Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
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Un viejo odio bajo nuevas banderas
Jorge Javier Romero Vadillo *
Una consigna antijudía en Ciudad de México abre una pregunta urgente: ¿cuándo la crítica legítima al gobierno israelí se convierte en culpa colectiva contra las personas judías? El texto separa identidades, proyectos políticos y responsabilidades concretas para defender los derechos palestinos sin tolerar el antisemitismo.
El 11 de septiembre, unas sesenta personas marcharon por Presidente Masaryk, en Polanco, y frente a una sinagoga apareció una consigna imposible de justificar detrás de cualquier causa política: la expulsión de los judíos de México. La repulsa fue amplia y las principales organizaciones solidarias con Palestina se deslindaron del episodio y denunciaron una provocación antisemita, pero una manifestación de ese cariz debe leerse como señal de alerta ante un fenómeno latente que se reactiva, soterrado y oportunista, bajo la cobertura de protestas legítimas contra la devastación de Gaza. La identidad y las intenciones de quienes participaron deberán establecerse antes de repartir responsabilidades; la consigna, en cambio, puede juzgarse por su propio contenido. Su objeto eran los judíos, no Benjamin Netanyahu, Gaza, los asentamientos ni la ocupación.
Criticar a un gobierno no autoriza a culpar a una comunidad
El episodio viene a cuento en un número dedicado a la discriminación, porque la guerra de Gaza ha vuelto frecuente una confusión de categorías que deberían permanecer separadas con rigor. Judíos, personas procedentes de familias judías, ciudadanos israelíes, sionistas, gobierno israelí y Netanyahu aparecen intercambiados con una ligereza que resultaría inadmisible si fuera aplicada a cualquier otra población, mientras la acusación de antisemitismo también ha servido para descalificar críticas perfectamente legítimas a Israel, a la ocupación o a la conducta de su gobierno en Gaza. Las dos operaciones escamotean responsabilidades concretas detrás de identidades colectivas.
Hace falta una precisión elemental. El judaísmo es una religión y la procedencia familiar no convierte automáticamente a nadie en practicante ni autoriza a los demás a imponerle una identidad. Existen identidades judías culturales, históricas y seculares, asumidas como tales por quienes las reivindican, incluso desde posiciones agnósticas o ateas. Clasificar desde fuera a una persona como judía por sus padres, sus abuelos o sus apellidos pertenece a otra tradición particularmente siniestra: convertir una pertenencia religiosa o cultural en condición hereditaria fue uno de los mecanismos mediante los cuales el antisemitismo moderno inventó al judío como raza.
El antijudaísmo tiene una historia muy anterior a Israel y durante siglos tuvo una matriz religiosa en el cristianismo medieval. El antisemitismo moderno añadió un componente racial y conspirativo: el judío pasó a formar parte de una categoría pretendidamente hereditaria a la que podían atribuirse características contradictorias según las necesidades políticas del momento: banquero y revolucionario, capitalista y comunista, cosmopolita y enemigo interior. La conversión religiosa perdió incluso su antigua capacidad de redención, pues el estigma había pasado de la fe a la sangre.
El antisionismo pertenece, en principio, a otra categoría. El sionismo es una doctrina política y puede ser reivindicada, discutida, combatida o rechazada como cualquier nacionalismo. La frontera comienza a borrarse cuando sionista adquiere la función de sinónimo despectivo de judío; cuando una persona de origen judío debe responder por Israel; cuando reaparecen, con el sustantivo cambiado, las viejas historias sobre banqueros, medios de comunicación, intelectuales y gobiernos sometidos a un poder oculto; o cuando una protesta contra Netanyahu encuentra su escenario frente a una sinagoga situada a 11 000 kilómetros de Jerusalén.
Ese desplazamiento permite que un antijudaísmo muy anterior al Estado de Israel adquiera los ropajes contemporáneos de la solidaridad internacional. Hay corrientes antisionistas perfectamente ajenas al antijudaísmo, incluidas algunas de origen judío. También hay un activismo que, bajo el nombre de antisionismo, recicla los viejos tópicos de la conspiración judía, responsabiliza colectivamente a las personas de ascendencia judía por Gaza o les exige una profesión de fe contra Israel antes de reconocerles legitimidad para intervenir en el debate público. El mecanismo discriminatorio reaparece envuelto en un nuevo lenguaje: una coartada presentable para revivir un viejo odio.
