Año 1, núm. 7, febrero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
No todo es dinero: la desigualdad tiene muchas caras
Asmara González Rojas
Reducir la desigualdad no es solo una cuestión de ingresos. Cuando el poder —económico, político y simbólico— se concentra, las brechas se profundizan y la democracia se debilita. La igualdad sustantiva exige mirar más allá del dinero y atender las múltiples dimensiones que estructuran la exclusión.
“La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”, escribieron Marx y Engels en el Manifiesto comunista. Y, en efecto, a lo largo de la historia, la inequitativa e injusta distribución del ingreso y la riqueza ha sido un problema persistente e imposible de erradicar. Ajenos a las causas relacionadas con el usufructo del poder, nos hemos enfocado en estudiar y tratar de resolver el problema de la pobreza, asumiendo que eso bastaría para contener las desigualdades que rompen a las sociedades, las envuelven en ciclos que se reproducen y perpetúan en un océano de injusticias, lo cual hunde a los países en una perniciosa espiral de miseria, hambrunas, violencia, criminalidad, conflictos internos e internacionales, revoluciones y guerras.
La desigualdad no se explica solo por la pobreza, sino por la concentración del poder.
La tesis dominante ha sido que a mayor pobreza habrá mayor desigualdad entre las poblaciones y comunidades y, como secuela, mayores probabilidades de estallidos sociales y conflictos violentos. No menos importante ha sido la que sostiene que, a mayor pobreza y desigualdad, mayor caldo de cultivo para la proliferación de regímenes políticos populistas, autoritarios y dictatoriales.
Desgraciadamente, hay innumerables ejemplos históricos y actuales que parecen comprobar esas tesis de causa-efecto en distintos países de todas las latitudes y de todos los tiempos. En contraste, tenemos pocos casos para probar la relación inversa de esas premisas, es decir, que la concentración abusiva de la riqueza y los poderes públicos es una de las causas principales de las desigualdades y estas, a su vez, de la expansión de la pobreza y los conflictos.
El multicitado Karl Popper decía que la democracia es el único régimen que permite deshacerse de los malos gobernantes sin derramar sangre. Es el peor de los regímenes, había dicho Winston Churchill, con excepción de todos los demás. Para el epígrafe de sus Cartas a una joven desencantada con la democracia (2017), José Woldenberg eligió una cita de Luis Salazar, elocuente y clara, para vincular ambas ideas:
La democracia es un conjunto de reglas que intentan traducir en términos reales algunos valores importantes como la paz, la pluralidad, la libertad, la igualdad; lo hace mal, muy mal, pésimamente mal. Pero hasta ahora, sin esas reglas no han existido más que tiranías, dictaduras, autocracias, totalitarismos, que resultan, por lo menos, mucho peores que la peor de las democracias.
Los países más democráticos tienden a ser también los más igualitarios.
En realidad, la tesis que defiende el vínculo entre democracia e igualdad es tan sencilla como demostrable con evidencia empírica, aunque su correlación no siempre sea lineal o positiva y menos aun cuando el debate se ciñe a lo económico. Por ejemplo, el informe V-Dem del año 2025 (ver reseña al respecto en El Diluvio, número 1) señala que la mayoría de los países de renta alta o más ricos del mundo son también los más democráticos, como si la renta produjera democracia y no al revés. El ejemplo más conocido es el de las sociedades nórdicas: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, con sus consolidados y todavía vivos estados de bienestar y redistributivos, que son también los más democráticos, equitativos y pacíficos, seguidos por Países Bajos y, en fechas más recientes, por un par más de la Unión Europea, como Alemania. En Oceanía están los casos de Australia y Nueva Zelanda; en Asia, Japón; y en América Latina, Uruguay.
Todos esos países tienen estabilidad y crecimiento económico y cuentan, a la vez, con un índice de desarrollo humano (IDH) con un rango de alto a muy alto e indicadores de igualdad superiores a los del resto del mundo. En contraste, algunos países de Eurasia, Medio Oriente y Asia son ricos, incluso algunos más ricos que los mencionados antes, pero no son democráticos. Este es el caso de Rusia, China, Qatar, Saudí Arabia, Singapur e India. No es sorpresivo que estos mismos países clasificados como autocracias cerradas o electorales —es decir, autoritarios— presenten también un alto grado de desigualdad de ingresos entre sus sociedades y graves privaciones de libertades sociales y políticas.
