Año 1, núm. 2, septiembre de 2025
a fondo
¿Reforma electoral?
José Woldenberg
La nueva reforma electoral: la ruta más corta hacia un centralismo autoritario
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una nueva reforma electoral y nombró una comisión especial con puros integrantes del gobierno. Luego de tres intentos fallidos por parte del gobierno anterior, habrá que ver si la actual administración retoma lo diseñado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador o si introduce cambios significativos.
En algún momento pensé —ingenuo al fin— que la actual administración dejaría en el basurero los proyectos de reforma en su momento presentados por el expresidente. Ya habían logrado alinear a la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral a sus dictados; en el extremo habían conseguido que las autoridades electorales hicieran una “lectura” facciosa de la Constitución que convirtió al 54 % de los votos de la coalición oficialista en el 74 % de los escaños en la Cámara de Diputados. Pero no. Habrá entonces que esperar una nueva, renovada o reciclada iniciativa.
No obstante, es obligado rememorar que la materia electoral es singular. Se trata del marco normativo que debe regular la convivencia y competencia de la diversidad política y es importante que esas reglas del juego sean en principio debatidas y acordadas por los propios jugadores. De lo contrario, desde el inicio se estará debilitando la legitimidad de la reforma y el compromiso de los partidos con la propia legislación. Hay que recordar que las más recientes reformas electorales (1994, 1996, 2007 y 2014) fueron convenidas porque buscaron y lograron el consenso de la diversidad política asentada en el Congreso. Es un antecedente que debería ser honrado sobre todo por el actual gobierno.
Con 54% de los votos, la coalición oficialista obtuvo 74% de los escaños. Una sobrerrepresentación que distorsiona la idea misma de democracia.
También es menester recordar que las ocho reformas precedentes (desde la inicial de 1977 hasta la de 2014) tomaron en cuenta las demandas y exigencias de las oposiciones, y fueron progresivas precisamente por eso. Quienes dinamizaron el proceso de transformación democrática de las normas e instituciones electorales fueron precisamente las oposiciones; los sucesivos gobiernos, en muy diferente medida, aceptaron muchos de esos reclamos. Esa mecánica resultó afortunada porque no hay duda de que desde las oposiciones es natural que se coloquen los acentos en los déficits democráticos, mientras que desde el gobierno la pulsión puede ser la de perpetuarse en el poder.
De tal suerte que una reforma “cocinada” desde y para el gobierno no solo estaría rompiendo con una tradición, sino que sería la consolidación de un proceso que hemos estado viviendo y observando desde 2018: la intención —alcanzada— de reconvertir un régimen democrático en otro autoritario.
Porque es muy probable que la iniciativa de reforma electoral (aún desconocida en sus términos) deba verse como un eslabón más del proceso impulsado desde 2018 para transformar una germinal democracia en un régimen autoritario. Y no se trata de subir artificialmente los tonos. Recordemos: no solo se instaló una retórica que escindió al país en dos bandos, con el pueblo o contra el pueblo, y por supuesto el nuevo ocupante del Ejecutivo era sin mediaciones la expresión y representación del pueblo, sino que se cancelaron diferentes órganos estatales autónomos para reconcentrar sus facultades en la presidencia de la República.
Además, se desvirtuó la representación de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados (como ya se apuntaba), se acosó a medios y comunicadores no alineados con el poder, se destruyó el Poder Judicial para construir otro que será el eco de los deseos presidenciales, se adscribió a la Guardia Nacional a la Sedena. Entre otras situaciones, también se ampliaron las causales de la llamada prisión preventiva, se anatemizó —desde la propia presidencia— a partidos, organizaciones civiles, integrantes de la academia y periodistas críticos, se desvirtuó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convirtiéndola en una extensión del gobierno y, con ello, inutilizándola. Súmele usted.
