entre-mes
Ecuador: el notable triunfo del No en el Referéndum y Consulta Popular de noviembre 2025
Amparo Menéndez-Carrión * y Fernando Bustamante Ponce **
Hacia el cierre de 2025 la sorpresiva apelación del presidente del Ecuador a los mecanismos de democracia directa se topó con un ‘pare’ tan fuerte como inesperado. El resultado del Referéndum y Consulta Popular de noviembre tiene mucho que decir acerca del tipo de fuerzas en disputa, mas no para continuar insistiendo en los ‘déficits’ y ‘fatigas’ de la democracia en el caso ecuatoriano (entre tantos otros atrapados en ese tipo de relato), sino para volver a la cuestión de la ciudadanía desde sus pulsiones más virtuosas, en un contexto improbable. Este resultado muestra los recursos de capital democrático disponibles operando en defensa de un Estado de Derecho(s) bajo ataque, con implicaciones para la reflexión-acción por demás significativas, que en este apunte procuramos sugerir (1).
I. Pronúnciense: Sí o No
Tercera convocatoria electoral del año y, contando desde 2023, la sexta (2) La cita fue solicitada por el presidente Daniel Noboa en setiembre. El Consejo Nacional Electoral la fijó para el domingo 16 de noviembre. Cuatro preguntas. Tres de referéndum. Una de consulta popular.
El solicitante iba en procura del Sí. Mas en un resultado tan imprevisto como el pedido de cita, la abrumadora mayoría de los 13.9 millones de votantes le dijo No al presidente. No en la primera pregunta: instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano (60.8% de rechazo). No en la segunda: eliminación de la obligatoriedad del Estado de respaldar financieramente a los partidos políticos (58,3 % de rechazo). No en la tercera: reducción del número de legisladores en la Asamblea Nacional —léase, Poder Legislativo unicameral— (53.7% de rechazo). Y, finalmente, No a convocar una Asamblea Constituyente, con lo cual el resultado buscado por el presidente en la consulta quedaba trunco con el mayor porcentaje de rechazo registrado en las papeletas (61.8%).
II. El Sí de los dados cargados y su ambientación fallida
El triunfo buscado marchaba muy seguro de sí mismo. Era como si, acorde con su estatus de heredero de un imperio económico mundialmente prime (un colosal conglomerado comercial y financiero, sin par en Ecuador, basado en la exportación de banano, en la agroindustria, en el negocio naviero y en decenas de otras empresas, con base en Guayaquil y Nueva York), el señor Noboa pudiese comandar la aeronave de última generación hacia su ansiado encuentro de presidente con el Sí en piloto automático, para aterrizar en pista sin obstáculos a la vista.
El desconocimiento del grueso del electorado ante las materias de la cita no parecía motivo de preocupación —desde el oficialismo no se emitieron señales de información sustantiva y, menos aún, de apertura al debate público. Los trece días de licencia solicitada por el presidente para conducir la campaña oficial parecían bastar. El despliegue de otro tipo de recursos se estimó más efectivo.
II.A. La tienda de campaña
El aparato del Estado bien podía fungir de tienda de campaña. A un jefe de Estado proclive a deslindar las gramáticas de la corrupción del uso privado de los recursos públicos —cuando quien define cuáles usos han de ser así entendidos es él mismo— no tiene por qué temblarle el paso a la hora de hacer la ética a un costado para trasgredir la barrera.
Desde aquella tienda podía adelantarse a los funcionarios y empleados del Estado el décimo tercer sueldo (“bono navideño”) de diciembre a noviembre (anticipo que, de no ser ilegal, era claramente violatorio del espíritu de la ley); o hacerse la vista gorda a la crítica situación financiera del país repartiendo bonos y ayudas sociales días antes de la cita. Sería ingenuo deslindar este tipo de munificencia a tácticas de mercadeo estimadas efectivas para ambientar el Sí —en un cálculo que daba por sentado los magros recursos de una oposición cuya dispersión se entendía equivalente a la falta de musculatura para montar una campaña en condiciones de arruinar la ‘fiesta cívica’.
Por lo demás, en un país agobiado por la retórica del miedo —machacada cotidianamente desde el gobierno y circuitos afines— también debían servir los golpes de efecto. De allí que, a siete días de la cita, y aun cuando estuviese pendiente el 60% de la obra, se efectuara el traslado —ignominiosa exhibición en pantalla de por medio— de un primer grupo de 300 reclusos a la cárcel de máxima seguridad que el presidente había prometido construir —y en cuyo anuncio figuraba la dotación de tecnologías de punta, Inteligencia Artificial incluida. Entre los reclusos, allí estaba Jorge Glas, ficha de triunfo obscenamente exhibida como recordatorio de la improbidad del Correísmo, y de la intrepidez de un gobierno ‘patriota’ que en abril 2024 no había vacilado en echar por la borda los principios más elementales del derecho internacional para asaltar la Embajada de México en Quito y secuestrar al exvicepresidente (3). De allí, también, la intensificación de operativos policiales y exhibición triunfante de capturas.
Hubo también otros recursos. No cabe entenderlo de otro modo: dando por sentado el beneplácito de la mayoría de votantes ecuatorianos a la estrecha relación entre el presidente Noboa y el actual presidente de los Estados Unidos de América, mal podía faltar la reafirmación publicitaria de que el primero contaba con el respaldo del segundo — el Secretario de Estado de la Administración Trump visitó el Ecuador a principios de setiembre, días antes de la convocatoria, y su colega Secretaria de Seguridad hizo lo propio, esta vez, a menos de una semana de celebrarse la consulta.
Agreguemos que al comando del Sí no le faltaban medios —entre amablemente complacientes e indisimuladamente alineados al gobierno— en la forma de periódicos y televisión abierta y por cable. Los creativos de la publicidad oficialista que han acompañado la Administración Noboa desde el primer día: mención aparte. A su cargo estaba el implacable bombardeo digital de videoclips que mostraban una suerte de país de celuloide y pasarela ejecutiva con música de fondo y efectos especiales evocadores las veces de Rambo, las veces de Ken, más variedad de Barbis cumpliendo distintos quehaceres, todos meritorios, todos bonitos, ‘por nuestro lindo Ecuador’.
II.B. Fin de fiesta
Hacia la noche del domingo el No fue marcando tendencia hasta asentarse con firmeza. Y bastó el zapeo para advertir rápidamente una suerte de constante, es decir, las reacciones de indisimulada molestia, rayanas en el enojo, de los panelistas en los canales de televisión, tan generalizadas como decidoras acerca de los sesgos implícitos en la autoproclamada imparcialidad y ponderación de los hablantes que componían sobre la marcha variaciones sobre el mismo tema, al tenor de ‘este es un país ingobernable’, ‘la gente no entiende’, ‘no quieren que las cosas marchen bien’. Poco después, cierre temprano de transmisiones en vivo, incluyendo la del Consejo Nacional Electoral, cuya presidente se presentaría ante las cámaras a eso de las 21:30 horas para decir que la tendencia ya era clara y que la transmisión se interrumpía ahí. Nada de responder preguntas de los reporteros que empezaron contritos a abandonar el recinto.
Mientras tanto el presidente efectuaba una suerte de ‘mutis por el foro’ completamente ajeno al protocolo de rigor. Por toda presencia ante la Nación para celebrar el éxito de la convocatoria en desarrollarse sin irregularidades de por medio y, por cierto, sin muertos ni heridos en medio de aquella “guerra interna” que el gobierno y el despliegue de uniformes en las calles les recuerda a los ecuatorianos todos los días, el presidente emitió cuatro líneas en su cuenta de la red social X: “Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Respetamos la voluntad del pueblo” —como si hubiese que celebrar las credenciales de demócrata de un presidente sobre la base de respeto semejante, siendo su opuesto una obviedad no consentida. A esas dos oraciones agregaba una suerte de apostilla: “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”. Punto final.
