Entre la toga y el pueblo: el choque entre la racionalidad jurídica y la política

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron en todo el mundo tribunales constitucionales (4), cuya misión era ser los garantes de los derechos humanos y de la división de poderes. En el fondo, toda la arquitectura jurídica del constitucionalismo —cuyos orígenes van más allá del siglo XVII— estaba orientada a contener al poder, y por ello los jueces constitucionales estaban facultados incluso para dictar sentencias que podían ir en contra de las mayorías —es decir, sentencias que invalidaban leyes, aun cuando estas se aprobaron por parlamentos electos democráticamente— o bien expandir el alcance de los derechos, más allá del sentido literal de los textos.

Estos tribunales fueron la respuesta a los excesos de los poderes “democráticos” que condujeron a la Segunda Guerra Mundial y que incurrieron en los excesos que conocemos. Articulan una esperanza ilustrada: que el derecho podía contener a la política y que los derechos humanos estaban por encima de la voluntad popular.

Stephen Breyer, ministro por muchos años de la Suprema Corte de Estados Unidos, llamó la atención sobre el dilema estructural que enfrentan los jueces en las democracias constitucionales: ¿cómo ejercer una función de control sin sustituir a los representantes electos? (5) Para Breyer, la legitimidad del Poder Judicial no se da por sentada; debe construirse mediante decisiones sólidamente argumentadas, apertura al diálogo institucional y sensibilidad democrática. Incluso en decisiones impopulares, los tribunales deben convencer a la ciudadanía de que su labor es parte del entramado democrático y no un obstáculo. Este equilibrio es frágil. En muchos países, la ciudadanía desconoce la función institucional del Poder Judicial o lo percibe como distante, elitista o politizado. Breyer advierte que sin una comprensión pública de la independencia judicial, esta puede erosionarse rápidamente.

En efecto, a lo largo de los años las críticas al modelo de control judicial se intensificaron. En su obra, el académico Pedro Salazar Ugarte sintetiza la tensión estructural que existe entre democracia y constitucionalismo, que se da tanto en el plano conceptual (tensión entre derechos fundamentales y la autonomía política del soberano) como en el institucional (tensión entre órganos representativos democráticos y jueces constitucionales) (6).

Ello abre el debate a preguntas clave: ¿Por qué los jueces constitucionales deben tener el poder de anular las decisiones de un parlamento electo democráticamente? ¿La democracia constitucional acaba siendo una democracia jurisdiccional o, incluso, una dictadura de los jueces? ¿No se supone que en democracia las decisiones deben ser tomadas por mayorías electas por procedimientos democráticos? ¿No deberían ser esas decisiones objeto de deliberación parlamentaria? ¿Cuáles son los límites del parlamento y cuáles los límites de los jueces?

Los problemas han sido bien identificados por diferentes autores, no así las respuestas, que nunca son sencillas ni pacíficas. En el fondo, subsisten dilemas con múltiples capas de significados, que enfrentan la racionalidad jurídica moderna (conducir y limitar al poder) frente a la lógica de la política (ejercer el poder y conservarlo).

Martin Shapiro, uno de los teóricos más importantes de la teoría política de los tribunales, sostiene que las y los jueces se legitiman cuando actúan conforme a una lógica jurídica autónoma, predecible y razonada (7), pero cuando entran en la esfera política y se espera que “corrijan” las decisiones políticas, su independencia se ve comprometida y su legitimidad disminuye. Para Shapiro, el Poder Judicial es eficaz en tanto conserva su diferencia: es una institución que “habla el lenguaje del derecho”, aunque lo haga en medio de tensiones políticas.