Habrá que esperar entonces a la iniciativa, pero desde ya hay temas que merecen nuestra atención. Por lo pronto vayan estos comentarios sobre propuestas en materia electoral del anterior gobierno y de las que el actual no se ha deslindado. No se trata de especulaciones. Pongo especial atención en el tema de la representación por razones que me parecen obvias.
Eliminar la representación proporcional sería regresar a un México de los años cincuenta, con mayorías absolutas fabricadas.
Sobre la representación
En el tema de la representación, sin duda un pilar de la democracia, se pretendía explícitamente conducir al país a un escenario anterior al de la reforma de 1977 (incluso antes de 1963, cuando se inventaron los diputados de partido). Al desaparecer a los diputados y senadores plurinominales y a los senadores de la primera minoría, lo que se buscaba era incrementar sin pudor alguno la sobrerrepresentación de la fuerza mayoritaria y la subrepresentación de las minorías. Recordemos que los diputados plurinominales se introdujeron en 1977 porque para todos (incluyendo al Parrido Revolucionario Institucional -PRI-) era claro que la fórmula de puros diputados de mayoría relativa hacía que un partido con alrededor del 70 % de los votos acabara con más del 90 % de la representación.
En el Senado la fórmula de integración actual se diseñó en 1996 y, sin duda, ha permitido la coexistencia de la diversidad en la llamada Cámara alta. Volver al pasado, eligiendo dos senadores por entidad, podría generar algo similar a lo que sucedió en las elecciones de 1988. El PRI, con el 49 % de los votos (según los datos oficiales), acabó con el 94 % de los representantes, 60 de 64. Es una propuesta que solo podía explicarse desde el profundo antipluralismo que movía al presidente de entonces. La pretensión era convertir a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta o incluso calificada de legisladores. ¿La retomará la actual presidenta?
Durante años, la izquierda democrática planteó la exigencia de que el porcentaje de votos de cada partido o coalición para integrar la Cámara de Diputados se tradujera exactamente en el porcentaje de escaños. Debía existir una representación proporcional a las adhesiones logradas en las urnas; es decir, si un partido obtenía el 20 % de los sufragios, debería tener el 20 % de los escaños y si alcanzaba el 54 % de los votos, igual porcentaje de diputados, y por ahí.
Desde 1976, por lo menos, con la primera reforma, esa era la exigencia. Recuerdo que en las audiencias de 1986 para la reforma electoral el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) coincidían en ese punto. Incluso, como representante en aquel entonces del PSUM, la propuesta original del partido fue que dado que se elegían 400 diputaciones (300 uninominales y 100 plurinominales), con el 0.25 % de la votación un partido debería contar con una o un diputado (hoy, por supuesto, sé que eso llevaría a una enorme fragmentación de la representación, pero sirve para ilustrar la intención de que los votos se tradujeran de manera exacta en diputaciones).
Esa revisión de la fórmula para integrar la Cámara de Diputados ahora es doblemente necesaria luego que, contradiciendo las normas constitucionales, a la coalición gobernante, con el 54 % de los votos, se le asignaron el 74 % de las y los diputados, porque si con un poco más de la mitad de los votos una coalición termina con tres cuartes partes de los representantes es que algo anda mal, muy mal. Una distorsión abismal de la propia idea de la representación.
El federalismo electoral no es un estorbo: sin institutos locales, la democracia mexicana correría el riesgo de un centralismo autoritario.
Esa inescrupulosa maniobra me recordó lo que un prominente integrante de la nomenklatura actual me dijo: “es que no es lo mismo ser borracho que cantinero”. Y en efecto, en la oposición la izquierda demandaba que la magnitud de los votos determinara la presencia en la Cámara, hoy en el gobierno lo que pretenden —y han logrado en 2024— es que la mayoría se encuentre sobrerrepresentada y las minorías subrepresentadas, como no sucedía en nuestro país desde los años cincuenta del siglo pasado.
