Año 1, núm. 3, octubre de 2025
a fondo
Violencia estructural y discriminación
Jesús Rodríguez Zepeda
La violencia no siempre es visible: se reproduce en desigualdad, discriminación y carencias sanitarias que acortan la vida de miles. México enfrenta un exceso de mortalidad que exige reformas estructurales y una agenda de paz positiva.
Cuando se habla de violencia, es muy frecuente que nuestra comprensión espontánea del término la asocie solo con acciones claras y abiertas que producen daños directos en la corporalidad, la salud y la integridad física de las personas. A veces, se extiende esta comprensión de la violencia al daño psicológico o emocional, siempre que haya una forma más o menos precisa de determinarlo. Pero poco más. En países como México, donde esta violencia abierta o conductual es tan frecuente y evidente, parecería no tener sentido preguntarnos por formas de violencia de presencia menos rotunda. La pregunta por ellas parecería un capricho académico o una ociosidad intelectual. No lo es.
¿Qué es la violencia estructural y por qué mata?
En realidad, las terribles experiencias de la violencia conductual, que pueden ir de la violencia doméstica al feminicidio y del asalto a transeúnte al secuestro y desaparición de las personas, se explican en gran medida por un proceso de trasfondo que opera como su sistema de reglas profundas.
En 2024 hubo 33 241 homicidios en México, un aumento del 3 % respecto a 2023.
Esta dimensión subyacente es a la vez constitutiva e imprecisa: se trata de la violencia estructural, y consiste en una forma de opresión mediante la cual el sistema de estructuras y prácticas sociales, es decir, el conjunto de instituciones colectivas y reglas de acción que enmarcan nuestra vida, dañan la integridad de los individuos al hacerles imposible tanto la satisfacción de sus necesidades básicas como el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta forma de opresión afecta su salud, reduce su bienestar, les induce temor e incertidumbre, recorta su tiempo de vida y adelanta su muerte.
Esto último es crucial: a este ordenamiento estructural se le denomina violencia porque, en última instancia, está relacionada de forma causal con la muerte de grupos humanos completos. Es violencia porque su principal rasgo definitorio es la alta letalidad que conlleva, pues, entre otros daños, causa lo que se denomina “exceso de mortalidad”, es decir, una cantidad de vidas humanas perdidas por encima de las que se darían en condiciones de cierta regularidad social.
Cabe decir que, respecto de la violencia estructural, el exceso de mortalidad no se reduce al pico temporal de muertes por encima del número esperado en cierto periodo, que es su acepción común o epidemiológica, sino también a la desproporción de muertes que se presenta como resultado del incumplimiento de condiciones de vida seguras, igualitarias y con ejercicio de derechos que deberían estar garantizadas para una población. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró que en 2024 se cometieron 33 241 homicidios en México, la mayoría contra personas jóvenes, lo que equivale a un promedio de 91 muertes diarias y un aumento del 3 % respecto de 2023, cuando se registraron 32 252 casos.
El que los jóvenes sean las víctimas regulares de la violencia conductual habla de la existencia de una violencia estructural que, como la suma de diversas vulnerabilidades (de clase, de logro educativo, de ingresos, de empleo, de origen étnico, etcétera), daña y precariza a un grupo que, en otras condiciones, debería disfrutar una calidad de vida razonable en la franja de edad óptima.
Discriminación como regla del juego social
En última instancia, la estructural no es solamente la violencia más letal, sino la de efectos más poderosos conforme se extreman las diferencias de poder entre los grupos sociales, es decir, conforme las estructuras sociales se hacen más desiguales. Si bien el alcance y la duración de los efectos de esta violencia son extensos y potentes, es frecuente que no se le perciba e incluso que se le considere como propia del estado natural de las cosas. Por ejemplo, cuando en una sociedad se consideran como experiencias normales el racismo, el capacitismo, la desigualdad de género o la carencia sanitaria de las mayorías, todos los cuales causan daños a graves a las personas, estamos ante un ocultamiento de la violencia estructural.
La mayoría de las víctimas fueron jóvenes.
El elemento cultural que agrava esta situación consiste en que, con frecuencia, las personas tienden a verla como parte de los obstáculos naturales que la vida nos impone de manera cotidiana o bien, como producto del mero azar, pero no como una experiencia de injusticia, opresión y discriminación.
La violencia estructural es el caldo de cultivo de formas más visibles y notorias de violencia, como la que se da en forma de lesiones, homicidios, suicidios, asesinatos colectivos y guerras. Esto quiere decir que las sociedades con mayores niveles de violencia estructural o institucional son, a la vez, las más inclinadas a la violencia directa o conductual y a la eliminación y el daño físico de las personas. No solo eso: al funcionar en el ámbito de las reglas básicas del juego social, la violencia estructural normaliza y justifica narrativamente la precariedad de las personas y con ello las hacen aún más vulnerables ante otras violencias y demás asimetrías sociales. Por ello, la violencia estructural arroja un efecto ideológico de banalización y relativización del resto de violencias y demás formas de injusticia.
Si la violencia estructural debe entenderse como el trasfondo causal de otras formas de violencia, es necesario elevarla al nivel de una idea-fuerza para el estudio de todas las formas de desigualdad, vulnerabilidad y privación de derechos. Las relaciones de discriminación, que operan como reglas de comportamiento que, sobre la base de prejuicios y estigmas, ponen en desventaja y reducen los derechos de grupos subalternos completos, son un componente claro de un régimen de violencia estructural.
