Año 1, núm. 5, diciembre de 2025
ISSN 3122-3583
a fondo
El juego del “debe y el haber”: corrupción y democracia
María Amparo Casar
El ensayo traza una advertencia tajante: la corrupción no solo captura recursos, captura elecciones, instituciones y presupuestos enteros, convirtiendo a la democracia en un juego de deudas, favores y discrecionalidad absoluta.
Comienzo con una obviedad. La corrupción daña a la democracia por el simple hecho de que trastoca la voluntad popular en todas sus modalidades y dimensiones. Desde el acto primigenio y fundador de la democracia que es el voto popular, pasando por la manera en que se ejerce el poder y terminando por la rendición de cuentas.
El financiamiento ilícito de campañas altera la voluntad popular desde su origen.
Comencemos con las elecciones que son la llave de acceso al poder público. La corrupción electoral afecta, irremediablemente, la libertad de votar y ser votado. No estoy hablando, o no todavía, de normas electorales que favorezcan deliberadamente la permanencia de un partido, particularmente el partido en el poder.
Hablo en primerísimo lugar del dinero ilegal que entra a las campañas. Hace mucho que en la historia de la humanidad las elecciones no se ganan por el valor de las ideas o la naturaleza de la oferta política. Hace mucho que las elecciones requieren dinero y, con algunas excepciones, hace mucho que la mayoría de las veces rige la regla de que, a mayores recursos, mayores triunfos.
La corrupción electoral tiene su principal origen en el dinero. Pueden intervenir otros mecanismos como la extorsión o el condicionamiento de derechos, pero el dinero es el mayor movilizador del voto.
Si el voto se compra, si el voto se condiciona, si un partido gasta más de lo que autoriza la ley, si se permite el financiamiento ilícito, si las autoridades electorales no vigilan y sancionan que las reglas se cumplan, si no traducen votos en asientos de acuerdo con la Constitución, es menester concluir que, una vez alcanzado el puesto, el “elegido” llega con compromisos para saldar el apoyo recibido.
El extremo de este caso sería la intervención del crimen organizado y lo que ello supone para el ejercicio del poder: plata o plomo. Pero esto es harina de otro costal.
El quid pro quo deja de ser un voto a cambio de las afinidades, preferencia y atención de las demandas de la población y pasa a ser un voto alterado. Un voto alterado por la corrupción.
Pasadas las elecciones, y en presencia de funcionarios electos en supuesta libertad, la corrupción corroe uno de los principios básicos de la democracia: el de que el ejercicio del poder refleje las preferencias o demandas del votante.
Según el nivel de gobierno al que nos refiramos, los representantes deben responder a estas preferencias y demandas. No obstante, los representantes llegan al poder con —llamémosla así— una fila de acreedores que buscan el retorno del dinero invertido en las campañas. En palabras más simples, los representantes llegan a sus puestos con deudas por pagar. El origen de este dinero puede ser público o privado. En los dos casos estamos hablando de corrupción pues existen normas que regulan la entrada de recursos a las campañas: monto, origen y tope de gasto.
Estos financiadores sienten el mismo derecho que los votantes de ver representados sus intereses a la hora de gobernar. O, quizá más, porque sin su financiamiento el candidato no habría llegado al puesto.
El cargo público es transaccional. Yo te ayudo a llegar y tú cuidas mis intereses. Yo te enriquezco, tú apruebas leyes que convengan a mi sector. Tú me aseguras contratos, yo invierto. Tú me cercioras un trato impositivo privilegiado y yo crezco los activos físicos en la federación, entidad o municipio. Es lo que se llama la mercantilización del servicio público.
Hasta hace poco, el Poder Judicial estaba blindado de la corrupción que derivaba de la elección popular. Esto se acabó. A la corrupción que sin duda siempre ha existido en el Poder Judicial, pero por otras vías y motivaciones, ahora se sumará también la que viene del apoyo, no precisamente de la población, sino de los financiadores públicos y privados de sus campañas. Ellos entrarán también al juego de “tú me ayudas a que sea elegido y yo te beneficio en mis sentencias”. El juego del “debe y el haber”.
