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Etiqueta: militarización de la seguridad pública

Crimen, territorio y Estado: la descomposición mexicana

Un análisis sobre la descomposición del Estado mexicano: pérdida de control territorial, captura municipal, militarización y consolidación de poderes criminales que fragmentan la soberanía, erosionan el Estado de derecho y redefinen la relación entre crimen, política y territorio.

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La militarización de la seguridad pública en México y América Latina no solo ha sido ineficaz contra la violencia: ha erosionado derechos, debilitado el Estado de derecho y puesto en riesgo la democracia. Un análisis sobre cómo el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tareas civiles transforma la seguridad en una amenaza para el orden democrático.

Militarización de la seguridad pública en México: análisis crítico desde el derecho internacional y los pronunciamientos de organismos internacionales

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Año 1, núm. 8, marzo de 2026
ISSN 3122-3583

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Raúl Trejo Delarbre*

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actualidad

Guerrero, la vida en disputa y el empeño para construir paz

Olivia Hidalgo Domínguez* / Daniel Mora**

En Guerrero, la violencia no solo se mide en cifras: se vive en los cuerpos, en el miedo y en la resistencia cotidiana. Mientras las balas siguen sonando, comunidades, mujeres y radios defienden la vida y reinventan la paz desde abajo.

Introducción

En el sur de México existe un territorio donde la vida y la muerte asumen su complejidad dialéctica. Las instituciones del Estado mexicano reportan cada año cifras “oficiales” relacionadas con la violencia, pero la realidad concreta se percibe de manera distinta debido a que proliferan los homicidios, feminicidios, desapariciones, desplazamientos, entre otras problemáticas relacionadas con la violencia estructural y cotidiana, las cuales se han naturalizado en las conversaciones del día a día.

Consideramos que los números reportados y relacionados con la violencia no son precisos. Son más los hechos que les han obligado a comprender que la paz no es una proclama idealista, sino una forma concreta de vida que el Estado mexicano debe garantizar y la sociedad debe reproducir mediante nuevas formas de relaciones sociales. Así, mientras las estadísticas oficiales narran la muerte, las y los guerrerenses defienden su vida.

Escribir lo que sucede en Guerrero es hablar sobre una sociedad que ha sido obligada a sobrevivir entre historias que encubren el dolor, la desconfianza y la memoria de lo que aspiran a ser. Han aprendido que defender el agua, la tierra o el cuerpo es una causa política, porque en una tierra donde se coexiste con la pobreza, el capitalismo quiere seguir despojándolos de todo, incluso de la vida misma. Por ello observar a Guerrero exige una perspectiva crítica que no se centre en visiones antropocéntricas (que colocar al ser humano como el centro de todo) ni androcéntricas (que considere solo al hombre como el centro de todo), sino que reconozca la vida en su totalidad concreta como valor esencial y fundamental.

Pensar desde un horizonte biocéntrico y complejo, como lo proponen Johan Galtung, Edgar Morin y Boaventura de Sousa Santos, implica reconocer que la paz no es ausencia de conflicto, sino una forma de reorganizar el mundo, de reedificar las relaciones sociales con la naturaleza que han sido quebrantadas por la mercantilización. En Guerrero, la disputa no es solo por la seguridad sino también por un mismo sentido común de la vida. Y aunque los informes gubernamentales insistan en contabilizar la muerte, cada día emergen nuevas formas de esperanza. Porque aquí, incluso entre la violencia y el anhelo de justicia, la paz se construye con sentires, pensares y acciones concretas; como quien, en medio del caos, vuelve a hilar el sentido de vivir.

 

Las cifras: un retrato de la violencia

Las cifras estadísticas son herramientas que sirven para que los gobiernos puedan medir avances e identificar problemas en sus políticas; representan la oportunidad de asignar recursos o de redireccionar acciones que resuelvan las necesidades o problemas de la población. Para la ciudadanía son un instrumento que permite vigilar y evaluar la confianza en quienes tienen en sus manos la toma de decisiones en las cosas públicas que nos atañen a todos.

Por esta razón es necesario que revisemos los números oficiales de la incidencia de violencia en el estado de Guerrero. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 1 738 víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta desde 2019. De esas muertes, 1 252 fueron causadas por arma de fuego, 59 por arma blanca y 427 por otros medios, lo que confirma la persistencia de un patrón estructural de violencia en el estado, donde la fragilidad de las instituciones es cada vez más amplia y el campo de operación de los grupos criminales se acrecenta.

En ese mismo sentido, en las cifras oficiales de 2019-2025 el número de homicidios dolosos se mantiene arriba de 1 000 víctimas anuales; solo hasta septiembre de este año ya se contabilizaban 1 043. Estos datos son la oración que nadie quiere decir: en Guerrero, la violencia no solo cuenta cadáveres; también siembra miedo, un miedo que se ha adueñado de calles, campos, mercados, escuelas y todo espacio en donde una vida se pueda resguardar.

Para las mujeres las cosas se complican más. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Inegi, entre 2016 y 2021 el 68.8 % de la población femenina mayor de 15 años de edad sufrió alguna forma de violencia –física, psicológica, sexual, económica o patrimonial–. Cada herida, golpe o agresión es una grieta más que continúa deteriorando el tejido social y hace que la construcción de paz parezca un estado inalcanzable.

El delito contra la libertad personal, que abarca los distintos tipos de secuestro, revela cifras contradictorias. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta 717 casos en 2019, 560 en 2023 y un salto inexplicable a 2 629 en 2024. Hasta septiembre de este año se registraban 310 víctimas, una variación que deja más preguntas que certezas.

Ahora bien, no es atípico escuchar decir a comerciantes, empresarios y hasta profesores de nivel básico o superior que los están extorsionando. Este problema se presenta en las ocho regiones –Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente y Sierra– y, considerando que son más de tres millones de habitantes, es contradictorio el dato que publica el SNSP. Según sus registros, este delito ha disminuido: 289 casos en 2019, 255 en 2020, 227 en 2021, 281 en 2022, 159 en 2023, 98 en 2024, y 88 hasta septiembre de 2025. Las cifran dicen una cosa; la gente vive otra.

La información oficial, más que evidenciar una mejora sustantiva, refleja el miedo de la población y su alto grado de desconfianza en las instituciones responsables de atender este tema. Porque el silencio se vuelve un mecanismo de supervivencia. Las cifras bajan, pero la violencia aumenta.

Para los analistas oficiales resulta más cómodo sostener un discurso mimetizado con la realidad concreta, en el que se sostiene que Guerrero es un estado bronco donde la confrontación surge por todo y por nada; es un estado donde la muerte, la violencia y la sangre forman parte de un supuesto estilo de vida. Ocultar los verdaderos números no sería tan grave si detrás de esa simulación no se escondiera un problema más profundo: la violencia estructural que desde hace décadas ha venido carcomiendo los sueños y las esperanzas de los descendientes de Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano.

Porque en Guerrero, más que un destino trágico, la violencia se ha vuelto una herencia impuesta que el pueblo carga para seguir existiendo; pero en ese contexto, quienes han padecido el olvido institucional y la traición histórica harán lo que sea necesario para que su vida no les sea arrebatada.

Las estadísticas hacen ver a la población de Guerrero como una sociedad fría, distante y conformista, pero es todo lo contrario, porque no pierde su esencia, calidez y dinamismo. Cada registro oficial encierra un duelo, una resistencia silenciosa, una memoria que se niega al olvido. Las cifras son el lenguaje del Estado; las historias son el lenguaje de la gente. Y entre ambos se libra una disputa: la de quienes se niegan a que su tragedia quede reducida a un archivo. Porque en esta tierra, contar las muertes también es una forma de defender la vida.

En 2024, Guerrero registró 1 738 homicidios dolosos, la cifra más alta en seis años. Pero detrás de cada número hay una historia de resistencia que las estadísticas no cuentan.

 

Comunidades y personas que resisten

La necesidad de defender la vida ha hecho que el instinto de sobrevivencia –individual o colectivo– multiplique su resiliencia. Así se pueden contar cientos de historias, como la de Amelia. Tenía 19 años cuando asesinaron a su madre. Esa tragedia la obligó a desplazarse de su tierra; dejó su casa, sus animales, su vida en la Montaña, y llegó a Chilpancingo con sus tres hermanos pequeños. Los crío sola. El mayor es aprendiz de construcción; el segundo, recolector de fruta en California; el menor, pronto será médico. Todos son gente de bien: honestos, trabajadores, sin vicios. Amelia trabajó, estudió y sostuvo a los suyos con una fuerza silenciosa que nunca figurará en ningún registro. No marchó ni buscó reconocimiento; su resistencia fue criar con dignidad. Esas estadísticas ni por asomo las contabilizan.

 

Con resistencia jurídica

Los sistemas de justicia internos vigentes en los pueblos me’phaa, na savi, ñomdaa y nahuas representan uno de los pilares más sólidos de la cohesión social en Guerrero. A través de asambleas, consejos de ancianos y cargos rotativos las comunidades regulan la convivencia, resuelven conflictos y aplican sanciones basadas en la reparación del daño y la reeducación.

Estos sistemas de justicia, reconocidos en el artículo 2º constitucional y en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, constituyen formas vivas de derecho consuetudinario que garantizan justicia y gobernanza desde la legitimidad comunitaria. En ellos, la cohesión social no depende del control estatal, sino del respeto mutuo, la palabra y la memoria compartida.

Un ejemplo vigente de este sistema de justicia es el de las comunidades indígenas me’phaa y na savi que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), establecida desde 1995 en la Costa Chica y la Montaña del estado.

