Año 1, núm. 6, enero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Militarismo civil, militarización de la seguridad pública y erosión democrática en América Latina
Marcos Robledo Hoecker *
La militarización de la seguridad pública en América Latina no es un desvío autoritario, sino una decisión política adoptada desde gobiernos civiles. Este texto sostiene que la región ha ingresado en una fase de militarismo civil, donde la excepción se normaliza y la democracia se erosiona desde dentro.
El presente artículo examina las consecuencias de la prolongada militarización de la seguridad pública, así como de la sostenida expansión de los roles y prerrogativas de las Fuerzas Armadas en América Latina, y propone que la región ha ingresado en una etapa de creciente militarismo civil.
Enfrentadas a una crisis de seguridad pública y a Estados débiles, las élites políticas de la mayor parte de las democracias latinoamericanas han optado por la militarización del policiamiento —es decir, de las prácticas de control y seguridad pública— como una estrategia política para obtener o mantener el poder a partir de la naturalización de la militarización. La evidencia indica que la militarización ha demostrado tener un escaso —y a veces contraproducente— impacto en la seguridad pública y, más preocupante aún, está debilitando las instituciones democráticas. El militarismo civil ha devenido así en uno de los mecanismos más importantes de erosión democrática de la región.
Los procesos de militarización no son nuevos en América Latina. Aunque las dinámicas políticas en cada país son distintas en extensión y profundidad, el actual proceso de militarización que se observa en América Latina tiene un alcance indiscutidamente regional. La militarización se observa en potencias medianas especialmente influyentes en la región, como Brasil y México; en países con índices de criminalidad y conflicto interno especialmente altos —como los de América Central Colombia y Venezuela—, pero también en países con índices más bajos y donde antes no se observaba esa tendencia, como en Chile y, en menor grado, Argentina y Uruguay. La militarización ha sido promovida tanto por gobiernos de derecha como de izquierda, y ya sea en regímenes democráticos, iliberales o híbridos —Haití, Honduras—, y autoritarios —Nicaragua, Venezuela—.
El examen de los procesos de militarización latinoamericanos debe ser situado en el contexto de la problemática evolución democrática de la región. Desde una perspectiva comparada, a tres décadas de iniciado el proceso de democratización, América Latina es la tercera región con más democracias en el mundo después de América del Norte y Europa, y 18 de 23 países continúan siendo democracias (78 %). Además de Cuba, Nicaragua (2017) y Venezuela (2017) han devenido regímenes autoritarios, mientras que Haití y Honduras han retrocedido hacia regímenes híbridos.
Los problemas latinoamericanos de democracia, estatalidad, militarización y militarismo no son nuevos y tienen una historia. Los estados latinoamericanos desarrollaron un orden dotado de baja legitimidad societal, sustentado en la naturalización y en la invisibilización de altos niveles de violencia societal y estatal, incluyendo la violencia política y social, además de la violencia patriarcal y racial.
Además, los estados latinoamericanos establecieron una tardía diferenciación funcional entre las instituciones coercitivas para administrar la violencia internacional —Fuerzas Armadas— o doméstica —instituciones policiales—, así como una constitucionalización iliberal de los estados de excepción. Durante el siglo XX, los patrones de coerción en muchas democracias latinoamericanas se caracterizaron por el uso extralegal generalizado de la fuerza, por la aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley, la corrupción y la depredación desenfrenadas, y la rendición de cuentas externa débil o inexistente. Los regímenes autoritarios desarrollaron posteriormente regímenes de terror en una escala anteriormente no vista, pero incluso ese tipo de acciones fueron la consecuencia de procesos más largos de formación del Estado y de policiamiento autoritario durante el siglo XX.