El sionismo surgió a finales del siglo XIX como un nacionalismo judío en una Europa poblada de nacionalismos y marcada por los pogromos, el antisemitismo político y el fracaso de la expectativa de que la emancipación jurídica acabaría por sí sola con siglos de persecución. Theodor Herzl publicó Der Judenstaat en 1896 y el primer Congreso Sionista se reunió en Basilea al año siguiente. Hubo desde entonces sionistas socialistas, liberales, revisionistas, religiosos y seculares, así como judíos religiosos y seculares radicalmente antisionistas. Su proyecto planteaba una cuestión decisiva: el territorio al que aspiraba estaba habitado mayoritariamente por población árabe, junto con comunidades judías de antigua presencia, dentro de un imperio otomano pluricultural y plurirreligioso en el que las identidades políticas distaban todavía de corresponder a los nacionalismos territoriales que se consolidarían durante las décadas siguientes. La población árabe de Palestina tenía intereses, derechos y arraigo propios, aunque una identidad nacional palestina diferenciada se encontraba todavía lejos de consolidarse. El desarrollo paralelo y después enfrentado del nacionalismo sionista y del nacionalismo árabe palestino convertiría esa cuestión en uno de los grandes conflictos políticos del siglo XX.(1)
Reducir el sionismo a una empresa colonial concebida desde su origen para despojar a los palestinos exige borrar los pogromos del imperio ruso, el caso Dreyfus, el antisemitismo europeo y, finalmente, el exterminio de seis millones de judíos. Aquellas experiencias traumáticas convirtieron la posibilidad de un refugio nacional en algo bastante menos abstracto. José Woldenberg ha recordado que el sionismo fue durante décadas una corriente entre varias dentro del mundo judío y que el Holocausto resultó decisivo para volverlo hegemónico.(2)
La historia de Israel contiene además una tradición que el predominio contemporáneo de Netanyahu y sus aliados religiosos ha vuelto fácil de olvidar. Durante sus primeras décadas, el Estado estuvo dominado por un sionismo laborista, fundamentalmente secular y con una poderosa veta colectivista. Mapai, la Histadrut y el movimiento de los kibutzim formaron parte de una cultura política que produjo gobiernos encabezados por Ben-Gurion, Sharett, Eshkol y Golda Meir.(3) Aquel Israel tuvo zonas oscuras innegables —el desplazamiento palestino de 1948, la administración militar impuesta durante años a los ciudadanos árabes y desigualdades persistentes—, pero su tradición política estaba muy lejos del nacionalismo religioso, mesiánico y reaccionario que hoy pretende presentarse como expresión natural del Estado judío.
Los kibutzim condensan bien esa otra historia: comunidades seculares basadas en formas radicales de cooperación, propiedad colectiva y organización igualitaria del trabajo que durante décadas tuvieron una influencia política y cultural muy superior a su peso demográfico. Algunas de ellas fueron precisamente escenario de las matanzas del 7 de octubre. La imagen rudimentaria que convierte a todos los israelíes en colonos fanáticos borra, entre otras cosas, que entre las víctimas de Hamás había integrantes de una tradición pacifista, laborista y secular enfrentada desde mucho antes a la derecha nacionalista.
«Sionista» se vuelve coartada cuando sustituye a «judío» como insulto
Esa historia ayuda también a entender la magnitud de la ruptura emprendida por la coalición de Netanyahu desde su captura del poder. Antes del ataque de Hamás, en 2022, su gobierno había lanzado una ofensiva contra la independencia judicial y otros contrapesos que provocó movilizaciones multitudinarias. El Israel Democracy Institute ha documentado cómo varias de esas iniciativas continuaron durante la guerra y aumentaron la politización de organismos públicos.(3) La vida democrática israelí explica precisamente la fuerza de la resistencia interna frente a esa deriva.
La promesa democrática israelí ha convivido, indudablemente, con desigualdades persistentes para sus ciudadanos árabes y con un problema de naturaleza todavía más grave en los territorios ocupados. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal, que los asentamientos deben cesar y que varias políticas israelíes obstaculizan el derecho palestino a la autodeterminación.(4) Defender la existencia de Israel resulta perfectamente compatible con exigir el fin de la ocupación, denunciar el racismo antiárabe y reclamar responsabilidades por la devastación de Gaza.
