Año 0, núm. 1, agosto de 2025
a fondo
Un Poder Judicial de políticos con toga
Javier Martín Reyes *
Hoy, quienes aspiren a cargos judiciales, no tendrán otra alternativa que el partidismo y la violación sistemática de la ley. Y es que las reglas, simple y sencillamente, no permiten ganar por las buenas.
¿Qué significa vivir bajo un sistema judicial integrado, casi en su totalidad, por personas juzgadoras electas en las urnas? La verdad es que no lo sabemos; nadie lo sabe. Y no se trata de ignorancia deliberada, sino de una imposibilidad empírica: ninguna democracia constitucional moderna —ninguna— ha adoptado un modelo tan extremo, tan apresurado y ajeno a la experiencia comparada como el que hoy está en marcha en México. Afirmar lo contrario es mentir o no entender la magnitud de la destrucción institucional que estamos viviendo. Estamos, para decirlo pronto, frente a una transformación radical cuyas consecuencias exactas son aún impredecibles.
Lo que sí podemos anticipar con alto grado de probabilidad son dos tendencias profundamente preocupantes. La primera: juezas y jueces que, al haber perdido las garantías elementales de independencia judicial, tendrán escasos incentivos para actuar como árbitros imparciales y abundantes razones para comportarse como actores políticos, inmersos en la lógica de maximizar apoyos electorales y partidistas. La segunda: personas juzgadoras que, al haber sido seleccionadas mediante procesos que no exigen ni acreditan conocimientos jurídicos mínimos, ejercerán su función con una mayor precariedad técnica, que impactará no solo en los casos políticamente sensibles, sino también en los millones de asuntos cotidianos que afectan directamente la vida de las personas.
Jueces que obedecen o desaparecen
No es difícil ver cómo la reforma judicial mexicana desmantela, una por una, las garantías más fundamentales de independencia de las personas juzgadoras. Comencemos por la más elemental: la inamovilidad en el cargo. Una persona juzgadora debe tener la certeza de que, si hace bien su trabajo, no será castigada por ello. Una sentencia fundada en derecho, por el solo hecho de incomodar al poder, no puede convertirse en motivo suficiente para terminar con una carrera judicial.
No obstante, esa es precisamente la lógica represiva que siguió la reforma judicial mexicana. Aunque su origen responde a múltiples factores, hay una motivación que resulta ineludible: el malestar del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante una serie de decisiones judiciales que obstaculizaron su agenda en temas clave, como las reformas en materia energética, electoral y de la Guardia Nacional. No fueron fallos activistas. Tampoco invenciones doctrinales.
En su mayoría, se trató de sentencias que aplicaron —de forma directa, incluso textual— lo que establecía la Constitución o lo que ya había resuelto la propia Corte. Sin embargo, esas decisiones, fundadas en el derecho vigente, terminaron costándoles el cargo no solo a las ministras y los ministros que las dictaron, sino a todas las personas juzgadoras del Poder Judicial federal y de los 32 poderes judiciales locales. La reforma judicial ordenó, sin matices, que prácticamente todas cesen en sus funciones: unas tras las elecciones de este año; otras, luego de las que se celebrarán en 2027.
¿Qué implica lo anterior? Que las nuevas personas juzgadoras —federales y locales— llegarán a sus cargos sabiendo que su permanencia siempre estará en la balanza, al menos mientras Morena y sus aliados mantengan la mayoría calificada que les permita hacer reformas constitucionales. Sabrán en pocas palabras que, si dictan sentencias contrarias al gobierno, siempre estará latente la amenaza de una nueva reforma que pueda remover, de golpe, a quienes integran los órganos judiciales. En este sentido muy específico habremos regresado a esa época —previa a 1997— en la que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y otros órganos no podían ser independientes, porque sus integrantes sabían que sus cargos siempre estaban a disposición de la siguiente reforma judicial o electoral.
Por si lo anterior no fuera suficiente, Morena y sus aliados también contarán con una nueva herramienta para presionar individualmente a las personas juzgadoras: el Tribunal de Disciplina Judicial. Se trata de un órgano con un mandato sumamente amplio —investigar y sancionar “hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal”—, dotado de una enorme discrecionalidad y, para colmo, integrado también por personas electas por voto popular. Como bien ha advertido Alfonso Oñate, el diseño de este órgano y el alcance de sus facultades podrían convertir la evaluación del desempeño judicial en un sistema de “prácticas inquisitoriales”.
Jueces que solo ganan si violan la ley
Pero quizá el cambio más profundo derivado de la reforma es la transformación radical de las reglas y los incentivos que definirán el acceso a los cargos judiciales. Es cierto: antes de la reforma, las ministras y los ministros de la Suprema Corte eran designados mediante un sistema claramente imperfecto, que otorgaba un peso excesivo al titular del Poder Ejecutivo, pero, al mismo tiempo, para ocupar la mayoría de los cargos del Poder Judicial federal —juezas de distrito o magistrados de circuito— era necesario ingresar y avanzar dentro de la carrera judicial: uno de los pocos servicios profesionales que realmente funcionaban en México, con evaluaciones serias y filtros técnicos rigurosos. Un sistema perfectible, sin duda, pero que garantizaba mínimos indispensables de independencia y profesionalismo.