Este sistema de justicia comunitaria se fundamenta en las asambleas generales, que son la máxima autoridad, y en la rotación de cargos, que garantiza la participación equitativa y la rendición de cuentas. Los conflictos se resuelven mediante el diálogo, la reparación del daño y el trabajo comunitario, evitando la lógica punitiva del sistema de justicia occidental.

La CRAC-PC actúa conforme a su propio Reglamento Interno de Seguridad, Justicia y Reeducación, reconocido por la Ley 701, que otorga validez legal al sistema de los pueblos originarios.

Este modelo sigue funcionando activamente en más de 60 comunidades en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Iliatenco, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Tlacoapa, Marquelia, Azoyú, Juchitán,  Tecoanapa, entre otros, constituyéndose como un ejemplo de autonomía jurídica y cohesión social donde la justicia se ejerce con base en los valores comunitarios, la palabra y la memoria colectiva.

 

Con resistencia económica

Otro ejemplo de lucha son las cooperativas comunitarias de mujeres, campesinos y jóvenes. Un ejemplo emblemático es la Cooperativa de Mujeres Productoras de Miel de la Montaña de Guerrero, que agrupa a comunidades me’phaa y tlapanecas dedicadas a la apicultura sustentable.

A través del trabajo colectivo, estas cooperativas no solo generan ingresos, sino que también promueven una economía de cuidado y reciprocidad en la que el valor del trabajo se mide por su impacto social y ambiental. En medio de la precariedad y la violencia, dichas experiencias reafirman que la cooperación también es una forma de seguridad y dignidad.

 

Cuidado del agua

En la zona rural de Acapulco, la comunidad de Xaltianguis mantiene un sistema comunitario de agua potable administrado por comités ciudadanos, quienes gestionan, reparan y distribuyen el agua con base en acuerdos asamblearios. Ante el colapso de los sistemas municipales y la falta de inversión pública, estas organizaciones han logrado sostener el abasto de agua por más de dos décadas, demostrando que la autogestión comunitaria puede ser más eficaz y transparente que la gestión institucional.

Este modelo de autogestión se replica en distintas localidades de Guerrero. En Tixtla, los colectivos defienden los cauces del río Atzacualoya y el humedal como bienes comunes; en Omiltemi, la comunidad protege los manantiales y el bosque mediante faenas y acuerdos internos. En las comunidades me’phaa y na savi de la Montaña, el agua se cuida como un ser sagrado y fuente de vida colectiva.

En todos estos espacios, la defensa del agua trasciende la gestión ambiental: se convierte en una forma de resistencia frente a la violencia estructural que priva a los pueblos del derecho a existir con dignidad. Cuidar el agua también es defender la vida frente a la lógica extractivista, la corrupción y el abandono estatal.

Desde la mirada de la construcción de paz, estas prácticas comunitarias representan una paz activa, nacida de la solidaridad, el trabajo colectivo y la memoria. Son experiencias donde la comunidad transforma el conflicto en organización y convierte la carencia en posibilidad. En Guerrero, la disputa por el agua es, en el fondo, una disputa por la vida y por el derecho a vivir en paz.

Más de 4 800 personas permanecen desaparecidas en Guerrero. Buscarles no es solo encontrar cuerpos: es defender la vida frente a la impunidad.

Desde la voz

Las estaciones de radio comunitarias se han convertido en herramientas esenciales para la defensa cultural y la organización social. Entre ellas destacan Radio Ñomndaa (La palabra del agua), en Xochistlahuaca; y Radio Uan Mil, en la Montaña Alta. Ambas transmiten en lenguas originarias y han enfrentado persecución por parte de autoridades federales y estatales.

Estas radios no solo difunden información local, sino que también fortalecen el tejido comunitario, promueven el uso de las lenguas maternas, denuncian violaciones a derechos humanos y sirven como canales de alerta ante riesgos de violencia o despojo. En contextos donde el silencio ha sido impuesto, la palabra libre se convierte en una forma de resistencia y de construcción de paz.

 

Las buscadoras

Las organizaciones de madres y padres buscadores se han convertido en una iniciativa que se niega a aceptar la resignación, que se resiste a vivir en una tierra donde a la vida se le ha asignado valor de cambio. Con una pala, una foto y fe que se transforma en coraje, buscan a sus seres queridos y, al hacerlo, también defienden la vida de quienes aún están en casa.

Entre los colectivos que realizan esta labor en Guerrero destacan la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); el Colectivo Unidos por el Estado de Guerrero, Familiares de Búsqueda María Herrera; y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, además del trabajo articulado con el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Guerrero existen más de 4 800 personas desaparecidas hasta octubre de 2025. No obstante, dicha cifra contrasta con los hechos cotidianos: cada semana se reportan nuevos casos, muchos de ellos sin denuncia formal, sin búsqueda inmediata y sin acompañamiento institucional.

Por eso, estos colectivos son mucho más que un grupo de búsqueda: son la conciencia moral de un país que no ha sabido garantizar la vida. Su presencia en los campos, cerros y caminos recuerda que buscar a los desaparecidos también es una forma de disputar el sentido mismo de la humanidad y de la paz.

Mención aparte merece el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, con sede en Chilpancingo, que se ha consolidado como una de las principales organizaciones de acompañamiento a víctimas en Guerrero. Su labor trasciende la denuncia: ofrece asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento comunitario a familiares de personas desaparecidas y a víctimas de violencia en un contexto marcado por la impunidad.

Actualmente, el Centro es dirigido por José Filiberto Velázquez Florencio, defensor de derechos humanos reconocido por su trabajo en territorios afectados por la violencia estructural. Bajo su conducción, el Centro ha fortalecido su papel en la defensa integral de la vida, articulando la exigencia de justicia con la recuperación de la dignidad y la reconstrucción del tejido social.

En un estado donde la violencia intenta despojar a las comunidades de su humanidad, el Centro Minerva Bello representa una trinchera ética y civil en la disputa por la vida, recordando que buscar justicia también es una forma de mantener viva la esperanza colectiva.

 

Ciudadanía organizada y expresiones culturales

Este panorama no ha logrado que la ciudadanía cruce los brazos, por lo que han surgido redes civiles, grupos de jóvenes, feministas, profesores y personas defensoras que trabajan desde su espacio inmediato.

Organizaciones como Red Mundial de Jóvenes; Ateneo de la Juventud-Guerrero; Manos Solidarias; Comisión de Paz de la Colectiva 50+1 Guerrero; los Clubes Rotarios; los Clubes de Leones; Grupo Cuicalli, A. C.; Grupo Aca; Manos Mágicas de Guerrero; Inter-Cambio Social, A. C.; Red de Mujeres Empleadas del Hogar; Mujeres de Tlapa; Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A. C., entre muchas otras, sostienen con sus manos y su palabra los hilos del tejido social que la violencia ha intentado cortar.

Desde sus territorios impulsan talleres, capacitaciones, círculos de paz, festivales, conferencias, conversatorios, ferias de productos, asesorías, acompañamientos, jornadas de salud, entre otras iniciativas. Todo lo que ayude para articular causas diversas: derechos humanos, educación ambiental, igualdad de género, recuperación económica, etc., y juntos recuperar espacios públicos. En palabras de Boaventura de Souza Santos, amplían la democracia de base, esa que se construye desde abajo y con rostro comunitario.

Las y los hacedores de arte y cultura también aportan desde su trinchera. Aunque es difícil mantenerse de pie, algunos lo han logrado, como el Grupo Casa de Mina, Grupo Playa Revolcadero, Colectivo Tarántula Dormida, Centro Cultural El Tecolote y Grupo Cultural de La Mancha. Este último ha formado generaciones de jóvenes que aprenden a pensar críticamente y a decir desde la escena lo que otros callan.

Resulta lamentable que Chilpancingo, siendo la capital, no hubiera podido sostener el Festival Internacional de poesía Avispero, que duró tres años y en ellos llevó la palabra poética a barrios, colonias y escuelas, probando que la cultura no solo devuelve la voz, sino que también recupera esperanza. Otros espacios, como Arcadia Centro Cultural y El Zanate Azul, también cerraron sus puertas, dejando una semilla sembrada.

La paz en Guerrero no se decreta, se construye: con radios comunitarias, cooperativas, personas defensoras del agua, y padres y madres buscadores que transforman el dolor en organización.

 

Desafíos

La violencia en Guerrero ha sido una herencia histórica que se ha sostenido en una estructura cuya base es la desigualdad, la impunidad, la corrupción y la militarización. Por ello, la vida sigue siendo una apuesta diaria. No hay cifra que mida el miedo ni registro que alcance para nombrar todas las ausencias. Vivir en el sur de México muchas veces es resistir. Pero esa resistencia, que nace del dolor, también es el punto de partida para imaginar algo distinto: una construcción de paz que devuelva sentido a la vida y permita que existir deje de ser un riesgo.

El primer desafío es romper con la impunidad estructural. En un estado que ha permitido que el crimen se naturalice, la justicia se vuelve una forma de esperanza. La paz, desde una perspectiva jurídica crítica, no puede simplificarse a la seguridad; implica analizar en su complejidad las contradicciones del derecho moderno que ha servido como instrumento de simulación al servicio del Estado, sin garantizar a la ciudadanía los derechos a la verdad, a la reparación y a la memoria. Sin justicia, la paz es solo un discurso.