La respuesta israelí a los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 ha producido una catástrofe civil y acusaciones penales de enorme gravedad. En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, al encontrar motivos razonables para considerar que podían tener responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluido el uso del hambre como método de guerra.(5) Una orden de detención tiene naturaleza procesal distinta de una condena, precisión jurídica que fortalece, en lugar de atenuar, la gravedad de lo resuelto por el Tribunal.
La pluralidad del mundo judío tiene expresiones mexicanas que vuelven especialmente burda cualquier representación de los judíos como cuerpo político homogéneo. Woldenberg procede de una familia judía, dato biográfico que, igual que en el caso de la presidenta Sheinbaum, carece de sentido convertir por sí mismo en adscripción religiosa. Tres días después del 7 de octubre sostuvo simultáneamente el derecho de Israel a existir, la legitimidad de criticar a Netanyahu, el derecho palestino a un Estado y el carácter terrorista de Hamás.
Benjamín Temkin asume, en cambio, explícitamente su identidad. Judío secular y sionista de izquierda, académico de FLACSO México y antiguo diputado de la Knéset por Meretz, ha defendido durante décadas tanto la existencia de Israel como posiciones críticas frente a la ocupación y a las políticas de la derecha israelí. Su trayectoria deshace varias asociaciones comunes del sectarismo: la identidad judía puede ser secular, el sionismo contiene una tradición de izquierda enfrentada al nacionalismo religioso y la defensa de Israel dista mucho de implicar adhesión a Netanyahu. Arnoldo Kraus, muerto en 2025, también asumió abiertamente su identidad como judío secular y, desde una historia familiar marcada por la Shoah, condenó a Hamás y al antisemitismo al mismo tiempo que escribió con dureza contra Netanyahu, sus ministros ultranacionalistas y la destrucción de Gaza. En estas mismas páginas de El Diluvio, Esther Kravzov ha manifestado su posición lejana a cualquier fundamentalismo sionista sin repudiar al Estado de Israel.
La historia palestina tampoco conduce fatalmente a Hamás. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tuvo una larga etapa marcada por la lucha armada, el terrorismo y la negación de Israel, pero atravesó después una rectificación fundamental. En septiembre de 1993, Yasser Arafat reconoció formalmente el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, aceptó las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, se comprometió a resolver mediante negociaciones las cuestiones pendientes y renunció al terrorismo y a otros actos de violencia. Yitzhak Rabin respondió reconociendo a la OLP como representante del pueblo palestino.(6)
Aquellos acuerdos pactados en Oslo naufragaron entre incumplimientos, terrorismo, expansión de los asentamientos judíos en los territorios ocupados y fortalecimiento de quienes rechazaban el compromiso en ambos lados. Arafat tampoco se transformó por aquella firma en un dirigente democrático ejemplar y la Autoridad Palestina desarrolló prácticas autoritarias, clientelares y corruptas. Lo relevante es que ha existido una tradición palestina capaz de rectificar, reconocer a Israel y aceptar la negociación como vía para construir un Estado propio. Salam Fayyad representaría después una variante particularmente interesante de esa tradición secular, empeñada en construir capacidad estatal, administración profesional y servicios públicos antes que en cultivar la épica estéril de la lucha armada.(7)
El asesinato de Rabin en 1995 por un extremista judío israelí mostró la capacidad de veto adquirida por los enemigos del compromiso. Hamás combatía también el proceso de Oslo mediante atentados terroristas. Las historias, los medios y las responsabilidades eran diferentes, aunque los adversarios de la negociación compartían un incentivo decisivo: cada ataque del extremismo contrario hacía más costoso políticamente pactar y proporcionaba nuevas razones a quienes sostenían que la coexistencia era imposible. Décadas de esa dinámica acabaron debilitando a quienes aceptaban la transacción y fortaleciendo a quienes vivían políticamente de impedirla.
