Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
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El orden de los predicados
Valeria López Vela *
Una trayectoria ejemplar no demuestra que una institución sea justa. A partir de un caso universitario sometido a escrutinio, este ensayo distingue identidad, mérito y responsabilidad institucional: las acciones afirmativas deben justificarse por las barreras que corrigen, sin exigir que una persona cargue con la prueba de toda una política.
Una biografía admirable no sustituye una política justa
El 23 de febrero de 2023, Cambridge anunció el nombramiento de Jason Arday como profesor de Sociología de la Educación. El comunicado entretejía su investigación con una historia de superación: había vencido el analfabetismo al final de la adolescencia y, a los 37 años, sería el profesor negro más joven de la universidad.(1) Una cátedra, una obra, una biografía. El texto convertía aquella llegada en algo más que un nombramiento.
Un comunicado de prensa dista del acta de un comité de selección, y deducir de esa nota que Arday fue contratado por su historia excedería lo que permite afirmar. Su función es otra: fijar lo que el público debe ver. Un investigador cuya obra merece atención, una señal de que ciertas barreras ceden, la prueba viviente de la virtud institucional. Las tres lecturas pueden convivir; el problema aparece cuando una eclipsa a las demás.
En los tres años siguientes, Arday se convirtió en una celebridad académica. Afrodescendiente, de origen pobre y autista, reunía tres condiciones que con frecuencia se convierten en desventajas. Su figura pronto dejó de representarse únicamente a sí misma: su llegada a Cambridge fue leída como materialización de lo que las políticas de inclusión prometen, de ahí que el escrutinio posterior desbordara su trabajo académico. A las acusaciones de plagio se sumaron preguntas sobre una vida narrada como acumulación de hazañas: 30 maratones en 35 días, 600 millas en seis días y cinco millones y medio de libras recaudadas para obras benéficas. Las credenciales admirables se volvieron afirmaciones susceptibles de verificación.
Tras semanas de tensión, Arday renunció el 5 de agosto de 2026. Advirtió que su salida marcaba el límite de lo que cabe exigir y pidió que nadie la leyera como aceptación de las versiones que circulaban sobre él. El 14 de agosto murió en su domicilio de Battersea. El 26 de agosto, el juez forense (coroner) Julian Morris abrió una investigación por sospecha de muerte no natural. Una investigación abierta guarda sus conclusiones para después. Una tragedia, además, no resuelve una disputa académica ni autoriza a clausurarla.
La identidad racial de Arday tampoco demuestra que hubiera sido contratado mediante una acción afirmativa. Presumirlo repetiría el gesto que conviene examinar: convertir la pertenencia racial en explicación suficiente de una trayectoria. Su caso permite preguntar, en cambio, qué ocurre cuando una institución presenta a una persona como emblema de inclusión y qué relación existe entre la identidad que celebra y la justicia que procura.
Las acciones afirmativas deben anclarse en las relaciones de desigualdad que pretenden corregir. Esto conserva las categorías necesarias para identificar a quienes las padecen, pero cambia la función de la pertenencia: puede indicar a quién debe alcanzar una intervención, pero su justificación queda pendiente. Entre reconocer quién ha sido excluido y explicar por qué una medida destinada a corregir esa exclusión es justa hay un tramo que ninguna identidad por sí sola recorre.
Dónde está la falla
Ser mujer, negro o indígena no constituye una condición que deba repararse. La injusticia aparece cuando determinadas prácticas convierten esas condiciones en motivos de subordinación o exclusión. Lo que pide corrección es la relación social que las vuelve desventajas. Olvidarlo traslada el problema a quienes padecen la exclusión y exime a las condiciones que la producen.
Nancy Fraser distingue dos maneras de entender el reconocimiento. En “Rethinking Recognition” descarta el modelo identitario —afirmar y revalorizar una identidad colectiva— en favor de un modelo de estatus: lo fundamental es que los integrantes de un grupo puedan participar como pares.(2) El agravio deja de consistir en una imagen desfavorable que convenga sustituir por otra admirativa. Radica en relaciones institucionalizadas de subordinación, y corregirlas exige algo distinto de celebrar a quienes sobresalieron pese a ellas.