Bastaba aquella gesticulación de indisimulada irritación para corroborar ex post la autoconfianza oficialista al convocar la consulta. Y pronto se supo. Inmediatamente después de conocido el resultado el presidente había partido raudo a los Estados Unidos de América, país del que también es ciudadano; y como es usual en sus idas al exterior —de una asiduidad que por acumulación ha concitado cada vez mayor atención— sin que se sepa su agenda.
III. El resultado en los medios
Desde luego. En los días posteriores a la consulta los programas de radio, canales de televisión abierta y por cable, prensa en papel y digital, paneles y entrevistas en línea, se volcaron a interpretar el resultado.
En los medios comerciales —de manera más ostensible o velada, para el efecto poco importa— predominaba una suerte de empatía gobiernista sin que, dicho sea de paso, la obsesión de señalar al expresidente Rafael Correa como responsable de los peores males del Ecuador se infiltrara sin cesar, viniese o no al caso. De vez en cuando, y en talante prudente, se asomaba la pequeña advertencia a guisa de ‘crítica constructiva’ al presidente y sus fallos. Tampoco faltaron quienes a guisa de imparcialidad morigeraban su evaluación del “fracaso del presidente” apresurándose a señalar que no solo perdió el oficialismo en la contienda sino también los líderes de la oposición (léase, de Revolución Ciudadana y del movimiento indígena), quienes (presuntamente) habrían querido recobrar protagonismo con una asamblea constituyente como plataforma.
La retórica imperante era de carácter prescriptivo. Y notoria la presencia de un abultado voluntariado de presidentes vocacionales que no solo suelen reproducirse descontroladamente en las redes sociales sino cuyas alocuciones dominan los programas de opinión de la radio y televisión que el ciudadano de a pie sintoniza. De allí la profusa diseminación de todo tipo de variaciones del tema ‘esto es lo que hay que hacer de aquí en adelante’.
Difícil no advertir una suerte de consenso tácito entre los comentaristas de consulta frecuente en este tipo de medios: cabía entender el triunfo del No, mínimamente, como un “llamado de atención”, mas también como un “castigo”. El gobierno había emitido mensajes confusos acerca del porqué de las propuestas, y la opacidad como estilo de comunicación generaba desconfianza. Y, sí; había problemas de gestión. La gente no entendía cuál era el rumbo.
Repárese en la premisa implicada en esa manera de encuadrar los fallos: si la razón del No era un electorado que “castigó” al gobierno. bien podrá premiarle con su respaldo si se enmienda. Si hasta el momento el problema había sido de gestión (comunicacional o de políticas) el gobierno no solo debía, sino que podía cambiar de rumbo, siendo frecuente la opinión (reduccionismo tecnicista si los hay) que de lo que se trataba era de efectuar “cambios de gabinete” y reclutar “mejores asesores”. Adviértase que al circunscribir los errores del gobierno —fueren estos considerados graves o no tanto— a una gestión pasible de enmienda, los énfasis registrados hasta aquí funcionan, en última instancia (con intención o sin ella), para amortiguar la índole y magnitud de sus fallos —dejando intocado su sustrato ideológico.
No faltaron críticas de mayor alcance. Por un lado, estas se colaban ocasionalmente en algún medio que hacía encomiables esfuerzos por dar cabida a opiniones críticas más frontales. De allí que no faltaran referencias al “giro autoritario” del presidente, ni a los serios episodios de corrupción que involucraban a su familia y miembros de su entourage; cuanto tampoco al uso arbitrario del poder en la forma de represión, arrestos indebidos, torturas, y muerte de niños inocentes en manos de policías y militares que habían quedado sin aclaración de responsabilidad de las autoridades del más alto rango —datos de conocimiento público que para estas voces críticas sumaban en mostrar el ejercicio antidemocrático del poder gubernamental por parte de aquel mandatario que no había vacilado en colocar el aparato del Estado a servicio del Sí.
Por otro lado, el predominio de medios complacientes no significa la ausencia de algunos programas de radio, prensa digital, audiovisuales, y podcasts a todas luces superiores en calidad, profundidad, y apertura a una pluralidad de voces, incluyendo la academia crítica y activistas de base progresistas y de izquierda. En estos medios de menor difusión los panelistas y entrevistados colocaban la mira en el resultado al tenor siguiente: con su típica ligereza, el oficialismo había subestimado las tensiones sociales que este mismo generaba; y, por ello no estuvo en condiciones de entender y menos aún de dimensionar los gestos de resistencia social que a la sazón abundaban; o tal vez estos no le importaban, por entender que bastaban sus tácticas de propaganda para domesticar a un pueblo que despreciaba. De allí que el resultado fuese “un triunfo del pueblo ecuatoriano” que, a falta de información, pudo “intuir” que no había “buenas intenciones” detrás del Sí. Es interesante: en general, y tal vez por tratarse de evaluaciones sobre la marcha, las gramáticas de este respetable sector de voces críticas eran más bien declaratorias —de la “indignación” y “enojo” expresado en el contundente triunfo del No— y la cuestión de las ideologías políticas no aparecía demasiado, más allá de referencias expresas a las “políticas neoliberales” de un gobierno de derecha con tintes “fascistoides” que aquel “pueblo intuitivo” había rechazado.
Hasta aquí los rasgos generales del panorama registrado. Más allá del interés en sí de las representaciones disponibles, interesa regresar al No colocando el lente de manera distinta, a fin de explorar las pulsiones antagónicas a la base del resultado. El perímetro está delimitado por la índole del evento —una consulta electoral. Bajar el lente excavando la superficie para situarlo en el subsuelo de lo que está a la vista —cuatro respuestas concurrentes—permite ir al encuentro de algo no por menos visible, y un tanto más abstracto, menos fundamental, que no es otra cosa que la lógica inmanente a las fuerzas en disputa.
IV. Las fuerzas en disputa y la notable significación del No (4)
En todo conglomerado humano relativamente complejo sin situaciones límite de por medio (una guerra civil, digamos), habrá fuerzas y pulsiones opuestas coexistiendo en algún grado de tensión. Y en aquellas sociedades en las cuales la idea de democracia tiene algún tipo de cabida, habrá fuerzas imantadas a esta y otras que no. Obviemos las zonas grises del terreno en tanto, para efectos presentes, no interesan. Sí interesa detenerse por un instante en la cuestión de la ciudadanía para subrayar que el ‘momento’ hacia el cual se proyecta la lógica de las fuerzas democráticas más virtuosas –aquellas que buscan habilitar la convivencia plural-igualitaria desde los planos social, cultural, y político—no es otro que el ‘punto’ en que sus modos de relacionamiento y convivencia logran ‘fijarse’ en el terreno lo suficiente para avanzar hacia el lugar de la hegemonía —momento cuya estabilización trae consigo el disciplinamiento de las fuerzas antitéticas y su consiguiente pérdida de radio de acción, con lo cual serán estas las que pasarán a ocupar los márgenes.