El segundo desafío es reconfigurar el modelo de seguridad. Militarizar la vida pública ha profundizado el miedo y debilitado la confianza. La paz solo puede construirse desde la sociedad civil, desde la comunidad que dialoga y se cuida. Es necesario trasladar el eje del control hacia el cuidado, sustituir la lógica del castigo por penas alternativas y comprender que la seguridad humana comienza donde el Estado escucha.

Otro desafío inaplazable es garantizar las condiciones materiales para vivir con dignidad. La pobreza, la exclusión y el abandono institucional también son formas de violencia. La construcción de paz demanda políticas públicas con perspectiva biocéntrica, donde el acceso al agua, a la tierra, a la educación y al empleo no sea un privilegio, sino derechos efectivos que sostienen el bienestar colectivo.

La educación aquí juega un papel decisivo. Educar para la paz no significa enseñar a callar, sino a pensar críticamente, dialogar y transformar el conflicto sin violencia. Se trata de formar ciudadanía consciente de su historia, capaz de reconocer el dolor del otro y convertirlo en memoria activa. La paz no es algo que se aprende en los discursos; se aprende en la práctica del respeto, la palabra y la justicia.

También es un desafío fortalecer las redes comunitarias que ya existen. En los barrios, en los pueblos, en los colectivos de mujeres, en las personas buscadoras, en las radios o en las cooperativas la gente ha demostrado que la vida se defiende mejor cuando se hace en común. Estas experiencias encarnan una paz imperfecta, cotidiana y activa donde cada acto de cuidado y organización es una forma de reconstruir el tejido social que la violencia quiso romper.

Y quizás el reto más profundo sea reconstruir el sentido común de lo humano. Volver a creer en la palabra, en la empatía y en la posibilidad de vivir sin miedo. En un país donde tantas vidas han sido reducidas a números, construir paz es devolver humanidad, es reconocer que cada existencia tiene valor, historia y derecho a un futuro.

En el sur de México, donde la violencia parece perenne y la esperanza intermitente, la construcción de paz no es una meta abstracta, sino un acto de sobrevivencia colectiva. Es el esfuerzo diario por sostener la vida en medio del caos, por dignificar lo humano frente al poder y por demostrar que, incluso entre la incertidumbre, aún hay quienes siguen apostando por la esperanza.

 

Reflexión final

Escribir de Guerrero es dar a conocer un territorio donde la muerte se ha vuelto costumbre y la vida, un acto de valentía. Pero también es exponer la esencia de un pueblo que, pese a todo, no se ha rendido. Entre el miedo y la esperanza, las comunidades, las madres buscadoras, las radios, las cooperativas y las organizaciones civiles han demostrado que la vida aún puede sostenerse desde la dignidad.

Hoy, el reto más grande de Guerrero –y de México entero– es que la vida deje de estar en disputa. Que no sea necesario morir para ser escuchado, ni desaparecer para ser recordado. La construcción de paz exige transformar el derecho, reinventar el poder y reedificar la cultura, pero también el modo de producir las relaciones sociales. No habrá paz posible si seguimos indiferentes ante el dolor ajeno.

Defender la vida en Guerrero es un acto político, pero también profundamente humano. Es negarse a aceptar que la violencia tenga la última palabra. Es creer, contra toda evidencia, que el bien común aún es posible. Porque en este sur herido, donde la historia se escribe con sangre y esperanza, defender la vida es construir paz y, en el fondo, una forma de seguir creyendo en la humanidad.

* Presidenta de la Comisión de Paz de la Colectiva 50+1 Guerrero.
** Presidente de Inter-Cambio Social, A.C.

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actualidad

Cuando los extremos pierdan, la paz podrá empezar. Entre la herida, la memoria y la posibilidad de un futuro compartido en Israel y Palestina

Esther Kravzov Appel

El ciclo de violencia entre israelíes y palestinos solo terminará cuando ambos renuncien al extremismo, se reconozcan mutuamente y emprendan una paz gradual basada en seguridad compartida y cooperación pragmática.

El conflicto entre israelíes y palestinos ha quedado atrapado en un ciclo de dolor que parece no tener fin. Pero la historia demuestra que ningún pueblo puede vivir eternamente de la herida ni del miedo. La paz no será fruto de la victoria de uno sobre el otro, sino del reconocimiento mutuo, de la seguridad de ambos dentro de fronteras garantizadas y del fin del poder de los radicales que solo saben destruir.

Escribo estas palabras con el corazón pesado, como integrante de una familia judía que encuentra en el Estado de Israel un faro de supervivencia y un testimonio eterno de que “Nunca más” debe ser una promesa real. La creación de Israel, surgida de las cenizas del Holocausto, fue para nosotros una necesidad histórica y moral: un refugio en un mundo que había demostrado su capacidad para la barbarie más absoluta.

Hoy contemplo este conflicto con profunda angustia. Veo a dos pueblos, el israelí y el palestino, atrapados en un ciclo de violencia que parece no tener fin, ambos luchando con la convicción desesperada de que su propia supervivencia está amenazada por la aniquilación del otro.

El trauma es reciente y profundo. Los asesinatos del 7 de octubre fueron un acto de una barbarie atroz que reavivó los peores fantasmas del pueblo judío. La toma de rehenes —hombres, mujeres, niños y adultos mayores— es una herida abierta que grita por justicia y que ningún objetivo político puede silenciar. Comprender el contexto histórico no significa excusar lo inexcusable. Y, al mismo tiempo, sostengo con la misma firmeza que la barbarie de unos no disculpa la barbarie de los otros. El inmenso costo humano en Gaza, la destrucción y el sufrimiento de millones de personas palestinas, provocadas por el ataque del 7 de octubre, no devolverán la vida a las víctimas israelíes; solo sembrarán un dolor que alimentará el ciclo por décadas más.

La paz no será fruto de la victoria, sino del reconocimiento del derecho a existir de ambos pueblos y de abandonar los extremismos que perpetúan el odio, históricos y devastadores.

Miramos al pasado buscando respuestas y encontramos un cementerio de procesos de paz fallidos. Oslo, Camp David, Annapolis… iniciativas que se estrellaron una y otra vez, no solo por desacuerdos políticos, sino por la acción decidida de los radicales de ambos bandos. En Israel, los colonos extremistas que consideran la tierra una promesa divina indivisible; en Palestina, Hamás y la Yihad Islámica, grupos terroristas que han hecho del odio su ideología y que hasta hoy se niegan a reconocer el derecho de Israel a existir o a participar en cualquier diálogo genuino. Ambos extremos comparten algo esencial: el miedo a la paz, porque la paz exige renunciar al absolutismo de su causa. Y es tiempo de decirlo con claridad: los radicales de ambos lados deben aceptar que perdieron, porque su “victoria” solo puede significar la destrucción de todas y todos.

La solución de dos Estados —durante décadas el paradigma de la comunidad internacional— hoy parece una fórmula desgastada y desconectada de la realidad. A menudo se percibe como una imposición externa que no logra sanar las heridas de identidad ni la desconfianza visceral que habita en ambos pueblos. Pero sigue siendo, pese a todo, el punto de partida moral: dos pueblos que deben sentirse seguros dentro de fronteras reconocidas y garantizadas.

Es innegable que la decisión de 1948, el Nakba para las y los palestinos, fue un evento real y traumático que creó un problema de población refugiada y una herida de injusticia que aún supura. Reconocer esta verdad no anula el derecho de Israel a existir; por el contrario, lo fortalece, porque ningún Estado puede sostenerse sobre la negación del dolor del otro.

También es necesario recordar que dentro de Israel viven ciudadanas y ciudadanos árabes con derechos políticos plenos y representación parlamentaria en la Knéset. Esa coexistencia, imperfecta pero tangible, demuestra que la convivencia no es una quimera: puede existir dentro de un marco democrático y plural. 

Debe haber un camino pragmático hacia la paz: desarme de milicias, reconstrucción de Gaza, suspensión de asentamientos y proyectos binacionales para que la población israelí y la palestina vivan sin terror ni humillación cotidiana.

Escenario de paz: la coexistencia gradual y la seguridad mutua

La paz no nacerá de una firma ni de una frontera trazada por la diplomacia. Nacerá de una coexistencia gradual, donde Israel y una autoridad palestina fortalecida compartan intereses concretos: seguridad, economía, agua, energía, salud, educación y medio ambiente. Este escenario intermedio no exige una rendición ideológica, sino una cooperación pragmática, supervisada por la comunidad internacional y acompañada de incentivos reales. Requiere de fronteras reconocidas, seguras y respetadas, con garantías internacionales de seguridad que permitan a las y los israelíes vivir sin el temor al terrorismo y a la población palestina vivir sin la humillación de la ocupación.

Cada paso debe basarse en compromisos verificables: el desarme progresivo de milicias, la reconstrucción humanitaria de Gaza, la suspensión de asentamientos, y la protección efectiva de los derechos humanos. La confianza se reconstruye desde lo cotidiano: un hospital binacional, una planta solar compartida, un programa educativo conjunto. La paz se construye en pequeños gestos antes que en grandes discursos.

Cuando la victoria sea la paz


La paz no es ingenuidad; es lucidez moral. Ambos pueblos necesitan sentirse seguros para poder imaginar el futuro. Ninguno puede seguir siendo rehén del miedo o del fanatismo. La seguridad israelí y la dignidad palestina no son enemigos: son condiciones indispensables de una misma justicia.

La verdadera paz comenzará cuando los líderes de ambos lados sean capaces de pronunciar una frase simple y revolucionaria: “Ya no necesitamos ganar; necesitamos convivir.” Y quizás entonces, una madre israelí y una madre palestina puedan dormir sabiendo que sus hijas e hijos despertarán en un mundo donde el otro ya no es su enemigo, sino su vecino.