Honneth le objetó que ninguna redistribución antecede al reconocimiento, pues nadie reparte hacia quien todavía no ha sido reconocido como sujeto de reclamo.(3) No pretendo zanjar aquí ese intercambio. Me basta el punto en que convergen: el reconocimiento que importa recae sobre una posición social, y una persona concreta la encarna sin agotarla.
Una institución puede dirigir una medida a un grupo cuando identifica barreras que afectan su acceso o permanencia. Entonces debe decir cuáles son esas barreras, por qué la medida responde a ellas y qué cabe esperar de su aplicación. Nombrar una categoría deja esas tareas sin cumplir. La identidad refiere posibles destinatarios; la desigualdad que padecen y la justicia del remedio reclaman cada una su propia demostración.
Tampoco hace falta justificar que cada beneficiario habría obtenido esa plaza si la discriminación no hubiera existido. Ese contrafáctico individual exige reconstruir un resultado incognoscible y hace depender la medida de una historia hipotética sobre cada persona. La pregunta pertinente mira hacia la competencia real: qué obstáculos injustificables operan en ella y cómo corregirlos sin introducir nuevas arbitrariedades.
La institución debe explicar sus reglas; nadie debe encarnar su coartada
De ahí tampoco se sigue que todas las desventajas deban reducirse al ingreso. Una persona con recursos puede enfrentar discriminación racial; otra, privaciones ajenas a su pertenencia étnica. El racismo y la penuria material se cruzan sin fundirse, y una medida diseñada contra un aspecto rara vez alcanza al otro. La categoría es pertinente cuando identifica el mecanismo que se quiere combatir, no cuando funciona como certificado general de vulnerabilidad.
Por la misma razón, exigir a cada solicitante una autobiografía del sufrimiento resulta indefendible. Sustituir la exclusión por un concurso de heridas sería una forma cruel de conservarla. La evidencia puede ser colectiva: patrones de acceso, obstáculos que se repiten en cada convocatoria. A la institución corresponde justificar la relación entre esa evidencia y la intervención; al beneficiario, su trabajo, jamás una representación convincente de la víctima.
Una trayectoria admirable no acredita por sí sola la capacidad para ocupar un cargo, del mismo modo que una evaluación de capacidad no demuestra que las condiciones de acceso hayan sido justas. Hay que sostener ambas preguntas: qué debe exigirse para desempeñar una función y en qué condiciones es justo exigirlo. Examinar la pertinencia de los criterios y las barreras reales funda la exigencia. Confundir ese examen con una renuncia al rigor equivale a confundir el rigor con su apariencia.
De la oportunidad al emblema
La conversión ocurre cuando la institución descubre en una persona la ocasión de contar una buena historia sobre sí misma. Abrirle una oportunidad deja de bastar; su presencia debe demostrar que la inclusión funciona. La biografía se vuelve rendición de cuentas abreviada. Donde correspondían preguntas sobre procedimientos y resultados aparece un rostro que invita a dar el asunto por resuelto.
Una incorporación puede ser importante sin demostrar que una estructura se ha transformado. Puede abrir posibilidades y ofrecer referencias que antes faltaban. Pero una trayectoria excepcional no prueba que las barreras desaparecieron. Celebrar a quien logró atravesarlas deja sin explicar qué cambió para quienes siguen del otro lado.
El costo recae sobre la persona celebrada. Convertida en emblema, recibe una obligación que su contrato no menciona: representar adecuadamente la promesa institucional. Investigar, enseñar o ejercer su profesión deja de bastar; ahora debe seguir encarnando una historia capaz de justificar la atención recibida. Sus logros se atribuyen entonces a la apertura institucional y sus errores a la supuesta incapacidad del grupo. En ambos casos se estrecha el espacio para responder por su propio trabajo.
