Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
tendencia
La discriminación asunto de todas las disciplinas
Mario Alfredo Hernández Sánchez *
El derecho identifica agravios; la filosofía afina lo que llamamos justicia y la sociología muestra cómo los prejuicios se vuelven prácticas. La conversación entre disciplinas permite entender la discriminación más allá de los casos aislados y defender políticas basadas en derechos frente a respuestas dictadas por la intuición.
Sin teoría, el sentido común puede terminar defendiendo el prejuicio
La irrupción de la razón antidiscriminatoria en México, a inicios del siglo, como un conjunto de categorías y argumentaciones contra las relaciones discriminatorias, originó una nueva manera de explicarlas en el ámbito académico y el debate público. En este sentido, hay que recordar que, con El segundo sexo, Simone de Beauvoir compartió su perplejidad acerca de cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, la incorporación cada vez mayor de las mujeres en el trabajo y la educación no significó la igualación en derechos debido a que persistía el imaginario patriarcal donde ellas aparecían como sujetas a tutelas de todo tipo. De Beauvoir planteó que entonces sería necesario un nuevo marco de comprensión sobre la manera en que la construcción simbólica de las mujeres tiene consecuencias materiales y, parafraseándola, cómo no se nace machista sino que se aprende a serlo. De cierta manera, la construcción interdisciplinaria del sistema sexo-género responde al reto planteado por De Beauvoir. Así, este texto se ocupa del proceso similar ocurrido en el campo de los estudios sobre la discriminación y consta de tres apartados. En el primero describo el diálogo entre tres disciplinas —el derecho, la filosofía y la sociología—, fundamental para los estudios sobre discriminación; después, enuncio una idea tentativa sobre lo que puede ser el trabajo interdisciplinario en este campo; y, finalmente, a partir de la idea de razón antidiscriminatoria, que debemos a Teresa González Luna y Jesús Rodríguez Zepeda en sus distintas obras conjuntas, señalo la importancia de oponer la seriedad académica al antiintelectualismo dominante en las discusiones sobre la desigualdad.
La conversación entre saberes en torno de la discriminación
La primera definición de discriminación ocurrió en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, la constitución del Sistema de Naciones Unidas a mediados del siglo XX localizó a la no discriminación como una protección transversal a los tratados de derechos humanos para evitar la recurrencia del genocidio y otras violencias y exclusiones vinculadas con la institucionalización del prejuicio. Fue la abogacía la que primero se interesó por delimitar los contornos del fenómeno, en principio, para precisar las responsabilidades públicas y civiles derivadas y, además, para decidir si su manifestación ameritaba una sanción y de qué tipo. De ese modo, el derecho definió a la discriminación como una afectación negativa para el acceso a derechos reconocidos en la normatividad nacional e internacional fundada en prejuicios, estereotipos y estigmas disponibles en el imaginario social; también positivizó a la no discriminación como la protección igualitaria frente a los tratamientos arbitrarios excluyentes y la compensación por los historiales de exclusión de larga data. No obstante, la traducción de estas definiciones al ámbito del derecho penal para categorizar a la discriminación como un delito, o al civil para precisar la intervención del Estado en las relaciones privadas, ha planteado problemas importantes. Entonces, la filosofía se vio interpelada por la discusión.
Como lo demuestra la obra de Rodríguez Zepeda, el papel de la filosofía no es construir definiciones a espaldas del mundo fenoménico, sino mostrar cómo la realidad política se articula a partir de conceptos y argumentaciones en los que depositamos expectativas de justicia individual y colectiva. Hoy las y los políticos profesionales, los movimientos sociales y las personas que experimentan agravios de todo tipo recurren al vocabulario de la no discriminación para expresar afectaciones que suponen que tienen relevancia política. Además, se han situado en el espacio público reclamos de discriminación frente a derechos que no pueden calificarse como tales: por ejemplo, quienes utilizan el discurso de odio califican sus restricciones como una discriminación respecto de la libre expresión de las ideas, o quienes no cumplen con las evaluaciones que permiten avanzar en las instituciones académicas argumentan una exclusión del derecho a la educación. La filosofía permite precisar qué es un derecho, qué constituye una afectación suya con relevancia política y cuáles daños subjetivos pueden expresarse en el lenguaje de los derechos. Hace 24 siglos, Aristóteles señaló que definir consistía en encontrar el género próximo y la diferencia específica. El problema con la discriminación es que se parece y se vincula con muchos de los grandes problemas sociales —la pobreza, la violencia o la impunidad— y su especificidad evoca en cada persona ideas distintas sobre el daño que significa. Precisar esta definición y sus usos en distintos contextos, denunciando también las falacias argumentativas, es tarea de la filosofía.
