Año 1, núm. 8, marzo de 2026
ISSN 3122-3583
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La impotencia y prepotencia del Estado ante la violencia 1
Mauricio Merino
Las múltiples violencias que atraviesan a México no son episodios aislados ni desviaciones coyunturales: responden a una causa estructural profunda, la doble derrota del Estado, incapaz de garantizar derechos y dispuesto, al mismo tiempo, a capturarlos.
1.
Me invitaron a discutir sobre las causas de las violencias que está sufriendo México. El programa dice la violencia, en singular, pero son muchas: hay muchas formas de violencia en nuestro país (y en el mundo). Hay homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos forzados, secuestros, torturas, hay violencia de género, hay odio contra las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, hay masacres, hay disputas brutales por el control de territorios y mercados ilícitos entre criminales, hay extorsiones, hay cobros de piso, hay robos con uso de fuerza y robos y fraudes y suplantación de identidades por medios electrónicos.
Hay violencia verbal en las redes sociales (las redes antisociales), hay bullying, hay acoso laboral, acoso sexual, hay discriminación, muchas formas distintas de discriminación hacia personas y grupos vulnerables (y vulnerados), hay violencia política, hay asesinatos, amenazas, difamaciones y acusaciones falsas contra militantes de partidos y activistas sociales, contra periodistas, contra influencers, hay polarización azuzada desde la cúpula del gobierno: mucha polarización, mucho odio prefabricado; hay intolerancia social y hay miedo, mucho miedo en las calles, entre familias, en las escuelas, en las fábricas, en las oficinas, en el transporte público, en los parques… en todos lados; y hay mucha pobreza y muchas dificultades para vivir, comer, vestir, moverse, cuidarse, curarse, educarse o divertirse para la mayoría de la población. Hay, pues, muchas violencias entrelazadas en nuestra sociedad.
Hay tantas, que me pregunto con sinceridad si hay alguien que no haya sufrido o atestiguado alguna de ellas. Las víctimas de las violencias somos la gran mayoría: casi todas y todos. ¿Quién no ha visto o no ha sido víctima de un robo, de un fraude, de una extorsión? ¿Quién no pertenece a una familia o no conoce a un amigo o amiga, a un grupo cercano, que no haya perdido a un ser querido por alguna de esas violencias o que no haya padecido jamás el acoso o la discriminación, o la extorsión o las amenazas de personas violentas?
El miedo al que me referí antes (esa sensación horrible que anticipa el dolor y nos paraliza o nos moviliza irracionalmente); el miedo, digo, se nos ha ido imponiendo día a día y se ha ido extendiendo cada vez más. Y tras el miedo, ha germinado la desconfianza entre quienes convivimos en los mismos espacios y, después, cada vez más, el encono. Tememos, desconfiamos y, con mucha frecuencia, acabamos odiando a quienes nos hacen daño. Y cuando eso sucede, sin darnos cuenta, nos volvemos cómplices de las violencias que nos están asfixiando.
¿Es posible hablar de una causa eficiente de esas violencias? Me refiero a una: una causa eficiente, como describió Aristóteles a la primera causa, a la primigenia, a esa fuente de origen que nos permite explicar la existencia de otros hechos. ¿Existe esa causa eficiente?
Alguien podría decir que es la naturaleza humana (si es que existe algo como eso) pervertida, echada a perder o la falta de amor entre seres humanos, la ausencia de valores compartidos y nuestra incapacidad para amar a otros, a nuestra especie y a nuestro mundo. Quien diga eso seguramente tendrá razón. Coincido con Martha Nussbaum: tenemos que retomar el amor al prójimo como categoría analítica fundamental de nuestras ciencias sociales, porque en eso nos va la vida, la vida misma de la especie humana, y porque sin esa categoría no podríamos explicar la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la compasión, la búsqueda de igualdad o el respeto, que forman el cimiento de la convivencia social. Sin embargo, decirlo así es insuficiente para responder a los desafíos urgentes que ya estamos enfrentando.
Permítanme ensayar otra forma de apelar a la defensa de esos valores. Pero permítanme hacerlo dando un giro a la historia: hacia los hechos concretos, pues estoy convencido de que, si acaso hay una causa eficiente de las violencias, esa causa está en la doble derrota que ha padecido el Estado en lo que va de este siglo XXI. Una derrota que se manifiesta, a un tiempo, en la impotencia y en la prepotencia (sin que haya contradicción entre esos dos términos).