Ubiquémonos ahora en el contexto societal concreto al cual este apunte refiere. La especificidad de este contexto obliga a situar las lógicas opuestas implicadas en el despliegue de las fuerzas en disputa dando por sentada una forma de régimen híbrida, es decir, un régimen político formalmente democrático en el cual, por un cúmulo de factores histórico-estructurales, las pulsiones autoritarias han tenido amplio campo para asentarse en múltiples locus —el poder gubernamental señaladamente—entrampando las pulsiones democráticas una y otra vez y, ni qué decir, interponiendo barreras de cuidado en el camino hacia el horizonte social, político, y cultural de una convivencia plural-igualitaria. Precisamente por esta razón, en el caso ecuatoriano interesa prestar —mucha— atención al despliegue de lógicas virtuosas cuando sus pulsiones asoman.
Esto, desde luego, sin perder de vista que su radio de acción suele ser dominado por pulsiones autoritarias provenientes ‘desde arriba’ a través de la dupla ‘forma de régimen’ y ‘mecanismos de regulación informal’ (5) pero —por una cuestión de opción (epistemológica y política, opciones que van juntas)— distanciándonos de aquellos encuadres canónicos de la sociología y la ciencia política que suelen desestimar la aparición de la lógica democrática en escena por su carácter fugaz y episódico. Es el despliegue de esta lógica virtuosa, sin embargo, la que más interesa considerar desde la reflexión-acción, de cara al futuro.
Sugiramos enseguida cuatro elementos de encuadre. Primero, que el trasfondo de la tensión entre las lógicas en cuestión corresponde al campo de las ideologías políticas. Segundo, que los regímenes de regulación informal se asientan en el terreno cultural (de allí su poder). Tercero, que estos regímenes expanden su radio de acción desde el flanco derecho del espectro político. Cuarto, que el campo de la derecha se atendrá a las reglas de juego democrático en la medida en que se las discipline —a través de fuerzas de despliegue impulsado desde el campo de la izquierda. Y, finalmente, que el horizonte democrático se cifra en el contrapoder (lógica virtuosa) que desde el campo de la ciudadanía se pueda construir, con mediaciones partidistas o sin ellas.
Revisitar el No desde los énfasis esbozados hasta aquí, nos lleva a advertir tres puntos, entre ciegos y difusos, del panorama registrado en la sección anterior (III). El primero remite a la (des)ideologización del resultado, punto ciego se fragua desde el sesgo tecnicista, al reducir el énfasis explicativo, con intención o sin ella, al ámbito de gestión (comunicacional y de políticas). El segundo punto ciego remite a la (des)ciudadanización del resultado —omisión facultada, con intención o sin ella, al reducir la explicación del No al plano un tanto inasible de la ‘intuición’ y/o de las afectividades más elementales de la masa de votantes (el predominio de la ‘irritación’ y el ‘enojo’) que separa las pulsiones democráticas, artificialmente, de algún grado —reflexivo— de conciencia ciudadana. El tercero remite al confinamiento del factor geopolítico a la instalación de bases militares extranjeras para el combate al narcotráfico.
Advertir estos tres puntos, entre ciegos y difusos, compele a subsanar las omisiones. Procuremos entonces calibrar la significación del No interpelando su significado desde y más allá del modo concreto y situado en que compareció en la coyuntura. Este desplazamiento de mirada permite explorar el resultado del referéndum y la consulta popular desde su relación con la cuestión de la ciudadanía fijando el lente en lo que este torna visible acerca de la difícil construcción del ‘ser público’, ‘estar en público’ y ‘hacer lo público’ en condiciones altamente adversas, donde la forma de régimen y el momento geopolítico mundial se conjugan en su contra. La indicación que emerge a partir de este tipo de exploración es por demás notable, y no es otra que la escenificación de un momento ciudadano cuyo sustrato democrático permitió detener —a raya— el asalto de un gobierno sobre los parámetros más básicos del Estado de Derecho.
IV.A. Cinco barreras contundentes
Considerados juntos, los cuatro No significaron el levantamiento de cinco barreras de contención cuya importancia material y simbólica es difícil de subestimar. Veamos.
1. El No evitó la instalación de un circo electorero. No pasemos por alto que el Estado ecuatoriano ha estado al límite de la sobrevivencia financiera desde hace al menos dos años, factor que claramente no fue contemplado por el presidente al embarcar las finanzas públicas en la denodada búsqueda del Sí mediante un impromptu electorero, sin importar el millonario costo del burdo montaje. Claro que la oclocracia del siglo XXI es ducha en recursos escénicos. No solo comparece en la forma de legislaturas cuyo sello de marca es parlamentar sin ton ni son (Ecuador), o que se perfeccionan al punto de constituirse en versión oclocrática de un régimen parlamentarista (Perú), sino también en poderes ejecutivos cuya comprensión de la comunicación consiste en una especie de desfile mediático permanente para reemplazar información por entretenimiento, incluyendo los procesos electorales como plataforma de distracción. De haberse aprobado la convocatoria a una asamblea constituyente el calendario circense iba a extenderse por dos años (2026, 2027) —para elegir asambleístas constituyentes primero, y luego para pronunciarse sobre el proyecto de nueva Constitución.
2. En un país huérfano del tipo de organizaciones partidistas que tantos juristas y politólogos institucionalistas le reclaman al sistema político ecuatoriano desde hace décadas, el No evitó la eliminación de las responsabilidades del Estado hacia aquellos canales de procesamiento de demandas cuya fragilidad o ausencia se deplora. Si bien las razones puntuales aguardan exploración detenida, el pronunciamiento es de por sí elocuente en mostrar que el grueso del electorado no vio cómo el eventual fortalecimiento de los partidos políticos podría vincularse (como el oficialismo pretendía) a la eliminación de la obligación del Estado de disponer recursos presupuestales para ese fin. Con ello el electorado salvó el Fondo Partidario Permanente orientado a reducir, al menos parcialmente, la dependencia de los partidos políticos al aporte de afiliados e intereses privados de auspiciantes temporales; y también se salvaron los estímulos para la capacitación de militantes. No cabe desestimar, por lo demás, que la atribución de esta responsabilidad al Estado no apuntaba al corto plazo al momento de consagrarse en Ley (diecisiete años atrás) sino hacia un horizonte imantado por la idea (democrática) de apuntalar las transformaciones (culturales) necesarias para que un sistema de partidos digno del nombre comparezca en escena.
3. El No evitó la reducción del número de legisladores, noción presumiblemente asentada en el supuesto de que el (¿buen?) funcionamiento de una Asamblea es contingente en la variable ‘tamaño’. Fuesen 151 (número actual) o 73 (número propuesto). la pregunta presuntamente empática del oficialismo con la trillada referencia al desasosiego de los ecuatorianos por el bajo estándar del Poder Legislativo naufragó —en manos de una mayoría de votantes cuyo rechazo le demostró ajena a la puerilidad implicada en la propuesta.
Vayamos ahora a la cuarta y quinta barreras, las de mayor envergadura interpuestas a un presidente que gusta lucir uniformes de fatiga y cascos de combate; y quien no aprecia los chalecos de fuerza en la forma de cartas constitucionales, contrapesos y balances, regulaciones expresas y, menos aún, a los funcionarios del Estado que se empeñen en hacerlas cumplir.
4. Con el mayor porcentaje de rechazo registrado en las papeletas (61.8%), el No a la Asamblea Constituyente evitó el montaje aquella suerte de ‘hora cero de la política’ que el presidente buscaba (6) deshaciéndose de la Constitución vigente — chaleco de fuerza imantado al eje ideológico que se extiende desde la izquierda a la llamada ‘centro izquierda’, incluyendo una idea (la fortaleza de lo público) que desde el campo de la derecha corresponde a la enemiga material y simbólica más peligrosa de la desregulación a todo nivel y escala —la privatización de recursos naturales estratégicos de manera señalada.
