Año 1, núm. 6, enero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
El militarismo mexicano en la “cuarta transformación”
Carlos Barrachina Lisón *
Lejos de ser una anomalía, el militarismo forma parte de la cultura política mexicana. Este texto analiza cómo, bajo la cuarta transformación, la expansión de las funciones militares ha profundizado la confusión entre seguridad, gobernabilidad y poder civil, debilitando al Estado democrático.
Ni la sociedad ni los políticos conocen bien a las Fuerzas Armadas. Muchos militares tampoco acaban de entender que el mundo está cambiado rápidamente con la ampliación del concepto de ciudadanía.
La militarización de tareas civiles responde menos a una necesidad técnica que a la debilidad estructural del Estado.
En México existe una cultura política autoritaria con claras raíces militaristas que con una mano glorifica a los héroes y, con la otra, castiga a los villanos. Se evidencia en la nomenclatura revanchista de las vías públicas y avenidas a lo largo del país, en las leyendas e interpretaciones políticas de muchos hechos históricos y también en la dinámica política “amigo-enemigo” a la que lamentablemente nos tienen acostumbrados las y los políticos.
En relación a los militares, como en muchas partes del mundo en donde las instituciones políticas democráticas no están claramente consolidadas, en México existe una visión que está convencida de que los militares son más honrados y son más eficientes y eficaces que otros integrantes de la ciudadanía en cualquier tarea que realicen. Otra visión es la que desconfía de ellos, los acusa de las atrocidades más oscuras; sin embargo, dicha corriente, en cuanto se encuentra en el poder, muchas veces los trata de “comprar” o “neutralizar” políticamente, como si se tratara de un animal fiero al que hay que tener contento y bien alimentado para que sea leal.
El gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en Honduras, antes de 2009, trató de implantar el modelo de “compra” de la institución castrense, con el incremento de salarios de los militares y con el trato directo del presidente con la jefatura de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ello no le sirvió para conseguir el afecto ideológico de los militares. Zelaya impulsó un modelo parecido al nicaragüense, el venezolano o al cubano, que en ocasiones se ha identificado con el de soldados que son políticos en uniforme al servicio del gobierno, pero no le resultó.
De forma errónea y prejuiciosa, la administración mexicana de la llamada cuarta transformación está tratando de ganar la indiferencia política y el apoyo logístico de unas Fuerzas Armadas que asume que se mandan solas. Se busca tener tranquila a la fiera al encargarle obras públicas, entregarle poder político y blindar su autonomía. Al establecerse una relación directa de la Presidencia con las Fuerzas Armadas ⎯insistiendo en que Claudia Sheinbaum es la Comandante Suprema de estas, en lugar de señalarse simplemente que es la cabeza del Estado⎯ se fortalece la idea absurda de que es posible la “autonomía militar” en una sociedad que debería pretender ser democrática.
Seguridad nacional y gobernabilidad
El militarismo es una característica de la cultura política mexicana. La militarización es el empleo de los militares en tareas de gobierno. En México, y en buena parte de América Latina, se ha confundido frecuentemente seguridad nacional con gobernabilidad, lo cual se materializa en la presencia de las Fuerzas Armadas en muchas áreas de gobierno y en la falta de consolidación de una administración pública con perfiles profesionales idóneos para los puestos.
La idea de una supuesta “autonomía militar” funciona como coartada para ceder poder político y administrativo a las Fuerzas Armadas.
El autoritarismo de la clase política tradicional ⎯que rehúye a los técnicos que pudieran ser críticos o independientes, y que percibe claramente la falta de control sobre el territorio por la fuerte presencia del crimen organizado⎯ es una condición que entiende que es mucho más sencillo y útil descansar la administración de muchos de los asuntos públicos en las Fuerzas Armadas, en lugar de seguir impulsando la construcción de un Estado que aspira a ser democrático.
En la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano decidió que la forma para cumplir en tiempo con las obras emblemáticas a las que aspiraba el sexenio y neutralizar la “corrupción” ⎯reclamada como algo que escandalizaba a la ciudadanía⎯ era prescindir de funcionarias y funcionarios de la administración pública especializada e involucrar a las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasó en el ámbito de la seguridad pública. La fortaleza del crimen organizado, la debilidad de las policías locales y estatales, así como las muestras de corrupción en la gestión de los fondos públicos, llevó a que el presidente involucrara también a las Fuerzas Armadas en el intento de neutralización de las amenazas criminales.
La corrupción de buena parte de la clase política, así como la percepción ciudadana sobre esta situación, se enfrentó sin atender el problema de raíz, lo cual debilitó al Estado democrático. No se luchó contra la corrupción y se prefirió pausar indefinidamente la consolidación de la administración pública especializada, descansando una vez más en las Fuerzas Armadas. Al final, como era inevitable, soldados y marinos responsables de importantes áreas de gestión pública también han sido señalados de corrupción.
¿Nuevas misiones? ¿Dónde queda la democracia?
Para los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, las “nuevas misiones” son viejas misiones que se arrastran desde el periodo de la Colonia por falta de una administración pública especializada que se incluyen, además, de forma natural dentro de la doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría (DSN). La DSN, impulsada por Estados Unidos, hizo renacer los sentimientos militaristas, buscando el apoyo militar, para neutralizar la inacción de las élites políticas latinoamericanas frente a las desigualdades sociales. Su motivo era que la pobreza aumentaba la posibilidad de que se consolidara en la región la amenaza comunista.