La impotencia de nuestra organización política superior para garantizar y hacer valer derechos, obligaciones y libertades; y la prepotencia de las fuerzas armadas, las policías, los jueces, los aparatos políticos y las burocracias que han decidido salvarse a sí mismas, medrando con sus facultades como si fueran armas mientras se rinden y se abrazan con los más violentos, los más poderosos y los más corruptos, en vez de cumplir con sus cometidos. En términos prácticos, la causa eficiente de las violencias está en la deliberada destrucción del Estado democrático y social de derechos.
2.
Me detengo un momento en ese concepto: el Estado democrático y social de derechos. Primero, porque el Estado moderno, el Estado sin adjetivos, nació en Occidente y en Asia como producto de la concentración del poder por medios violentos: fue el producto de las guerras constantes entre señores feudales y pequeños reinos que querían expandirse sobre el territorio de sus vecinos.
La violencia en México es plural, cotidiana y transversal: no se reduce al crimen organizado ni a los homicidios.
La creación del Estado como organización política superior nació tras la larga y pausada etapa del Medioevo, como producto de la violencia, y no se consolidó sino hasta que los grupos que iban acumulando poder se toparon con otros, más o menos equivalentes, que los detuvieron. De haber podido, España se habría apoderado del mundo en el Siglo XVI, tanto como Inglaterra o Francia un poco más tarde (hasta el final del XVIII) y, más tarde, Alemania. Igual que los otomanos o los romanos o los atenienses. Y si me apuran, igual que los chinos de Xi Jinping o los rusos de Putin o los estadounidenses de Trump.
Agustín de Hipona (San Agustín) hizo hace siglos una analogía que sigue explicando esos ciclos de conquista, dominación y precario equilibrio: decía que los grandes conquistadores y sus huestes eran como grupos de forajidos que llegaban a controlar con violencia a pueblos enteros para, una vez conquistados, robarlos y dominarlos. La misma idea fue discutida por Maquiavelo, unos años después: el mejor príncipe era el que conquistaba y controlaba con ejércitos propios y quien lograba mantener su dominio imponiendo su voluntad por encima de todo y de todos y a despecho de sus promesas. Para dominar, le decía Maquiavelo a su príncipe ideal, “es mejor que te teman a que te amen, porque esto último (el amor) depende de otros, mientras que infligir miedo depende de ti mismo”.
Con las guerras nacieron los ejércitos profesionales y tras ellos, los funcionarios que cobraban tributos e impuestos: las primeras burocracias formales; las cortes que encarnaban a la clase política privilegiada y, más tarde, las audiencias y los juzgados que impartían justicia al gusto del monarca absoluto. Ese entramado le dio forma a esa organización política que llamamos Estado moderno.
Desde las llamadas guerras Médicas y del Peloponeso, pasando por la expansión del imperio romano, las conquistas asiáticas de Gengis Kan, la Conquista de América por españoles, británicos y portugueses, las guerras napoleónicas o, en fechas más recientes, las guerras mundiales del siglo XX y el reparto del mapa con el régimen soviético, hasta los excesos que está cometiendo Donald Trump en nuestros días, la lógica del poder ha sido la misma: la acumulación de fuerza que tiende a expandirse para dominar a otros, hasta que encuentra su propio límite fuera o dentro de su territorio. Tristemente, el poder no se detiene con razones, sino con otro poder equivalente de cualquier naturaleza. Por eso, el ejercicio del mando sin contrapesos es depredador, incluso cuando se justifica con argumentos populares más o menos compartidos.
La historia también muestra que esos contrapesos al ejercicio abusivo del poder no solo han venido de fuera, ni solo han servido para trazar fronteras y repartir el mundo con ejércitos que se muestran los dientes. La historia también está poblada por acciones de rebeldía y resistencia de quienes han padecido la inagotable ambición de los poderosos, en todos los tiempos. Pero fue durante las revoluciones liberales cuando comenzó a cambiar el guion del dominio monárquico.
Las circunstancias eran diferentes a cualquier otro momento. Debido a la expansión de la navegación y el comercio, a la imprenta y la emergencia de la Ilustración, a la riqueza extraída de las colonias americanas y de África, así como a la máquina de vapor —que fue una de las claves de la Revolución Industrial—, surgió una nueva forma de producción y consumo, una nueva forma de adquirir riqueza e influencia, una nueva forma de concebir las relaciones humanas. Ninguna revolución ha sido más potente ni más global que la Revolución Liberal, emanada del régimen capitalista.
La vieja aristocracia anclada a sus tierras y a sus palacios perdió privilegios y fuerza frente a los nuevos empresarios del mundo y a la potencia indiscutible del capital. Los nuevos dueños serían los burgueses y el nuevo lenguaje, el dinero.