La llamada Constitución de Montecristi —vigente desde 2008— ha sido denostada desde el campo de la derecha y zonas aledañas debido a sus ‘excesos garantistas’. El ataque se vocifera incesantemente asociando la Constitución con el expresidente Rafael Correa, quien por entonces iniciaba su primera Administración con un brío radical que eventualmente abandonó. Para efectos presentes interesa subrayar tres cosas. Por un lado, que la aprobación de esta carta constitucional concitó atención y aplauso urbi et orbi en circuitos progresistas y de izquierda, mas también en fundaciones, organismos y circuitos internacionales desarrollistas a secas, por su alcance de avanzada en materia de derechos —los de todo ser viviente, incluyendo el patrimonio ecológico del planeta cuya custodia recae en suelo ecuatoriano. Por otro, que la elaboración de esta Constitución involucró el más amplio espectro de organizaciones de base, representando, por consiguiente, un momento-ciudadano sin precedentes. Adviértase, por lo demás, que en un país que desde 1830 ha cambiado 20 veces su carta magna, la de Montecristi es la única aprobada en las urnas luego del proceso constituyente, y por un porcentaje (63.9%), tan solo un par de puntos superior al No que en noviembre 2025 la refrendó.
5. Finalmente, el No impidió la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La anticipación oficialista del Sí a esta pregunta partía de una premisa un tanto endeble: si el electorado quiere sentirse más seguro, ¿qué mejor que una base militar extranjera poseedora de know-how (mejor que ‘el nuestro’) para combatir el narcotráfico? Entrevistado por una cadena de televisión por cable el presidente lo había verbalizado así días antes de la consulta: “La gente se siente más segura con una base al lado”. Claro que el No desestimó esta manera de vincular ‘mayor seguridad’ con bases extranjeras en territorio ecuatoriano.
Difícil pasar por alto el implícito. Si bien la pregunta no mencionaba el país, era claro que se trataba de abrir las puertas del Ecuador a la presencia militar estadounidense, instalando una base de operaciones bajo su control (7). Damos por sentado que la idea de soberanía es de dudosa estirpe como realidad material en el marco de la lógica capitalista global y también desde un país menor como Ecuador ante el poder geopolítico mundial. Mas esto no quiere decir que como gesto de pertenencia básica al ‘lugar de uno’ (aquello que muchos sienten de manera genuina como ‘mi Patria’) se esté dispuesto a decirle a un gobierno extranjero de rango imperial: ‘venga nomás’. Puesto de otro modo, es plausible sugerir que en el abrumador rechazo a esta propuesta hayan entrado valoraciones simbólicas, profundamente arraigadas, de la soberanía así entendida.
Detengámonos ahora en un segundo implícito, aquel que pasó un tanto inadvertido siendo, sin embargo, el que pone de relieve la significación geopolítica del No y lo que este logró contener. Para explicitarlo partamos preguntándonos si algo tendrá que ver la iniciativa con el reordenamiento geopolítico mundial en curso.
Se sabe. En este instante asistimos al mayor despliegue militar estadounidense en la Región desde mediados de los años sesenta del siglo pasado. Esta vez, en las costas de Venezuela, y con amenaza de inminente incursión en territorio. Para efectos presentes (y dejando de lado otras manifestaciones de reafirmación de la intervención estadounidense en América del Sur y Centroamérica, incluyendo Argentina y Honduras de manera señalada) este dato interesa en la medida en que indica la disposición de la Administración Trump a cambiar drásticamente las coordenadas de política exterior estadounidense. Huelga señalar que las implicaciones para territorios vecinos son potencialmente inquietantes.
¿Pero cómo figura en todo esto el territorio ecuatoriano? El dato que más interesa para sugerirlo es la declaración inicial del presidente Noboa acerca de la iniciativa de instalación del genérico “bases militares extranjeras” en la isla Baltra. Esta isla forma parte del Archipiélago de las Galápagos (declaradas desde hace más de medio siglo Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva Biósfera por la UNESCO), cuya preservación para un planeta al límite del colapso ambiental es imperativa.
Si bien ante la inmediata reacción que semejante dislate en boca del presidente ecuatoriano provocó (las organizaciones de defensa del medio ambiente dentro y fuera del Ecuador no tardaron en activarse), el señor Noboa se desdijo e indicó dos ciudades de la Costa como sitios de instalación, aquella primera declaración es un dato mayor. Mientras los mecanismos de cooperación multilateral —imprescindibles— para el combate de los cárteles de la droga aguardan reconocimiento gubernamental dentro y fuera de la Región, abundan los instrumentos de cooperación bilateral sin que haya necesidad de establecer una base militar extranjera y —menos aun— en la Isla Baltra (punto de entrada a las Galápagos), que no guarda relación estratégica alguna con el combate a las redes de narcotráfico.
Claro que las Galápagos sí interesan, y mucho, desde una perspectiva geopolítica. De ahí que convenga preguntarse cómo figuraba en el tablero la declaración (¿o desliz?) inicial acerca de la instalación de una base militar (estadounidense) en Baltra. A no dudarlo. En medio del realineamiento del poder mundial en curso, la búsqueda del Sí correspondía al alineamiento geopolítico fuerte del gobierno de Daniel Noboa con el gobierno de los Estados Unidos, legitimando el compromiso del primero en colocar al Ecuador como pieza clave en un tablero bélico de alta peligrosidad.
Para entender el contexto geopolítico en el que se inserta la propuesta implicada en la búsqueda del Sí a esta pregunta, cabe detenerse en algunos cambios recientes —mayores— en la doctrina estratégica publicada por la Casa Blanca semanas atrás (el 5 de diciembre). Estas ideas y directrices en ciernes se hallan contenidas en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (en adelante NSS) (8), documento que revela un giro mayor —tal vez el más rotundo en la política exterior de los Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Señalemos tres ejes centrales de la estrategia en cuestión. Primero: la NSS revela un fuerte desplazamiento de atención hacia el papel que el hemisferio Occidental ha de cumplir. El documento asume que es ilusorio para Estados Unidos sostener por sí solo el orden unipolar cristalizado a partir del año que marcó la caída de la Unión Soviética (1991). Se admite un orden multipolar constituido por un puñado de grandes potencias, cada una de ellas con su “esfera de influencia” legitimada por el reconocimiento recíproco. De allí que la NSS restablezca explícitamente la Doctrina Monroe mediante un “Corolario Trump”, declarando la absoluta preeminencia estadounidense en el hemisferio como prioridad estratégica. El corolario Trump implica la redistribución de activos militares desde teatros de operaciones que este considera periféricos hacia América Latina y el Caribe —con énfasis en el control migratorio, en el combate al narcotráfico, en el acceso a recursos estratégicos y mercados de inversión, y en la exclusión de la influencia china y rusa.
En segundo lugar, la migración masiva se define como amenaza externa principal, superando incluso la condición de amenaza que pudiese provenir de China y Rusia. La competencia con Beijing se reformula como primordialmente económica —buscando “relaciones mutuamente ventajosas”— abandonando así el marco de competencia sistémica que caracterizó tanto la NSS de la Administración Biden (2022) cuanto la NSS de Trump (2017). Mientras tanto, Rusia prácticamente desaparece del análisis de amenazas.
En tercer lugar, se procede al abandono explícito del orden liberal internacional y del “globalismo”. La NSS critica frontalmente a las instituciones multilaterales como “incursiones que erosionan la soberanía”; elimina toda referencia a la promoción democrática; y adopta un marco mercantilista puro donde “prosperidad” reemplaza “democracia vs. autocracia” como criterio rector. Adviértase, finalmente, que Europa es situada como una civilización en decadencia por efectos de la presunta “erosión identitaria” resultante de la inmigración incontrolada. Y el futuro de la Alianza del Atlántico Norte queda condicionado a que las contrapartes europeas asuman una mayor parte de la carga en la seguridad colectiva de occidente. El corolario es claro: Estados Unidos se propone fortalecer su presencia militar y de seguridad en el hemisferio occidental, mientras alista su retirada parcial de otros teatros de operaciones (Europa y Asia).