Las Fuerzas Armadas necesitan un liderazgo político legítimo, democrático, que las sitúe en su espacio de competencia —la defensa del territorio nacional— y que les haga olvidar la pretensión militarista de ser la solución a los problemas de las sociedades en las que prestan sus servicios. Lo que desde el Estado debería hacerse es recuperar los territorios del crimen organizado, fortalecer la administración pública, luchar de forma clara contra la corrupción y aprovechar la irrupción de ciudadanas y ciudadanos altamente capaces y formados para construir administración pública especializada. Sin embargo, ello supone defender un Estado de derecho democrático, libertades ciudadanas, equilibrios de poder y alejarse del autoritarismo.
La confusión entre seguridad nacional y gobernabilidad ha normalizado la presencia militar en ámbitos civiles.
La seguridad nacional contemporánea empieza a definirse en México en las décadas de los setenta y ochenta, tras la creación en 1970 del Centro de Estudios Superiores Navales, y en 1981, del Colegio de la Defensa Nacional. Esta visión tiene una clara influencia de la DSN y plantea una confusión evidente entre los conceptos de gobernabilidad y seguridad nacional. Entre las misiones militares se privilegian las que se consideran como propias de la seguridad interior y las relacionadas con el desarrollo de la nación —que es visto, al mismo tiempo, como condición y consecuencia de la seguridad—.
Entre sus prerrogativas se sobreentiende la autonomía militar. Esta forma de entender al mundo es confusa porque justifica la participación militar en la gestión de los asuntos públicos de la nación bajo el pretexto de generar condiciones idóneas para que el Estado o la ciudadanía, si lo vemos desde una perspectiva de seguridad humana, puedan desarrollarse y vivir con seguridad.
Algunos se hacen la pregunta del riesgo que supone para la estabilidad de la actual democracia mexicana el que las Fuerzas Armadas ocupen posiciones políticas de poder. También se plantean si la lealtad institucional que manifiestan los militares se puede traducir en obediencia a un proyecto político determinado o si por el contrario sirven a un Estado abstracto, que no se sabe quién define.
El poder militar en México
¿Existe la posibilidad de que los militares mexicanos den un golpe de Estado y tomen por completo el poder político? No lo necesitan ni lo desean. Su grado de autonomía les ha permitido construir una esfera propia de poder, poco expuesta al escrutinio público y a los mecanismos civiles de control democrático. Una participación más activa no solo atentaría contra la forma de entender su profesionalidad, sino que les haría tener responsabilidades políticas y desgastaría su imagen. El deseo de participar de una forma más activa en la toma de decisiones implica que se tienen soluciones viables a los problemas y que, además, existe confianza en que las alternativas son eficaces para gestionar los problemas.
Hay que entender y saber tratar a las Fuerzas Armadas. Los aduladores, sean políticos, líderes de opinión o académicos no les aportan nada a estas instituciones ni a la democracia. Los que las ven con desconfianza y las golpean gratuitamente, tampoco.
El fortalecimiento del poder castrense ocurre en un contexto de cultura política autoritaria persistente.
Las Fuerzas Armadas son instituciones jerárquicas en las cuales la toma de decisiones está totalmente centralizada. Los secretarios de la Defensa y de la Marina, aunque en ocasiones no acaben de entenderlo, son políticos que sirven en un gabinete determinado. La mayoría de los generales, jefes y oficiales son profesionales y han evolucionado culturalmente con la sociedad mexicana, de la que forman parte. El militarismo profesional tradicional tiene como una de sus características el que los oficiales se sientan por encima de la sociedad y que, si bien aceptan las críticas internas, desconfían de las externas porque las visualizan como una agresión. En algunos casos encontramos generales y jefes que pudieran cumplir este patrón, pero en su mayoría son ciudadanos conscientes que entienden las reglas en las que se mueven.
En el caso mexicano, como ha sucedido en diferentes momentos de la historia en otras partes del mundo, el militarismo entendido como el imaginar que los militares son más eficientes y honrados que el resto de la ciudadanía, se encuentra arraigado en la clase política, alimentando la militarización de la función pública. Alfred Vagts, en 1937, y Manuel Ballbé, en 1983, señalaron que el militarismo está promovido e impulsado la mayoría de las veces por civiles, y eso es precisamente lo que estamos viviendo en México. Esta dinámica, como se ha señalado, se deriva del autoritarismo de la clase política y de la creencia de que la autonomía militar es inevitable.
Los militares son ciudadanos con un perfil profesional determinado, del mismo modo que quienes se desempeñan en el derecho, la ingeniería, la historia, la medicina y otros grupos de ciudadanas y ciudadanos tienen los suyos. Los militares son funcionarios públicos, la defensa es una política pública y estos profesionales no son incompatibles con una sociedad que aspira a vivir en democracia.
Quienes defendemos esta postura, ¿somos condescendientes con la intervención de los militares en la gobernabilidad de México? La debilidad institucional, la captura del Estado, la pobre calidad de la democracia y la cultura autoritaria nos condicionan. Es por ello que no funcionan en el análisis actual las categorías del “deber ser” propio de las teorías de relaciones civiles militares, que se discute en democracias con grados de calidad más avanzados.
Mientras México no decida construir en serio una administración pública especializada, la tentación de confundir gobernabilidad con seguridad nacional se encontrará presente. Es por ello que la pregunta de fondo debe ser planteada al revés, de modo que se pueda centrar en el tipo de democracia y Estado que aspiramos a desarrollar en esta nación. Si dejamos de alimentar la ilusión de la autonomía o el sentimiento de superioridad de los militares frente a la mayoría de las y los ciudadanos mexicanos, las Fuerzas Armadas no serán un obstáculo para la consolidación de la democracia mexicana.