En esos años hubo una nueva ola de violencias que desembocarían, sin embargo, en tres modificaciones fundamentales: el Estado ya existía, pero la revolución liberal lo convirtió en Estado de derecho: las leyes ya no se harían al gusto de los monarcas, sino que quedarían plasmadas en pactos y acuerdos explícitos que, por escrito, fijarían las reglas fundamentales de la vida en común, la organización del poder y sus límites. A esa época se le llamó la era de las constituciones.
La soberanía, que era la prueba máxima del poder del Estado, pasó de los reyes a los ciudadanos. No a todos, sino a los hombres, cabezas de familia y dueños de algún patrimonio, pero poco a poco se fue extendiendo hacia una nueva concepción del pueblo que dejó de ser súbdito para convertirse en el soberano de las naciones consolidadas. Y para organizar el poder, por último, se gestó el régimen democrático: elecciones, atribuciones y restricciones. Un método para distribuir el poder, para organizar sus tareas y para controlar su ejercicio.
Sí, el Estado seguiría siendo la máxima expresión del poder concentrado y, a la vez, el cimiento de la organización de la convivencia. Seguiría conservando, como lo expresó Max Weber mejor que nadie, el monopolio legítimo de la coacción. Pero gracias al derecho positivo, a las normas pactadas, escritas y legitimadas por asambleas representativas ya no sería propiedad de nadie, sino consecuencia de la voluntad soberana del pueblo.
La causa eficiente de las violencias reside en la impotencia del Estado para proteger derechos y en su prepotencia para administrarlos sin límites.
Buena parte del siglo XIX y del siglo XX estuvieron marcados por el crecimiento de los derechos de las personas (también de sus obligaciones) y por la construcción de garantías para hacerlos valer. Pasamos de los derechos que ponían muros a los gobiernos para defender las propiedades y las libertades de cada individuo (la libertad de expresión, de asociación, de movimiento, de prensa, de pensamiento, de información, de conciencia, de religión) para impedir que el poder político se excediera de sus funciones; pasamos a los derechos sociales, que están destinados a promover la mayor igualdad posible entre las personas: el derecho a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo remunerativo, a la protección social.
Pasamos de arrebatar la soberanía a los monarcas, a construir derechos políticos, a limitar y organizar los poderes públicos, a promover la igualdad social, económica, cultural, ambiental. Al ensancharse el abanico de los derechos políticos y sociales, el Estado dejó de ser el instrumento exclusivo de dominación de los nobles sobre los súbditos o, más tarde, de los burgueses sobre los proletarios, para convertirse en el árbitro entre capital y trabajo, en el garante de aquellos derechos fundamentales y en la organización democrática superior de la sociedad. Su misión principal ha sido, desde hace ya más de un siglo, asegurar la procura existencial de la sociedad: que estemos seguros, que vivamos con libertad y que tengamos las capacidades vitales suficientes para disfrutar esas libertades en armonía. El estado social y democrático de derechos se volvió la casa común y el sueño, la utopía que movió a varias generaciones y la razón de ser de la democracia.
3.
Vuelvo ahora al tema que nos reúne: cada vez que el Estado resulta impotente para garantizar los derechos, para cumplir su misión y se somete al uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, atestiguamos un nuevo triunfo de los violentos y una nueva derrota de la sociedad. No solo quedamos desprotegidos, sino enconados, amenazados y temerosos. Cada vez que alguien impone su ley por encima del derecho de todas y todos y cada vez que alguien burla las normas para hacer avanzar su interés propio, la violencia logra sus cometidos. La impotencia del Estado frente a todas esas expresiones de fuerza, de abuso y de corrupción, es la causa eficiente de nuestro desamparo frente a las violencias.
Les suplico que no me malinterpreten. Cuando hablo de la impotencia estatal no estoy abogando por un Estado policía, armado hasta los dientes, capaz de enfrentar y derrotar a quienes lo desafían. Mucho menos, por favor, de un Estado controlado por las fuerzas armadas. La impotencia de la que hablo no es sino la incapacidad de nuestra organización política superior para garantizar el derecho, las libertades y la igualdad. Es el opuesto de la violencia: es la construcción colectiva de la paz. Y eso, por muchas ganas que tengamos de actuar al margen de cualquier influencia ajena o por nuestros propios medios (y por más que esas acciones individuales o colectivas sean siempre deseables y provechosas cuando se hacen de buena fe), impide que avancemos lo suficiente. Lo cierto es que sin el respaldo del derecho y sin el cobijo a la organización legítima del Estado, se puede hacer poco.