La ejemplaridad produce bienes que ningún argumento sobre estatus reemplaza: la niña que ve a alguien como ella dictando una clase magistral calcula distinto sus propias posibilidades, y quien nunca vio a nadie de su barrio en un aula así rara vez se postula. Retirar la ejemplaridad del discurso institucional sacrifica parte de ese efecto, y aun así lo sostengo por dos razones. El bien se obtiene a costa de una persona a quien nadie preguntó si quería producirlo. Y un referente sostiene mal aquello que ningún cambio de procedimiento respalda: quien se postula encuentra las mismas barreras que su modelo atravesó a solas.
El 12 de agosto, la rectora escribió a la comunidad universitaria. Anunció una investigación independiente sobre el nombramiento y los años de Arday en Cambridge, cuyos hallazgos alimentarían una revisión del procedimiento para designar cargos académicos superiores.(4) En la misma carta sostuvo que Cambridge no necesitaba esperar para afirmar el valor del trabajo de sus académicos de color.(4) Conviene que ambas afirmaciones permanezcan juntas: las responsabilidades de una persona no se transmiten por pertenencia racial ni la validez de una política se decide en una sola biografía.
Que los relatos sobre sus maratones y su recaudación fueran examinados no prueba que hubieran fundamentado su contratación: el escrutinio posterior no reconstruye la razón de una decisión anterior. Sí vuelve visibles dos preguntas legítimas: ¿qué relevancia atribuye una institución a las historias personales que difunde?, y ¿cómo la distingue de los criterios con que evalúa el trabajo?
Una narración pública amplía las expectativas sin tocar los requisitos formales del cargo, y ahí está el riesgo: que la persona responda ante una medida de ejemplaridad ajena a su nombramiento. Las afirmaciones biográficas admiten verificación. Lo que pido es distinguir tres cosas que el escándalo fundió: su veracidad, su pertinencia profesional y las conclusiones que autorizan. Ninguna se resuelve atribuyendo virtudes o defectos a una identidad.
Los primeros señalamientos públicos sobre la tesis de Arday fueron formulados por Nathan Cofnas, filósofo estadounidense e investigador posdoctoral en la Universidad de Gante, cuya afiliación con Emmanuel College había terminado tras la controversia por sus escritos sobre raza, mérito y diversidad. Cofnas había sostenido, entre otras cosas, que en una sociedad meritocrática los negros desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil ajenos al deporte y al espectáculo. En agosto, la Universidad de Gante abrió una investigación disciplinaria preliminar y lo suspendió cautelarmente, reservando los motivos concretos del procedimiento. Una semana después sustituyó la suspensión por el retiro de su docencia durante tres meses y la investigación continúa.
La igualdad incluye el derecho a no ser ejemplar
Que quien formula una acusación sostenga una teoría racial objetable deja sin decidir si los datos que presenta son correctos. Un cotejo de textos debe juzgarse por lo que muestra; descartarlo por su procedencia sustituiría el examen del argumento por un juicio sobre su autor. Comprobar un dato exige un cotejo; medir lo que se construye sobre él, un juicio de proporción. En el caso de Arday ambas cosas llegaron enredadas: la posible existencia de problemas en su tesis y la magnitud de la acusación pública levantada sobre ellos.
El prejuicio de quienes desacreditan a los beneficiarios tampoco puede convertirse en razón para abandonar una política bien justificada. Hacerlo le otorgaría un poder de veto: bastaría sembrar sospechas sobre quienes reciben una medida para volverla inviable. La defensa debe apoyarse en razones institucionales capaces de justificar la política, con independencia de quién ocupe cada plaza, y dejar la trayectoria admirable del beneficiario fuera del argumento.