Hacia la paz positiva: responsabilidades y reformas
Los actos y procesos discriminatorios precarizan la vida de grupos como las mujeres, las personas con discapacidad, las migrantes o las minorías étnicas, por mencionar solo algunos, y los hacen vulnerables ‒genuinas víctimas propiciatorias‒ a la violación de sus derechos humanos. En la medida en que la violencia estructural explica buena parte de las limitaciones, injustas y evitables, que la sociedad impone a amplios grupos, y dado que estas limitaciones les impiden satisfacer sus necesidades básicas y ejercer sus derechos, la protección de grupos como las mujeres, las personas con discapacidad o las indígenas, debe contemplarse como pieza de un proceso más amplio de lucha contra la violencia. La agenda de no discriminación, por así decirlo, es una pieza clave de la construcción de una cultura de la paz.
La violencia estructural se traduce en exceso de mortalidad por desigualdad y carencias.
Las limitaciones que impone la violencia estructural a los grupos en desventaja van desde aquellas de naturaleza política, económica, religiosa, cultural o jurídica hasta la situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se encuentran. Debido a que estas limitaciones provienen de estructuras sociales que funcionan conforme a las normas formales e informales de la sociedad, la primera tarea por cumplir es la visibilización de la asimetría que caracteriza a las propias estructuras sociales. Por ejemplo, muchas personas necesitan educación, salud, voz política o personalidad jurídica, pero no pueden disponer de ellas; y esto no depende de su voluntad o de su capacidad, sino que es el resultado de las restricciones del orden social vigente. De ahí que todo proceso de atención a un grupo en desventaja deba estar acompañado de un proyecto de reforma de las estructuras sociales que generan esa desventaja y no quedarse solo en el terreno de la atención a los daños más visibles que padece.
En contraste con las formas abiertas de violencia, en las que las personas son lastimadas o dañadas física, psicológica e incluso simbólicamente, la violencia estructural se ejerce por medio de procesos de corte económico, político o cultural que funcionan juntos de modo tal que impiden a las víctimas alcanzar una calidad de vida plena y recortan su expectativa de vida. A esto también se le ha llamado opresión y, otras veces, llanamente injusticia.
Habría que insistir en que “violencia estructural” puede parecer un vocablo equívoco para identificar elementos como la injusticia económica, la carencia sanitaria o la discriminación, ya que estos no se asocian con experiencias efectivas y directas de daño físico o psicológico. Lo usual es identificar la violencia, más bien, con las agresiones abiertas, los daños intencionales, el dolor corporal, las heridas y el sufrimiento físico y mental.
Pero las asimetrías que están insertas en las estructuras sociales deben verse como formas poderosas de violencia en razón de los daños persistentes y graves que producen. Por ejemplo, si, como sucedió recientemente en México durante la epidemia de covid-19, alguien muere como resultado de una deficiente atención sanitaria del Estado, y considerando que en otros países de rango similar estuvieron disponibles medicamentos y tratamientos adecuados para el mismo fenómeno, entonces esa persona ha padecido una forma de violencia estructural.
Por lo tanto, hablamos de una forma de violencia porque el resultado ha sido una muerte evitable y derivada de la disparidad en la distribución de la atención sanitaria entre distintos estratos y regiones y como resultado de las decisiones arbitrarias y descontroladas del Poder Ejecutivo. Decimos, además, que el daño es de origen estructural porque es producto de instituciones y no depende directamente de la voluntad o las intenciones de los individuos en particular. Es, en suma, un fenómeno violento porque, a la postre, causa daños como lesiones, secuelas físicas y muertes que culturalmente hemos identificados como resultado de la violencia.
En todo caso, no se trata de una catástrofe natural, sino de una forma de agresión humana que proviene de instituciones que se han construido en el tiempo mediante decisiones políticas. La violencia estructural, por lejana que quede de los actos y las intenciones individuales, no equivale nunca a un fenómeno natural inevitable. Es violencia porque, precisamente, es corregible y prevenible mediante la acción colectiva.
Tan difícil como identificar la violencia estructural es asignar la responsabilidad de esta, ya que es complejo identificar a los sujetos que la producen, pues usualmente se esconden tras el funcionamiento de las instituciones. Con frecuencia, no hay agentes concretos que ataquen directamente a los demás, como cuando un individuo mata a otro. Sin embargo, si tenemos en cuenta la perspectiva de la víctima y no solo la del agresor, la violencia estructural tiene efectos similares a la violencia conductual, incluida la consecuencia radical de la muerte, lo que implica la necesidad de atarla a las responsabilidades y titularidades de los sujetos que ejercen y protagonizan la autoridad política y los poderes fácticos.
Las tasas excesivas de muerte, enfermedad y discapacidad resultantes de las estructuras sociales y económicas ‒es decir, de su división en ricos y pobres, discriminadores y discriminados, poderosos y débiles y superiores e inferiores‒ son, en definitiva, resultado de la violencia estructural. La violencia está presente siempre que las fuerzas sociales, económicas y culturales influyen en los seres humanos de manera tal que les impiden alcanzar su potencial físico, mental o moral. En otras palabras, la violencia es la causa de la diferencia entre lo potencial y lo real, o lo que podría haber sido y lo que es, independientemente de que esté presente un actor claramente identificable.
La identificación de la violencia estructural es un necesario paso propedéutico para la promoción y construcción de la paz. Esta se puede lograr mediante la instalación de las prácticas e instituciones que contribuyen positivamente a la superación de las situaciones de violencia y guerra. Lo cierto es que una agenda de paz no se puede sostener únicamente de manera negativa, es decir, como mera negación o reducción de la violencia física abierta y la guerra; también requiere la construcción democrática de instituciones y prácticas colectivas que sea capaz de desmontar el endiablado tejido de la violencia estructural.