Hamás merece, en ese contexto, una caracterización menos indulgente que la que recibe en ciertos ambientes occidentales. Es un movimiento islamista, autoritario y profundamente discriminatorio. Su Carta de 1988 trascendía la hostilidad contra Israel y reproducía un antijudaísmo explícito, incluido el viejo repertorio conspirativo sobre un poder judío capaz de manipular gobiernos, guerras y revoluciones.(8) Su documento político de 2017 cambió sustancialmente ese lenguaje y declaró que su conflicto era con el proyecto sionista y no con los judíos por su religión.(9) La rectificación doctrinal merece registrarse, aunque tres décadas de tradición ideológica no desaparecen mediante una modificación de vocabulario.
Su gobierno en Gaza permite observar el contenido social de ese proyecto. Desde 2007, Hamás ha gobernado sin elecciones competitivas, reprimido adversarios y manifestaciones, y acumulado denuncias documentadas de detenciones arbitrarias y tortura.(10) Las mujeres han sufrido restricciones derivadas de una concepción patriarcal y religiosa del orden social, mientras la diversidad sexual permanece sometida a criminalización, hostigamiento y ocultamiento.(11) Presentar semejante proyecto como una fuerza emancipadora exige suspender principios —libertad política, igualdad de las mujeres, diversidad sexual, laicidad— que buena parte de sus admiradores occidentales considera irrenunciables en sus propias sociedades.
La solidaridad pierde su fuerza cuando reparte culpas por origen
El 7 de octubre mostró, además, las consecuencias del componente antijudío de esa tradición ideológica. Hamás y otros grupos armados asesinaron deliberadamente a civiles y tomaron rehenes, diluyendo en la práctica la diferencia entre una sociedad y su gobierno. La misma regla opera para Gaza: los palestinos no deben ser tratados como Hamás ni responder colectivamente por sus crímenes. La emancipación palestina comprende, por ello, tanto la liberación de la ocupación como la posibilidad de librarse de una dictadura fundamentalista. Mujeres, homosexuales y disidentes palestinos tienen derechos frente a sus propios gobernantes, y todos los palestinos tienen derecho a elegirlos, criticarlos y echarlos del poder.
La solución de dos Estados conserva sentido precisamente desde esa doble exigencia. Requiere un Israel democrático y secular, capaz de contener al nacionalismo religioso, garantizar la igualdad efectiva de sus ciudadanos árabes y abandonar la ocupación; y una Palestina democrática y secular, capaz de sustituir la lucha religiosa contra Israel por instituciones representativas y garantizar a sus propios ciudadanos los derechos que reclama frente al ocupante. Ambos pueblos han producido tradiciones políticas capaces de imaginar semejante arreglo y también fuerzas empeñadas en destruirlo.
La terrible tragedia es que Israel, durante años la única democracia de Medio Oriente, está viviendo uno de los peores retrocesos autoritarios de la presente ola de contracción democrática en el mundo. La coalición ultraderechista que gobierna es una de las peores expresiones, si no la peor, de la oleada antiliberal que vive el mundo. Ultrarreligiosos y ultranacionalistas aliados en torno a Netanyahu han aprovechado el enfrentamiento de manera aviesa para aferrarse al poder, y apenas el 23 de septiembre el Comité Central Electoral prohibió la participación en las elecciones de los partidos árabes,(12) lo que rompe la tradición de pluralidad interna de la que habitualmente presumían los israelíes.
El choque de fundamentalismos en Israel y Palestina es un reflejo sangriento del momento de polarización extremista que vive el mundo. Es el más visible, pero no el único: los clamores del activismo propalestino no tienen réplica frente a otras tragedias siniestras, como la agresión rusa a Ucrania, apenas recordada en México.
Por eso es necesario volver entonces a la discriminación y a sociedades situadas a miles de kilómetros del conflicto. Apenas en septiembre de 2026, la escritora argentina Ariana Harwicz fue excluida del festival Cultur Alh de Granada después de presiones relacionadas con sus posiciones contrarias al boicot cultural a Israel.(13) Harwicz atribuyó la decisión a su condición judía, mientras quienes respaldaron su salida alegaron sus posiciones públicas sobre Gaza. La disputa política acabó decidiendo quién podía participar en una conversación literaria.