Ahora bien, al lado de esa impotencia (y aún por encima de ella) ha estado la prepotencia de quienes se han adueñado o han corrompido al Estado para provecho propio o de sus banderías y sus grupos. Paradójicamente, aquella impotencia para hacer valer el derecho responde a la prepotencia de los corruptos, los abusivos y los violentos que no solo encuentran camino libre para atropellar a quienes se les oponen o les estorban, sino que utilizan ese argumento para justificar sus abusos y sus despropósitos. Es un juego perverso de punta a punta: dada la inseguridad del país, nos dicen, necesitamos usar el poder sin limitaciones: regalarles impunidad a las fuerzas armadas para que hagan lo que les venga en gana; necesitamos, dicen, hacer uso del presupuesto como si fuera una caja chica; necesitamos que nos dejen hacer, porque de otro modo no podemos ser eficaces. Eso dicen (y eso hacen).
Y dicen más: alegan que los problemas que hoy estamos viviendo se originaron por la corrupción y los abusos de otros a quienes hay que anular y si es posible, eliminar para siempre. La prepotencia se ceba en contra de los más débiles, de los honestos y los pacíficos. La prepotencia les hace creer que son los únicos que pueden y deben gobernar el país para apaciguarlo. Y les lleva, también, a actuar en la opacidad y en el contubernio para proteger a sus leales y someter a sus adversarios.
Reclaman la más absoluta obediencia y se niegan a debatir ideas y propuestas, aduciendo que quienes las hacen carecen de autoridad moral. Así que difaman y denuestan a cualquiera que se atreva a contradecirlos. En otro lugar le he llamado a ese ciclo vicioso “la paradoja de la solución”. Y si lo piensan conmigo, les saltará a la vista: dado un problema muy serio, el prepotente se ofrece a solucionarlo a condición de tener todo el poder; y como no puede, el problema de origen se agrava.
No solo estoy hablando de México, pues esa misma dinámica está sucediendo en buena parte del mundo. Miren a Bukele en El Salvador, a Ortega en Nicaragua, a Orbán en Hungría, a Putin, a Xi, a Trump. Esa paradoja está evolucionando como pandemia política. Y sí, también tenemos el mismo virus en México.
De otro lado, se ha dicho que la causa de las violencias está en la desigualdad y, sobre todo, en la pobreza. El gobierno de México, en particular, dice una y otra vez que hay que arrancar a las y los jóvenes del crimen organizado, repartiendo dinero público. Léase: si delinquen es porque son pobres. Pero eso no es cierto ni por asomo y en cambio, es un argumento estigmatizante, como si los pobres fueran una amenaza, por ser pobres. Pero el alegato sirve para repartir dinero y hacer clientelas políticas, con lo cual se cierra el círculo de la prepotencia.
La trampa que se esconde detrás de esa doble condición de impotencia y de prepotencia es la suplantación del Estado por el gobierno (cuando son dos cosas distintas); del gobierno por un partido (cuando obviamente son cosas distintas); y del partido por un líder (que quizás no son cosas distintas). Es como si estuviéramos volviendo al principio de la evolución del Estado: como si este hubiese regresado a la era de las monarquías absolutas y de los reyes que se arrebataban los territorios. Lo que estamos viviendo parece increíble, pero es cierto.
La destrucción del Estado democrático y social de derechos es el origen común de la espiral de miedo, desconfianza y encono social.
En ese contexto, las leyes se han vuelto fichas y armas. Las fichas sirven para negociar y jugar. Desde el policía de tránsito que saca el reglamento para fijar y negociar el monto de la mordida, hasta los grandes contratos de obras públicas adjudicados de manera directa a empresas recién creadas o las licencias de construcción que contradicen los planes de desarrollo urbano o las compras a modo de vehículos y consumibles con precios inverosímiles o las sentencias redactadas en oficinas privadas, entre un largo etcétera. Las leyes son la base de esas negociaciones: son las fichas que emplean políticos y burócratas corrompidos para ganar dinero y poder vulnerando los límites del derecho. Las que los poderosos ponen en el tablero del juego para negociar ventajas y privilegios.
Pero también se usan como armas fiscales, administrativas y penales para doblegar adversarios políticos, evitar críticas, someter a empresarios rijosos o bloquear periodistas o centros de investigación demasiado acuciosos. Usadas las leyes de esa manera, en vez de limitar al poder, lo potencian. Por eso, los grandes cárteles criminales han ido sumando un número creciente de cargos públicos en municipios y estados, y también en la federación. Antes sobornaban o sometían, pero ahora han optado por ocupar esos cargos: es más barato y eficiente administrar la aplicación de la ley, que comprarla.