Más de tres décadas después del inicio de los procesos de democratización, los patrones de coerción en muchas democracias latinoamericanas se caracterizan todavía por el uso desproporcionado y extralegal generalizado de la fuerza, la aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley, la corrupción y la depredación desenfrenadas, y la rendición de cuentas externa débil o inexistente, así como por una conducta especialmente criminalizadora de la protesta social, discriminadora y violenta desde una perspectiva racial, como de género, afectando especialmente a mujeres y diversidades sexo genéricas.
El policiamiento latinoamericano autoritario también ha sido ineficaz para enfrentar adecuadamente los problemas de seguridad que se desarrollaron a partir de los procesos de democratización regional. Estos se han caracterizado por desarrollarse en un contexto de estados débiles, por sociedades con altos niveles de conflicto interno y por la expansión del crimen organizado en un contexto de globalización y neoliberalización —e incremento de la desigualdad—, una combinación que condujo a la región a un aumento sin precedentes de la violencia societal. A partir de los procesos de democratización regional, los principales indicadores de seguridad pública alcanzaron niveles especialmente altos en términos comparados, e incluso epidémicos en algunas subregiones y países, transformando a la región en la más violenta del mundo. La ciudadanía indica claramente que la victimización y la inseguridad es originada tanto por el crimen organizado y el crimen, como por el Estado, incluyendo a las instituciones judiciales y, muy especialmente, las policías.
A pesar de ese contexto, las democracias latinoamericanas no han puesto en marcha procesos de reforma policial. Estos han sido muy pocos y no siempre han sido de alcance nacional o federal, por lo que la reforma policial continúa siendo uno de los desafíos más importantes de la región. Cuando las preferencias sociales sobre la policía y la seguridad están fragmentadas, independientemente de la competencia política, la reforma trae pocas ganancias electorales y conlleva el riesgo de alienar a una poderosa burocracia cuya cooperación necesitan los políticos. La fragmentación de las preferencias favorece así la persistencia de prácticas coercitivas autoritarias. La reforma se vuelve probable, sin embargo, cuando las preferencias sociales convergen y los titulares se enfrentan a una fuerte oposición política, porque los actores políticos deben enfrentan contrapesos electorales al poder estructural de la policía.
El fracaso de las reformas policiales y la persistencia de modos autoritarios de coerción en las democracias es, entonces, el resultado del cálculo estratégico de distintos actores, en el marco de una lógica política estrictamente democrática. Como consecuencia, las estructuras y prácticas coercitivas autoritarias han sido renovadas mediante la política democrática ordinaria.
La militarización es promovida por élites civiles como estrategia de gobierno, no como imposición militar autónoma
Dammert señala que el policiamiento autoritario y la ausencia de reformas resulta de la interacción de una ciudadanía autoritaria, que demanda soluciones al incremento de la victimización y de la percepción de inseguridad, incluyendo alto apoyo a la mano dura; de actores políticos que privilegian el populismo punitivo —entendido como discurso sobre el crimen que pretende reforzar el apoyo electoral a la élite—, y de policías dotadas de altos grados de autonomía que buscan consolidar sus espacios de autonomía, mayores presupuestos, facultades de actuación y aumento de personal.
Como resultado, el policiamiento se ha desacoplado del régimen político imperante, lo que ha consolidado un escenario que, por un lado, seguirá recreando la presencia de policías autoritarias en países democráticos, pero que, adicionalmente ha introducido los incentivos para la reproducción y naturalización de la militarización de la seguridad pública en democracia a lo largo del continente.
La dinámica de la militarización y el militarismo en las democracias latinoamericanas
La crisis de la seguridad pública y del policiamiento han tenido importantes consecuencias incentivando el proceso de militarización y la emergencia de democracias militaristas.
El proceso de militarización latinoamericano se ha desarrollado en un contexto reconocido por el tránsito, de manera incompleta y problemática, desde una gobernabilidad autoritaria de la defensa, hacia otra caracterizada por un creciente, aunque deficiente control civil y una actitud predominante de subordinación militar, tanto en regímenes democráticos, como iliberales, o incluso en los autoritarios, todos liderados por civiles. Como resultado, la región exhibe una débil gobernabilidad de las instituciones de defensa —especialmente de control civil—.