Desde luego. Ecuador entra dentro de este esquema estratégico de la Administración Trump, sobre todo mientras Perú no se estime ‘confiable’ y Colombia tampoco. En el marco de la NSS, el Ejecutivo estadounidense requiere una base que opere a la manera de ‘cuña’ entre Perú (que, desde fines de 2024, y con fuerte inversión china, aloja el mega puerto de Chancay, flamante Hub de importancia clave para desarrollar el comercio Asia-Pacífico), y una Colombia “izquierdista” y amistosa hacia el gobierno venezolano de Maduro.
En cierta medida, los estrategas del Pentágono parecerían prisioneros de la analogía con la guerra en el frente del Pacífico (1942-1945). Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, Ecuador ya alojó una base militar estadounidense en la Isla Baltra para evitar que la flota japonesa pudiera incursionar en el Pacífico sur. En el imaginario estratégico estadounidense actual, China toma el lugar del Japón imperial. Y con la anuencia del gobierno de Noboa, Ecuador pasaría a convertirse en una pequeña pieza en el rompecabezas estratégico de la Administración Trump, aceptando el papel de hinterland estratégico hemisférico. Puesto de otro modo: en este esquema, Ecuador pasaría a jugar el papel de una suerte de Guam de retaguardia en una guerra de portaviones —por lo demás obsoleta en la época de los misiles hipersónicos y los submarinos nucleares.
Demás está decir que lo anterior no dice nada respecto a sí la NSS es o no es plausible. Huelga dar por sentado que, en la medida en que los agentes centrales (sus proponentes) y los actores de reparto (los gobiernos afines de la Región) la estimen ‘en curso’, la NSS tendrá efectos muy concretos en la conducción de las políticas exteriores y de seguridad de nuestro hemisferio. Detenerse más en el asunto escapa el propósito de este apunte. Mas es suficiente para poner de relieve la magnitud de lo que estaba en juego en el Sí a las bases militares extranjeras que los ecuatorianos rechazaron en las urnas de manera contundente.
IV.B. El proyecto inconfesable
No se trataba de un proyecto pasible de anuncios de campaña a la manera de ‘programa de políticas de Estado’. Provenía del campo de la derecha, sí. Pero su zona de confort superaba en magnitud cualquier proyecto de grupos oligárquicos anteriores, más o menos predecibles en sus modos de practicar la alternancia entre el sectores financiero-empresariales en el manejo del Estado.
Sin otro ánimo que el de subrayar la significación de las pulsiones democráticas que le salieron al paso, al proyecto inconfesable habrá que ponerle un nombre. Claro que ni ‘hiperpresidencialismo’, ni ‘autoritarismo’, ni ‘neoliberalismo’, por sí mismos o en combinación, son códigos suficientes para proveer el calce. Veamos.
Según rótulo confeso, el agente venía a construir “El Nuevo Ecuador”. Mal podía saberse al momento del anuncio que, en la medida en que la institucionalidad jurídico-gubernamental conocida —con todas sus debilidades, pero institucionalidad al fin— no se atuviese a las decisiones del agente, el proyecto inconfesable compelía a pasarla por alto y, eventualmente, a reemplazarla con una codificación oficial aún más maleable —una nueva constitución, digamos. Si a lo largo de dos años de gobierno la avalancha de casos de abuso de poder mostraba la sistemática extralimitación del presidente en el uso de sus facultades; si la abultada cartera ponía a la vista el frontal irrespeto a la separación de poderes, la constante violación del debido proceso, y el más craso desdén por la noción de conflicto de intereses, sin que de las ilegalidades quedaran fuera los tratados y compromisos internacionales del país (9), no cabe vacilar a la hora de ponerle nombre.
Sin rodeos. Al proyecto inconfesable llamémosle Sultanato (10). Que el proyecto pudiese o no llegar a buen puerto —que fuese un delirio— es irrelevante. A la hora de nombrar un proyecto de poder lo que cuenta es que la palabra sirva para denotar la especificidad de la lógica inmanente a su despliegue. Y, en este caso, dicha lógica comparece distintiva a partir de tres rasgos.
El primero: una disposición que, yendo más allá del clásico “acaparamiento de oportunidades” (11) orienta el ejercicio del poder gubernamental hacia el más puro estado patrimonialista, léase, un Estado privado, de familia, allegados y correligionarios con recursos de reciprocidad horizontal. El segundo: un modelo en el que las políticas neoliberales —reglas ideológicas impersonales, recordemos— si bien presentes, pasan a segundo plano, al servicio de una lógica de acumulación capitalista donde lo impersonal —las políticas de Estado— está bajo el comando de la lógica —personalista— primordial. La lógica personalista inmanente a este proyecto inconfesable no reconoce imposición de tipo alguno —ni siquiera las del Fondo Monetario Internacional, las cuales bien pueden circunvalarse para montar una campaña electoral que implique el reparto de bonos sociales y gastos no contemplados en las estrictas políticas de ajuste del organismo para la concesión de salvatajes fiscales. El tercer rasgo refiere al ostensible desdén por el disenso, especialmente cuando proviene de la ciudadanía organizada a través de peticiones de diálogo, reclamos, marchas, y protestas. Y cuando las protestas incomodan demasiado el desdén escala, transformándose en determinación a silenciarlas, de estimarse necesario, mediante el uso de armas letales.
¿Deficiencias en transparencia y rendición de cuentas? La retórica está siempre a la mano para atender reclamos. Por lo demás, para lidiar con la trillada demanda de uno que otro organismo financiero ‘que cuenta’, basta la firma de algún que otro acuerdo complementario, estando la impunidad siempre a disposición en un contexto geopolítico que la era Trump torna manto de protección para los jefes de Estado que dan muestras de amistad incondicional. En cuanto al ‘qué dirán’ de la comunidad internacional que procura preservar una semblanza de humanismo en medio de un desorden mundial de proporciones, se sabe: esta carece de tracción suficiente para asegurar la observancia de principios, estándares, acuerdos y convenciones y, por lo demás, siempre puede tachársele de ‘politizada’ y ya está (la peripecia cada vez más dramática de la Secretaría General de Naciones Unidas, de alguna que otra resolución de la Comunidad Europea, o de Amnistía Internacional y organizaciones similares lo demuestran).
IV.C. Los resortes fallidos del proyecto inconfesable
Ejercer el poder haciendo y deshaciendo sin reconocer barreras infranqueables que no sean las que la propia agencia reconoce no llama la atención si, en efecto, gobierna un sultanato. Tampoco llama la atención cuando quien gobierna se siente en condiciones de jugar a ser un sultán por estar sumido en esa fantasía, en cuyo caso —y entre tantas otras potestades que se arroga— no vacilará en hablar con lastimosa liviandad sobre temas cuya complejidad se le escapa. Y entonces podrá declararse partidario de “una social democracia moderada”; y entre el “Oiga presidente” del entrevistador amable de la cadena CNN y los “Esto de ahí” que como entrevistado pronuncie, negar que él es de “extrema derecha”.
Esto de ahí es muletilla de uso constante en el magro léxico del presidente ecuatoriano en idioma español. En principio, nada malo en eso (las muletillas abundan en el habla coloquial de cualquier parte). Salvo que en este caso el presidente no advirtió cómo aplicar la muletilla en conversaciones consigo mismo para pensar un poco acerca de cuál era el esto de ahí nacional que desaconsejaba improvisar su encuentro con el Sí. En el impromptu hubo, al menos, cuatro resortes fallidos.