¡Basta! Basta de hambre.

¡Basta! Basta de sangre.

¡Basta! Basta de segregación.

¡Basta! Basta de la muerte del otro como solución

¡Que el próximo amanecer sea, al fin, el primero de la esperanza compartida!

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actualidad

Maria Corina Machado

Mauricio Merino

El Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado reconoce su lucha democrática y denuncia el fraude de Maduro, pero desata controversia al coincidir con amenazas militares estadounidenses y lecturas geopolíticas.

Es de elogiar la valentía, tenacidad e inteligencia de Machado, quien lideró la oposición en calles y urnas sin miedo y destapó la ilegitimidad del régimen venezolano.

Con algunas notables excepciones, el Premio Nobel de la Paz ha sido un galardón otorgado por razones políticas y, en gran mayoría, lo han recibido profesionales de la política. La lista es larga, desde Theodore Roosevelt hasta Barack Obama, pasando por Woodrow Wilson, Austen Chamberlain, Willy Brandt, Lech Wałęsa, Henry Kissinger, Anwar al-Sadat, Menájem Begin, Mijaíl Gorbachov, Frederik de Klerk, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Shimon Peres, Issac Rubin, Jimmy Carter, Al Gore, Juan Manuel Santos y, ahora, María Corina Machado.

Es un premio inevitablemente polémico: una toma de postura de quienes conforman su comité para reconocer personajes y causas que en su opinión merecen visibilidad global y, en consecuencia, para expresar su rechazo a quienes se oponen a las y los galardonados. De aquí que resulte imposible asumir una posición de neutralidad cada vez que se anuncia a quién le será otorgado.

El Premio Nobel de la Paz 2025 llega en un momento tenso: fuerzas estadounidenses amenazan a Venezuela y la distinción se lee como posible legitimación de una invasión armada, lamenta el autor.

María Corina Machado ha encabezado una lucha ejemplar en defensa de la democracia. El premio le ha otorgado nuevos bríos a su causa, después de que se apagaron los ecos derivados del fraude electoral cometido por  Nicolás Maduro, en las elecciones del 28 de julio de 2024, antecedidas por las argucias legaloides que obligaron a la hoy premiada a ceder su candidatura a la presidencia a Edmundo González, quien la suplió en las boletas bajo las siglas de la Plataforma Unitaria Democrática que, según los recuentos independientes, ganó esos comicios con más del 67 % de los votos emitidos. Cuando se celebraron las elecciones, Maduro ya controlaba todos los poderes públicos de Venezuela, de modo que el Consejo Electoral Nacional le otorgó el triunfo con un modesto 51 % de preferencias que nunca pudieron probarse.

Para el gobierno de Venezuela, las elecciones eran un trámite para confirmar el respaldo del pueblo. No podía perderlas y, para evitarlo, utilizó casi todos los medios del catálogo de la represión política en contra de sus adversarios. Sin embargo, el liderazgo y el talento político de Corina Machado lo derrotaron en las calles y en las urnas. Nicolás Maduro perdió legitimidad, abandonó la legalidad y se atrincheró en el populismo autocrático que le llevó en su momento al poder, como heredero del expresidente Hugo Chávez. Nadie podría negar la valentía, la tenacidad y la inteligencia de la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025.

El Nobel a Machado celebra a una venezolana que desafió a la dictadura de Maduro, pero su timing, en plena tensión con Washington, carga el premio de lecturas geopolíticas.

Quienes nos oponemos a la consolidación de los gobiernos autoritarios y dictatoriales y defendemos la democracia, celebramos con júbilo el reconocimiento que se le ha hecho a María Corina Machado, por sus méritos propios e indiscutibles. Es una lástima, sin embargo, que ese premio sea otorgado mientras las fuerzas armadas de Estados Unidos amenazan a Venezuela y bombardean impunemente a quienes consideran enemigos de guerra por viajar en lanchas venezolanas, sin pruebas. Es una pena que el Premio Nobel de la Paz esté inexorablemente atado a la ofensiva de Donald Trump y sea leído como parte de una estrategia internacional para otorgarle legitimidad a una invasión armada.

No hay duda de que el gobierno de Nicolás Maduro es producto de un fraude y es artífice de una dictadura. Tampoco hay duda sobre los méritos de María Corina Machado ni sobre la voluntad de la gran mayoría del pueblo venezolano para transitar hacia la democracia. Hacemos votos por que este Nobel de la Paz honre su nombre y contribuya a una transición tersa, sin ser vulnerado por la violencia y las ambiciones coloniales de Donald Trump.

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actualidad

Asalto al Poder Judicial: una historia de más de 6 años

Jorge Ramos * y Mariluz Roldán **

Entre discursos de respeto y campañas de hostigamiento, la Cuarta Transformación escribió una de las historias más controvertidas del México reciente: la captura política del Poder Judicial. Lo que inició como un proyecto de control en 2018 culminó con la elección popular de ministros y jueces en 2025

El Poder Judicial en México inició una nueva época el 1 de septiembre de 2025, derivado de la elección por voto popular de las y los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de varios cientos de magistradas, magistrados, juezas y jueces. Pero el asedio para poseer esta preciada joya de la corona comenzó antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2018.

Una persona integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) relató en octubre de 2018, a unas semanas de que López Obrador asumiera la Presidencia de la República el 1 de diciembre de ese año, que el político estaba explorando cómo hacerse del Poder Judicial. El mismo AMLO había dibujado la idea en su Proyecto Alternativo de Nación para la elección presidencial de ese año.

¿Le interesaba el pleno de la Corte, integrada por 11 ministras y ministros? Sin duda. Pero, de acuerdo con el relato de esa fuente, el entonces presidente electo había recibido información que le llevaba a pensar que, al no contar con las mayorías legislativas (Senado y Cámara de Diputados) para hacer cirugía mayor a la Constitución, necesitaba controlar a la Judicatura.

Los casi 1 600 juezas, jueces, magistradas y magistrados representaban un posible mecanismo de control político y hasta de negocios. Hernán Gómez Bruera, un personaje con un perfil afín a la autodenominada “Cuarta Transformación” o 4T, ha revelado la forma en la que se sometía al control a juzgadoras y juzgadores de todo el país para fines presuntamente de negocios y políticos, en el sexenio de López Obrador.

Gómez Bruera entrevistó el 29 de julio a Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Corte. Lo anunció en la red social X, en donde el togado posó con el más reciente título del periodista: “El ministro del poder”, que no se refiere al recién electo por voto popular, sino donde hace acusaciones de presunta corrupción por parte de Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, y sus colaboradores cercanos. “Tuve la oportunidad de conversar con él sobre mis investigaciones en torno al Poder Judicial. Coincidimos en algo fundamental: el pasado no puede repetirse”, añadió Gómez Bruera.

Los testimonios de juzgadores que dieron la cara para acusar las formas en las que colaboradores de Arturo Zaldívar los presionaban para resolver asuntos en un sentido específico son más que públicos. Lamentablemente, los señalamientos en contra del ministro en retiro no siguieron el curso legal.

“En el pleno del Consejo de la Judicatura Federal votaron a favor de revocar el acuerdo los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez y Sergio Javier Molina Martínez, Eva Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García. En contra de la resolución ¾es decir, a favor de investigar a Zaldívar y otros¾ estuvieron Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez y la propia Piña Hernández, quien también preside el consejo y anunció voto particular”, reseñó el diario La Jornada. Vázquez, Molina y Maya hoy están en posiciones relevantes del Poder Judicial reformado, incluso Maya preside el Tribunal de Disciplina Judicial.

¿Cómo comenzó la operación para apoderarse de la Corte y del Poder Judicial? El 8 de agosto de 2018, López Obrador acudió a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para recibir su constancia de mayoría que lo acreditó como presidente electo, y en su discurso ofreció respeto a los togados.

“En mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros Poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen.

“En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros”, dijo López Obrador.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador empezó el ataque permanente contra la Corte apenas llegó a Palacio Nacional, desde la conferencia de prensa diaria (que él llamó “Mañanera”), desde su primer día en el poder.

Azul Aguiar Aguilar publicó el libro La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial 2018-2024, de la Fundación para la Justicia, en donde reseña que en 475 “mañaneras”, de un total de 1 646, el presidente López Obrador lanzó algún insulto en contra del Poder Judicial o de sus integrantes, pero no solo lo hacía el jefe del Estado mexicano: en 102 de 423 sesiones de la Cámara de Diputados también se atacó a los juzgadores, mientras que en el Senado se registraron momentos de agresión en 101 de 459 sesiones.

Algunos reportes elaborados por personas expertas que daban seguimiento al discurso de golpeteo también detectaron, entre 2023 y 2024, casi 800 productos, que iban desde notas periodísticas hasta publicaciones en Meta (Facebook) pautados; es decir, que alguien pagó para tener un mayor alcance en esa red social. 

Los registros que poco a poco se van conociendo configuran una estrategia de comunicación que iba desde lo oficial (“Mañaneras”, declaraciones de personajes públicos afines a la 4T), hasta campañas pagadas en redes sociales, algunos de ellos con nombre y apellido y de otros de los que no es posible saber su origen, pero que costaron dinero.

