Año 1, núm. 5, diciembre de 2025
ISSN 3122-3583
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Informe sobre el combate a la corrupción 2025. Seis experiencias de nuestra América
Annel Alejandra Vázquez Anderson
El informe regional desplaza la discusión del escándalo al engranaje: muestra que la corrupción no se combate persiguiendo “peces gordos”, sino rediseñando las instituciones que permiten —o frenan— la captura del Estado. Esta es una reseña crítica que destaca las experiencias de México, Uruguay, Chile, Perú, Argentina y Guatemala desarrolladas en el informe que recientemente se publicó.
El Informe sobre el combate a la corrupción 2025. Seis experiencias de nuestra América aparece en un momento especialmente oportuno. La región vuelve a debatir, casi con urgencia, si la corrupción se enfrenta exhibiendo “peces gordos” o transformando, de manera más profunda, las reglas que permiten la captura del Estado.
En medio de esa discusión —a veces ruidosa, a veces simplificada— este volumen coordinado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara entra a la conversación con una propuesta ya probada y muy útil: mirar menos el escándalo y más la arquitectura institucional que lo hace posible; es decir, observar cómo funcionan las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar a la corrupción. Ese enfoque —centrado en mandatos, presupuestos, diseños y resultados verificables— es el hilo conductor del informe y uno de sus mayores aciertos.
La estructura acompaña esta apuesta. Inicia con México, desde tres miradas que dialogan entre sí: el avance real del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la captura del presupuesto y una revisión de la implementación de políticas estatales. Después expande el panorama hacia un ensayo regional y cinco estudios de caso (Uruguay, Chile, Perú, Argentina y Guatemala). Esta transición —de lo nacional a lo comparado— no es decorativa: permite identificar patrones que se repiten, singularidades que importan y, principalmente, reconocer la idea de que el combate a la corrupción no depende de una sola palanca, sino de arreglos institucionales coherentes entre sí.
El enfoque institucional supera la lógica del escándalo y prioriza reglas, presupuestos y mandatos.
Los capítulos sobre México actualizan con precisión lo que se ha hecho y lo que falta del SNA. Señalan no solo lo que dice la ley, sino lo que sí pasa, lo que no pasa y lo que simplemente se simula. El análisis sobre presupuesto muestra con claridad cómo la discrecionalidad y las reasignaciones modifican los equilibrios institucionales. No obstante, quizá la aportación más reveladora está en el balance subnacional: con información de las 32 secretarías ejecutivas y fuentes abiertas, el informe muestra avances desiguales, rezagos estructurales y una brecha de implementación que persiste año con año.
La segunda parte abre el foco hacia la región y cuestiona una tentación recurrente: personalizar la lucha anticorrupción. Este apartado recuerda que concentrarse en individuos —por mediáticos que sean— no modifica las reglas que permiten que los abusos se repitan. La tesis es incómoda, pero necesaria: sin rediseño institucional, profesionalización del servicio público, controles efectivos en compras y presupuesto, y sanciones que realmente se apliquen, América Latina seguirá atrapada en el ciclo de escándalo, hartazgo y olvido.
México exhibe una brecha persistente entre diseño legal e implementación real.
Los estudios de caso profundizan y matizan esta perspectiva. Uruguay aparece como ejemplo de fortalezas institucionales, aunque no exento de retrocesos que rompen el mito de la excepcionalidad. Chile muestra tensiones crecientes en transparencia, compras y control de cargos, a pesar de su institucionalidad robusta. En Perú, el péndulo va del impulso institucionalista posfujimorista a la judicialización de la política, y más recientemente a una coalición antirreformas. Argentina ilustra bien cómo una arquitectura normativa sólida puede desdibujarse cuando los incentivos políticos empujan en sentido contrario. Y Guatemala resume muchos de los desafíos regionales: opacidad presupuestaria, falta de protección a denunciantes, independencia limitada de fiscalías e impunidad persistente.
En conjunto, los hallazgos son contundentes. La captura no es una anomalía, sino una estrategia que prospera cuando reglas y controles son débiles. La brecha entre diseño e implementación —tan visible en México y repetida en otros países— explica por qué políticas bien escritas producen resultados discretos. Y la diversidad de trayectorias nacionales confirma que el combate a la corrupción es un proceso frágil, cuya mayor vulnerabilidad es política: sin coaliciones reformistas estables, las inercias y los intereses regresan.
Los casos regionales confirman que la captura es una estrategia, no una anomalía.
Desde una mirada crítica, el informe tiene varias fortalezas: mantiene coherencia con ediciones anteriores, lo que permite comparaciones, combina datos verificables con lectura institucional y escribe con claridad sin sacrificar complejidad. También hay un par de limitaciones que vale la pena reconocer: los capítulos nacionales tienen grados dispares de profundidad; algunos con análisis históricos sólidos, otros más descriptivos. Esto dificulta una matriz de comparación homogénea. Adicionalmente, en contextos de opacidad y polarización, el análisis depende inevitablemente de fuentes oficiales incompletas.
Sin embargo, la contribución es clara: el informe mueve la discusión del terreno anecdótico al institucional. Explica cómo opera la captura en procesos concretos —presupuesto, cargos, decisiones— y sugiere vías realistas para intervenir. Y es por esa reazón que su contribución es importante: porque ilumina el mecanismo, no solo el síntoma, ayuda a dejar de preguntar “¿quién?” para cuestionar “¿cómo?” y “¿por qué sigue ocurriendo?”.
Sin coaliciones estables, las reformas anticorrupción se desvanecen ante las inercias políticas.
El libro invita a priorizar reformas anticaptura, a profesionalizar los servicios civiles, a blindar procesos de compra y a construir capacidades de evaluación que no dependan del humor político de turno. Es una lectura imprescindible para personas que se desempeñen en el servicio público, contralorías, fiscalías, legislaturas y organizaciones de sociedad civil que quieran reformar con profundidad, no solo reaccionar al escándalo inmediato.
El informe cierra abriendo preguntas que vale la pena mantener sobre la mesa: ¿cómo sostener coaliciones reformistas en contextos donde la discrecionalidad genera ganadores que no quieren cambiar las reglas? ¿Qué incentivos —presupuestales, profesionales o de reputación— mueven a las burocracias a cumplir? Son preguntas que interpelan tanto al público lector especializado como al público general que intuye —con razón— que la corrupción no vive solo en los grandes escándalos, sino en los engranajes cotidianos. Este informe ayuda a entender esos engranajes y ofrece pistas concretas para desarmarlos.
Referencias
Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. (2025). Informe sobre el combate a la corrupción 2025. Seis experiencias de nuestra América. Universidad de Guadalajara.
