Año 1, núm. 1, agosto de 2025
a fondo
El Poder Ejecutivo frente a la Suprema Corte en Estados Unidos: el reto de la era Trump
Paola Mendoza Mejía
Este análisis aborda el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte en Estados Unidos, centrado en las elecciones presidencias de Donald Trump y su impacto en el equilibrio constitucional, la supremacía judicial y la democracia contemporánea.
El triunfo de Donald Trump en noviembre de 2024 volvió a sorprender al mundo. Un empresario ajeno a la política conquistó la candidatura republicana y ganó la Presidencia en 2016. Su administración representó un quiebre en la tradición política norteamericana y, a pesar de decisiones que se alejaron de la senda del liderazgo de EE. UU. —p. ej. el retiro del Acuerdo de París en materia climática— el fin de su cuatrienio y su frustrada reelección parecieron reinstaurar la normalidad republicana. A pesar del cuestionamiento de los resultados electorales y la toma del Capitolio por un grupo de simpatizantes, la transición al gobierno demócrata de Biden pudo concretarse sin acontecimientos que dieran visos de un quebranto institucional.
En este segundo mandato, con un discurso mucho más agresivo y con acciones radicales (aranceles, migración…), el papel de las instituciones y del sistema de contrapesos adquieren una relevancia central. En particular, si la Suprema Corte puede ser un freno y si el Ejecutivo —con un presidente aguerrido— puede retar su autoridad y vencerla. La historia de los Estados Unidos tiene registro de otros momentos de tensión que merece la pena analizar para comprender la circunstancia actual, incluyendo las resoluciones de la Suprema Corte sobre Trump durante su primera administración y respecto de su segunda candidatura.
Lo anterior, frente a la posibilidad de un tercer mandato, mencionada por el propio presidente y objeto de análisis y debate en la opinión pública y que, en última instancia, tendría que resolverse mediante una interpretación constitucional.
La separación de poderes: el modelo constitucional estadounidense
La Constitución de 1787 determinó la existencia de tres poderes ─Legislativo, Ejecutivo y Judicial─ donde mediante un esquema de ‘controles y equilibrios’ (checks and balances) cada uno funge como límite del otro. El Poder Judicial se establece de forma puntual y acotada: conformado por una Suprema Corte y tribunales menores con jueces que no pueden ser removidos de su cargo, con derecho de “revisión judicial” y, por tanto, de interpretación de constitucionalidad de las leyes (1).
Así quedó asentado en la doctrina de “El Federalista”, esa exégesis constitucional de los padres fundadores, en la que Hamilton señaló en el documento número 78 como elementos constitutivos del Poder Judicial: la independencia e imparcialidad; una naturaleza “menos peligrosa” al no tener el poder de ejecución ni de creación de leyes; y la capacidad de revisar —y corregir— al Legislativo en defensa de la Constitución y como límite a su autoridad. Aunque no aludió directamente al Ejecutivo, su razonamiento permite extrapolar que el presidente, como representante delegado del pueblo, también está sujeto a esos límites constitucionales —que reflejan la voluntad del pueblo—, por lo que cualquier acto que la contraviniera sería, por principio, nulo (2).
La promulgación de la Ley del Poder Judicial de 1789 definió la jurisdicción de la Suprema Corte: los estados, el Congreso y el presidente quedaban sujetos a su autoridad judicial. No obstante, aún se debatía quién podía interpretar la Constitución. Sobre la marcha, la actuación de los jueces revistió a la institución de prestigio y consolidó su poder de forma gradual y casi imperceptible. Según McCloskey, hay una tensión latente entre la noción de ‘soberanía popular’ que refiere a la voluntad del pueblo y el límite que impone una ‘ley fundamental’. Esta contradicción “es una de las cualidades más importantes de la mente política estadounidense en todas las etapas de su historia y ayuda a explicar sustancialmente el empoderamiento de la Suprema Corte” (3).