La discriminación no cabe en una sola disciplina
El trabajo de precisión conceptual sobre la discriminación ha determinado la exploración sociológica del fenómeno. Si pensamos a la sociología como la exploración del vínculo entre los imaginarios sociales y las dinámicas de exclusión e inclusión, con la mediación de instituciones formales e informales, podemos percatarnos de que la discriminación se sitúa en todos estos niveles. De hecho, las distintas ediciones de la Encuesta Nacional sobre Discriminación que se han realizado en México entre 2005 y 2022 han plasmado los hallazgos teóricos sobre la dimensión estructural de este fenómeno que encadena de forma causal prejuicios, prácticas discriminatorias y brechas de desigualdad. Hemos llegado a una comprensión compleja del fenómeno para entender cómo la discriminación no se reduce a la pobreza y que persistirá mientras no sean criticadas y reconfiguradas las percepciones y representaciones de las identidades y grupos que no solo configuran imaginarios sociales racistas, androcéntricos, capacitistas, xenófobos o heteronormados, sino que también se han integrado en la acción pública, medios de comunicación y relaciones entre particulares, especialmente el ámbito familiar.
Tomemos el caso de la discriminación por género, la primera en importancia debido a que afecta, por lo menos, a más de la mitad de la población mundial: durante muchos años se pensó que su combate sería el resultado de canalizar recursos materiales a las mujeres o de su incorporación al mundo laboral. Hoy sabemos, gracias a las exploraciones sociológicas del tema, que la exclusión, el acoso y la violencia de género están extendidos entre ellas en todas las clases sociales, desde las trabajadoras informales hasta las profesionistas, porque no ha cambiado su construcción simbólica en todos los ámbitos como cercanos a la naturaleza y distantes de la cultura. Adicionalmente, la sociología ha hecho consciente a la teoría política sobre las dificultades de fijar los contornos de los grupos sujetos a protección debido a la fluidez de las identidades y los contextos de integración —por eso hablamos de mujeres y no de la mujer—, así como de la importancia de utilizar la interseccionalidad como herramienta contraria a la mistificación y esencialización de las identidades.
La interdisciplinariedad que requieren los estudios sobre discriminación
Existen malentendidos sobre el trabajo académico interdisciplinario o lo que se denomina ciencia de frontera, es decir, aquellos saberes que abrevan de fuentes de especialización diversa y que tratan de construir sus objetos de investigación de forma compleja. En principio, hay dos vertientes de este trabajo: de un lado, el que afianza la disciplina raíz y la complementa con adiciones o matices de otras que acaban resultando laterales; y, en el otro extremo, el que diluye el punto de partida y trata de equiparar saberes y metodologías sin mediaciones. En ambos casos se corre el riesgo de confundir novedad con excentricidad y de extender tanto los contornos de un problema de investigación que este deja de ser mesurable o posible de revisar críticamente más allá del relativismo. Por ejemplo, del diálogo entre el saber jurídico y la psicología social ha surgido en los últimos años un enfoque intuicionista y emotivista sobre discriminación que plantea que sus consecuencias más dramáticas no están en el acceso a derechos sino en la percepción subjetiva del daño. Me parece que, a contracorriente de esta tendencia, es posible una interdisciplina adecuada para los estudios sobre la discriminación tomando como modelo la construcción del sistema sexo-género a que me referí al inicio de este texto.
Medir el daño exige escuchar trayectorias y examinar estructuras
Durante la primera mitad del siglo XX, en los consultorios médicos de Inglaterra y Estados Unidos aparecieron personas que percibían una discordancia entre la corporalidad y su experiencia subjetiva, y también quienes sentían culpa por su deseo sexual en un sentido no heterosexual. Los trabajos de los especialistas John Money y Robert Stoller permitieron diferenciar el sexo biológico, el género socialmente construido, la orientación sexual y la identidad de género como dimensiones analíticamente diferenciables, interdependientes y acerca de las cuales debía construirse un nuevo saber con consecuencias inclusivas y libertarias. Para la década de 1970, Gayle Rubin sintetizó el diálogo entre la medicina, la antropología, el psicoanálisis y la filosofía marxista para afirmar, primero, que los cuerpos son reales pero la subjetivación es un proceso en permanente desarrollo; luego, que no existen culturas donde las actividades desarrolladas por mujeres tengan el mismo prestigio social que las de los hombres; además, que los procesos de subjetivación y socialización ocurren sobre el trasfondo de una cultura binaria que construye a las mujeres como negación de la masculinidad; y, finalmente, que la tarea del feminismo contemporáneo es pensar la revolución no en relación con una clase social sino contra todas las opresiones que resultan de la persistencia de tabúes y saberes acríticos sobre la obligatoriedad de la familia tradicional, la heteronorma y la identificación de lo femenino con la carencia irredimible. Rubin y sus predecesoras mostraron cómo un proyecto de lucha política —en este caso, la liberación de las mujeres— requería una teoría consciente de la particularidad de los saberes, pero dispuesta a dialogar con campos de conocimiento con propósitos comunes.
