Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Las políticas de la diversidad, equidad e inclusión en crisis
Alejandro Sahuí *
El cuestionamiento de las políticas de diversidad afecta tanto el acceso a la universidad como la representación política. Frente al repliegue de medidas de inclusión en Estados Unidos y las insuficiencias del modelo mexicano, el ensayo pregunta cuándo la presencia de grupos excluidos se convierte en participación e influencia reales.
No es un secreto para nadie que estamos ante una crisis democrática severa, una de cuyas causas más notorias es el avance de la desigualdad entre las personas, pero también entre los grupos, ya que no todos resultan afectados con la misma intensidad. La distancia y la ruptura de la cohesión social surge de un estado de precariedad general que produce ansiedad y, sobre todo, un sentimiento de amenaza que se dirige contra colectivos que antes estaban excluidos: mujeres, personas negras, indígenas o inmigrantes. Ocurre una asociación inconsciente entre el proceso de reconocimiento de sus derechos y la percepción de pérdidas de bienestar.
En estas circunstancias no sorprende que sean las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y su más visible estandarte, las acciones afirmativas, las más expuestas al ataque de amplios sectores de la población que estiman su calidad de vida injustamente dañada. Es un dato duro que las condiciones sociales empeoran en el mundo, y no hay muchas razones para ser optimistas: crisis ambiental, energética, alimentaria, laboral, sanitaria, educativa, de las pensiones y de seguridad pública.
Entrar a la universidad no basta si las reglas impiden pertenecer
Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump tal vez sea el caso más escandaloso de estos ataques, pero no es el único. Sin embargo, vale la pena verlo con cierto detalle porque, aun cuando su fuente principal es el malestar por la pérdida de derechos, la reacción popular ha sido capturada y manipulada por las élites políticas, ya que constituye un activo electoral valioso. En abierta alianza con los poderes económicos y tecnológicos, la esfera pública digital induce, reproduce y vigoriza el miedo y el resentimiento a la diversidad, y de modo general afecta la adhesión a valores como la igualdad y la solidaridad.
Las mayorías no acusan de las crisis al capitalismo desregulado ni a sus agentes, sino a las personas que estiman competidoras ilegítimas por servicios y bienes cada vez más escasos. Y esta situación es generalizada. En México, por ejemplo, Nexos informó hace unos años los resultados de una encuesta sobre la cultura política y los valores de los mexicanos, hallando un liberalismo salvaje, en el cual los individuos desconfían de las instituciones y los otros, y piensan en exclusiva en las ventajas propias y de los suyos.(1)
No es extraño que este tipo de cultura cívica triunfase en Estados Unidos tras décadas de neoliberalismo, siendo acompañada de una narrativa racista y xenófoba, como la de Samuel Huntington, de Harvard, quien se preguntaba por los desafíos a la identidad usamericana y señalaba la invasión hispana y el retroceso de la cultura blanca y protestante.(2)
El fin de la acción afirmativa en las universidades y la representación política merecen verse con detalle. Aunque parezca extraño reunir estos temas en apariencia inconexos, estimo que exhiben la naturaleza y profundidad de la amenaza anti-igualitaria. El propio vicepresidente J. D. Vance señaló a las universidades como el enemigo, y tanto Trump como la Corte han resuelto prohibir primero en estos espacios que se concedan ventajas a las minorías negras, hispanas, asiáticas o nativas-americanas. Seguramente, la razón está en el efecto catalizador de la educación en la sociedad global, el trabajo, la economía o la cultura. Por esta razón no sorprende el avance de la reacción neoconservadora que incluso propone una ilustración oscura racista. (3) Detrás de la acusación a las medidas de DEI de ser discriminatorias, hay una defensa apenas velada de la hegemonía cultural blanca.(4)
Aunque solo han pasado tres años de la sentencia Students for Fair Admissions v. Harvard y es prematuro medir su impacto, el primer año registró una caída en las 50 mejores escuelas de un 27 % en estudiantes de primer curso de raza negra y un 10 % de hispanos.
Detrás de las universidades, la atención ha girado a la representación política, limitándose el sentido de la ley de derechos electorales (Voting Rights Act) de 1965, que pretendía equiparar el poder de las poblaciones negras e hispanas en proporción a su número. El caso Louisiana v. Callais, de 2026, prohíbe considerar la raza en el diseño de los mapas electorales. Como la diversidad es un factor de peso en las votaciones, el Ejecutivo y los tribunales impugnaron estas medidas afirmativas.
Por medio de mapas electorales, del diseño de circunscripciones con criterios demográficos, el fin de aquella ley era escuchar las voces de poblaciones infrarrepresentadas. El asunto es relevante porque no era una concesión gratuita, sino una herramienta participativa natural. La legitimidad del proceso electoral nace de su capacidad de traducir votos en escaños, pero también en influencia real.
Una curul ocupada no garantiza una voz con poder
Los cambios educativos y del régimen político implican retrocesos de la diversidad, pero no son fortuitos, ya que responden a patrones de opresión y exclusión sistemática.
En la discusión de la democracia deliberativa, Jane Mansbridge (5) defiende la representación descriptiva sin idealizarla ni adherirse a una política de la identidad. Este tipo de política asume cierto esencialismo y que los integrantes de los grupos poseen caracteres innatos. Pero Mansbridge no afirma nada diferente a que los legisladores trabajadores a su vez representen a trabajadores o que los habitantes de una localidad sean los representantes de esta.
La participación de las minorías en el mundo académico y la política no se justifica por alguna cualidad vinculada a su identidad biológica o cultural, sino porque se sostiene como hipótesis que comparten una experiencia de vida, un lugar subordinado, segregado y marginal dentro de la historia más amplia de la comunidad nacional.