Y aquí resulta más que pertinente la definición del doctor Mauricio Merino en el sentido de que “la corrupción es la captura del Estado y se expresa en el reparto de puestos y presupuestos. No se manifiesta solamente en el dinero, sino en el usufructo del poder político”. Esta definición nos da pábulo a la segunda y quizá más importante dimensión de democracia y corrupción.
Ya dijimos que la corrupción toca el acceso al poder. ¿Y una vez en el poder?
El primer punto es que muchos servidores públicos llegan cargados de deudas. En la hoja contable del “haber y el deber”, la segunda parte de la ecuación, o sea el deber, es mayor. ¿Y con qué se paga? No hay una moneda única.
Se paga con control político (“lealtad”, le llaman algunos) de las autoridades inferiores a las superiores, por el crimen organizado, por intereses particulares que se benefician de contratos y otras prebendas y, por supuesto, derramas ilícitas que provienen del presupuesto público.
Y si no se paga, se esfuma la posibilidad de la reelección o se pierde el cargo; se retienen los permisos y concesiones, o se cierran establecimientos; se congela la inversión o se retienen fondos federales; se pierde la libertad o hasta se arrebata la vida.
Puede parecer muy drástico, pero de cada una de estas consecuencias, en caso de falta de “pago”, hay amplia evidencia. Ahí están los derechos de piso, las extorsiones que cobran —por un lado— las autoridades y los criminales, el favoritismo en los contratos asignados de manera directa, los programas sociales que son condicionados o la eliminación física de cientos de alcaldes por oponerse a ciertos intereses.
La corrupción transforma el servicio público en un sistema transaccional de deudas y beneficios.
Los partidos como entidad de interés público y más allá de sus candidatos, tampoco son ajenos a la corrupción. Las alianzas y coaliciones, electorales o parlamentarias, se compran y se venden. Del Partido Verde se ha escrito hasta el cansancio. Aliado del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. ¿Quién da más?
Pero pongo el más reciente ejemplo. En el presupuesto que acaba de aprobarse, se reasignaron 1 700 millones a los ya famosos Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), operados por el Partido del Trabajo desde hace décadas, a pesar de que han sido sujetos de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
¿Hay algún costo-beneficio en haberle duplicado las asignaciones? Por supuesto, el costo es para otras instituciones que requieren de ese gasto, y el beneficio es para Morena, porque si bien el PT es minoritario, es indispensable para asegurar las mayorías calificadas que se requieren en el Congreso, y muy probablemente para las elecciones de 2027.
Los legisladores también ponen su granito de arena a la corrupción. Qué más que el repentino cambio de parecer del senador Miguel Yunes Márquez (PAN) y su padre Yunes Linares, que actuó como suplente y dio el voto decisivo para que Morena tuviera la mayoría calificada y aprobara la reforma judicial. El costo de la dignidad, los principios, las ofertas de campaña o el ideario del partido por el que se postularon los Yunes no superó el beneficio de la desaparición de sendas carpetas judiciales en contra de esta familia.
Pero quizá donde la corrupción corroe de la manera más profunda a la democracia es en el manejo del gasto público y en la irremediable discrecionalidad que es costumbre en nuestro país.
La mayoría aplastante e irremontable en la Cámara de Diputados —sometida al Poder Ejecutivo— debería ser suficiente para que después el o la presidenta gastaran exactamente lo que aprobó el Congreso. Pero, ya se sabe, en el camino surgen contingencias y caprichos que hacen al Ejecutivo cambiar de opinión.
De esta manera, el inalienable poder del Congreso de decidir cuánto y cómo se gasta, el famoso poder de “la bolsa en manos” de la representación nacional, es primero delegado al Ejecutivo y después subvertido a discreción.