Cualquier ejercicio de búsqueda rápida en internet permite constatar esas correlaciones entre pobreza y democracia, así como entre desigualdad de ingreso y democracia, e incluso entre otros indicadores compuestos como el IDH y el coeficiente de Gini. Esos datos, en el mundo digital, están al alcance de nuestra mano (perdón, no de todos, puesto que también ya existe una brecha o desigualdad digital que ensancha las distancias entre seres humanos y aísla aún más a las comunidades remotas de los países en desarrollo o de renta baja que no tienen acceso a internet).
Con los medios electrónicos suficientes, cualquier estudiante de bachillerato o de los primeros años de educación superior puede emprender ese ejercicio con ayuda de la web y de la inteligencia artificial, para comparar los indicadores de desarrollo económico y distribución de riqueza e ingreso (como el PIB per cápita, coeficiente de Gini e IDH) con los indicadores habituales para reconocer la existencia y la calidad de un régimen democrático (procesos electorales libres, pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política, libertades civiles, como los utilizados por el índice de democracia global de la Economist Intelligence Unit y del V-Dem 2025 y podría arribar a las mismas conclusiones, antes de generarse otras preguntas: ¿Por qué si la democracia es el mejor régimen no ha garantizado los beneficios económicos y sociales suficientes para todos y todo el tiempo? ¿Por qué existe tanta desigualdad en y entre países democráticos? ¿Por qué la democracia está amenazada frente a los retrocesos autoritarios? ¿Qué han hecho bien los países con democracias consolidadas y por qué son más equitativos, como los nórdicos?
Responder a esas preguntas exige reconocer que se trata de fenómenos multidimensionales, de modo que la pérdida de democracia o el camino hacia los autoritarismos y las autocracias ensancha aún más las desigualdades, no solo económicas, sino políticas, sociales y culturales. Quienes han alegado que la concentración del poder se justifica en aras de reducir o incluso erradicar la pobreza y mitigar la desigualdad han fracasado inexorablemente y han acabado por generar más desigualdad, más privilegios y más exclusión social. Y en sentido opuesto, quienes han sostenido que el Estado no debe ocuparse de la generación ni de la redistribución de ingreso porque esa misión le corresponde al mercado, han abierto las puertas para minar los regímenes democráticos y, a la postre, han llevado a la concentración abusiva de la riqueza.
El autoritarismo y la desigualdad avanzan juntos, incluso en economías ricas.
A todas luces, el nexo entre pobreza, desigualdad y democracia es tan nítido como inocultable: la concentración del poder en cualquiera de sus manifestaciones, ya para controlar todo o ya para asegurar que el Estado no estorbe al capital, produce más desigualdad.
Las múltiples implicaciones y las muy diversas aristas en torno a esas inequidades, asimetrías y desigualdades se han discutido desde la escuela clásica de la economía: Smith, Malthus, David Ricardo, Weber, pasando por miles de textos de economía, sociología y antropología del desarrollo, hasta llegar a Polanyi, Amartya Sen y Piketty —por mencionar solo a algunos y sin nombrar siquiera a las innumerables escuelas y enfoques teóricos para abordar esta correlación entre desigualdad y democracia—.
De otro lado, nos guste o no, el eje rector es el liberalismo en su faceta política comprometido con los derechos de igualdad, mientras que el debate fundamental está en la irremediable relación entre Estado y mercado en sus distintas manifestaciones. Pero la evidencia empírica es contundente: la calidad de la democracia es una condición causal indispensable para disminuir la desigualdad social. En este tema no hay huevos ni gallinas: la concentración de los poderes lleva siempre e inevitablemente a la desigualdad social.
Muy diversos y heterogéneos autores —entre los que destaco a Joseph Stiglitz, Wolfgang Sachs, David Harvey, Pierre Rosanvallon, Carlos Tello y Rolando Cordera— han argumentado que el sistema político y económico post Segunda Guerra Mundial —y la Guerra Fría posterior— abandonó la justicia económica y social, mientras que la entrada a la era de la globalización, tan aplaudida en su momento, traicionó casi todas sus promesas, no dio los frutos que ofreció, no disminuyó las asimetrías entre los países, ni tampoco modificó las condiciones de vida en las regiones más pobres del planeta. Hacia finales de los ochenta fue el filósofo Amartya Sen quien demostró que sin equidad social (educación y salud, al menos) y libertades garantizadas, no hay desarrollo posible. Y la condición sine qua non para que eso ocurra es la democracia.