En el ámbito doméstico, la militarización funcional más importante ha sido la del policiamiento ante la violencia societal y del crimen organizado, por un lado, y el control del orden público —incluyendo la protesta social—, por el otro; sin embargo, no ha sido el único proceso. Como resultado, es posible identificar cuatro grandes grupos de misiones para las Fuerzas Armadas distintas a los de defensa: seguridad pública y de recintos carcelarios; control de fronteras; y ayuda al desarrollo y protección del medio ambiente y recursos naturales; las que se subdividen en 47 tipos de tareas. En la etapa más reciente se observa la expansión de roles funcionales no militares hacia nuevos ámbitos. Los gobiernos civiles de todo el continente asignaron a las Fuerzas Armadas un despliegue masivo en el escenario del coronavirus.
La cuestión es, entonces, examinar si a pesar de ser un proceso dirigido por líderes elegidos democráticamente, la militarización constituye o no un proceso de erosión de la democracia en la región y cuáles son los procesos que conducen a esa dinámica.
Debilitamiento de la legitimidad societal de la democracia y del Estado de derecho
En el ámbito societal, la región experimenta una erosión de la legitimidad de la democracia y la crisis de la seguridad pública está debilitando la legitimidad del Estado de derecho en la región. Tanto la victimización como la percepción de violencia están impactando negativamente el apoyo al sistema político en América Latina, lo que podría llevar a las y los ciudadanos latinoamericanos desencantados a apoyar medios cuasi autoritarios y/o extralegales para restablecer el orden, creando las condiciones para la emergencia de áreas grises de incumplimiento del Estado de Derecho. La ciudadanía de la región que experimenta victimización y temor ante el crimen es más proclive para apoyar violencia extralegal, incluyendo vigilantismo, operaciones de limpieza social, y tortura por parte de las policías, y el apoyo a la violencia extralegal es significativamente más alto en sociedades caracterizadas por bajos niveles de apoyo al sistema político existente.
En ese marco, se ha producido un aumento en el promedio regional del apoyo ciudadano a la militarización de la seguridad pública (78 %), originado tanto por la desconfianza en las policías, como por la creencia de que las Fuerzas Armadas son menos corruptas, pero también más eficaces y transparentes, y más respetuosas de los derechos humanos que las policías. Como consecuencia, las Fuerzas Armadas reciben mejores índices de confianza promedio que las policías en América Latina.
El impacto de la militarización en la seguridad pública es limitado y, en muchos casos, contraproducente.
En una perspectiva convergente, los estudios de opinión regionales muestran una correlación entre el aumento del nivel de involucramiento militar en roles misiones internas y tendencias antidemocráticas en la ciudadanía, confirmando que el empleo extensivo de las Fuerzas Armadas debilita las actitudes democráticas de la población y de las instituciones castrenses.
En Brasil, la insatisfacción con la democracia, la alta aprobación a gobiernos no democráticos, junto con índices de confianza en las Fuerzas Armadas superiores a los que las instituciones políticas han creado un gran potencial electoral para los candidatos que prometen aumentar el papel de los militares en la política y la sociedad.
En el caso de los actores civiles, los incentivos descritos anteriormente impulsan a los dirigentes políticos civiles a adoptar discursos iliberales, tanto populistas punitivos como de “khakiwashing”, entendidos como una estrategia civil comunicación política basada en la cooptación de las Fuerzas Armadas para legitimarse de los atributos militares de honestidad, patriotismo y eficacia en un contexto de desafección hacia la política y los políticos. De esa manera, los discursos militaristas adquieren un carácter constitutivo que vehiculizan el tránsito desde la militarización discursiva hacia el militarismo material.