Falló una máquina política que se estimaba ‘a punto’. La exacerbada visión mercantil trajo consigo dos errores de cálculo. Por un lado, la sobrevaloración del mercadeo electoral mediante el bombardeo cotidiano de videoclips laudatorios por televisión y autopistas digitales apoyada por un ejército de comunicadores para mostrar ‘lo bien que van las cosas’, creó realidades virtuales que, desconectadas del día a día del grueso de la población ecuatoriana, poco servían más allá del auto aplauso. Por otro, se recurrió a prácticas clientelares reduciéndolas, de manera pueril, a la compra del voto, en total desconocimiento de algo que los ‘patrones’ e intermediarios experimentados nos han enseñado cuando nos asomamos a lo que ellos hacen para construir y sostener su agencia: las redes clientelares y las máquinas políticas son instrumentos sofisticados, no pasibles de improvisación (12).
El segundo resorte fallido refiere a un sentido de oportunidad que se alimenta de la desconexión del agente con el país que gobierna. Llamémosle el ‘destiempo’ y vinculémosle a la visión estática del poder que se ejerce. Así como el “esto de ahí” del colosal imperio empresarial y financiero familiar no se va a acabar por varias generaciones gracias a un abuelo visionario, si el agente del proyecto inconfesable había ganado dos contiendas presidenciales sucesivas, ¿por qué pensar que el resultado de la consulta resultaría en traspié inesperado? La visión estática del poder ‘fija’ las bases de apoyo en el tiempo, especialmente si el intervalo es breve. El gran empresariado pragmático se consideraba fiable. Y también la burguesía vieja y nueva más sus sectores de arrastre. Más trabajadores jóvenes en quienes —al alero de la movilidad social que en tiempos de la Revolución Ciudadana fue creando capas medias de primera generación— eventualmente caló fuerte la idea del trabajador independiente y del cuentapropista de todo estilo ante una economía en que crecía el consumo suntuario, ilusión que bien podía compensar la falta de apoyo de la clase trabajadora organizada a las iniciativas gubernamentales de mayor flexibilidad laboral. Ahí estaba, por lo demás, el fantasma del Correísmo, que ya había probado su capacidad de inclinar la balanza electoral a su favor en dos ocasiones.
En la visión estática del poder también figura el combate a la inseguridad, buque insignia en gran medida responsable del triunfo de Daniel Noboa en la elección presidencial de abril 2025 (13). Si bien el año y medio de su gobierno de transición había estado marcado por una larga cadena de cuestionamientos de peso, el señor Noboa tuvo a su favor no solo el voto en contra de la candidata de Revolución Ciudadana sino la disposición del electorado de darle tiempo para ver si las promesas de combate a la inseguridad cuajaban. Perdonarle, o hacer la vista gorda a las disonancias entre transparencia y corrupción a vista y paciencia de la población entera, tal vez ‘valdría la pena’ en aras de la seguridad prometida.
El tercer resorte fallido remite, precisamente, a la cuestión de la seguridad. Al momento de la convocatoria de noviembre el comando del Sí dio por descontado que el miedo a la inseguridad que Noboa había prometido combatir figuraba a su favor. Mientras tanto el oficialismo engordaba la figura del “enemigo interno” agregando al “narcoterrorismo” otros ‘indeseables’ (léase ONGS, dirigentes de base, activistas de derechos humanos, medioambientalistas, trabajadores de la cultura, etcétera) que bien podían ser tachados de terroristas por oponerse al gobierno. En medio de esta febril operación patriótica, y a pesar de la normalización del “estado de excepción” mediante una cadena de decretos sucesivos, la violencia criminal y la inseguridad persistían. Y la militarización y el sobreuso táctico de maniobras de guerreada sin estrategias integrales de combate a la inseguridad y sin asomo de un proyecto de seguridad (ciudadana) que les sustente, mostraban un gobierno incapaz de encaminar al Ecuador hacia el horizonte prometido. Por lo demás, ni asomo de políticas orientadas a neutralizar el desenvolvimiento de ‘estados paralelos’ en zonas del país donde el poder del narcotráfico compensa la ausencia del Estado, en materia de sobrevivencia, mediante la provisión informal de trabajo y servicios a la comunidad local (se trate de alimentos, atención de salud, o el pago de funerales).
El cuarto resorte fallido remite al error de cálculo con respecto a la magnitud del malestar del grueso de la población ante la flagrante desatención gubernamental a algunas de sus responsabilidades más elementales. Al momento de la convocatoria la desaprensión del gobierno ante el estado crítico de los servicios públicos era inocultable. El ejemplo es más que elocuente: a la sazón se asistía al colapso del sistema público de provisión de servicios de salud, situación refrendada por el anuncio de que los servicios de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, declarado en emergencia también en setiembre (entre otras razones por el desabastecimiento crítico de medicamentos), pasarían al Ministerio de Salud —cartera de Estado en condiciones lamentables para funcionar de manera medianamente aceptable, y que ha pasado de mano en mano, con no menos de cinco ministros en los últimos dos años.
Los datos que genera el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran el deterioro de los indicadores sociales en los últimos dos años. Todos los indicadores sociales empeoraron entre 2023-2024, revirtiendo mejoras previas. Anotemos someramente que a diciembre 2023 la tasa de pobreza por ingresos se situaba en 26%; a diciembre 2024 había aumentado a 28%. Al cierre de 2024 habían pasado a la condición de pobreza 432 mil 581 personas adicionales, mientras que 555 mil pasaron a engrosar las filas de la pobreza extrema, lo que significa un aumento de 2.9 puntos porcentuales durante el gobierno de Daniel Noboa. Más grave aún: el 70% más pobre, o los primeros siete deciles, no logra cubrir el costo de la canasta básica con su ingreso laboral. Por su parte, el 10% más rico cubre la canasta básica en más del 337%. El coeficiente de Gini en el período que cubre la gestión del actual presidente muestra una tendencia al aumento de la desigualdad. En diciembre 2024 el coeficiente se ubicó en 0.463, superior al 0.457 registrado un año antes. Se trata de una concentración extrema de la riqueza, ya que el 10% más rico concentra aproximadamente 30% del ingreso total, mientras el 70% de la población no cubre necesidades básicas.
Finalmente, no cabe omitir la —incalificable— simultaneidad de dos decisiones: convocar a referéndum y consulta popular, por un lado, y anunciar la eliminación de un subsidio vital para el bolsillo del grueso de la población, por otro. Esta simultaneidad refleja dos resortes fallidos operando juntos —el destiempo y la desaprensión ante la magnitud del malestar por el desplome de servicios públicos básicos. En efecto. Desestimando la crisis social que las decisiones y no decisiones de su gobierno agudizaba en todos los frentes (incluyendo la enseñanza pública, y el desempleo abierto generado por la disminución en el tamaño del aparato de gestión del Estado), el mismo mes en que el presidente solicitó la cita electoral, procedió a decretar la eliminación del subsidio al diésel, combustible que representa un tercio del consumo energético nacional para el funcionamiento del transporte público y de mercaderías, para la actividad fabril y la producción en áreas rurales. Era de esperarse. El anuncio provocó una fuerte protesta ante el aumento de los costos de producción y consumo implicado en la eliminación del subsidio. Si bien en un inicio la protesta se concentró en la Sierra Norte del Ecuador, y tuvo al movimiento y las comunidades indígenas como protagonistas centrales, no tardó en involucrar al más amplio espectro de organizaciones de base y ciudadanos de a pie, fue de carácter nacional, y se prolongó 31 días, hasta inicios de noviembre. La represión fue sanguinaria. Sin que faltara el uso de armas letales.