No es un asunto más. Se trata de un tema central de la eventual reforma y la fórmula que se apruebe develará la idea de democracia que cada quien tiene. La representación proporcional es, sin duda, la más justa. Cada opción política tendría el mismo porcentaje de diputaciones que su porcentaje de votos. El México plural que acude a las urnas se reflejaría con exactitud en la composición de la Cámara. Se trataría de que el país multicolor tuviera en diputados y diputadas una expresión idéntica a los resultados electorales.
Bastaría con establecer en la Constitución que el reparto de las y los diputados plurinominales se hará para ajustar el porcentaje de diputados al porcentaje de votos para alcanzar la representación exacta (sé que existe la posibilidad de que, con un porcentaje menor de votos por la vía uninominal, se rebase el porcentaje de escaños, pero aunque es posible, resulta poco probable).
Federalismo electoral
Se pretendió en las iniciativas anteriores desaparecer a los institutos y tribunales locales. Como si no fuéramos una república federal y como si una institución nacional pudiera realizar centralizadamente la organización de todas las elecciones. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que, según la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, sustituiría al INE, tendría por fuerza que multiplicar su estructura en la mayoría de los estados.
Existen entidades federativas en las cuales se eligen dos o tres diputaciones federales, pero 18 o 20 locales. Y dado que los distritos federales y locales no coinciden, salvo la excepción de Jalisco, en la inmensa mayoría sería necesario duplicar, triplicar o más la estructura del instituto local, con lo cual la idea del ahorro proclamado simplemente quedaría cancelada.
Elección de consejeras y consejeros del INE
Se planteó que las y los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral serían electos por votación universal a propuestas del presidente de la República, las dos Cámaras y la Corte. Eso que a algunos despistados les sonó democrático, tenía la pretensión de nombrar funcionarias y funcionarios alineados a la fuerza mayoritaria, que sin duda les “ayudaría” a conseguir su cargo.
Por si eso fuera poco, acabaríamos contando con consejeros y magistrados propuestos por el presidente. Olvídense de la independencia que deben tener esos funcionarios. Después de la triste y desafortunada experiencia de elecciones para jueces, magistrados y ministros, sería no solo necedad insistir en alguna propuesta similar, sino la ruta para contar con consejeros y magistrados como correas de trasmisión del poder político.
Financiamiento a los partidos
Disminuir el financiamiento a los partidos, como se planteó en el pasado inmediato, solo servirá para debilitarlos y, por el contrario, para fortalecer al que se encuentre en el gobierno. Se trata de explotar el malestar extendido que existe hacia los partidos, y para ello incluso se anuncia una encuesta para “legitimar” la decisión de cercenarles los recursos públicos para gastos ordinarios. Lo cierto es que las razones que se esbozaron en 1996 para multiplicar el financiamiento público a los partidos siguen, desde mi punto de vista, vigentes: en primer lugar, porque el financiamiento público es el más transparente; luego, porque con él se equilibraron las condiciones de la competencia y, finalmente, se buscaba que los partidos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún, de grupos delincuenciales.
¿Centralismo o federalismo?
Si uno revisa las iniciativas anteriores, podrá ver sin dificultad que el resorte centralista se afinaba y se fijaba incluso el número de regidurías con el que debe contar cada ayuntamiento e incluso se establecía el número de diputaciones que deberán tener los congresos locales. Como si el federalismo fuera un dispositivo engorroso, como si las facultades de los congresos locales sobraran y debieran ser eliminadas. Cabe preguntarse: ¿somos y deseamos ser una república federal o centralista?
Si esas cinco pretensiones —documentadas— se refrendan, lo mejor sería que no hubiese reforma electoral.
Por desgracia, no observo una reacción proporcional de la oposición partidista al reto que está planteando la coalición gobernante. Y no quiero pensar como un buen amigo que me dijo: “se están acomodando en el ataúd”, porque, en efecto, podría ser el último clavo en la sepultura de la democracia.