Como resultado, la Constitución puede aplicarse solo con límites precisos y las decisiones de la Suprema Corte han de tomar en consideración no solo el aspecto legal de estricto apego a derecho, sino que ponderan lo que la opinión pública tolerará. Es decir, el clima político imperante es un factor que incide —aunque sea informalmente y no se pueda establecer en qué medida— en decisiones de gran relevancia de la Suprema Corte, máxime cuando lo confronta de forma directa con el Ejecutivo.
Revisión histórica: el Ejecutivo frente a la Suprema Corte (1803–2016
En una revisión histórica podemos identificar seis ocasiones de confrontación directa entre el Ejecutivo y la Suprema Corte: Jefferson (1803, Marbury vs. Madison), Jackson (1832, Worcester v. Georgia), Lincoln (1861, opinión Ex Parte Merryman), F. D. Roosevelt (1936, iniciativa de ampliación de la Corte), Truman (1952, Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer) y Nixon (1974, U.S. v. Nixon).
El primer caso ocurrió cuando aún se estaba definiendo en la práctica el diseño constitucional de ‘controles y equilibrios’. Jefferson tuvo que aceptar la facultad de revisión judicial e interpretación constitucional de la Suprema Corte en un intento por hacer nugatorio un nombramiento judicial por motivos políticos (4).
Jackson desafió la decisión judicial que protegía a los cheroquis y los expulsó de sus territorios (se le atribuye la frase: “Marshall [presidente de la Corte] ha tomado su decisión, ahora dejemos que la ejecute” como una expresión de oposición y exposición de la capacidad real de poder del Ejecutivo) (5).
Lincoln suspendió el habeas corpus una vez iniciada la guerra civil aún en contra de la opinión del presidente de la Corte, quien consideró la decisión inconstitucional, y solo dos años después el Congreso aprobaría la medida para restaurar la legalidad.
Roosevelt logró realinear el equilibrio de la Corte a su favor después de plantear (amenazar con) el aumento del número de jueces (“court-packing”) para garantizar una mayoría que aprobara sus políticas económicas del “Nuevo Trato”. (6)
Estos cuatro presidentes contaban con el dominio de su partido en la cámara baja, pero solo Jackson y Lincoln actuaron en un frontal y claro desacato. El primero frente a una cuestión sobre la que no había claro consenso (ocupación de territorios indios) y con la presión y el impulso expansionista hasta la costa oeste como motor de desarrollo de una nación en construcción. El segundo, en el marco de una guerra interna donde la urgencia y la concentración del poder en un líder era vital para la victoria. Dos momentos de excepcionalidad.
Los dos presidentes con un Congreso en contra fueron Truman y Nixon, ambos derrotados frente a la Corte acataron sus resoluciones. Truman al intentar incautar plantas siderúrgicas durante la guerra de Corea ante el conato de huelga fue obligado a devolver el control de las empresas a sus dueños (7); y el segundo, en su pretensión de no entregar las grabaciones sobre Watergate ─arguyendo su privilegio constitucional─ fue rechazado por la Suprema Corte al no tratarse de un asunto militar o diplomático sino de un proceso penal, lo cual precipitó su renuncia (8).
Ahora bien, existen también estudios sistemáticos sobre el límite presidencial que se puede imponer a las decisiones de la Suprema Corte, como el de Gardner y Thrower para el periodo que abarca de 1948 a 2015. Estos autores concluyen que los jueces anticipan una posible reacción política contraria y moderan sus decisiones y que la no ejecución representa una amenaza significativa al poder judicial (9).
La pregunta relevante entonces es si actualmente Estados Unidos se encuentra en esa excepcionalidad histórica con un nuevo pacto social en la práctica o en una guerra interna político-cultural que pudiera permitir un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Suprema Corte donde esta última se pliegue a sus intereses.
Primer mandato: Trump, un presidente sin constricciones
Uno de los primeros conflictos lo planteó la restricción migratoria mediante órdenes ejecutivas (travel ban) contra países mayormente musulmanes. Aunque tribunales locales bloquearon la decisión, la Suprema Corte le dio la razón en Trump v. Hawaii (2018) argumentando que no excedió ningún límite de la autoridad presidencial (10) (11).