No es que en los últimos dos años no haya habido logros. Después de todo, el sultanato imaginado logró fabricar una olla de presión de proporciones. Al fabricante destapar la olla en la seguridad de que el sustento estaba a punto … ‘esto de ahí’ resultó en un búmeran de consistencia y textura democráticas.
IV.D. Desde el campo de la ciudadanía. Las operaciones de otra forma de capital (14).
¿Cabrá celebrar la oposición —léase Revolución Ciudadana y Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik—por el ‘pare’ al proyecto inconfesable? A primera vista —a falta de análisis más finos del dato electoral que aguardan elaboración—, el resultado desborda la simple agregación del peso cuantitativo (alrededor de un 25-30% en modo alguno desdeñable) de Revolución Ciudadana (15), más un 10% aproximado atribuible eventualmente a un movimiento indígena que protagonizó un formidable proceso de ciudadanización de la esfera política en los años 80 y 90 del siglo pasado, que hoy sigue ocupando un lugar central a la hora de activar disensos que importan, pero cuyos liderazgos se encuentran relativamente escindidos con relación a su pasado. Dicho esto, caso, no parece demasiado interesante confinar la significación del No a la suma de las partes, aun cuando se incluyese en el cálculo a las organizaciones no partidistas que se movilizaron a su favor más el voto suelto, contabilizándolas ‘todas’, hasta aproximar la explicación cuantitativa a los altos porcentajes de votación que este resultado arroja.
La significación del resultado trasciende la sumatoria de las partes. Tomar en cuenta la contundencia del No, y la consistencia de las cuatro respuestas desde el encuadre planteado en la introducción a este último segmento (IV, supra), compele a situar la mirada de otro modo. Preguntémonos entonces acerca de la lógica inmanente a esa ‘contundencia’ y ‘consistencia’ que comparecen juntas. Y representémosla como lógica cuyo despliegue habilita la forma de ciudadanía más confiable para producir, sostener, y ampliar el radio de acción del campo ciudadano. A esa forma llamémosle hacedores-y-custodios-de-lo-público; y reconozcamos la lógica que las disposiciones y prácticas de esta forma de ciudadanía torna visibles como único locus capaz de sustentar una convergencia colectiva imantada al capital democrático —y, desde luego, de activarlo para confrontar, como en este caso, las operaciones de la lógica opuesta, empeñada en desmantelar el Estado de Derecho. Enseguida reconozcamos que la producción, sostenimiento y ampliación del radio de acción del capital (público) del cual esta forma de ciudadanía es portadora, está a la base del tipo de pronunciamiento (en las calles o en las urnas) capaz de tensar y —eventualmente— disciplinar el poder establecido (los gobiernos, de manera señalada).
Para quienes procuramos trascender la tendencia (muchas veces propia) a dejarnos atrapar por la circularidad implicada en reiterar una y otra vez la disfunción oclocrática que atraviesa el sistema político ecuatoriano, el resultado de la consulta representa un punto de inflexión importante. Después de todo, el resultado significó la apertura de un ventanal que corresponde dejar abierto, por lo que fue capaz de revelar, al cierre de 2025, acerca de la disponibilidad de un capital democrático que tendíamos a subestimar, pero el campo de la ciudadanía mostró estar en condiciones de alojar y movilizar por lo alto, más allá de cualquier intermediación.
No cabe omitir que las operaciones de ese capital ya habían ingresado a escena por la puerta grande poco tiempo antes. A manera de preludio, y si bien circunscritos a una provincia y ciudad de la Sierra (Cuenca), los recursos (en principio, siempre disponibles desde un amplio repertorio de frentes) para ser público, estar en público y hacer lo público se desplegaron dos meses antes del Referéndum y la consulta popular. En efecto. Gatillada desde el llano, la gigantesca Marcha de Cuenca por el Agua y la Vida representó —de manera inédita y deslumbrante— el ‘todos juntos y adentro’ que no vaciló en activarse ante la amenaza inminente de pérdida de los recursos hídricos de la provincia en manos de la explotación minera (16).
Resulta fácil —y a la vez inconducente— entender ‘la ciudadanía’ como hecho dado tan solo porque se trate de un vocablo de uso y abuso frecuente. Por el contrario. La ciudadanía remite a un campo intrincadamente complejo, situado en el terreno cultural (donde el poder se fragua). Y, sí. Cabe celebrar el campo de la ciudadanía —no disponemos de otro para imaginar una democracia que importe— prestando atención a momentos en que, como este, sus pulsiones más virtuosas se tornan tangibles. Prestar atención: tarea ineludible desde la reflexión acción. Más allá (y en razón) de lo escarpado del terreno.
Quito, 27 de diciembre 2025
* Académica uruguayo-ecuatoriana. PhD en Relaciones Internacionales y Política Comparada por la Universidad de Johns Hopkins, exdirectora general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO- Sede Ecuador), exvicepresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Entre sus obras más conocidas: La conquista del voto (FLACSO-CEN, 1986) y Memorias de ciudadanía. Los avatares de una Polis golpeada. La experiencia uruguaya (Fin de Siglo 2015/2023).
** Académico y político ecuatoriano. Director del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la Universidad UTE (Quito). Fue Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa (2007), y Ministro de Gobierno (2008) de la primera Administración de Rafael Correa.
Referencias
(1) Este apunte corresponde a nuestra pesquisa en curso sobre el proceso político ecuatoriano de las primeras décadas del siglo XXI, centrada en el surgimiento de Revolución Ciudadana y su desenvolvimiento posterior.
(2) Daniel Noboa fue electo en octubre y asumió la presidencia en noviembre 2023 para completar el período del presidente Gustavo Lasso, quien había disuelto la Asamblea Nacional (Legislatura) y convocado nuevas elecciones generales, bajo la figura de la llamada “muerte cruzada” contemplada en la Constitución ecuatoriana. Entre 2023 y 2025, seis procesos electorales: dos elecciones presidenciales (en ambas hubo balotaje) y dos consultas populares y referéndum.
(3) Ver Amparo Menéndez-Carrión, Fernando Bustamante Ponce, “Jugando a la soberanía: la ruptura diplomática entre México y Ecuador”, Nexos (mayo 25, 2024)
https://redacción.nexos.com.mx/jugando-a-la-soberania-la-ruptura-diplomatica-entre-mexico-y-ecuador/
(4) El planteo de la cuestión de lo público y la ciudadanía, base de esta parte (IV), se apoya en el componente teórico de la obra en tres volúmenes Memorias de ciudadanía. Los avatares de una Polis golpeada. La experiencia uruguaya, de Amparo Menéndez-Carrión (Fin de Siglo, [2015] 2023), donde Uruguay figura como estudio de caso singularmente apto para explorar asuntos que trascienden los confines de su experiencia societal concreta.
(5) La formulación del concepto regímenes de regulación informal aparece en Amparo Menéndez-Carrión, “Clientelismo, corrupción, y regímenes de regulación informal en América Latina. Ciudadanizando lo público, dejando atrás un callejón sin salida”, RC/Revista Rendición de Cuentas, Núm. 4 (2024), pp. 9-40.
https://rendiciondecuentas.udg.mx/index.php.
