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Reforma electoral: lo que la ciudadanía dijo y el gobierno no escuchó del todo
Redacción El Diluvio
Un informe del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) analiza las audiencias públicas realizadas para discutir la reforma electoral y encuentra una brecha clara entre lo que especialistas y ciudadanía propusieron y lo que finalmente aparece en la iniciativa presidencial: mientras algunas demandas fueron incorporadas, otras —clave para la arquitectura democrática— quedaron fuera del diseño.
El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) publicó el 4 de marzo pasado un informe especial que sistematiza y analiza las 65 audiencias públicas y las 315 ponencias escritas recibidas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, durante el segundo semestre de 2025. El resultado es un diagnóstico riguroso que revela una brecha significativa entre lo que la ciudadanía demandó y lo que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó como propuesta preliminar de reforma constitucional, el 25 de febrero pasado.
El informe, elaborado por cuatro organizaciones —Di-Sentir, Laboratorio Electoral, México Evalúa y Práctica: Laboratorio para la Democracia— y revisado por Janine Otálora Malassis y Mauricio Merino, no pretende ser un dictamen sobre la reforma. Su propósito es más urgente y más útil: orientar el proceso de dictaminación en el Congreso con evidencia procesada de lo que personas expertas, académicas, funcionarias electorales, activistas, migrantes, de pueblos indígenas y ciudadanía en general pusieron sobre la mesa.
Paridad con mecanismos reales
Las propuestas ciudadanas no se limitan a la igualdad numérica en candidaturas: exigen sanciones efectivas contra la violencia política de género, paridad interseccional y la protección constitucional de los avances alcanzados.
La demanda más clara: paridad real, no solo formal
De todos los temas analizados, la paridad de género encabeza el ranking con 1 456 menciones combinadas entre propuestas y audiencias, pero el dato cuantitativo no cuenta la historia completa: las fuentes ciudadanas no piden simplemente que haya igual número de mujeres en las candidaturas: exigen mecanismos concretos de sanción a la violencia política en razón de género, protocolos de atención a víctimas, paridad interseccional que contemple a mujeres indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual, y el blindaje constitucional de las conquistas ya alcanzadas. La propuesta presidencial reconoce la paridad, pero se queda corta frente a estas demandas específicas.
El segundo tema en frecuencia es la estructura electoral encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), con 1 367 menciones. El debate en las propuestas es intenso y dividido: hay quienes piden su fortalecimiento y quienes plantean una reestructuración profunda; sin embargo, hay un punto donde el consenso es sólido: la autonomía institucional del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPL) es condición no negociable de la confiabilidad del sistema.
Los OPL, con 430 menciones totales, son el tema institucional más debatido. La posición mayoritaria en ambas fuentes es inequívoca: no deben desaparecer. El argumento central no es burocrático, sino democrático. Los OPL conocen la realidad territorial de cada entidad, identifican patrones de violencia política contra mujeres que no son visibles desde un centro nacional, sostienen la formación cívica comunitaria y han sido clave en la prevención de conflictos poselectorales. La propuesta presidencial, sin embargo, no aborda explícitamente su futuro, lo que el OPINE señala como una omisión crítica.
Autonomía electoral en el centro del debate
Pese a posturas distintas sobre la estructura del sistema electoral, existe coincidencia en un punto: la autonomía del INE y de los OPL es indispensable para sostener la confianza democrática.
Hay dos ejes donde la reforma presidencial sí refleja con fidelidad lo que la ciudadanía demandó. El primero es la fiscalización del financiamiento electoral: existe amplio consenso para prohibir aportaciones en efectivo, dar al INE acceso a las operaciones financieras de los partidos y usar tecnología para rastrear recursos. El segundo es la regulación de la inteligencia artificial (IA): con 372 menciones en ambas fuentes, la preocupación por bots, desinformación, deepfakes y el uso de IA en campañas es genuina y transversal. En este punto, la iniciativa presidencial recoge adecuadamente una demanda emergente consolidada.
Lo que la propuesta presidencial no recoge
El informe identifica con precisión los temas donde la brecha entre la consulta y la propuesta es más notable. La justicia electoral, con 558 menciones en propuestas, es uno de los más debatidos en las fuentes ciudadanas y está prácticamente ausente de la iniciativa presidencial. Se demandan menos instancias impugnativas, procesos orales y mayor independencia del Tribunal Electoral.
En la misma situación se encuentran las candidaturas independientes (255 menciones), el Servicio Profesional Electoral nacional —defendido como el mejor servicio de carrera del país— y los derechos políticos de grupos históricamente excluidos: pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGBTIQ+ y personas afromexicanas.
Las omisiones de la iniciativa
Justicia electoral, servicio profesional electoral y derechos políticos de grupos históricamente excluidos aparecen como temas ampliamente discutidos en las audiencias, pero poco reflejados en la propuesta presentada por el Ejecutivo.
Sobre la representación proporcional, el análisis es matizado. La ciudadanía no pide eliminarla —29 textos la defienden explícitamente frente a 18 que piden reformarla—, sino democratizarla: abrir las listas, subir el umbral al 4 %, prohibir la acumulación de escaños por el partido mayoritario e introducir una cláusula antitránsfugas. La fórmula presidencial de “mejores perdedores” y listas abiertas atiende parcialmente estas demandas, pero genera dudas sobre el acceso de grupos vulnerables.
Un diagnóstico compartido, soluciones distintas
El OPINE identifica convergencias narrativas entre el gobierno y la ciudadanía: ambos reconocen que el sistema electoral es costoso, que la ciudadanización es necesaria y que la IA representa un riesgo real para la democracia. Pero las divergencias son sustanciales. Mientras el gobierno presenta la reducción del gasto como un fin en sí mismo —bajo la lógica de la “austeridad republicana”—, las fuentes ciudadanas la conciben como un instrumento subordinado a la calidad democrática. Y donde el gobierno habla de “soberanía popular” para justificar cambios estructurales, la ciudadanía responde con la defensa de la autonomía institucional, como garantía democrática.
El informe concluye con una advertencia que las y los legisladores harían bien en no ignorar: una reforma que avance en algunos estándares democráticos, pero retroceda en otros, no puede considerarse un progreso neto. La brecha entre lo consultado y lo presentado no invalida la iniciativa, pero sí señala con claridad los espacios donde el Congreso tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de incorporar lo que la ciudadanía y las personas expertas pusieron sobre la mesa.
El informe completo puede consultarse en: Lo que la ciudadanía dijo — OPINE