Por esta razón, si no existen estructuras que brinden equidad e inclusión, las instituciones no ganan con la diversidad ni tampoco los sujetos discriminados. No es solo que las minorías ingresen a ciertos espacios, sino que también se integren realmente a la comunidad. Ser una persona beneficiaria o usuaria no es lo mismo que ser participante o ciudadana.
En el ámbito político, la equidad implica homologar las condiciones de la contienda electoral y revisar cuestiones técnicas inherentes al principio representativo. Sin acciones distributivas en los presupuestos de partidos y candidaturas, del mismo modo que sin el reconocimiento de un peso especial a las contribuciones de las minorías mediante herramientas como cuotas, poder de veto, voto preferente o consultas, será difícil realizar el proyecto igualitario.
En México, a diferencia de Estados Unidos que tuvo un régimen de segregación, la igualdad se postuló como un atributo de la ciudadanía, pero esto fue válido solo en sentido formal. En los hechos la desigualdad ha sido un patrón de nuestra sociedad y la escuela tiene la misma problemática en todos los niveles: falta de oportunidades y exclusión. A pesar de que el discurso estatal soslaya el tema racial y étnico, la educación ha sido afectada por la falta de reconocimiento y de representación de ciertos grupos; no pesa solo la desventaja material.
Quizá esto sea producto de una idea estrecha de la igualdad y su contracara, la discriminación. En la autonombrada Cuarta Transformación que inició Andrés Manuel López Obrador y continúa Claudia Sheinbaum Pardo, se asume que el problema de la desigualdad es económico y que deriva de daños a la justicia social: “Por el bien de todos, primero los pobres” es el lema que sintetiza este enfoque.
La inclusión se mide también en quién decide y con qué recursos
La ciudadanía nacional se edificó en el imaginario de la identidad mestiza a través de la cual se podían superar cuestiones como la raza, la etnia o la cultura, e impedir daños a las minorías. Sin embargo, las personas indígenas, los integrantes de los pueblos originarios, han quedado segregados y ha fracasado su acceso a los derechos y la representación política. El problema, según esta mirada, no se relaciona con la cuestión étnica o racial, con el reconocimiento, sino con la equidad y la redistribución. Así entendida, la inclusión consiste en vencer la pobreza.
Pero como el debate multicultural llegó también a la academia y la opinión de nuestro país, se constató que la injusticia a las poblaciones originarias no se reducía a lo económico, a pesar de que este siguió creyéndose lo principal. A diferencia de Estados Unidos que impulsó las políticas DEI mediante fórmulas de accesibilidad a un sistema educativo unitario, aunque sumamente restrictivo, la igualdad en México justificó la creación de subsistemas especiales para poblaciones marginadas, pero sin dotarlos de los mismos recursos que el sistema central, el cual atraviesa también condiciones difíciles.
En 2003 se creó el subsistema de Universidades Interculturales (UI), que da preferencia a estudiantes indígenas; actualmente, hay 20 universidades interculturales que atienden a más de 26 000 alumnos. Además, a partir de 2018 se crearon más de 200 sedes de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, y en 2023 la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con una matrícula conjunta de 132 000 estudiantes, según cifras oficiales.(6)
Una rápida crítica a nuestro modelo es que la existencia de subsistemas distintos al principal tiende a producir el mismo tipo de situación que llevó en Estados Unidos a echar atrás la infame doctrina iguales, pero separados de Plessy v. Ferguson de 1896, pero vigente hasta avanzado el siglo XX. Su derogación dejó claro que, tratándose de grupos estigmatizados y débiles, la separación del resto de la población, aunque tenga buenas intenciones, produce exclusión y desventaja, de modo que no es fortuito ahora en México, como antes en el país vecino, el estado de marginación de las escuelas indígenas.
En relación con la representación en México hay que profundizar la conversación pública en torno a las cuotas para ciertas minorías. No cuento aquí la paridad entre mujeres y hombres, ya que esta sí cumple el fin sustantivo de la democracia, como observó Luis Villoro antes de su admisión constitucional:
Las cuotas en favor de las mujeres deberían tener como fin último alcanzar la paridad, es decir, el 50 % para cada sexo, puesto que las mujeres ocupan la mitad de la humanidad […] a diferencia de todos los otros casos, no constituyen una clase social, ni un grupo específico; no son una comunidad, ni una minoría social o racial, atraviesan a todos los grupos y todas las clases, forman parte de todas las comunidades y pueblos y, en todos ellos, son una inseparable mitad”.(7)
En cambio, en otras situaciones la reserva de cuotas parece guiada por una política identitaria de la mera presencia. Pero sin medidas que equiparen el poder de las minorías para influir en los procesos decisorios, como pueden ser el veto, las iniciativas preferentes o las consultas previas, sería difícil hablar de representación democrática real. Son casos que merecen, uno por uno, debates públicos a fondo.
* Director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche.
Referencias
(1) Nexos. (2011, febrero). El mexicano ahorita: retrato de un liberal salvaje. Nexos, 398.
(2) Huntington, S. (2004). ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense. Paidós.
(3) Land, N. (2022). La ilustración oscura (y otros ensayos sobre la neorreacción). Materia Oscura.
(4) Sacks, D. O. y Thiel, P. A. (1998). The Diversity Myth: Multiculturalism and Political Intolerance on Campus. The Independent Institute.
(5) Mansbridge, J. (2023). “¿Deberían los negros representar a los negros y las mujeres a las mujeres? Un “sí” contingente”. Feminismo, democracia y poder. Gedisa.
(6) Lloyd, M. (2026, agosto). ¿Democratización o demagogia?. Nexos.
(7) Villoro, L. (1997). El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. Fondo de Cultura Económica, 327.