Retorno al pretorianismo, aumento de la autonomía militar, debilitamiento del control civil
En el caso de las respuestas de las Fuerzas Armadas para involucrarse en nuevos roles funcionales o políticos, y especialmente en las tareas de seguridad pública, estas han mostrado depender de varios tipos de cálculo estratégico. Las respuestas militares ante las exigencias civiles de mayor involucramiento en roles policiales, y especialmente en control de orden público, han planteado complejos dilemas y cálculos políticos, éticos y operacionales, incluyendo el riesgo de violaciones de los derechos humanos.
Como resultado, se observan casos de obediencia militar con mínimas violaciones a los derechos humanos —Chile, 2019—, pero también de obediencia condicionada —Brasil, 2017-2018; Ecuador, 2019—, como de elusión o desobediencia Ecuador —2019— y Bolivia —2019—, además de los casos de obediencia militar conducentes a violaciones de derechos humanos como en México, El Salvador, Colombia y Venezuela, entre otros países.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas no siempre se limitan a roles funcionales, ya que se observa un aumento de varias modalidades de roles políticos, lo que constituye un sobrepasamiento del control civil. Las Fuerzas Armadas de la región han vuelto a desempeñar roles abiertamente pretorianos que han resultado decisivos durante las crisis políticas recientes de la región, sea para respaldar el llamado de los líderes civiles a sus gobiernos mediante prácticas de “militarización visual” en las crisis de Venezuela en 2019, Perú el 2019 y 2020, Ecuador en 2019, en El Salvador el 2020, y en Colombia en 2021, o definiendo su caída mediante intervenciones en los medios pero sin emplear la fuerza, como en Bolivia el 2019. En los regímenes totalitarios como Cuba, Venezuela, o Nicaragua, las Fuerzas Armadas constituyen el pilar del régimen.
Los militares también han sido llamados por los líderes civiles a participar en gabinetes de regímenes democráticos como Brasil y autoritarios como Venezuela. En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador profundizó el proceso de militarización del policiamiento. De ese modo, asentó en la Constitución el rol policial de las Fuerzas Armadas mediante la militarización de la Guardia Nacional, y avanzando un proceso de naturalización de la militarización que ha sido definido como un caso de militarismo. En el caso de Brasil, las Fuerzas Armadas han recuperado una influencia política decisiva mediante dos tipos de procesos adicionales. Uno de estos ha sido mediante “intervenciones furtivas”. Se trata de un regreso gradual de los militares brasileños al centro del escenario político, desarrollado a partir de 2016, con poderes nunca vistos desde la dictadura, sin violar formalmente la ley, sin suspender el proceso democrático, o derrocar al gobierno.
El segundo proceso ha sido el acceso al poder de oficiales retirados mediante dinámicas de “convergencia negativa” que en el caso de Brasil condujeron a la elección de Jair Bolsonaro, en 2019, pero que han estado presentes en Bolivia en 1998, con la elección del exdictador Hugo Bánzer; en Guatemala, en 1999, con la llegada al poder del también exdictador Efraín Ríos Montt, sobre cuyo régimen pesan acusaciones de crímenes de genocidio, y del general retirado Otto Pérez Molina, en 2011; en Venezuela en 1999, con la elección de Hugo Chávez e, incluso, el 2010 en Surinam.
Desde una perspectiva democrática, los procesos de militarización dirigidos por liderazgos políticos civiles constituyen entonces tanto casos de militarismo —en tanto constituyen una naturalización de lo militar como estrategia política—, como de debilitamiento de hecho del control civil y aumento de la autonomía militar. Intentando fortalecer su base de legitimidad, los liderazgos civiles promueven un proceso de militarización que está generando el resultado inverso y está legitimando su desplazamiento por parte de instituciones y liderazgos militares.
La expansión de roles militares debilita el control civil y erosiona el Estado de Derecho.