Tras perder la elección de 2020, Trump denunció fraude electoral. El episodio culminó con el asalto al Capitolio y derivó en el caso Trump v. Anderson (2024), en el que se intentaba impedir su candidatura por presunta insurrección violando el impedimento constitucional de la 14° enmienda, sección 3. La corte estatal de Colorado dio la razón a los quejosos, pero al resolver de forma definitiva el caso, la Suprema Corte echó atrás la decisión afirmando que corresponde al Congreso calificar estas faltas de candidaturas federales para mantener la uniformidad del sistema electoral (12). Trump consiguió un triunfo de la Suprema Corte cuando las encuestas tenían al expresidente arriba en la intención de voto (13).
En paralelo, se presentó otra acusación por delitos en materia electoral para alterar el resultado de la elección presidencial. Trump buscó, sin éxito, que se desechara la investigación en el Tribunal distrital y en la Corte de apelación. Sin embargo, cuando el caso lo conoció y resolvió la Suprema Corte en julio de 2024, nuevamente consiguió una victoria: los expresidentes gozan de inmunidad judicial absoluta por actos realizados en el ejercicio de sus poderes constitucionales y de presunta inmunidad en todo otro acto oficial, reforzando su blindaje legal (14).
Segundo mandato: consolidación del poder y ruta hacia un tercer periodo
Trump ha intensificado la embestida: uso faccioso de agencias del Estado, presiones a opositores, así como ataques a medios de comunicación y a la sociedad civil. La atmósfera política actual refleja rasgos de ‘autoritarismo competitivo’ (15). Hay investigaciones que muestran que la Suprema Corte suele ser deferente hacia el Ejecutivo en temas sensibles, que incorpora razonamientos extralegales por afinidad ideológica y que toma en consideración la aprobación pública del presidente (16). El análisis cuantitativo coincide con el teórico-constitucional: desde el diseño inicial la Constitución diría “lo que las condiciones le permitan ser” dependiendo de las circunstancias y de la expectativa popular (17).
Este es el terreno en que se plantea un posible tercer mandato presidencial. Trump ha coqueteado con la idea desde 2020. En 2025, reiteró públicamente su interés, sugiriendo que podría haber vías legales para conseguirlo (18)(19)(20).
Aunque la 22° Enmienda limita los mandatos presidenciales a dos, algunos expertos exploran vacíos legales: ¿aplica la restricción si no son consecutivos? ¿Podría postularse como vicepresidente (cumpliendo solo los requisitos expresos para ese cargo) y asumir la presidencia? (21). La estrategia, lejos de buscar una enmienda —virtualmente imposible de aprobar— apunta a la reinterpretación judicial, bajo el argumento de que no hay una prohibición explícita para esos supuestos (22)(23).
Conclusión: la Suprema Corte, el poder y la democracia en juego
Cuando se analiza a Trump, no hay que perder de vista en ningún momento el personaje que se tiene enfrente, la forma en que construyó su imagen y discurso, desde las redes sociales (24) hasta el gobierno. En su visión, la política parece tratarse, antes que nada, de establecer un tono. Así, sembrar la idea de un tercer mandato desafiando las reglas (“Rewrite the rules”) no fue una ocurrencia de su equipo sin aprobación, sino parte de una estrategia política, de ánimo social (25).
La ruta nunca ha sido la ordinaria para abrir el debate ─la aprobación de una nueva enmienda—, pues sabe que es un camino cuesta arriba y con un resultado probablemente adverso. Lo suyo es tomar las instituciones por asalto, arrasar. La vía restante es la de la interpretación de la ley donde la estrategia parecería en pinza: por un lado, una Suprema Corte más conservadora, esto es, más proclive a sus políticas y posiciones, garantizado, por supuesto, por el número de nombramientos hechos por republicanos (seis de nueve) incluyendo los tres que propuso directamente él; y, por el otro, una opinión pública que mira con simpatía la extensión de su mandato y que así lo manifiesta (encuestas): el tono social incide o al menos establece el marco en el cual habrá de tomarse esa eventual determinación.