¿Qué más hizo López Obrador? Jorge Ramos publicó en su columna “Recovecos”, del 19 de noviembre de 2018, en el sitio La Silla Rota, que “(Eduardo) Medina Mora, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar (en ese momento presidente saliente de la Corte) no son bien vistos en la Cuarta Transformación. Por cierto, la Cuarta Transformación va por una depuración en el Poder Judicial, y los ajustes son para transparentarlo y… ¿para tomar el control?” Los testimonios alertaban que AMLO iba por el Poder Judicial, pero se contuvo porque no tenía los votos necesarios en el Congreso.

Uno de los primeros en recibir ataques fue el ministro Luis María Aguilar. ¿Qué causó el enojo de AMLO contra el ministro? Una fuente consultada ha dicho a los reporteros que “no hay mucho misterio: dichos (críticos) de una persona muy próxima al ministro Aguilar llegaron a oídos de López Obrador, incluso en video […]”.

El caso mejor documentado de asedio es el de Eduardo Medina Mora, un personaje difícil de defender. En los primeros meses de 2019 se supo que el exprocurador General de la República, exembajador en Estados Unidos, exdirector del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia, iba a ser desaforado. Frente a esa posibilidad, se documentó periodísticamente cómo es el desafuero de un ministro e inclusive se tuvo acceso a bodegas de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en donde había asuntos no resueltos en contra de ministros desde hace décadas.

En el guion estaba escrito el desafuero de Eduardo Medina Mora, pero alguien cambió la trama de la historia. Por fuentes directas se confirmó que el ministro renunciado no quiso someterse a la metralla y al escarnio en el pleno de la Cámara de Diputados. 

En el pasado político de López Obrador aparece Eduardo Medina Mora, quien siendo director del Cisen, fue señalado como uno de los actores políticos presuntamente implicados en los videoescándalos en el sexenio de AMLO como jefe de Gobierno: sus cercanos, empezando por René Bejarano, Carlos Ímaz, entre otros, fueron pillados en sendas grabaciones en video, luego televisadas, recibiendo dinero en fajos, en bolsas de plástico y hasta llevándose las ligas. Eso entorpecía el camino de Andrés Manuel rumbo a la elección presidencial de 2006, que a la postre perdió frente a Felipe Calderón, aunque siempre ha acusado “fraude”.

¿Pero esos odios o rencores cuasi personales fueron la razón para buscar la captura del Poder Judicial? Difícil de dar una respuesta.

Sin embargo, los destellos de esa necesidad siempre los ha tenido. El problema de su desafuero en 2004 fue por desobedecer una orden judicial. En 2006, al entrevistarlo en su cierre de campaña por la Presidencia de la República, se le preguntó si como presidente gobernaría a golpe de decretos, porque en el gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) lo hizo por medio de bandos que daban la vuelta a la ley.

También es famosa su frase “no me vengan con que la ley es la ley” porque refleja su manera de pensar. No olvidemos cuando el propio López Obrador reveló que le llamaba a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte de 2019 a diciembre de 2023, para pedirle interviniera en decisiones de juzgadores. Eso de que no habría halcones ni palomas mensajeras quedó en letra muerta.

AMLO necesitaba un Poder Judicial sometido. Nunca perdonó que juzgadores — jueces, tribunales o la Corte— le tiraran alguna decisión que él había tomado, sea en materia energética o el peliagudo caso de la Guardia Nacional. 

Si bien López Obrador pudo proponer como ministras a Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz, Lenia Batres y a Juan Luis González Alcántara Carrancá, no soportó que varios de ellos lo encararan en casos como la Guardia Nacional o la extensión dos años más de la presidencia de Arturo Zaldívar. Con varios de ellos conversaba en privado o recibía documentos en los que los juzgadores le daban santo y seña de por qué se violentaba la Constitución. Eso no le gustó nunca.

Era evidente que el ministro Zaldívar convirtió a la Corte en un parapeto del presidente de la República. Un reportaje en La Silla Rota de diciembre de 2020 así lo documentó. Durante su presidencia en la Corte, uno de los autores de este texto describió ese papel.  

Otro hecho: en 2021, un grupo de legisladores del partido en el poder propusieron una reforma para extender dos años más la presidencia de Zaldívar al frente de la Suprema Corte. La forma de cómo surgió la idea, en qué restaurante se fraguó hasta el nombre del senador que haría la propuesta y quienes compartieron alimentos en esa mesa, da para una novela.

La ministra Margarita Ríos Farjat relató el 20 de agosto de 2025 al periodista Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, que fue citada a una reunión para revisar este asunto, pero que ella no pudo asistir. No obstante, le envió un escrito donde le hacía ver que esa iniciativa iba contra la Constitución. Los adjetivos proferidos contra la ministra Ríos Farjat no merecen ser transcritos, pero la descalificación fue injusta y grosera.

Otro caso de un ministro que incluso vio perder la amistad que tenía con López Obrador fue el jurista Juan Luis González Alcántara Carrancá, y todo indica que fue por la interpretación de la Constitución que hacía el doctor en Derecho, en especial porque no lo apoyó en el tema de la Guardia Nacional.

En febrero de 2024, López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales que incluía la judicial. ¿Era necesaria? No se han encontrado —en la academia ni entre decenas, quizá cientos, de trabajadores del Poder Judicial Federal— a alguien que pensara que todo era perfecto y no eran necesarios cambios en muchos sentidos.

¿El Poder Judicial era perfecto? No. En 2018, como editor en La Silla Rota, Jorge Ramos impulsó un reportaje que documentó el nepotismo en esa gran estructura.   Lo que se vivió entre 2024 y 2025 fue una andanada de descalificaciones. Si bien con Claudia Sheinbaum se redujo la metralla, las acusaciones de nepotismo y corrupción no amainaron.

Ivonne Melgar escribió en una de sus columnas en Excélsior que Norma Piña fue víctima de violencia política, de género, de calumnia; fue “un ataque misógino a todas las mujeres que aspiran y llegan al poder”, le dijo Sara Lovera a la autora. Otras mujeres de alto perfil, como Georgina de la Fuente, en Opinión 51, o Saraí Aguilar, en Mujeres Más, documentaron esas violencias.

Como es público, ambos autores de este texto fuimos colaboradores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández en la oficina de Comunicación Social de la Corte, de abril de 2024 a agosto de 2025. Los hechos que describen el tortuoso camino de espinas que puso López Obrador merecerá varios capítulos en el libro que como cronistas estamos preparando. 

* Jorge Ramos Pérez es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con estudios de maestría en Administración por la Universidad Iberoamericana. Fue director general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (abril de 2024-agosto de 2025), y antes fue director editorial y ejecutivo de La Silla Rota, editor y coordinador general de Información en El Universal, donde fue reportero más de una década. Es profesor en la Carlos Septién. Es co-coordinador del libro La historia oscura detrás de la pandemia. El baile de cifras de López Gatell (agosto de 2020).

** Mariluz Roldán Vera es periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de una década en el ejercicio en medios como El Universal, La Silla Rota y Sumédico. Es coautora del libro La historia oscura detrás de la pandemia. El baile de cifras de López Gatell (agosto de 2020). También trabajó en la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Foto: Arnaud Jaegers

actualidad

Dejar hacer, dejar pasar

Javier Aparicio Castillo *

Análisis crítico sobre el proyecto de sentencia del magistrado Felipe de la Mata Rodríguez Mondragón y el documento de Javier Aparicio, que examina la presunta existencia de una estrategia ilícita y sistemática de distribución de “acordeones” para influir en la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como sus implicaciones jurídicas, políticas y democráticas en México.

El pasado 20 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió, por mayoría de tres votos contra dos, validar la elección extraordinaria de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Unas semanas atrás, el 15 de junio, el Consejo General del INE también aprobó la validez de la elección judicial en otra votación dividida de seis votos a favor y cinco en contra. En dos proyectos de sentencia distintos, el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Janine Otálora propusieron declarar la nulidad de la elección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 1 de junio de 2025. Ambos proyectos fueron derrotados, pero queda el registro inédito de que dos magistrados y cinco consejeros electorales se pronunciaron por invalidar la elección judicial ante el cúmulo de irregularidades observadas.

¿Puede decirse que la elección del 1 de junio de 2025 proporcionó mayor legitimidad democrática a los nuevos ministros, magistrados y jueces? ¿La elección judicial fortalece la democracia en México? Para responder estas preguntas se requiere, por principio de cuentas, una cuidadosa valoración de la reforma constitucional que dio pie a la elección judicial. En segundo lugar, una evaluación del proceso electoral, así como de sus resultados.

Un proceso viciado de origen

Dejando de lado las virtudes o defectos de la reforma constitucional que le dio origen, es posible afirmar que la elección judicial estuvo diseñada desde un principio para inducir una baja participación, lo cual la haría sumamente vulnerable –o controlable, dirían algunos— a la intervención del mismo gobierno que la impulsó, o bien de quienes tuvieran los recursos para movilizar electores o inducir el voto frente a una boleta compleja e inédita. Veamos por qué.

En primer lugar, la reforma judicial fue aprobada sin el consenso de la oposición, y estableció que el gobierno postularía a dos tercios de las candidaturas, previamente seleccionadas por comités técnicos evaluadores que estuvieron integrados por simpatizantes oficialistas. En segundo lugar, se prohibió la participación de partidos políticos, hecho que en principio no parece una mala idea, pero produjo otro tipo de problemas. En cuanto a la organización electoral, ni los consejos distritales que de manera extraordinaria realizaron el conteo y escrutinio de los votos, ni las mesas directivas de casilla contaron con la misma vigilancia que en procesos ordinarios. Y de manera más sustantiva, en una elección apartidista, cobra mayor relevancia el hecho de que el gobierno cuenta con un nutrido grupo de servidores públicos que pudieron promover el voto de manera ilegal.