Un simple ejemplo. En 2024, el Poder Ejecutivo reasignó 18.8 % de los recursos disponibles a un destino diferente al originalmente aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El caso del sector salud fue el más escandaloso: pasó de tener 96 989 millones de pesos aprobados en el PEF a haber ejercido únicamente 67 544 millones, una reducción de 30 %. O el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que pasó de un presupuesto aprobado de 105 838 millones a ejercer únicamente 74 219 millones, una reducción de 29 %.
Las cosas no acaban aquí. Los legisladores dicen cuánto se gasta y en qué programas específicos, pero no quiénes son los ejecutores del gasto.
Y “ejecutores del gasto” hay de a muchos: empresas que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) había declarado y boletinado como fantasma que encubren obra y gasto con propietarios desconocidos o a los que se les ha robado su identidad; asignaciones directas a compañías de reciente creación y sin experiencia alguna en el ramo, normalmente de amigos o familiares de los funcionarios (por ejemplo, el “Clan de Andy” o la trama del huachicol fiscal); además de venta de información para obtener contratos en licitaciones abiertas.
A ello se añade una de reciente “uso frecuente” que encubre tanto al ejecutor del gasto como a las condiciones del contrato, e incluso al monto de gasto involucrado: la clasificación de gasto y obra como de interés nacional o seguridad pública, con el fin de evitar que los curiosos metan las narices donde no deben.
Para muestra, el siguiente fragmento de un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023:
Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.
La Constitución, en su artículo 134, señala como excepcional el método de la adjudicación directa. Dice:
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”
Agrega, “cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.
La opacidad gubernamental destruye la transparencia construida en décadas.
Pues bien, en el sexenio de López Obrador, más del 80 % de los contratos para la adquisición de insumos, arrendamientos, obra pública y servicios para atender las necesidades de la ciudadanía, se otorgaron por adjudicación directa. De verdad, ¿podemos suponer que en 80 % de los casos de asignación directa los competidores de las posibles o reales licitaciones no eran idóneas o que sólo había un proveedor?
No sobra recordar, además, que en el Plan Nacional de Desarrollo, emitido por el presidente y aprobado por el Congreso en 2019, se estableció que las adjudicaciones directas se iban a eliminar y que todas las contrataciones se harían por licitación pública.
Y aquí ligamos a la corrupción con otras dos de las características esenciales de la democracia: la transparencia y la rendición de cuentas.
México —sí, en la llamada “era neoliberal”— ideó una ley para transparentar el gasto, se dio autonomía a la ASF, el gobierno instituyó por ley las páginas —gobierno.com— y un gran instrumento para rastrear los contratos y el gasto público, Compranet. No sólo eso, también se reforzó el derecho a la información y se creó un instituto que velara por hacerlo valer, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con autonomía técnica y después el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con autonomía constitucional.
Estas tres medidas ayudaron a hacer más creíble nuestra democracia. Años después, con la llegada de Morena al poder, fueron perdiendo presupuesto y autonomía. Hoy las tres nos hacen descender en los diversos índices que miden la calidad democrática y el Estado de derecho, mientras que nos hacen crecer también en los índices de corrupción.
Van algunos ejemplos de nuevo. Durante el sexenio de López Obrador desaparecieron o quedaron desactualizadas tres de cada 10 páginas de gob.mx. Gracias a la información contenida en cada una de estas páginas, ciudadanía, empresariado, academia, think tanks, periodistas y organizaciones de la sociedad civil podíamos recabar los datos para que el gobierno rindiera cuentas de erogaciones, abuso de funciones, incumplimientos, nombramientos, uso de recursos, asignaciones directas etc. En caso de no obtenerla, teníamos al INAI para hacer valer el derecho a la información.
De otra manera los investigadores no hubiesen podido descubrir los cuantiosos actos y redes de corrupción como la Estafa Maestra, Odebrecht, Las Empresas Fantasma de Javier Duarte, Los Piratas de Borge o Segalmex, por sólo dar algunos ejemplos.