Por eso estoy seguro de que tenemos que recuperar la idea del Estado social y democrático de derechos y recordar que ese Estado no es propiedad de nadie, porque es (o debe ser) la organización política superior de la sociedad; es nuestro, porque la soberanía reside en el pueblo, no en los monarcas; está basado en la ley y esta, en la pluralidad de voces y posiciones que hay en la sociedad, representadas en los congresos, y su cometido, su misión irrenunciable, es hacer valer el derecho en todas sus múltiples manifestaciones: como garantía de las libertades, como salvaguarda de la igualdad sustantiva mediante los derechos sociales, como método honesto para la distribución temporal de la autoridad en los cargos públicos y como trinchera para la rendición de cuentas y el control democrático del poder. Y eso nos convoca a todas, todos y todes. Nadie debería renunciar a encarnar, a participar y a exigir que el Estado sea nuestro, de todos, abierto, transparente e incluyente. Pero la verdad es que muy pocas personas están conscientes de los derechos que deberían protegerlos, muchas menos, de los medios disponibles para hacerlos valer y aún menos, de la importancia que cobraría defenderlos masivamente.
Muchas veces he imaginado una acción colectiva destinada a informar a la gente, a la gente de la calle, de las plazas, de los parques, de los derechos de los que son titulares y de los recursos que existen para reclamarlos. Como hacían los cristianos antiguos para divulgar su fe o como todavía lo hacen algunos, que se colocan en plazas públicas con altavoces para leer la Biblia. Así me imagino que podríamos leer derechos por todas las plazas de México, para que la gente sepa que son suyos, que no son fichas de negociación ni armas arrojadizas en manos ajenas. Derechos para impedir la prepotencia de los violentos y los corruptos, para salir del marasmo de la impotencia y el desamparo en el que estamos sumidos.
4.
Permítanme contar dos historias que me gustaría compartir antes de concluir. Hace casi tres años, convocamos a una conferencia nacional de paz, que tuvo lugar durante tres días en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Fue en marzo de 2023. Esos días me marcaron por muchas razones, pero lo que hoy quiero recordar con ustedes es que casi todas las personas que representaron, en esa conferencia, a las víctimas de las muy distintas formas de violencia que se discutieron, alegaron que su dolor era mayor al de los otros grupos.
Me sacudió descubrir que había una especie de competencia por el dolor y la compasión, entre víctimas. Y entendí que la razón de esa disputa terrible era su deseo por llamar la atención del Estado: debatían la magnitud del dolor para ser atendidas antes, cuanto antes. Su deseo más relevante era ganar la protección del Estado lo más pronto posible.
Sí. También fueron solidarias con otras organizaciones más o menos afines, pero el fondo de los debates fue siempre el mismo: como nuestro dolor es mayor que el suyo, el Estado debe mirarnos primero. Les confieso que me cuesta decir esto, pero aprendí que casi ninguno de esos grupos se veía a sí mismo como parte fundamental del Estado. No se veían como titulares de derechos inalienables, sino como sujetos de atención prioritaria de los dueños de las decisiones.
Por otro lado, durante muchos años he intentado describir, denunciar y combatir la corrupción que corroe al país, desde mis muy modestas trincheras. Y he aprendido, sin embargo, que la gran mayoría de la gente cree que luchar contra la corrupción significa castigar a las personas corruptas: meter a la cárcel a los corruptos y creen que mientras más alto rango tengan, mejor. Quieren pescar peces gordos, pero muy pocos entienden que si las aguas de donde esos peces gordos crecieron se mantienen intactas, habrá otros que vendrán después de ellos y luego otros y otros.
Muy pocos comprenden que la corrupción es la apropiación abusiva de los asuntos públicos: la captura del Estado por unos cuantos, para hacerse de dinero y poder. Y muy pocos han cobrado conciencia de que la batalla no está a la salida, cuando la corrupción ya se cometió y ya hay nuevos peces gordos en la pecera, sino a la entrada, cuando las leyes son vulneradas, burladas o de plano omitidas para poder capturar puestos, presupuestos, decisiones, información y sanciones, en provecho exclusivo de algunos.
Creo con sinceridad que somos víctimas de todas las violencias que nos agobian, por esa misma razón. Damos por hecho que el Estado funciona, que nos protegerá si logramos llamar su atención y que los malos son otros. No es así. El Estado somos nosotros: nosotros mismos y funciona si, y solo si, estamos dispuestos a hacerlo nuestro, cuidando y exigiendo que las leyes se hagan bien y se cumplan bien. No es cierto que mi libertad termina donde comienza la tuya. Mi libertad comienza donde se une a la tuya. Mi libertad es la tuya o no es. Y mientras eso no se comprenda a cabalidad, las causas de la violencia (de las violencias) seguirán vigentes.