En los años noventa del siglo XX, tras el fin de aquella Guerra Fría, del supuesto y fracasado triunfo del liberalismo político y económico (el famoso “fin de la historia” de Fukuyama), así como la irrupción del neoliberalismo, nacieron nuevos conflictos que sacudieron ese triunfalismo homogeneizador de Occidente. Estallaron entonces las crisis de facto de los estados nacionales y emergió con toda su fuerza la guerra ideológica que olvidó las particularidades étnicas y culturales de las sociedades, con situaciones límite como la Guerra de los Balcanes, los alzamientos indígenas en América Latina, los conflictos armados en Medio Oriente y África y las revueltas de migrantes de segunda generación en Europa. No solo vivimos entonces un nuevo momento de transformaciones donde las identidades culturales y las resignificaciones étnicas fueron centrales, sino que quedó claro que la negación de derechos y de pluralidad en aras de cualquier orden ideológico estaría destinada al fracaso.
Sin derechos sociales efectivos, la democracia se vacía de contenido.
Se ganaron algunos debates sobre los pluralismos políticos y culturales, pero la pobreza y la desigualdad fueron persistentes. A la luz de la historia y de estas ideas, vale la pena detenernos un poco frente a la vorágine actual de los acontecimientos, como nombraba Braudel a la secuencia de hechos que reclaman una explicación, para volver a replantearnos las fallas de aquel liberalismo económico hundido por el fracaso neoliberal y para desandar la idea según la cual el liberalismo político está condicionado por esa forma de capitalismo.
Estamos obligados a reexaminar, una vez más, la relevancia del crecimiento económico, la pre y redistribución de la riqueza, sobre la base de una democracia consolidada (véase el artículo de Rolando Cordera en esta edición número 7 de El Diluvio). Sin duda, es urgente volver a las tesis económicas fundamentales y a la centralidad de la economía, pero en esta ocasión, sin perder de vista los componentes de justicia y equidad que, en sus múltiples dimensiones, no pueden ser garantizadas sin el marco de un régimen político basado en el respeto irrestricto a los derechos y la pluralidad.
En esta coyuntura del siglo XXI, ha sido Thomas Piketty quien ha planteado uno de los caminos a seguir: la predistribución del ingreso por medio del impuesto a la riqueza, su redistribución justa y las garantías inequívocas que necesitan los derechos de igualdad sustantiva para desplegarse. En su libro Development as Freedom, Amartya Sen ya advertía esa relación entre el desarrollo, los derechos y el bienestar de los individuos en sociedad, que va más allá de los dineros: “desarrollo es la expansión de las libertades de las que goza un individuo en sociedad” (Sen, 1999) y estas, ancladas en el concepto de justicia de John Rawls, son económicas, pero también políticas, sociales y de transparencia. Más adelante, en su diálogo con Sen, otros economistas como Atkinson, Stewart y Deaton reconocieron que las desigualdades son efectivamente multidimensionales. No todo es dinero.
Pero fue Frances Stewart y su equipo de trabajo quienes añadieron, como epílogo de ese debate, que se debe estudiar y abordar claramente que la desigualdad es económica, política, social y cultural entre grupos culturalmente diferenciados. Esta óptica será la clave para entender que las desigualdades no solo son entre individuos, sino entre estamentos, clases, grupos étnicos, culturales, religiosos e incluso movimientos sociales y contiendas ideológicas, y es ahí, justo ahí, con esta combinación de dimensiones, que estudian a los diversos grupos donde hay conflictos y encuentran la única puerta de salida disponible: la democracia, basada en el reconocimiento y el respeto mutuo entre grupos e individuos, sobre la base de reglas y métodos recíprocamente aceptados.
Hoy que estamos viviendo un nuevo ciclo autoritario en todo el mundo, cuya justificación más extendida es el combate a la pobreza y la desigualdad, resulta imperativo recordar esa tesis: en todas las sociedades y en todos los tiempos, con independencia de la ideología que se haya esgrimido, la concentración del poder ha desembocado en la concentración de la riqueza. Si de veras queremos igualdad, necesitamos democracia.
Referencias
Atkinson, A.B. (2016). Desigualdad. ¿Qué podemos hacer? Fondo de Cultura Económica.
Deaton, A. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica.
Nord, M., Altman, D., Angiolillo, F., Fernandes, T., Good God, A., y Lindberg, S. I. (2025). (edición en español): Informe sobre la Democracia 2025: 25 años de autocratización: ¿democracia truncada? V-Dem Regional Center Latin America (trad.).
Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Stewart, F. (2001). Horizontal Inequalities: A neglected dimension of development. CRISE Working paper series.
Stewart, F. (2008). Horizontal Inequalities and conflict Understanding group violence in multiethnic societies. Palgrave Macmillan.
Woldenberg, J. (2017). Cartas a una joven desencantada con la democracia. Editorial Sexto Piso.
