plan B” que avanzó por la vía de las reformas legislativas —ya no constitucionales— que se discutirían en diciembre de aquel año con dictámenes hechos sobre las rodillas. Dichas propuestas registraron errores que tuvieron que ser corregidos para presentarse de nuevo al final de febrero de 2023, cuando Morena los aprobó en sesiones tan accidentadas y apresuradas que ni siquiera cuidaron los procesos legislativos básicos.
Aquel “Plan B” quedó aprobado y se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo siguiente. Pero su aplicación fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, finalmente, el 22 de junio de 2023, la cabeza del Poder Judicial declaró su inconstitucionalidad por los vicios cometidos durante su aprobación. Tras esa decisión, vendría la condena y la ofensiva definitiva del presidente contra las y los ministros que se opusieron a sus propósitos y nacería, a la vez, el llamado “Plan C” que hoy está en curso.
Sería iluso ignorar esos antecedentes para imaginar cuáles son los propósitos del Ejecutivo y de la mayoría legislativa con la reforma electoral que hoy está de vuelta en la agenda pública. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anticipado sus preferencias: la eliminación de las y los diputados plurinominales y de las y los senadores de representación proporcional; la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y el mayor ahorro posible en el presupuesto asignado a los órganos electorales autónomos, además de la elección por voto popular de las y los integrantes del Consejo General del INE.
El poder se concentrará en un partido hegemónico, con un proyecto político único, con el predominio del Ejecutivo sobre los otros poderes, sobre el federalismo y sobre cualquier organismo autónomo.
Por su parte, el coordinador de la Comisión Presidencial (en la cual se redactará el nuevo proyecto) ha hecho explícita su preferencia por el rediseño del régimen de partidos para privilegiar el reconocimiento pleno de una “nueva mayoría política” en el país. Además, a las ideas expresadas por la titular del Ejecutivo, ha añadido su animadversión por la estructura profesional de carrera en los 300 distritos electorales del país.
En el camino han ocurrido varios episodios que no pueden pasar inadvertidos: el primero fue la construcción forzada de la mayoría calificada de Morena y sus aliados, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En aquella, la coalición oficialista se hizo de un 20 % más de curules de las que había ganado en las urnas; y en el Senado sumó escaños llevando a sus filas a quienes habían obtenido su lugar con otros partidos. Se ha sostenido que ambos movimientos fueron legales, pero nadie podría probar que esa mayoría calificada corresponde a la voluntad popular expresada en las urnas. En otro momento de la historia, las y los partidarios de esa mayoría no habrían dudado en calificar ese resultado como un fraude.
Con todo, gracias a la mayoría calificada que obtuvieron tras las muy cuestionadas elecciones de 2024, los partidos del régimen han ido aprobando las reformas constitucionales y legales que dejó dictadas el presidente López Obrador desde el 5 de febrero de aquel año. El llamado “Plan C” se ha cumplido al pie de la letra y, una a una, han ido extinguiéndose las instituciones que se diseñaron durante el periodo de transición a la democracia para contrapesar el poder excesivo de la Presidencia de la República. Basta mencionar el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un ejemplo emblemático de las decisiones tomadas desde el poder, sin reparar en el daño causado al país en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Pero el caso más relevante ha sido el de la reforma al Poder Judicial. El presidente López Obrador dejó esa tarea pendiente a su sucesora, quien la ha cumplido a pie juntillas y, como se dice en el argot propio del régimen, sin quitarle una coma. Cuando este número de El Diluvio vea la luz, ya habrán tomado posesión las y los nuevos integrantes de la SCJN y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial —entre un largo etcétera de personas juzgadoras de todos los niveles— tras haber obtenido sus cargos en una elección cuestionada de punta a punta. Este proceso fue manchado de origen por el uso de “acordeones” que dictaban cómo debía votarse a favor de las y los candidatos del régimen; se trató de comicios en los que uno de cada diez electores potenciales decidió quién habría de integrar el nuevo Poder Judicial: una mayoría de 10 %.
La reforma judicial se hizo de conformidad con los deseos del gobierno, a pesar de todas las voces que expresaron los riesgos para la justicia en México.
En estas páginas ya nos hemos ocupado de esos hechos; sin embargo, no sobra recordar que la reforma judicial se hizo de conformidad con los deseos del gobierno, a pesar de todas las voces sensatas, informadas y honestas que expresaron pública y abiertamente los riesgos que habría de traer a la administración de la justicia en México.
¿Qué ha cambiado en estos días para suponer que el partido hegemónico y sus aliados actuarán de una forma diametralmente opuesta a lo que han venido haciendo, diciendo y decidiendo? Si nada especial sucediera, puede verse que los trazos principales de la reforma electoral ya están diseñados y que, en efecto, esa mudanza extinguirá el ciclo de la transición democrática en México. La fecha en que se promulgue se recordará para siempre como la consolidación de la ruta trazada por el líder que quiso llamarle a este proceso de reconcentración del poder político “la Cuarta Transformación” de la historia.
Este número recoge opiniones diversas y no solo adversas a ese proceso. Pero nos negamos a cerrar los ojos ante la evidencia acumulada en los últimos años. Además, añadimos lo que también está ocurriendo fuera de México, pues el proceso de reversión democrática es global. Quienes nos hemos propuesto defender los derechos fundamentales, la pluralidad política y la igualdad sustantiva, sin rendirnos a las promesas de quienes ostentan el poder político actual —como lo hicimos antes—, seguiremos usando el único recurso que todavía tenemos disponible: nuestra voz.
Dejamos este conjunto de reflexiones para el debate que está en curso y, eventualmente, como testimonio de lo que no pudo ser.