Incremento de violaciones de derechos humanos, naturalización de la excepción y debilitamiento del Estado de derecho
La militarización de la seguridad pública ha impactado negativamente el Estado de derecho en la región en varias dimensiones.
La militarización del policiamiento ha originado un incremento de distintos tipos de violaciones de los derechos humanos en la región. En los casos más graves, las Fuerzas Armadas han sido acusadas de crímenes especialmente gravosos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, como México o Venezuela. En algunos de estos casos, como el de Venezuela, observadores independientes han concluido que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas del régimen constituyen crímenes de lesa humanidad. Los informes sobre México, Venezuela e incluso sobre Chile revelan que la intervención militar ha agravado el empleo de la fuerza letal que, desde el punto de vista de los estándares internacionales, es considerada desproporcionada y abiertamente abusiva.
El involucramiento de las Fuerzas Armadas en los roles policiales también ha debilitado el principio de igualdad ante la ley. En algunos países, como en México o Brasil, las Fuerzas Armadas han exigido y les han sido otorgadas normas especiales de inmunidad ante eventuales violaciones de los derechos humanos durante las operaciones policiales, lo que ha profundizado la impunidad que históricamente caracteriza a gran parte de la región, especialmente la ausencia de sanciones a las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares.
Una consecuencia adicional de la militarización prolongada de la seguridad pública en la democracia ha sido la relegitimación, bajo condiciones históricas posautoritarias, de la naturalización de la excepción. En el periodo posautoritario la militarización ha sido justificada como una medida temporal, y en numerosos países ha terminado siendo invocada a pesar de que las normas no lo permitían. Las constituciones de los estados latinoamericanos consideran el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas no militares y especialmente policiales en situaciones de excepcionalidad, pero en la mayor parte de los casos, también de normalidad. De ese modo, lo temporal ha devenido permanente.
Debilitamiento del Estado: postergación de la reforma policial y desprofesionalización militar
La ampliación extendida y prolongada de los roles funcionales de las Fuerzas Armadas ha contribuido también a reproducir o profundizar los déficits de estatalidad que han caracterizado a América Latina, tanto de capacidades civiles, aunque paradójicamente también de aquellas policiales y militares. Mientras que los problemas de la democracia bloquean el funcionamiento de los mecanismos claves que podrían impulsar el desarrollo de la capacidad estatal, los déficits de estatalidad impiden la activación de las mejoras en la calidad de la democracia y activan mecanismos que obstaculizan la democracia.
El análisis de los problemas asociados al déficit de estatalidad y de los bienes públicos esperados de esta, ha transitado desde un enfoque funcional, que lo entiende como un problema de (in)capacidad de construir instituciones civiles, hacia otro que subraya su carácter político, en el cual este es el resultado de una decisión acerca del tipo de Estado que se ha deseado construir en América Latina. De esa forma, se trata de una misma decisión de dos caras. Por un lado, las élites deciden no expandir la penetración territorial o la capacidad del Estado en algunas áreas, sea por consideraciones de rentabilidad o de conflicto —lo cual puede incluir a varios actores en conflicto—. Como contrapartida, la decisión política ha considerado responder en algunas áreas de vacío o debilidad institucional —policial— mediante el despliegue de las instituciones militares o las propias Fuerzas Armadas han avanzado ocupando el espacio de desarrollo de capacidades abandonado por el Estado.
En ese contexto, el catálogo de roles no militares o policiales asignados o asumidos por las Fuerzas Armadas en América Latina, históricamente amplio, es resignificado como un proyecto político militarista, en tanto constituye decisión una política y/o institucional de naturalización de lo militar en ámbitos económicos no militares.
La militarización también ha debilitado los roles funcionales de seguridad del Estado. La militarización del policiamiento actúa como un poderoso incentivo para la postergación de las reformas policiales o de procesos de contra reforma policial, al fortalecer las tendencias hacia la militarización de las policías. Al mismo tiempo, la policialización de las Fuerzas Armadas de la región ha sido acompañada por un proceso de desprofesionalización de las instituciones militares. Con una o dos excepciones, las Fuerzas Armadas latinoamericanas no han sido reformadas, quedando tecnológica y doctrinariamente en la etapa anterior a la revolución en asuntos militares.