Hoy, en cambio, quienes aspiren a cargos judiciales —si realmente quieren ser competitivos en las elecciones— no tendrán otra alternativa que el partidismo y la violación sistemática de la ley. Para empezar, la decisión sobre quiénes aparecen en la boleta recae en “comités de evaluación” designados por cada uno de los tres poderes. Aunque en teoría estos comités pueden establecer criterios técnicos y objetivos para seleccionar candidaturas, la práctica confirmó lo que era previsible: en las elecciones de 2025, los únicos comités que realmente operaron —los del Ejecutivo y el Legislativo— estuvieron integrados por perfiles abiertamente partidistas, que eligieron candidaturas con base en afinidades políticas. A las boletas llegaron, principalmente, personas cercanas al poder.
En este nuevo modelo, cumplir con la Constitución y la ley es, en los hechos, la fórmula perfecta para perder una elección judicial. Y es que las reglas, simple y sencillamente, no permiten ganar por las buenas. De entrada, la propia Constitución prohíbe que los partidos políticos “realicen actos de proselitismo o se posicionen a favor o en contra de candidatura alguna”. Y, por si fuera poco, establece de forma tajante que “estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas”. ¿Cómo puede una candidatura competir en serio si prácticamente no tiene acceso a recursos legales y si no puede utilizar el principal vehículo de movilización política en el país? La respuesta es simple: no puede.
Aunque estas restricciones puedan parecer absurdas, en realidad responden a una lógica muy clara: crear un mercado negro para la movilización del voto. Y eso fue, precisamente, lo que ocurrió en las elecciones judiciales de 2025. Los famosos “acordeones” —listas con los números y nombres de las candidaturas por las que había que votar— fueron el último eslabón de una cadena de movilización y financiamiento ilícitos, en la que muy probablemente participaron partidos políticos y gobiernos. La estrategia fue tan efectiva que, en los principales cargos judiciales —Suprema Corte, Tribunal Electoral y Tribunal de Disciplina— el 100 % de los resultados electorales coincidió con el acordeón que circuló días antes de la votación y que, según reportes periodísticos, fue promovido desde el gobierno federal.
En el nuevo modelo, derivado de la elección judicial, la lección es tan cínica como contundente: para llegar a un cargo judicial hay que ser postulado por actores partidistas; para ganar una elección es indispensable contar con el respaldo —abierto o encubierto— del poder, violar las reglas constitucionales y financiar campañas con recursos ilegales. El mensaje de la elección está claro y ha quedado grabado en piedra para quienes aspiren a juzgar: en este sistema, la independencia no se premia, se castiga; la legalidad no es una ruta al cargo, sino una condena al fracaso.
Jueces que quizá no saben juzgar
Los factores anteriores bastan para afirmar que el Poder Judicial ha dejado de ser un verdadero contrapeso institucional. Pero, por si fuera poco, la reforma judicial probablemente provocará una caída dramática en la competencia técnica de quienes integren los tribunales. Sería un error idealizar el pasado: no todas las carreras judiciales eran ejemplares. La federal, en muchos aspectos, funcionaba razonablemente bien; en el ámbito local, en cambio, la calidad era sumamente dispar. Aun así, el nuevo modelo no solo eliminó cualquier mecanismo serio de evaluación, sino que abrió de par en par la puerta para que lleguen a los cargos judiciales personas sin experiencia alguna en la función jurisdiccional y, en muchos casos, sin los conocimientos jurídicos más elementales.
Los requisitos para ser juzgadora o juzgador federal son, sin exagerar, francamente ridículos. Algunos de los supuestamente exigentes requisitos constitucionales para llegar a la Suprema Corte incluyen: i) tener una licenciatura en derecho; ii) haber obtenido un promedio general de 8.0 y de 9.0 en las “materias relacionadas” —lo que eso signifique—; iii) acreditar cinco años de “práctica profesional” en alguna actividad jurídica; iv) presentar un ensayo de tres cuartillas, y v) entregar cinco cartas de referencia firmadas por “vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad”. Así de precaria es la regulación para acceder al máximo tribunal constitucional del país. En el caso de los demás cargos judiciales federales, los requisitos pueden ser aún más bajos.
Y, de nuevo, alguien podría pensar que todo podría corregirse si, a pesar de esta laxitud normativa, los comités de evaluación decidieran implementar filtros rigurosos. Pero esa hipótesis teóricamente posible se ha estrellado con una realidad donde la lógica partidista es la que manda. En las elecciones de 2025, los dos únicos comités que realmente operaron —porque el del Poder Judicial, prácticamente acorralado, optó por renunciar— no aplicaron algo tan básico y elemental como un examen de conocimientos. Y pasó lo que tenía que pasar: fueron electas personas de las que ni siquiera sabemos si conocen el derecho, y mucho menos si entienden lo que implica ejercer la función jurisdiccional.
Una judicatura que ya no imparte justicia
¿Qué podemos esperar de un escenario así, dominado por poderes judiciales capturados, permanentemente amenazados e integrados por personas que podrían ser —literalmente— incompetentes? Nada bueno. Y aunque, como decía, no tenemos certeza sobre todas las implicaciones de esta reforma —porque se trata de una transformación sin precedentes, en México y en el mundo—, sí sabemos algo con alto grado de probabilidad: será un sistema peor que el que teníamos. Y eso que el anterior estaba lejos de ser perfecto.
El daño ya está hecho; lo único que falta por conocer es su verdadera magnitud.