El único presidente norteamericano que ha gobernado por más de dos periodos es Franklin D. Roosevelt de 1933 hasta su muerte en 1945. Fue electo en cuatro ocasiones y su mandato motivó la 22° enmienda que, hoy vigente, limita la reelección a dos cuatrienios. El momento histórico de esta anomalía política en los Estados Unidos se dio en la era de los totalitarismos y con la Segunda Guerra Mundial en curso. En la actualidad, la era de las democracias populistas —o del ‘autoritarismo competitivo’ para usar el concepto de Levitsky y Way o del ‘populismo autoritario’ en la categorización de Norris e Inglehart— parece ser el suelo fértil en el que el asalto al entramado institucional de un político atípico pueda cristalizarse en la democracia más influyente del mundo.
Referencias
(1) “El Poder Judicial se extenderá a todos los casos que en derecho y equidad surjan bajo esta
Constitución, las leyes de los Estados Unidos y los tratados” (artículo 3, sección 2). Constitución de los Estados Unidos. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SPA-Constiution.pdf
(2) Hamilton, A. (1788). Federalist No. 78.
(3) McCloskey, R. (2010). The American Supreme Court (rev. S. Levinson). University of Chicago Press, p. 7.
(4) Irons, P. (2006). A People’s History of the Supreme Court. Penguin Books.
(5) Shesol, J. (2017). When Presidents Think About Defying the Courts. The New Yorker.
(6) McCloskey, op. cit., pp.108-113.
(7) Tanenhaus, J. (1956). The Supreme Court and Presidential Power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 307, 106–113.
(8) Sanford Levinson en McCloskey, op. cit., p. 203.
(9) “Presidential Constraints on Supreme Court Decision-Making”, The Journal of Politics, 85:1 (2023), pp. 139-140; 142-143.
(10) Trump v. Hawaii. (2018). Supreme Court of the United States. https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-965_h315.pdf
(11) Panduranga, H. (2018). Trump’s Travel Ban Is Still Unconstitutional. Brennan Center for Justice.
(12) Bomboy, S. (2024). The Supreme Court’s mixed opinion in Trump’s Colorado case. National Constitutional Center.
(13) Véase por ejemplo https://emersoncollegepolling.com/march-2024-national-poll-trump-45-biden-45haley-primary-voters-break-for-biden-over-trump-in-general-election/ La página interactiva de The New York Times recoge la encuesta del 8-13 de marzo de 2024 con Trump arriba por 9 puntos (41%-50%), mientras que la del propio periódico del 24-27 de febrero le daba 6 puntos de ventaja (42%-48%) [https://www.nytimes.com/interactive/2024/us/elections/polls-president.html] otros datos sobre aprobación pueden consultarse en https://news.gallup.com/610757/2024-presidential-election-center.aspx
(14) Los posibles delitos fueron: conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un proceso oficial (la certificación legislativa del voto del Colegio Electoral), obstrucción o intento de obstrucción de la certificación mencionada y conspiración para negar el derecho constitucional a votar y que su voto cuente. Supreme Court of the United States. (2024). Trump v. United States. https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/23-939_e2pg.pdf
(15) Levitsky, S. y Way, L., & Ziblatt, D. (2025). How Will We Know When We Have Lost Our Democracy? The New York Times.
(16) Yates, J., y Whitford, A. (1998). Presidential Power and the United States Supreme Court. Political Research Quarterly, 51(2), 540–548.
(17) McCloskey, op. cit., p.9.
(18) Vigdor, N. (2025). No, Trump Cannot Run for Re-election Again in 2028. The New York Times.
(19) The Recount. (2025). https://x.com/therecount/status/1884266099694239778
(20) Klinker, P. (2025). How Trump could try to stay in power after his second term ends. The Conversation.
(21) Wehle, K. et al., en Vigdor, op. cit.
(22) Artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos
(23) Bomboy, S. (2024). The 22nd Amendment and Presidential Service Beyond Two Terms. National Constitutional Center.
(24) Singer, P. y Brooking, E. (2018). Like War: The Weaponization of Social Media. Houghton Mifflin Harcourt, pp.1-23.
(25) Eslogan utilizado por la organización Trump en la mercancía publicitaria para promover un tercer mandato. Vigdor, op.cit. passim.