Entonces, ¿qué podríamos esperar del diálogo interdisciplinario en los estudios sobre la discriminación? Apunto aquí algunos rasgos tentativos. Primero, mostrar que las experiencias de discriminación son reales, mesurables en términos de indicadores de calidad de vida e institucionalidad democrática, y que es posible integrar narrativas que vinculen las trayectorias individuales con los contextos de discriminación estructural. Segundo, visibilizar cómo el imaginario social y la cultura pública se nutren de prejuicios sostenidos acríticamente por una población que identifica cohesión con homogeneidad, pero también por las ciencias naturales, sociales y humanistas que no han sido revisadas desde la perspectiva de no discriminación y otras vinculadas, como las de género, racialización o discapacidad. Tercero, que la interiorización del prejuicio y la naturalización del daño deben considerarse para tratar las consecuencias de la discriminación, complejizando la posición de la víctima y suministrándole un lenguaje técnico pero accesible para reclamar su acceso a derechos. Cuarto, explorar la diversidad cultural más allá de la fetichización o las actitudes decoloniales, esforzándonos por entender las distintas formas de vida en sus propios términos, pero también asumiendo la necesidad de posicionamientos críticos frente a la comunidad y la tradición por sus posibles consecuencias negativas hacia la dignidad. Y quinto, hay que señalar que todo proyecto político de lucha contra la desigualdad y el reconocimiento de deudas de justicia hacia los grupos históricamente discriminados debe incluir el doble enfoque igualitario y diferencial que prevé el derecho a la no discriminación, lo que desplaza visiones puramente desarrollistas, revolucionarias o asistencialistas.
La razón antidiscriminatoria y el antiintelectualismo
En México, hoy estamos discutiendo más que nunca sobre desigualdad, pero lo estamos haciendo en un lenguaje que no es el de los derechos humanos y que ha derivado en soluciones incompatibles con el cuidado de la autonomía de las personas, el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. Más aún, ocurre la paradoja de que contamos con un concepto afinado y robusto de discriminación estructural —un problema de justicia básica, no de minorías— y con instrumentos de medición y política pública para hacerlo operacional, pero que han sido colocados en segundo plano frente al sentido común y una percibida urgencia de salir a la calle a combatir la desigualdad en lugar de hacer especulación de gabinete. Esta idea se arraiga en el antiintelectualismo que es común a los regímenes populistas y/o a las sociedades con transiciones frágiles a la democracia. Quisiera entonces, para concluir, recuperar dos ideas del arsenal de la filosofía política que reivindican el papel de la teoría para la intervención en el mundo común. De un lado, a finales del siglo XVIII, Immanuel Kant afirmó que, cuando falla la teoría, no hay que renunciar a esta sino hacer una mejor que nos permita lidiar con la realidad. En este sentido, no ha sido infrecuente que los movimientos y partidos políticos de izquierda, al llegar al poder, rápidamente pierdan su capital social al colocar en primer plano las buenas intenciones de lucha contra la desigualdad —generalmente reducida a pobreza—, desestimando la tarea de comprender la complejidad de los contextos de discriminación y los procesos de victimización y revictimización que debería redundar en estrategias estructurales, sustentadas por consensos políticos amplios y con visión de largo plazo. Del otro lado, John Rawls, el siglo pasado, reivindicaba la abstracción teórica como el ejercicio que nos permite situarnos más allá de nuestras creencias comunes y arraigadas que son potencial fuente de conflicto. En el momento presente, diversos actores políticos y sociales disputan en el espacio público narrativas opuestas sobre el origen y las responsabilidades por las desigualdades, incluso criminalizando a identidades —las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y su egoísmo—, grupos —las y los peligrosos migrantes— y poblaciones enteras —las mujeres y su uso faccioso de la ideología de género— por los daños sociales más extendidos. Por ello necesitamos un sustrato teórico que permita establecer un lenguaje común y mínimo sobre los derechos, la acción pública necesaria y la urgencia de negociar públicamente en democracia para resolver nuestros problemas de desigualdad. No es exagerado afirmar que, precisamente, la razón antidiscriminatoria como producto de una conversación interdisciplinaria en democracia es la candidata ideal para tal propósito.
* Filósofo, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