El militarismo civil como proyecto político
El balance funcional de la militarización de la seguridad pública es negativo. A pesar de que en algunos estados el crimen organizado constituye una amenaza con capacidades superiores a las policías locales y han transcurrido alrededor de tres décadas de militarización del orden público, esta ha sido ineficaz y ha fracasado. Entre otros indicadores, las tasas de homicidios en la región continúan siendo las más altas en términos comparados, la droga continúa disponible a incluso a precios más bajos que tres décadas atrás, y el crimen organizado se ha expandido desde el narcotráfico hacia nuevos ámbitos de nivel regional, como en los países más importantes como México o Brasil, originando crecientes y amplios cuestionamientos a estas políticas, especialmente contra el narcotráfico.
El militarismo civil se consolida como uno de los principales mecanismos de degradación democrática en la región.
A pesar de lo anterior, las élites civiles han optado por la militarización del policiamiento autoritario como un proyecto político, que denominamos militarismo civil. Se trata de una opción política cuyo propósito es la obtención o la mantención del poder, que se construye a partir de la naturalización de la militarización. No es entonces un “fracaso” en la capacidad de los estados para proveer el bien público seguridad pública. El militarismo civil ha emergido como el resultado del funcionamiento de la lógica democrática latinoamericana. La crisis de la seguridad pública, su militarización y la emergencia del militarismo civil deben ser reinterpretados como una opción en un proceso de disputas, adaptaciones y acomodaciones en los estados latinoamericanos cuyas élites políticas hacen opciones estratégicas en la conducción del Estado y deben actuar en un ecosistema de actores, entre otros, criminales, policiales y militares, con capacidad para desafiar e influir en la toma de decisiones.
Enfrentados a ciudadanías que demandan populismo punitivo, las élites políticas de la mayor parte de las democracias latinoamericanas han decidido estratégicamente, evitando una difícil confrontación con cuerpos policiales autónomos y resistentes a la reforma, pero desprestigiados, y han elegido la militarización del policiamiento debido a la mejor aprobación de las Fuerzas Armadas, proceso que ha sido mantenido a pesar de su escaso y a veces contraproducente impacto en la resolución de la crisis de seguridad pública latinoamericana.
Sin embargo, la emergencia del militarismo civil en América Latina como modalidad de gobernanza permite concluir que este fenómeno forma parte activa del proceso de erosión democrática de la región. En el ámbito del uso de las instituciones coercitivas del Estado, dicho militarismo está desplazando tanto la gobernanza del policiamiento como la relación civil-militar desde un eje democrático hacia otro iliberal e híbrido, y en algunos casos abiertamente autoritario.
A diferencia de los procesos históricos en los que la militarización de la política fue impulsada por los propios militares durante los regímenes autoritarios, mediante la expansión de sus prerrogativas hacia ámbitos no militares, en el periodo posautoritario el militarismo ha sido promovido principalmente por actores civiles. Este desplazamiento, al profundizar la erosión democrática, puede constituir el preludio de nuevas regresiones democráticas en los países de la región.
* Profesor de la Facultad de Gobierno, Universidad de Chile. Fue subsecretario de Defensa (2014-2018) y asesor de política exterior y de defensa de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010).
Nota del autor:
La versión completa de este artículo fue publicada originalmente en Robledo Hoecker, Marcos y Verdes-Montenegro, Francisco (eds.). (2024). Militarización, militarismo y democracia: ¿nuevas tendencias en América Latina? Madrid. Fundación Carolina. Militarización, militarismo y democracia: ¿nuevas tendencias en América Latina? – Fundación Carolina (fundacioncarolina.es)
