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México como país de destino: consolidar una política de integración
Eunice Rendón *
La migración ya no atraviesa México: comienza a quedarse. El problema es que el país sigue administrando el fenómeno como si fuera temporal.
México, por su ubicación geográfica, enfrenta todas las dimensiones de la migración: es país de origen, de tránsito, de desplazamiento interno, de destino y de retorno. No obstante, las políticas de securitización y criminalización de la migración en Estados Unidos implementadas desde la primera presidencia de Donald Trump, aunadas a crisis persistentes en países de origen en nuestra región, han prolongado la estancia de personas migrantes en territorio nacional, convirtiendo a México cada vez más en un país de destino.
La política migratoria mexicana sigue diseñada para administrar el tránsito, no para integrar personas. El resultado: informalidad, exclusión y vulnerabilidad social.
En 2023, México recibió cerca de 140 000 solicitudes de refugio; para 2024 se mantuvo entre los diez países con más solicitudes en el mundo, con casi 80 000 casos registrados por la Comisión Mexicana para el Refugio (Comar). Igualmente, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de ese mismo año nuestro país albergaba a más de 800 000 personas, principalmente de Venezuela, Honduras, Haití y Cuba.
Actualmente, las agresivas políticas y promesas de Trump en contra de las personas migrantes hacen que, en los próximos años, países como México sean vistos como destino, reafirmando la tendencia que se ha dado desde 2017.
Esta nueva realidad exige reorientar el mandato institucional hacia la movilidad segura, la regularización y la inclusión plena, garantizando un acceso efectivo a programas sociales, salud, educación, vivienda y empleo formal, entre otros derechos. El desafío central es que buena parte del diseño institucional continúa operando bajo una lógica de gestión del tránsito, no de integración. Persisten brechas normativas, presupuestales y administrativas que dificultan el acceso efectivo a derechos, empleo formal y servicios básicos. La consecuencia es informalidad, vulnerabilidad y tensiones sociales.
México recibió cerca de 140 000 solicitudes de refugio en 2023 y hoy alberga a más de 800 000 personas migrantes, principalmente de Venezuela, Honduras, Haití y Cuba.
En este contexto —y considerando que, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en 2023 existían alrededor de 1.6 millones de vacantes en el país susceptibles de ser cubiertas por mano de obra migrante— se configura un escenario propicio para promover una integración ordenada y productiva.
Una política de integración para personas en contexto de movilidad debe articular al menos seis componentes centrales:
Primero, garantizar documentación de identidad mediante procedimientos ágiles, ventanillas únicas, unidades móviles y esquemas provisionales que otorguen certeza jurídica;
Segundo, promover la inclusión financiera mediante productos bancarios accesibles, mecanismos de verificación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la banca, y educación financiera;
Tercero, fortalecer la capacitación e inserción laboral mediante la ampliación del Sistema Nacional de Empleo, certificaciones de competencias por medio del CONOCER, permisos laborales temporales coordinados entre la Secretaría del Trabajo y el INM, así como alianzas estratégicas con el sector privado y organismos internacionales;
Cuarto, asegurar la inclusión educativa garantizando la inscripción escolar sin que el estatus migratorio sea obstáculo y estableciendo mecanismos de revalidación y certificación de estudios;
Quinto, garantizar acceso efectivo a servicios de salud, incluida la atención psicológica y psiquiátrica, eliminando prácticas discriminatorias; y
Sexto, desarrollar soluciones de vivienda que combinen albergues temporales con esquemas de vivienda social y financiamiento, evitando asentamientos irregulares y favoreciendo una integración estable en comunidades receptoras.
Integrar con reglas claras y acceso a derechos no es una concesión humanitaria: es una estrategia de desarrollo, estabilidad y seguridad humana.
La política pública también requiere una estrategia de comunicación. Diversos estudios muestran que persisten percepciones negativas que asocian migración con inseguridad o deterioro social. Reducir estigmas es parte de la gobernanza migratoria.
México necesita consolidar un modelo de movilidad humana con enfoque territorial, coordinación interinstitucional y corresponsabilidad del sector privado y organismos internacionales. La transición necesaria es de enfoque: pasar de la contención a la integración ordenada, de la reacción a la planificación, y de una visión exclusivamente fronteriza a una perspectiva de seguridad humana.
Gestionar la movilidad con inteligencia institucional fortalece al Estado. Integrar con reglas claras, incentivos adecuados y respeto a derechos es una estrategia de desarrollo y estabilidad. Ese es el debate de fondo.
* Doctora en Políticas Públicas, experta en participación ciudadana, migración y prevención de la violencia y del delito.