Dadas las reglas de la contienda, incluso la mejor de las candidaturas para cualquier cargo judicial estuvo impedida de hacer grandes gastos de campaña y tuvo mínimo acceso a medios de comunicación masiva. Un detalle adicional se volvió clave a la postre: a pesar de ser una elección con base en listas abiertas, las personas candidatas tampoco pudieron hacer campaña “en planilla”. Por último, el presupuesto del INE tuvo el mayor recorte en su historia para encarar una jornada electoral sumamente compleja y cuyas reglas tuvieron que irse redactando con el proceso electoral en marcha.

Un resultado atípico

La elección judicial tuvo una participación electoral de 13%, la segunda más baja en cualquier elección organizada por el IFE o INE, y una cifra récord de votos nulos o recuadros no utilizados. Una elección con baja participación pone en duda tanto la legitimidad democrática del proceso en general como sus resultados en particular. De 2020 a la fecha, se han organizado tres procesos electorales relativamente novedosos –inéditos e históricos, les llaman algunos– en México: una consulta popular en 2021, una revocación de mandato en 2022 y la primera elección judicial este 2025. Sin embargo, estas jornadas solo han tenido una participación electoral de 7.1, 17.7 y 13%, respectivamente.

Las elecciones con baja participación son más susceptibles a afinidades partidistas y mecanismos de movilización electoral y, por tanto, suelen tener resultados más sesgados que las elecciones con mayor participación. Por ejemplo, en la consulta de revocación de mandato del 10 de abril de 2022, hubo 91.8% votos para que el presidente López Obrador siguiera en el cargo, 6.4% en contra y 1.7% votos nulos—una victoria abrumadora para quién promovió la misma consulta. Dada su baja participación, las consultas de 2021 y 2022 no tuvieron resultados vinculantes. A pesar de ello, sus resultados pueden servir para poner en perspectiva la participación electoral observada en la elección judicial de 2025 y se les puede considerar como ejercicios de movilización del oficialismo con miras a elecciones posteriores.

La jornada del 1 de junio de 2025 fue sin duda compleja. No solo fue la primera elección judicial, sino que, por primera vez, se utilizó un sistema de votación con base en listas abiertas. En el caso de la SCJN, cada elector podía votar por hasta nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, a partir de una lista de 64 candidaturas registradas. De este modo, 12.9 millones de electores emitieron más de 116 millones de votos tan solo para la Corte.

Dado el número de candidaturas registradas, la votación se fragmentó de manera natural: el candidato a ministro más votado, y que presidirá la SCJN, recibió 5.3% de los votos totales, mientras que la candidata ganadora con menos votos recibió 2.8%. Por otro lado, 10.8% de los votos fueron nulos y otro 12% fueron recuadros no utilizados. Se observó tanto una participación mínima como un nivel máximo de votos nulos.

Uno de los aspectos más preocupantes de los resultados de la elección judicial es la extraordinaria homogeneidad de las tendencias de voto a nivel casilla, distrito o entidad, a pesar de tratarse de una elección con listas abiertas de considerable complejidad. A pesar de que existían cientos de miles de combinaciones de votos posibles entre 64 candidaturas, se observa un patrón sistemático entre las personas más votadas en cada entidad: Hugo Aguilar, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y la exconsejera jurídica Ma. Estela Ríos se encuentran entre las primeras nueve posiciones en 30 entidades del país. Por su parte, el resto de los ganadores –Irving Espinosa, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías–, también quedaron entre las primeras nueve posiciones en 19 entidades. Estos resultados sugieren una fuerte coordinación en los votos, como si estas nueve candidaturas hubieran competido y ganado como una planilla. ¿Cómo pudo ocurrir tal fenómeno?

Correlaciones incómodas

Para abonar a una discusión que considero de gran interés público, el pasado 11 de agosto entregué al TEPJF un documento titulado “Análisis estadístico de la elección judicial en México”, bajo la figura de amicus curiae para diversos juicios sobre la validez de tal elección. Dejando de lado una evaluación exhaustiva del proceso electoral en general, el documento se concentra en analizar los resultados a nivel casilla de la elección para la SCJN y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Para hacerlo replicable, el insumo central del análisis fue la base de datos de los Cómputos Distritales Judiciales publicados por el INE.

Estos son algunos de los resultados principales reportados con detalle en el documento. En primer lugar, la evidencia de los resultados a nivel casilla sugiere que hubo una participación electoral atípica en un importante número de casillas. Por ejemplo, en 1,224 casillas se registró una participación igual o mayor a 50%, misma que puede considerarse atípica puesto que se encuentra a 3.4 desviaciones estándar por arriba del promedio por casilla. Si bien el INE dejó fuera del cómputo final 818 casillas por razones diversas, existe un conjunto más amplio de casillas cuya participación amerita un escrutinio adicional y que podrían representar indicios de irregularidades.

En una elección libre y auténtica, donde diversas alternativas compiten por el apoyo del electorado, una mayor participación electoral suele tener un efecto contrario al partido o alternativa dominante: a mayor participación, resulta más reñida o fragmentada la votación. En el caso de la elección judicial, se observa una relación positiva y estadísticamente significativa entre la participación electoral a nivel casilla y las tendencias de votación para la Corte.

En varias entidades hubo casillas con más de 40% de participación y donde las nueve candidaturas ganadoras obtuvieron, en conjunto, más de 75% de los votos totales. Este patrón es notorio en entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. En contraste, en Durango y Veracruz, donde hubo elecciones municipales coincidentes, la relación entre participación y tendencias de voto es mucho más débil. Este hallazgo es preocupante porque, en una elección con baja participación en general, este patrón puede ser un indicio de una votación dirigida o coordinada, en vez de voluntaria.

En tercer lugar, se encontró que la distribución de votos totales por candidatura para la SCJN y el TDJ muestran quiebres o discontinuidades importantes entre las nueve candidaturas más votadas y el resto de los contendientes, mismas que son más notorias y visibles en ciertas entidades. Por ejemplo, solo 13 candidaturas para la SCJN recibieron más de 2.3 millones de votos, mientras que 40 candidaturas recibieron menos de un millón de votos. Estos datos sugieren que la elección fue muy poco competida y fragmentada, a pesar de contar con una lista de 64 candidaturas posibles.

En cuarto lugar, se encontraron correlaciones positivas y significativas entre los porcentajes votos recibidos por todas las candidaturas ganadoras para la SCJN y el TDJ. Por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson entre los votos de Hugo Aguilar y Celia Maya fue 0.73, mientras que la correlación entre los votos de Lenia Batres y Bernardo Bátiz fue de 0.85.

Estas correlaciones positivas son anómales porque, dado que los resultados electorales son un juego suma cero, uno esperaría correlaciones negativas entre candidaturas que compiten por un mismo cargo –o que, al menos, no hicieron campaña de manera coordinada o como una planilla–: donde unos candidatos consiguen un mayor porcentaje de votos, otros deberían conseguir menos.

En diversos medios, así como en los proyectos de sentencia que proponían la nulidad de la elección, se ha discutido mucho sobre un mecanismo de distribución de guías de votación o “acordeones” que incluyeron, precisamente, los nombres de las nueve candidaturas ganadoras. Aunque es muy difícil evaluar estadísticamente el posible impacto de los “acordeones” con los datos disponibles, los resultados a nivel casilla no parecen mostrar evidencia de una competencia entre acordeones diversos o rivales. Las correlaciones observadas son consistentes con la distribución masiva de cierto tipo de acordeón dominante, o un conjunto de acordeones cuyo denominador común fueron las candidaturas más votadas.

Lo que sí puede hacerse es otro tipo de inferencia y someter a prueba la siguiente hipótesis: si dos o más candidaturas lograron conseguir votos en su favor de manera coordinada, ya sea mediante la distribución eficaz de algún acordeón u otro mecanismo, sus porcentajes de voto deberían mostrar una correlación positiva significativa. Así las cosas, dado que hubo en total 102 candidaturas registradas para la SCJN y el TDJ, la similitud entre los porcentajes de votos obtenidos por candidaturas que aparecían en boletas separadas es muy inusual y puede sugerir una votación inducida.

En conjunto, las tendencias y patrones de votación observados en la elección judicial sugieren que existió una proporción significativa de votos inducidos o coordinados en favor de ciertas candidaturas. Dadas las reglas de la contienda y las características de la boleta, estas anomalías pueden ser indicios de irregularidades que ponen en duda la autenticidad de la votación.

Anular o validar

Según el proyecto de análisis de la validez de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del magistrado Reyes Rodríguez (SUP-JIN-194/2025), se acreditó “la existencia de una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de guías de votación (“acordeones”), que constituyó propaganda electoral prohibida” y, además, “tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía y que fue determinante para los resultados electorales”. Por último, el proyecto se pronunciaba por “adoptar las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad del sistema democrático y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen los procesos electorales”.

Según el mismo proyecto, se acreditó la existencia de acordeones, mismos que constituían propaganda ilícita, toda vez que las reglas de la contienda solo permitían propaganda individual y no en planillas. En segundo lugar, se acreditó una estrategia de distribución masiva y coordinada de tales acordeones con el fin de influir en el voto ciudadano. Y, en tercer lugar, que tales elementos tuvieron un efecto determinante en el resultado electoral. De manera sustantiva, la propuesta de nulidad se justificaba ante las violaciones graves en la equidad de la contienda, la autenticidad del voto, y la existencia de financiamiento ilícito en apoyo de ciertas candidaturas. Tres de cinco magistrados electorales negaron todos o alguno de estos argumentos y elementos probatorios.

