Año 1, núm. 7, febrero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Desigualdad: una amenaza real a la democracia
Alexandra Haas *
La concentración extrema de la riqueza no es solo un problema económico, es una amenaza directa a la democracia. Cuando el poder económico captura al poder político, la confianza ciudadana se erosiona, el Estado se debilita y el autoritarismo encuentra terreno fértil para avanzar.
El informe global que publica Oxfam se presentó, como todos los años, en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahí se reúnen personas empresarias, dueñas y gobernantes de todo el planeta para discutir sobre economía y política. La gran interrogante es si será un espacio para refrendar el camino que marca la administración de Donald Trump, el presidente milmillonario del país más rico y poderoso del mundo, o si habrá alguna resistencia y defensa de la democracia por parte del sector privado.
La desigualdad extrema acelera la pérdida de confianza en la democracia, especialmente en América Latina.
Las condiciones políticas y económicas impuestas por Trump han acelerado la acumulación desmedida de la riqueza. El informe titulado Contra el imperio de los más ricos: defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios da cuenta de que, en 2025, los 3 000 millonarios a nivel global aumentaron su fortuna tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años. Aunque el dinero está concentrado sobre todo en el norte global, América Latina tiene ya 109 personas milmillonarias que tienen una riqueza equivalente a la del producto interno bruto de Perú y Chile juntos. En el ámbito global, 37 % de estas grandes fortunas son heredadas; en nuestra región, el porcentaje asciende a 53 %.
En sentido contrario, la reducción de la pobreza se ha estancado (y en África vuelve a aumentar). Las cifras de 2022 indican que el 48 % de la población mundial vive en pobreza. En América Latina, 160 millones de personas viven en pobreza y 68 millones, en pobreza extrema.
La extrema desigualdad y sus consecuencias no son accidentales, sino el resultado de arreglos estructurales que promueven la acumulación de la riqueza en vez de limitarla o redistribuirla. Entre estos arreglos se encuentran sistemas fiscales que imponen una mayor carga al trabajo que al capital, que excluyen la riqueza de la tributación o la gravan de manera insuficiente; políticas laborales que reproducen la precariedad y los salarios bajos; así como marcos monetarios y financieros que privilegian la rentabilidad del patrimonio por encima de la productividad de la economía real, entre otros factores.
La idea ampliamente extendida de que los gobiernos actúan de manera corrupta y favorecen a los grupos con mayor poder económico convive con una profunda erosión de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en la democracia misma. De acuerdo con el Latinobarómetro (2024), en una escala de 0 a 10 —donde 10 equivale a “totalmente corrupto”— los países de la región alcanzan en promedio una calificación de 7.2. Además, 31 % de la población señala haber tenido conocimiento directo de un acto de corrupción en el último año, casi el doble que en 2023. A ello se suma que 72 % considera que los gobiernos gobiernan en beneficio de unos cuantos poderosos y 76 % percibe la distribución de la riqueza como injusta. El mismo estudio indica que solo la mitad de la población afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; para 25 % el tipo de régimen resulta indiferente —casi diez puntos más que en 2010—, y en diez países de la región el respaldo al sistema democrático no alcanza el 50 %. Este distanciamiento se explica, en buena medida, por la incapacidad de las democracias para contener el poder de quienes concentran mayores recursos.
El poder económico concentrado influye en la política, limita la redistribución y debilita al Estado.
Cuando la confianza en las instituciones democráticas se debilita, emergen actores de orientación antidemocrática que capitalizan el descontento social ofreciendo orden y certeza frente al desencanto. Con frecuencia respaldados por élites económicas, estos actores impulsan agendas contrarias a los derechos, promueven una desregulación extrema y buscan debilitar al Estado.
El debilitamiento del Estado y la erosión de la democracia son una realidad. Los países con mayor desigualdad tienen una probabilidad siete veces mayor de experimentar esta erosión democrática que los países con menos desigualdad. Esta erosión se manifiesta en el control de los medios de comunicación. Cuando estos están en manos de los milmillonarios, la narrativa pública puede manipularse a su favor.
Un ejemplo concreto de ello son las plataformas electorales que se centran en criminalizar a la migración como fuente de todos los problemas de la ciudadanía. Sin consideración de lo que ocurre en la realidad, responsabilizan a las y los migrantes de los problemas de seguridad y pobreza, y establecen medidas restrictivas que no solo atentan contra los derechos de esta población vulnerada, sino que dejan sin resolver los problemas reales y de fondo que enfrenta la ciudadanía.