La responsabilidad de la institución
Cambiar la manera de comunicar una contratación es la respuesta más barata. Una institución puede presentar a una persona por su obra y méritos, y reservar la diversificación para el balance colectivo. Ninguna estrategia de comunicación vuelve justa una selección arbitraria ni corrige las barreras que hicieron necesaria la intervención. El orden de los predicados importa porque remite a una jerarquía de razones. Ninguna secuencia de adjetivos repara una institución.
Una acusación de plagio exige evidencia, un procedimiento adecuado y la posibilidad de responder. Quien es acusado queda sometido al mismo escrutinio que cualquiera, sin un gramo más por su identidad. Proteger a una persona del hostigamiento deja intacto el deber de examinar con rigor las acusaciones. Investigar puede hacerse sin convertir el escrutinio en castigo público y apoyar sin anticipar absolución.
Esa distinción debe traducirse en responsabilidad institucional. Las instituciones fijan los criterios, verifican antecedentes y conducen las investigaciones. Cuando alguno de esos procedimientos falla, corresponde examinarlo donde ocurrió: en las decisiones adoptadas, la información disponible y las reglas bajo las que actuó la institución.
El 4 de septiembre, tres semanas después de la muerte de Arday, Cambridge amplió ese examen y ordenó una revisión independiente en dos fases. La primera abordaría el apoyo y las protecciones del periodo previo a su muerte; la segunda, la contratación de académicos superiores, su acompañamiento, la respuesta a denuncias de mala conducta investigadora y el amparo ante un escrutinio público extraordinario.(5) Corresponderá a esa revisión establecer responsabilidades concretas.
La cuestión normativa, sin embargo, va más allá. Una política de igualdad debe explicar qué injusticia combate y cómo contribuye a corregirla. Si pretende ampliar la representación, necesita justificar por qué esa ampliación favorece una participación más igualitaria y evaluar después sus resultados.
La revisión de las medidas obedece a la misma lógica. Una identidad puede acompañar a alguien toda la vida; la necesidad de una intervención depende de la persistencia del problema y de su capacidad para atenderlo. Retirarla por incomodidad política sería una claudicación; conservarla solo porque sus destinatarios siguen perteneciendo al mismo grupo, una inercia. Su justificación debe poder enunciarse sin pedirle a nadie que continúe encarnando una historia de desventaja.
El horizonte es una sociedad en la que las pertenencias dejen de determinar posiciones de subordinación, con la memoria y el arraigo intactos. Quien obtiene una oportunidad debe poder conservar su identidad, hablar desde ella o callarla, sin que cada acto se convierta en un examen del grupo. La igualdad incluye ese margen para no ser ejemplar: responder por el trabajo propio y dejar la causa entera en manos de quien quiera cargarla.
Las acciones afirmativas se justifican por las injusticias que remueven. La pertenencia entra en el diagnóstico y orienta la medida; ocupar el lugar del fundamento la excede. De lo contrario, el remedio conserva la operación que venía a combatir: dejar que una categoría hable en lugar de una persona.
Una institución justa no exige a quien cruza su puerta que demuestre, con toda su vida, que merecía ser abierta.
* Filósofa, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Referencias
(1) Universidad de Cambridge, Facultad de Educación. (2023). Jason Arday appointed Professor of Sociology of Education at University of Cambridge. https://news.educ.cam.ac.uk/230223-jason-arday
(2) Fraser, N. (2000). Rethinking recognition. New Left Review, 3, 107-120. https://newleftreview.org/issues/ii3/articles/nancy-fraser-rethinking-recognition
(3) Fraser, N. y Honneth, A. (2006). ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Morata. (Obra original publicada en 2003).
(4) Universidad de Cambridge. (2026). Statement from the Vice-Chancellor, 12 August 2026. https://www.cam.ac.uk/notices/news/statement-from-the-vice-chancellor-12-august-2026
(5) Universidad de Cambridge. (2026). University of Cambridge launches independent review following the death of Professor Jason Arday. https://www.cam.ac.uk/news/university-of-cambridge-launches-independent-review-following-the-death-of-professor-jason-arday