(6) La iniciativa presidencial de convocar una asamblea constituyente fue precedida de reiterados intentos por ejercer control sobre la Corte Constitucional (incluyendo acusaciones de “activismo político” y calificación de la Corte como “enemiga del pueblo”, sin que entremedio faltara el montaje oficialista de marchas en contra de los jueces). Entre otras ‘interferencias’ levantadas desde el Tercer Poder del Estado, señalemos la objeción de la Corte a las tácticas del presidente para combatir el crimen organizado, en la medida en que estas no se atuviesen a los mecanismos contemplados por la Constitución vigente. La Corte ha resultado un hueso duro de roer. Y el respaldo a su mandato constitucional no se ha hecho esperar, incluyendo las expresiones de preocupación de respetables juristas ecuatorianos y los recordatorios de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados (emitidos en agosto 2025).
(7) No era la primera vez. El Puesto de Operaciones Avanzadas (Forward Operating Location, FOL) estadounidense en la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta operó desde 1999 hasta 2009.
(8) The White House, National Security Strategy of the United States of America. November 2025
(9) Este listado es meramente ilustrativo; los ítems son de conocimiento público; y causaron más de un escándalo, marchas, y protestas a nivel nacional —cuyo vigor eventualmente se desvaneció, en parte por la agregación de eventos que, en un país azotado por eventualidades de toda índole, van sedimentándose a manera de síndrome que la normalización de lo irregular configura. Los cuatro ejemplos que siguen abarcan distintos frentes. Primero: el descarte de las reglas vigentes sobre el tratamiento a la segunda autoridad del país mediante la (despiadada) persecución de su vicepresidente desde el día mismo de la (primera) asunción presidencial. Segundo: la violación del principio de proporcionalidad constitucional mediante el abuso recurrente de las facultades presidenciales extraordinarias para decretar “estados de excepción” (sucesión de decretos presidenciales que la Corte Constitucional dictaminó inconstitucionales pero el presidente eludió, alegando que la sentencia respectiva solo se podía aplicar a un estado de excepción ya declarado, pero que no era extensivo a un nuevo estado de excepción). Tercero: la flagrante violación de derechos humanos. Desde la declaración de “Estado de Guerra Interna” que data de enero 2024 (la razón declarada: combatir el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico) arreciaron las denuncias de numerosas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la muerte de cuatro niños a manos de efectivos del ejército ecuatoriano y la defensa vigorosa de estos por parte del presidente, llegando incluso a lanzar amenazas en contra de los jueces encargados de sentenciar el caso. Cuarto: La indecorosa brecha entre la promesa de campaña “Cero tolerancia a la corrupción”, y los usos patrimonialistas del poder, incluyendo el perdón de casi USD 60 millones de intereses y multas por concepto de impuestos no pagados al fisco por el conglomerado empresarial Noboa, a través de una ley económica urgente, la primera que el presidente envío y se votó en la Asamblea; la orquestación de concesión de contratos públicos a familiares cercanos en violación de las normas de contratación pública; el otorgamiento de licencias ambientales irregulares para la construcción inmobiliaria a favor de su propia esposa en áreas protegidas; y el listado (que incluye a correligionarios, miembros de su primer gabinete y asambleístas de su grupo político) continúa. Basta mencionar la contratación de la empresa Progen (agosto 2024), caso cuya gravedad se vio magnificada por haberse dado en el contexto de la gravísima crisis energética que afectó al país en la segunda mitad del año, con apagones de hasta 14 horas diarias. Quinto: el insólito asalto embajada de México en Quito y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas (abril 2024), que el consenso de internacionalistas, juristas, y diplomáticos de trayectoria dentro y fuera de la Región (a excepción de los vinculados al gobierno), no tardó en declarar en flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otros acuerdos internacionales.
(10) En su magistral Economía y Sociedad (1922), Max Weber apeló originalmente al término sultanismo para significar un subtipo extremo de dominación patrimonial. Posteriormente Juan Linz rescató el concepto weberiano y lo aplicó a las dictaduras centroamericanas y caribeñas. Ver Juan J. Linz “Una teoría del Sultanismo: Un tipo de régimen no democrático”, en José Ramón Montero, Thomas Jeffrey Miley eds. Juan J. Linz, Obras escogidas (vol. 3, Sistemas autoritarios y regímenes autoritarios), Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, pp. 526-552; Juan J. Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, Johns Hopkins University Press, 1996; y H. E. Chehabi, Juan J. Linz “A Theory of Sultanism 1. A Type of Nondemocratic Rule”, en Juan J. Linz & H.E. Chehabi, eds. Sultanistic Regimes, The Johns Hopkins University Press, 1998.
(11) El concepto fue formulado por Charles Tilly, quien ocupó la noción de opportunity hoarding por primera vez y de manera esclarecedora en su influyente obra Durable Inequality (University of California Press, 1998) capítulo 4, pp. 147-168
(12) Ver Amparo Menéndez-Carrión, La Conquista del Voto (Quito: FLACSO-CEN, 1986), y “Clientelismo, corrupción, y regímenes de regulación informal en América Latina. Ciudadanizando lo público, dejando atrás un callejón sin salida”, RC/Revista Rendición de Cuentas, Núm. 4 (2024), pp. 9-40. https://rendiciondecuentas.udg.mx/index.php.
(13) No cabe detenerse en los factores que llevaron su candidatura a la presidencia. Sí cabe mencionar lo siguiente. La primera vuelta electoral (febrero 2025) arrojó el cuasi empate entre el binomio encabezado por Daniel Noboa y el de Luisa González (esta último representando a Revolución Ciudadana); pero en el balotaje Noboa captó aproximadamente todo el voto que en la primera vuelta se había dispersado entre otras candidaturas. Si bien el dato carece de mínimo rigor, mencionémoslo igual: la frase “Voté por él porque entre dos malos este era el menos malo” fue recurrente en las conversaciones cotidianas de aquellos días (y agréguese de paso que no faltaron voces informadas que consideraron que la candidata de Revolución Ciudadana carecía del tipo de perfil políticamente sólido que, sin embargo, no era ajeno a los cuadros jóvenes del partido). También es pertinente recordar que Noboa celebró una consulta popular (abril 2024) sobre temas de seguridad, proponiendo reformas jurídicas orientadas a facilitar la lucha en contra de la criminalidad (además de preguntas que tenían por objetivo obtener respaldo para una mayor flexibilidad de las leyes laborales). Mientras que el intento de obtener respaldo popular para la flexibilización laboral naufragó (más de 69% de rechazo), las propuestas de endurecimiento penal y policial obtuvieron un respaldo abrumador (más del 70%).
(14) Acerca de esta forma de capital, sus modos de producción —pública y ciudadana—, sus operaciones y sus distintos ‘momentos’ ver la teorización propuesta en Amparo Menéndez-Carrión, Memorias de Ciudadanía …, volumen 3, capítulo 11 “Más allá del mercado. El poder del capital”, pp. 11-66.
(15) Desde 2017 Revolución Ciudadana registra consistentemente un respaldo promedio de un tercio del electorado; y es, hasta hoy, el mayor partido político del Ecuador, gozando de una base de apoyo que se ha mostrado sólida, leal, y apasionada. Esta lealtad está fuertemente vinculada a la añoranza del liderazgo del expresidente Rafael Correa, quien, en la década en que gobernó (2007-2017) llevó adelante políticas altamente populares y bajo cuyas administraciones el país gozó de un período de prosperidad y activismo estatal en el ámbito social que no ha tenido paralelo en la historia reciente del Ecuador.
(16) Léase: a cargo del “Proyecto minero Loma Larga” en el páramo de Quimsacocha, proyecto concesionado por el gobierno a la compañía Dundee Precious Metals que sería temerario mantener ante el tajante rechazo evidenciado por la histórica protesta.