El expresidente López Obrador permitió que se violara la ley al no exigir que la información estuviese disponible. La volvió a violar al desacatar una y otra vez las resoluciones del INAI. No le bastó. Al final de su mandato envió una iniciativa para desaparecer al INAI y, en la legislatura que ahora comanda la presidenta Sheinbaum, el garante de la información desapareció.
Regresamos, no a los tiempos de Miguel de la Madrid en la que existieron por primera vez los controles intra-orgánicos, con la creación de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), sino aún antes. Retrocedimos hasta los tiempos de López Portillo (1976-1982). ¡Cincuenta años!
La desaparición del INAI, enmascarada como un asunto de austeridad republicana y de “mejor” utilizar los recursos para el “pueblo bueno”, fue una burla. Al INAI le recortaron el presupuesto de manera consistente durante todo el sexenio anterior: 27 % en términos reales.
La presidenta Sheinbaum comulga con la opacidad. Sabe que la transparencia es un instrumento peligroso para los gobiernos. Sabe también que es un incentivo y una tapadera para la corrupción. Y, ya se sabe, la corrupción da dinero y poder. La última noticia en materia de opacidad es la desaparición de la información de la fallida megafarmacia. La opacidad es también un arma en favor de la impunidad, mancuerna de la corrupción.
Por su lado, la ASF ha quedado en la irrelevancia. Prácticamente desaparecieron las auditorías forenses que fueron indispensables para investigaciones tan relevantes como la Estafa Maestra. Y no sólo eso. Después de que el auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, declarará que el sobrecosto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco alcanzaba los 332 000 millones de pesos, fue cesado. Esto ante la declaración del presidente López Obrador de que él tenía otros datos y que los que ofrecía la ASF eran exagerados.
Igualmente fueron canceladas 114 auditorías propuestas sobre la pandemia de covid-19, la auditoría que revisaría el tema de “Medicamentos para el Tratamiento del Cáncer Infantil” y la de la “Adquisición y Acondicionamiento de Vía Férrea entre Palenque y Campeche, en los Estados de Chiapas y Campeche”, entre muchas otras.
¿Por qué quitarles presupuesto, capturarlos y después quitarles autonomía o desaparecerlos? La respuesta es simple: ayudaban a develar la corrupción gubernamental y a poner en serios aprietos a los funcionarios y sus beneficiarios.
Reflexión final
Vuelvo a referirme a la definición del doctor Merino sobre la corrupción: la corrupción es la captura del Estado y se expresa en el reparto de puestos y presupuestos. La pregunta es: ¿cómo se captura al Estado y cómo se reparten puestos y presupuestos?
Se captura al Estado haciéndose del poder político. Desde la Presidencia, pasando por el Congreso de la Unión, las gubernaturas, presidencias municipales, legislaturas estatales y todo aquel puesto que requiera ratificación del Congreso.
La captura del Estado opera con llaves de discrecionalidad que abren todas las puertas del poder.
Como por fortuna los golpes de Estado cayeron en desuso, ahora se utilizan las elecciones como medio de captura. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo.
Una vez obtenido el puesto comienza a operar el “dispositivo del llavero”. El llavero del ejercicio discrecional del poder. Mientras mayor sea el número de llaves y mientras más grandes las puertas que abran, mayor será la oportunidad de corrupción en todas sus modalidades. Si eres presidente de la República, el llavero incluye la posibilidad de hacer, por medio de la Secretaría de Hacienda, ampliaciones a las partidas aprobadas en el presupuesto para favorecer a ciertas secretarías o para decidir destinos específicos de los recursos. Para hacer clientelismo y volver a ganar las elecciones.
Tiene también la llave para decidir infinidad de contratos millonarios: compras gubernamentales para beneficiar amigos o comprar aliados; para asignar obra pública; para utilizar los recursos de comunicación social con fines promocionales; para retener las ministraciones a los estados como instrumento de control y disciplina; para decidir qué y a quién se persigue; y hasta para usar los servicios de inteligencia con fines políticos.