En México, algo parecido ocurre cuando sionista deja de describir una posición y se convierte en epíteto derogatorio para explicar lo que alguien piensa, los intereses que supuestamente representa o las redes de poder a las que se presume que pertenece. Ezra Shabot ha recibido ataques particularmente agresivos por sus posiciones sobre Gaza, lo que niega la posibilidad de que sus argumentos sean discutidos como cualquier intervención pública. La controversia cambia de naturaleza cuando una identidad real o atribuida sirve para deducir una lealtad política, un interés oculto o una responsabilidad colectiva.
A un mexicano procedente de una familia rusa nadie le exige condenar a Putin antes de permitirle hablar de literatura, como tampoco debería exigirse a un musulmán mexicano que responda por Hamás. Clasificar a alguien como judío por sus antepasados para exigirle después una declaración sobre Netanyahu reproduce en un solo movimiento dos operaciones características del antisemitismo: convertir el judaísmo en condición hereditaria y atribuir a quienes quedan incluidos en ella una solidaridad política colectiva.
Ahí reside la contradicción más seria de cierto activismo contemporáneo. La causa palestina contiene una demanda legítima de autodeterminación, derechos y ciudadanía, y una parte sustancial de quienes la defienden mantiene una crítica rigurosa de la ocupación israelí ajena al antijudaísmo. Bajo el mismo paraguas circula también un antijudaísmo atávico que ha aprendido a presentarse como antisionismo, recupera fantasías conspirativas, convierte al judío real o supuesto en representante de Israel y concede a Hamás una indulgencia sorprendente frente a su carácter autoritario, antifeminista, hostil a la diversidad sexual y cargado de prejuicios religiosos.
Por eso la algarada de Polanco merece atención, aunque procediera de un grupo pequeño y organizaciones propalestinas se hayan deslindado de ella. La defensa de un Estado palestino, el fin de la ocupación, la denuncia de la devastación de Gaza, la persecución penal de quienes resulten responsables de crímenes de guerra y el combate al racismo antiárabe pertenecen a una agenda de derechos. Convertir a los judíos mexicanos, o a quienes alguien haya decidido clasificar como tales por su ascendencia, en representantes de Israel y responsables vicarios de una guerra librada a miles de kilómetros pertenece a una tradición bastante más antigua e inaceptable.
Cuando una causa que combate la discriminación distribuye culpas según el origen, decide quién puede hablar de acuerdo con su identidad y exige pruebas de pureza política a quienes previamente ha clasificado como miembros de una colectividad, acaba reproduciendo el mecanismo que pretendía combatir.
* Director de El Diluvio.
Referencias
(1) Shapira, A. (2012). Israel: A History. Brandeis University Press.
(2) Woldenberg, J. (2024, 7 de mayo). ¿De qué se trata?. El Universal.
(3) Israel Democracy Institute. Mapai (The Workers Party of the Land of Israel). Israeli Elections and Parties.
(4) Corte Internacional de Justicia. (2024, 19 de julio). Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. Opinión consultiva.
(5) Tribunal Penal Internacional. (2024, 21 de noviembre). Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Rejects the State of Israel’s Challenges to Jurisdiction and Issues Warrants of Arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant.
(6) Organización de las Naciones Unidas. (1993, 9 de septiembre). Israel-PLO Recognition: Exchange of Letters between Prime Minister Yitzhak Rabin and Chairman Yasser Arafat.
(7) Palestinian National Authority. (2009, agosto). Palestine: Ending the Occupation, Establishing the State. Program of the Thirteenth Government. Ramala.
(8) Hamás. (1988, 18 de agosto). The Covenant of the Islamic Resistance Movement.
(9) Hamás. (2017, 1 de mayo). A Document of General Principles and Policies.
(10) Human Rights Watch. (2024). World Report 2024: Israel and Palestine.
(11) Human Rights Watch. (2021, 17 de febrero). Gaza Authorities Issue Travel Restrictions for Unmarried Women.
(12) The Times of Israel. (2026, 24 de septiembre). Election panel disqualifies all Arab parties, in move likely to be overturned; Balad leader also barred.
(13) Aguilar, A. (2026, 18 de septiembre). El festival de Granada Cultur Alh prescinde de la escritora Ariana Harwicz por su postura contraria al boicot del mundo de la cultura a Israel. El País.
























