Año 2, núm. 16, noviembre de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
El chantaje que la derecha chilena no sabe reprimir
Paulo Hidalgo
Bastaron tres días. A mediados de noviembre, unos cuantos camiones atravesados en las carreteras de Chile obligaron al gobierno del presidente José Antonio Kast, que llegó a La Moneda en marzo prometiendo orden y mano firme, a rebajar el diésel en hasta 142 pesos chilenos por litro y a congelar el precio de los combustibles hasta fines de marzo. El ministro que días antes había llamado antipatriota al paro guardó silencio. Nadie le pidió que se explicara.
Al lector mexicano la escena le resultará familiar, porque el bloqueo de carreteras por parte de transportistas es una forma de protesta conocida en buena parte de América Latina. El caso chileno, con todo, tiene un rasgo que merece atención. En Chile fue un gremio de raíz conservadora el que le torció el brazo a un gobierno de derecha, y lo hizo con una rapidez que deja una pregunta incómoda sobre quién consigue hacerse oír en una democracia.
El analista Max Colodro escribió en La Tercera que el episodio abre en Chile una temporada de caza. Si los camioneros obtuvieron de un gobierno debilitado beneficios cercanos a los 900 millones de dólares en una semana, la central sindical, los universitarios, los profesores y los empleados públicos tendrían motivos de sobra para intentarlo. Entiendo el razonamiento, pero me parece equivocado, y para explicar por qué conviene volver a un economista que la izquierda latinoamericana leyó poco y la derecha leyó a medias.
Mancur Olson publicó en 1965 La lógica de la acción colectiva, un libro breve que puso en duda una creencia muy extendida: la de que las personas con intereses comunes tienden a organizarse para defenderlos. Los grupos grandes y dispersos casi nunca lo consiguen, porque cada miembro sabe que su aporte individual pesa poco y que recibirá el beneficio de todos modos si otros hacen el esfuerzo. Los grupos pequeños, cuyos miembros se conocen y comparten un interés concentrado, se organizan con mucha más facilidad. Años después, en Auge y decadencia de las naciones, Olson llamó coaliciones distributivas a estas agrupaciones, cuyo propósito es quedarse con una porción mayor del pastel y trasladar el costo a una mayoría que muchas veces ni se entera de que está pagando.
Los camioneros chilenos encajan en esa descripción casi a la perfección. La mayoría son pequeños propietarios, dueños de uno, dos o cinco camiones, a menudo endeudados, que cobran por flete y sienten cada alza del diésel como un golpe directo a su patrimonio. Son relativamente pocos, saben con exactitud lo que quieren y pueden causar un daño enorme. A diferencia de otros movimientos, tampoco necesitan el favor de la opinión pública, porque les basta con ocupar el asfalto. Al segundo día de paro los supermercados ya revisan sus inventarios y los exportadores calculan cuántas cerezas no llegarán a tiempo al barco que va a China. Al tercero, quienes presionan al gobierno son los gremios empresariales, preocupados por la temporada, y el lobby del camionero lo terminan haciendo otros.
Ningún otro actor dispone de una palanca parecida. Una toma universitaria puede prolongarse durante meses sin que se retrase un solo contenedor, y quienes pagan el costo son los estudiantes y sus familias. Una huelga de empleados públicos le ahorra dinero al fisco y perjudica a ciudadanos que nada pueden hacer para resolverla, mientras el Estado descuenta los días no trabajados y espera. La ciudadanía, que es el grupo más grande y disperso de todos, está todavía peor situada. Paga la gasolina más cara cada uno por su cuenta y en silencio, y su malestar solo se hace visible en las encuestas o en las urnas, cuando ya es tarde.
A la ventaja material se suma una ventaja política, y en este punto la historia chilena pesa. En octubre de 1972 los dueños de camiones encabezaron el gran paro contra Salvador Allende, respaldados por los gremios empresariales y, según reveló años después una investigación del Senado estadounidense, por dinero que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) hacía llegar a la oposición. Aquel paro contribuyó a crear el clima que desembocó en el golpe de 1973. Desde entonces el gremio ha mantenido una afinidad natural con la derecha y con su discurso del orden, la propiedad y el esfuerzo individual. Representa una derecha de carretera, menos ilustrada que la de los economistas formados en Chicago y bastante más eficaz cuando se trata de paralizar un país.
Esa afinidad ayuda a entender la torpeza de Kast. Su gobierno puede amenazar a los dirigentes camioneros, pero le cuesta tratarlos como adversarios, porque en buena medida son sus votantes: pequeños propietarios que se sienten olvidados por Santiago y asfixiados por el Estado. Con los estudiantes o con los sindicatos públicos no tendrá esos escrúpulos, y la firmeza que no mostró en la carretera la mostrará frente a ellos con el aplauso de sus propios partidarios. Quien vea en este episodio el comienzo de una temporada de caza abierta a todos se equivoca.
Hay en todo esto una ironía que Olson habría disfrutado. La derecha latinoamericana aprendió a desconfiar de los grupos de presión cuando estos se presentaban con el rostro del sindicato, del magisterio o de la organización campesina, y les reprochó durante décadas capturar al Estado y vivir de rentas a costa del resto. Rara vez aplicó el mismo criterio a los gremios de propietarios que le son cercanos. Las coaliciones distributivas no tienen color político; responden a sus intereses y prosperan allí donde el Estado se muestra débil ante quien puede asfixiarlo.
Lo que deja el caso chileno es, en el fondo, una advertencia. El gobierno no negoció con quien tenía mejores razones ni con quien representaba a más gente. Negoció con quien podía cortar una ruta. Una democracia que solo escucha a quienes tienen esa capacidad les enseña a todos los demás que sus argumentos importan bastante menos que un camino que bloquear.

























