Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
voces
La condena no termina al cruzar la puerta
Entrevista con Beatriz Maldonado Cruz, fundadora de Mujeres Unidas x La Libertad
Sandra Nieves
Para muchas mujeres privadas de la libertad, el castigo excede la sentencia: faltan insumos de salud, atención y redes de apoyo. Beatriz Maldonado Cruz describe el abandono en prisión y las trabas al salir, cuando la falta de documentos dificulta acceder a empleo, vivienda y servicios.
Beatriz Maldonado Cruz sobrevivió a las Islas Marías y a Santa Martha Acatitla. Conoció el encierro desde la crudeza del aislamiento federal, pero también desde la fractura cotidiana de las cárceles locales. Hoy es asambleísta en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y encabeza Mujeres Unidas por la Libertad, una colectiva fundada junto con su compañera de reclusión, Adriana, para defender a quienes todavía están tras las rejas y sostener a las que van saliendo. En este diálogo con El Diluvio, Maldonado desmitifica la idea del castigo como justicia, exhibe la violencia institucional que atraviesa a las mujeres presas y demuestra por qué la privación de la libertad es la forma más invisibilizada de discriminación estructural.
La puerta se abre; los obstáculos siguen adentro del sistema
El punto de partida es un crecimiento desbordado y silencioso. En 2020 había poco más de 10 000 mujeres privadas de la libertad en el país; para 2026 la cifra ronda en las 17 000, un incremento de casi mil mujeres encarceladas por año. Para Maldonado, ese fenómeno no responde a una ola criminal femenina sino a la urgencia punitiva de inflar números: México se ha consolidado en la fabricación de carpetas de investigación, donde basta un señalamiento ambiguo o una supuesta llamada anónima para judicializar a una mujer de escasos recursos sin que la presunta víctima ratifique la acusación. El sistema opera bajo una asociación culposa que castiga la cercanía con agresores y convierte a las mujeres en chivos expiatorios de delitos de alto impacto.
Esa maquinaria institucional se ensaña de manera diferenciada con el género. Mientras los centros varoniles reciben visitas multitudinarias los fines de semana, las mujeres enfrentan un abandono casi absoluto. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad arroja que apenas el 12 % de ellas recibe visita íntima. La explicación, sostiene Maldonado, es un reproche moral doble: a la mujer no se le castiga únicamente por infringir una ley, sino por romper el mandato de sumisión, cuidado y abnegación doméstica. Cuando una mujer entra a prisión, la pareja suele desentenderse, los hijos quedan dispersos y la familia rompe los lazos por vergüenza social.
El abandono dentro de los muros adquiere dimensiones fisiológicas degradantes. Al no existir una partida presupuestal específica para artículos de higiene femenina, insumos elementales como las toallas sanitarias dependen enteramente de las visitas familiares que no llegan. Maldonado relata cómo las reclusas deben rasgar playeras, recurrir a calcetines, pedazos de cartón, periódicos o arrancar trozos de sus propios colchones para contener el sangrado menstrual. En penales sobrepoblados donde el agua corriente escasea, las copas menstruales o telas lavables no son alternativas viables. Esa carencia sistemática deriva en infecciones pélvicas crónicas y abre la puerta a diagnósticos tardíos de cáncer cervicuterino y de mama que con frecuencia se atienden únicamente cuando el daño es irreversible y la persona se encuentra en fase terminal.
Sin domicilio no hay identificación; sin identificación, la libertad se estrecha
A la precariedad física se añade la orfandad de salud mental. En penales como Santa Martha, donde cohabitan hacinadas cerca de 1 700 mujeres, la plantilla médica dispone de apenas seis psicólogos para cubrir toda la demanda. Los estragos psicológicos del encierro, aunados a historias previas de violencia machista y precariedad económica, se viven sin contención. La autoridad penitenciaria clasifica estos padecimientos como indisciplina o problemas menores, reduciendo el presupuesto a la contención punitiva.
Sin embargo, el abismo más pronunciado aguarda en la calle. Maldonado insiste en que la pena judicial expira formalmente, pero la condena social permanece intacta. Al egresar, las mujeres liberadas se topan con un Estado que no tiene trazada ninguna ruta de reinserción. El primer obstáculo es tan elemental como la identidad legal: para tramitar la credencial para votar se exige un comprobante de domicilio reciente, documento que las familias suelen negarles por temor a verse vinculadas con antecedentes penales. Sin identificación no hay acceso a empleo formal, ni contratos de arrendamiento ni apertura de cuentas bancarias. La discriminación institucional las empuja a la economía informal o a la condición de calle.
Esa vulnerabilidad se agrava cuando media la maternidad. Maldonado comparte el caso reciente de una compañera liberada que dio a luz a los pocos días de salir y acudió al Hospital Materno Infantil, donde el personal médico le negó la atención inicial al enterarse de su reciente reclusión. Tuvo que mediar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la atendieran. Al recuperar simultáneamente a su hijo mayor de 12 años, quien la esperaba afuera sin vínculo afectivo sólido, la joven quedó en la calle con dos menores, sin empleo y enfrentando un diagnóstico de malformación craneal en la recién nacida, cuyo tratamiento ortopédico asciende a 40 000 pesos. En paralelo, el seguro de desempleo gubernamental le cerró la puerta.
La reinserción empieza cuando terminan los trámites que excluyen
Frente a esa inoperancia estatal, Mujeres Unidas por la Libertad asume las tareas de sobrevivencia que la administración pública elude: alquilar habitaciones de hotel provisionales, solventar fórmula láctea para recién nacidos, costear tratamientos médicos y acompañar trámites burocráticos. No se trata de caridad asistencial, sino de una red de autodefensa y sororidad forjada entre quienes compartieron el patio del penal.
Maldonado recuerda su propio punto de quiebre en las Islas Marías, cuando la desesperanza la empujó a atentar tres veces contra su vida. El recuerdo de su abuela mazahua y la convicción de transformar el agravio en una causa colectiva la mantuvieron viva. Aunque rota, dice, aprendió a caminar de nuevo para evitar que otras mujeres enfrenten el desamparo.
La conversación concluye con un llamado a desmontar el populismo punitivo. Antes de endurecer penas o celebrar la saturación de los centros penitenciarios como indicador de éxito policial, la sociedad y el Estado deben preguntarse qué condiciones empujan a una mujer a delinquir y por qué la justicia solo castiga la pobreza. Mientras las personas privadas de la libertad sigan reducidas a estadísticas de negocio o despojos de segunda clase, la igualdad formal ante la ley continuará siendo una ficción.