Nada de lo que aquí se relata podría clasificarse como el ejercicio democrático del poder.
Los gobernadores tienen llaves equivalentes. Aunque los presupuestos de los que disponen son menores, o sea sus llaves abren puertas más pequeñas, su margen de maniobra solía ser mayor que el del Ejecutivo Federal porque los ejecutivos locales estaban mucho menos vigilados. Ya no es el caso. Ahora el Ejecutivo Federal goza de la misma discrecionalidad que los estatales.
Las llaves de los presidentes municipales abren puertas todavía más pequeñas, pero nada despreciables. Si no fuera el caso, los gobernadores no estarían interesados en imponer o “hacer ganar” a sus candidatos ni el crimen organizado en capturarlos.
Si vamos al Poder Legislativo, ocurre lo mismo. El Congreso de la Unión tiene llaveros y cerraduras muy grandes y una bolsa nada despreciable de 17 500 millones de pesos (2025). De ese presupuesto destacan las opacas y absolutamente discrecionales “asignaciones a grupos parlamentarios”, que llegan a sumar más del 17 % del presupuesto de las Cámaras.
Finalmente, la corrupción afecta la democracia porque impide la vigencia del Estado de derecho. Normalmente se habla de corrupción como el uso del poder público —en particular por parte del Ejecutivo— para beneficio privado. Pero la corrupción tiene también sus garras puestas en el Poder Judicial y la impartición de justicia.
Esta siempre ha sido una asignatura pendiente, pero después de avances desde luego insuficientes, ahora también el Poder Judicial se regirá por las reglas que imponen los procesos electorales que capturan puestos y presupuestos.
Para terminar, está el tema de que la corrupción erosiona la confianza en la democracia. Si no hay confianza pública en las instituciones, la democracia se devalúa. Y aquí hablamos de instituciones y no de popularidad de los personajes políticos. Al menos en México, la popularidad está despegada de la aprobación de las políticas públicas y de sus ejecutores.
La aprobación presidencial en México es hoy de 70 % para la presidenta Sheinbaum, pero la aprobación de su desempeño en materia de corrupción es solo del 13 % (El Financiero, 3 de noviembre de 2025).
A pesar de que en la mayoría de las encuestas la corrupción aparece como la segunda preocupación de la población —siempre por debajo de la violencia que también está inextricablemente ligada a la corrupción gubernamental— en el horizonte no aparece ni un rayo de esperanza.
La corrupción documentada en el sexenio anterior y la impunidad en la que se ha mantenido en el gobierno de Sheinbaum, son indicadores de que no hay interés alguno en controlarla ni de facto ni de jure.
De facto, ya tenemos corruptelas que se han fomentado y después dejado pasar, como la de Seguridad Alimentaria (antes Segalmex) con un desfalco de 2 000 millones de pesos. La del sexenio pasado (el huachicol, el huachicol fiscal y el diesel-huachicol) pero revelada en 2025, no tiene calificativo. Se habla de la exorbitante cantidad de 500 000 millones de pesos. Se ha mostrado la red política y privada que operó y opera la red. Se conocen las investigaciones con personajes, mecanismos, rutas y montos. El periodismo de investigación ha involucrado homicidios y fugas. Pero ahí ha quedado.
De jure, ha habido dos tipos de cambios constitucionales y legales. Aquellas que han desaparecido la certeza jurídica y aquellas que demolieron los pesos y contrapesos. Ambas indispensables para la democracia. Ambos alicientes para la corrupción.
Mientras tanto, en México el partido en el gobierno se ha dedicado a demoler instituciones y, ya se sabe, instituciones políticas débiles y no sujetas a escrutinio son terreno fértil para la corrupción. Por eso tiende a haber una relación entre autoritarismo o democracias débiles y corrupción.