Es claro que el estándar de prueba para anular una elección debe ser el más estricto posible, a fin de respetar la voluntad ciudadana expresada en los votos emitidos. Sin embargo, los magistrados de la mayoría plantearon un estándar de prueba prácticamente imposible de conseguir: evidencia documental de quién financió, distribuyó y recibió los acordeones y, más difícil aún, evidencia de que éstos tuvieron un efecto determinante en la decisión de voto o que existió algún tipo de coacción.

Dada la secrecía del voto, es claro que no se puede determinar si un acordeón determinó el sentido de un voto. Del mismo modo, tampoco se puede saber si una promesa de dádiva o una despensa determina el sentido del voto. Y tampoco se puede saber a ciencia cierta cuántos votos se consiguen con un gasto excesivo de una campaña, o con anuncios espectaculares o spots en radio y televisión. Justo por ello, la evidencia de irregularidades en materia electoral suele ser indirecta.

El problema central planteado por el proyecto de nulidad es que existió una distribución masiva acordeones que favorecieron a ciertas candidaturas que, a la postre, acabaron ganando la elección de manera contundente. Utilizar o no un acordeón frente a una boleta compleja no es ilegal por sí mismo, y hasta puede ser algo esperable en una elección democrática. Sin embargo, producir y distribuir masivamente acordeones, ya sea con recursos públicos o privados, para favorecer a ministras en funciones y a ciertas candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo –o en todo caso realizar campaña “en planilla”–, constituye una ilegalidad que viola los principios rectores de una elección libre y auténtica.

El argumento en favor de declarar la validez de la elección judicial presupone que esta fue, en el mejor de los casos, una especie de competencia entre acordeones donde la ciudadanía decidió libremente si hacerles caso o no.  Por desgracia, la evidencia no sugiere tal tipo de contienda, sino una elección sesgada con gran ventaja para las candidaturas que aparecieron en acordeones ilegales. La evidencia estadística de los resultados de la elección sugiere fuertes indicios de una movilización y un voto coordinado o dirigido en el cual los acordeones pudieron ser el último eslabón de una estrategia mayor.

Si las irregularidades observadas en esta elección no se atienden de manera oportuna, las próximas elecciones estarán comprometidas gravemente. Los vicios y defectos que tuvo la primera elección judicial en México –ya sea por su diseño original, por la premura de quienes la organizaron, o bien porque los tribunales no consideraron los elementos de prueba disponibles–, no deben ser normalizados o ignorados. 

Anular o validar plenamente la elección no eran las únicas dos opciones posibles para un Tribunal constitucional. El tribunal electoral pudo señalar ciertas prácticas o anular un grupo importante de casillas con irregularidades para dejar un precedente de lo que es o no admisible en una elección de este tipo. A lo largo del proceso, el tribunal pudo hacer mucho por mejorar la confiabilidad e integridad de la primera elección judicial en México. Una y otra vez, decidieron ver para otro lado. El que una elección sea “inédita” o “histórica” no implica que represente un avance democrático.

* Profesor-investigador, División de Estudios Políticos, CIDE, A. C.

javieraparicio.net  | x.com/javieraparicio

El presente texto retoma algunas de las ideas expresadas en este documento y en este resumen.

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Acordeones para la Corte: la elección judicial que nació bajo sospecha

Redacción El Diluvio

Propaganda ilícita y financiamiento prohibido que comprometieron la validez de la elección. El caso podría convertirse en una anécdota jurídica

En días pasados, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuso en un proyecto de sentencia la anulación de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual se celebró apenas el 1 de junio de 2025. Su argumento: la existencia de una estrategia “premeditada, compleja, coordinada, sistemática y generalizada” de distribución de guías de votación —los llamados acordeones— que habría sido determinante en los resultados de dicha elección.

El asunto no es menor, pues por primera vez en la historia, las y los ministros de la Corte fueron electos por voto popular. Así, el naciente máximo tribunal del país enfrenta la paradoja de que su legitimidad de origen esté en entredicho.

La sentencia que no será

El proyecto de Rodríguez Mondragón parte de una base clara: la prohibición expresa de que partidos políticos o servidoras y servidores públicos intervinieran en la contienda judicial. En este diseño, solo las candidaturas podían financiar propaganda de manera limitada; sin embargo, en los expedientes acumulados ante el Tribunal Electoral se documentaron 3 188 acordeones impresos, 374 evidencias digitales (videos, fotos y publicaciones en redes), y un patrón de distribución nacional en las 32 entidades del país.

Los acordeones no fueron un fenómeno aislado, ya que existieron páginas web dedicadas a su difusión y fue visible una coincidencia sistemática entre las candidaturas promovidas en ellas y quienes finalmente resultaron electos y electas. Más del 70 % de los materiales documentados contenían combinaciones de números que correspondían a las nueve personas ganadoras.

El proyecto concluye mencionando que los acordeones constituyeron propaganda ilícita, implicaron un financiamiento prohibido y, por ende, comprometieron de forma determinante la validez de la elección. Sin embargo, aunque la ponencia es contundente, lo más previsible es que no obtenga la mayoría en la Sala Superior. El caso podría convertirse en una anécdota jurídica: un diagnóstico severo, probado y evidente, pero sin consecuencias prácticas.

La lupa estadística

El análisis estadístico presentado como amicus curiae del proyecto mencionado por el politólogo Javier Aparicio robustece la narrativa de irregularidad. Con datos de más de 84 000 casillas, Aparicio mostró un patrón de participación anómalo: la media nacional fue de apenas 13 %, pero en al menos 1 224 casillas (1.45 % del total) la participación superó el 50 % y en 811 casillas rebasó el 60 %. En 11 casillas se reportó incluso más de 100 % de participación.

De acuerdo con la evidencia, estas irregularidades se concentraron en Chiapas y Guerrero, estados históricamente asociados con movilización electoral atípica. No se trató, pues, de simples “zonas de alta participación”, sino de un patrón estadísticamente improbable que apunta a mecanismos de movilización o coacción.

Más aún: el cruce entre participación y resultados revela que las candidaturas más beneficiadas por los acordeones —Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— obtuvieron resultados significativamente mayores en casillas con participación elevada. La correlación estadística es clara: donde hubo voto atípico, hubo también ventaja para quienes terminaron ganando.

Democracia bajo examen

Más allá de la resolución formal, lo que este episodio revela es el profundo riesgo de haber diseñado una elección judicial sin contrapesos efectivos. El Instituto Nacional Electoral operó con un presupuesto recortado, las casillas carecieron de vigilancia ciudadana y los partidos estuvieron ausentes del proceso por diseño constitucional. El resultado de ello fue terreno fértil para las irregularidades.

La baja participación —solo 13 % del electorado— debilita de entrada la legitimidad del proceso. pero sumada a las evidencias de propaganda ilícita y anomalías estadísticas, la primera elección judicial de México deja un saldo preocupante: un tribunal supuestamente fortalecido por el voto popular, pero con pies de barro.

Lo que queda

Es probable que la sentencia de nulidad no prospere, sin embargo, lo cierto es que ya existe un registro oficial de que la elección estuvo viciada por mecanismos ilegales y estadísticamente demostrables. El precedente debería ser suficiente para replantear de forma seria si este experimento de elección judicial fortalece o erosiona a la democracia mexicana, pues esta no puede darse el lujo de normalizar ni dar por sentadas irregularidades que minan la legitimidad de sus instituciones más altas y fundamentales.

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Pedro Pérez Herrero

Doctor en Historia por El Colegio de México (México, 1981) y la Universidad Complutense de Madrid (España, 1982). Catedrático emérito de la Universidad de Alcalá (desde 2025). Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia (2004). Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de insignia (2015).

Juan Carlos López Rivera

Web master

Egresado de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con más de 17 años de experiencia en el diseño, desarrollo y gestión de soluciones tecnológicas. A lo largo de su trayectoria ha creado y coordinado la implementación de más de 400 sitios web, muchos de ellos con un enfoque estratégico en comunicación institucional, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Tuvo un papel destacado en organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde contribuyó al fortalecimiento de plataformas digitales orientadas a garantizar el acceso a la información y promover la transparencia gubernamental en México.

Su experiencia abarca sectores estratégicos, incluyendo instituciones financieras como BBVA y Citibanamex, la firma tecnológica Getronics, así como colaboraciones en proyectos con el gobierno del estado de Nuevo León, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación digital.

Su trabajo ha sido reconocido por impulsar el desarrollo de portales web de alto desempeño, accesibles y orientados a resultados, algunos de los cuales han sido distinguidos a nivel internacional.

Alberto Nava Cortez

Director de arte

Es lienciado en Diseño Gráfico por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa el máster en Diseño Editorial y Publicaciones Digitales en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona.

Ha sido consejero editorial en el periódico Reforma, jefe de departamento de Diseño en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, subdirector de publicaciones y director editorial de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; fue asesor de Comunicación del rector de la UAM Iztalapapa; asesor de publicaciones en materia de educación cívica en el Instituto Nacional Electoral; asesor editorial en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Cooordinador Editorial de la Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social, A. C.

Desde 2013 es director general y socio fundador de La Hoja en Blanco, Creatividad Editorial, estudio de servicios editoriales y publicaciones digitales.

Catalina Botero Marino

Abogada constitucionalista e internacionalista colombiana, reconocida globalmente por su labor en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (2008-2014), decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (2016-2020) y copresidenta del Consejo de Supervisión de Contenidos de Meta (Facebook) hasta 2024. Ha enseñado en universidades de América y Europa, dirige la Cátedra UNESCO en Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes y es referente en temas como moderación de contenidos, justicia transicional y derecho internacional de los derechos humanos.

Fotografía: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Juan García-Morán Escobedo

Doctor en Filosofía por la UNED, donde actualmente se desempeña como profesor colaborador en el área de Filosofía Moral y Política. Su investigación se centra en los dilemas de la modernidad, con énfasis en el proyecto emancipatorio moderno y su crítica contemporánea. Su enfoque combina análisis teórico con una lectura crítica de los discursos políticos actuales.

José María Hernández Losada

Profesor titular y director del Departamento de Filosofía, Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. Doctor en Filosofía Ha impartido clases en programas de licenciatura y posgrado, dirigido tesis y coordinado seminarios sobre racionalidad, política y ecología. Su obra se caracteriza por una mirada crítica y rigurosa sobre los fundamentos filosóficos de lo político.

Dong Nguyen Huu

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lausanne. Maestro en Sociología (1968) y doctor en Sociología Económica por la Universidad de Sorbonn (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. París). Fue oflcial superior de Asuntos Electorales y Políticos de la Secretaría de la ONU de 1992 a 2004. Fue coordinador del Proyecto de Asistencia a la Observación Electoral del PNUD-México en 1994, 2000, 2003 y el periodo 2004-2011. Ganador del Premio Joe C. Baxter del International Foundation for Electoral Systems (IFES), en 2018.

Fotografía tomada de: https://vufo.org.vn/Mr-Vietnamese-in-the-United-Nations-14-49405.html?lang=en

Jesús Rodríguez Zepeda

Filósofo político mexicano. Licenciado y maestro en Filosofía, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Nacional de Eduación a Distancia (UNED), de España. Profesor-investigador titular “C” en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, coordina la línea de Filosofía Moral y Política en posgrado. Autor de obras sobre discriminación e igualdad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Jacqueline Peschard

Socióloga mexicana experta en transparencia, acceso a la información e integridad electoral y doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán. Fue consejera electoral del Instituto federal Electoral (IFE) durante el periodo de1996-2003, comisionada y presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) (2007-2014), y presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (2017-18). Actualmente es profesora titular en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de varios consejos y comités académicos.

Amparo Menéndez Carrión

Politóloga uruguayo-ecuatoriana (B.A. en Ciencia Política por la Universidad de Minnesota; MA y PhD por la Universidad de Johns Hopkins/SAIS). Especialista en política comparada, política latinoamericana, y teoría política. Fue directora de la Sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) por dos períodos consecutivos, y vicepresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política. En 2008 recibió del gobierno de Michelle Bachelet la Orden Bernardo O’Higgins en el grado de Comendador, máximo reconocimiento al mérito conferido por la República de Chile a ciudadanos extranjeros. Entre sus obras más conocidas, La Conquista del Voto en Ecuador (FLACSO-CEN, 1986) y Memorias de ciudadanía. Los avatares de una Polis golpeada. La experiencia uruguaya, 3 vols. (Fin de Siglo [2015], 2023), Premio Bartolomé Hidalgo 2016.

Paulo Hidalgo Aramburu

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de York-Inglaterra. Ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Essex; Master en Estado y Sociedad de la Flacso- sede México y es Doctor en Sociología y Ciencia Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido docencia en las universidades de Chile, Central, Adolfo Ibáñez, Alberto Hurtado, Flacso, y ha sido profesor invitado en la Universidad de Houston, Estados Unidos, en la Universidad Autónoma de Guerrero, México, en la Fundación Pablo Iglesias, Madrid. Ha sido Profesional Directivo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Director de Estudios de ese Ministerio desde el año 2008 hasta marzo de 2010. Actualmente es profesor de políticas públicas y ciencias políticas en la Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sede-Santiago. Se ha dedicado a las áreas de políticas públicas, estados de bienestar, sistema político chileno y latinoamericano, sociología política y de actores sociales. Ha publicado y editado ocho libros y variados artículos en revistas especializadas sobre estos temas. Su último libro (2011) fue publicado por Uqbar titulado El ciclo político de la Concertación (1990-2010). Su sitio web: www.paulohidalgo.com

María Esther del Campo García

Catedrática de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Master of Arts en Política Comparada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) entre 2012 y 2015. Es, en la actualidad, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Vocal de la Junta Electoral Central de España. Autora de numerosas publicaciones sobre Política Comparada centradas en el análisis institucional de las democracias, especialmente en el ámbito de las políticas sociales y culturales.

Alejandro Katz

Editor, traductor y ensayista argentino. Estudió Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios de posgrado en Administración en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Fue director de la filial argentina del Fondo de Cultura Económica y en 2005 fundó Katz Editores, dedicada a publicaciones en ciencias sociales y humanidades. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ha impartido cursos en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Como analista político y cultural colabora con medios como La Nación, Clarín, revista Ñ y El País,  y participa en congresos y festivales literarios y culturales.

Fotografía tomada de: https://ar.radiocut.fm/audiocut/alejandro-katz-en-lamananaentera/

Toby Mendel

Abogado canadiense especializado en derechos de expresión y acceso a la información. Es director ejecutivo del Centre for Law and Democracy, en Halifax, Canadá, y anteriormente lideró el Programa Jurídico en ARTICLE19 durante más de una década. Ha asesorado a gobiernos y ONG en África, Asia, Europa y América Latina, ha publicado investigaciones clave sobre legislación de medios y transparencia, y es conferencista habitual en foros internacionales.

Wendolyn Veana Segura

Coordinadora Administrativa

Licenciada en diseño gráfico, maestra en administración de negocios por la Universidad Tecnológica de México y candidata a doctora en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente es directora administrativa de Nosotrxs, A.C. y se ha desempeñado como coordinadora administrativa e investigadora en proyectos sobre administración y políticas públicas vinculados con los temas de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Se ha formado como promotora de los derechos de las trabajadoras del hogar y ha colaborado en los proyectos de exigencia de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y construcción de paz.

Asmara González Rojas

Editora

Doctora en Ciencias Sociales con orientación en Antropología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Estudios Internacionales de Desarrollo por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Es profesora-investigadora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Regionales – Ineser del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdG, miembro del SNII (Nivel I) y de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad con sede en la UDG. Es directora y editora de la revista científica Carta Económica Regional desde 2017.

 

Sus líneas de investigación abarcan los temas de problemas del desarrollo desigualdad, étnicidad, migración de privilegio y políticas públicas. Tiene diversas puplicaciones entre las que se encuentran obras como Diversidad migratoria en Guadalajara y Chapala (2022) y Construyendo espacios de igualdad (2020). Pueden verse en: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4195-3698. Su experiencia como editora suma más de una década, incluyendo su colaboración en investigación aplicada y de  intervención social en el Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro, A.C. (Indeso).

Jesús Caudillo

Editor

Periodista y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Estratega digital mexicano con más de 20 años de trayectoria. Es fundador y director de KiMedia, consultoría de contenidos y marketing digital centrada en comunicación política y social.

Ha sido colaborador en medios de comunicación como El Universal, Televisa y ADN40. En el ánimo de explorar la cultura digital y los nuevos lenguajes de comunicación, ha organizado eventos como el Festival Internacional del Meme –en sus diversas ediciones– y colabora activamente con creadores de contenido en redes sociales, donde llevan a cabo proyectos virales.

Además, participa como conferencista en temas de medios digitales, opinión pública y narrativas políticas, uniendo rigor intelectual con estrategias de engagement innovadoras.

Jorge Javier Romero Vadillo

Director

Politólogo y académico, es profesor‑investigador titular “C” en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y docente de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estudió licenciatura en Ciencia Política en la UAM, maestría en Ciencias Políticas en la UNAM y doctorado en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid; además, tiene un diploma en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de España.

Entre 2004 y 2006 trabajó en el Instituto Federal Electoral como asesor y coordinador de asesores en la Secretaría Ejecutiva. Ha sido parte de la mesa editorial de Nexos, colaborador de la revista Política y Gobierno, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), columnista en medios como SinEmbargo, El Universal y La Crónica de Hoy, y conferencista en instituciones como el CIDE, la UAM, la UNAM y centros académicos españoles.

Sus líneas de investigación se centran en la crisis de la democracia, militarización, política de drogas, gobernabilidad y educación. Ha publicado reportajes como “La crisis de la democracia en el siglo XXI”, en El Diluvio, y textos como “Elegía por la transparencia” en Sinembargo.mx.

Mauricio Merino

Fundador

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor‑investigador en la Universidad de Guadalajara donde fundó y dirige el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción desde 2020. Fue miembro del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1996 a 2003, del cual fue consejero electoral durante la década de los noventa.

Ha sido catedrático e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), El Colegio de México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universitat Pompeu Fabra Barcelona (UPF). Además, fue Public Policy Scholar en el Woodrow Wilson Center y Associate Professor en      University of California San Diego (UCSD).

También coordinó el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE y presidió la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), fue integrante del Consejo Académico del Archivo General de la Nación y de la Comisión de Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Fue también miembro del panel de acceso a la información del BID.

Ha publicado obras destacadas como La democracia pendiente (1993), El futuro que no tuvimos (2012), y recientemente Gato por liebre: la importancia de las palabras (2025), un ensayo que busca exponer la manipulación del lenguaje en la construcción del poder. Además, es articulista de El Universal y colabora frecuentemente como experto en diversos medios de comunicación.

Actualmente, es Coordinador Nacional de Nosotrxs por la Democracia, A.C.