Coexiste el debilitamiento del Estado en su rol de regulador y de redistribuidor, pero se consolida el autoritarismo: los gobiernos reprimen la disidencia en lugar de defender a la ciudadanía y sus intereses. En Kenia y otros países, la represión ha sido brutal. Un informe de Freedom House identifica el 2024 como el decimonoveno año con retrocesos de los derechos civiles y políticos en 60 países.
La percepción de corrupción y privilegio alimenta el desencanto ciudadano.
En América Latina y el Caribe, se observa, además, una debilidad fiscal de los Estados al punto de reducirlos a su mínima expresión. Mientras las necesidades sociales se intensifican, los Estados operan con una base tributaria estructuralmente débil y una deuda pública en expansión, lo que limita de forma creciente su capacidad de acción. La recaudación tributaria promedio en la región alcanza apenas el 21.3 % del PIB, muy por debajo del 33.9 % promedio de los países de la OCDE, y en varios casos —como Panamá, Guatemala y República Dominicana— se sitúa incluso por debajo del 15 % del PIB. Esta brecha persistente entre demandas socioeconómicas e ingresos públicos obliga a los gobiernos a recurrir cada vez más al endeudamiento para financiar funciones básicas.
Lejos de revertirse, esta fragilidad fiscal se ha profundizado. En 2023, la recaudación tributaria regional cayó en promedio 0.2 puntos porcentuales del PIB respecto a 2022, con descensos en 14 países. Las caídas más pronunciadas se registraron en Chile (-3.2 puntos porcentuales), Perú (-2.1), Argentina (-1.7) y Cuba (-1.3), confirmando un retroceso regional en la capacidad recaudatoria. Esta insuficiencia crónica de ingresos ha derivado en déficits fiscales persistentes y, en algunos casos, en déficits primarios, lo que implica endeudarse incluso para cubrir el pago de intereses de obligaciones previas, consolidando una pérdida silenciosa pero profunda de soberanía fiscal.
La dependencia del financiamiento externo se ha intensificado en la última década. En 2010, solo nueve países de la región registraban una deuda pública igual o superior al 60 % del PIB; para 2022, esa cifra había aumentado a 19 países. Además, más de la mitad de la deuda pública regional se encuentra hoy en manos de acreedores privados que exigen mayores rendimientos y ofrecen menor flexibilidad que los organismos multilaterales. Como consecuencia, en 2025 18 países de América Latina y el Caribe destinarán más del 10 % de sus ingresos tributarios al pago de intereses. Entre 2021 y 2023, más de la mitad de la población regional vivía en países que gastaban más en el servicio de la deuda que en salud, evidenciando un desvío forzado de los presupuestos públicos hacia los acreedores, en detrimento del ejercicio de derechos básicos y del desarrollo.
Los Estados deben asumir como prioridad central la reducción drástica de la desigualdad económica, entendida como el resultado de la concentración extrema de la riqueza y la persistencia de la pobreza. Para ello, es necesario que los países adopten planes nacionales de reducción de la desigualdad con metas claras, plazos definidos y mecanismos de seguimiento, orientados a alcanzar niveles sustantivamente menores de desigualdad, como un coeficiente de Gini inferior a 0.3. Asimismo, los gobiernos deberían respaldar la creación de un panel internacional sobre desigualdad, propuesto por el Comité de expertos del G20 encabezado por Joseph Stiglitz, que permita contar —de manera análoga al Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) frente a la crisis climática— con evidencia rigurosa y soluciones coordinadas frente a la emergencia global de la desigualdad.
Donde el Estado es fiscalmente débil, la democracia es más vulnerable.
Reducir la desigualdad también exige frenar la captura del poder político por parte de los milmillonarios. Dado que la influencia económica sobre la política depende de los marcos regulatorios, los gobiernos deben establecer barreras efectivas entre riqueza y poder mediante una tributación progresiva a las grandes fortunas; la regulación estricta del lobby, las puertas giratorias y el financiamiento privado de campañas; el fortalecimiento de la independencia de los medios y la transparencia de los algoritmos; y la protección de la libertad de expresión sin tolerar la difusión de discursos de odio ni contenidos que vulneren los derechos de poblaciones migrantes, mujeres y grupos discriminados.
El fortalecimiento del poder político de la mayoría requiere sistemas democráticos que promuevan activamente la participación ciudadana en la toma de decisiones, aun en contextos de desigualdad estructural. Para ello, los Estados deben crear y proteger marcos legales, institucionales y de política pública que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de organización, expresión y acción colectiva, permitiendo a la ciudadanía exigir rendición de cuentas a quienes detentan el poder. La defensa del espacio cívico es, en este sentido, un contrapeso fundamental frente al autoritarismo, la concentración del poder y la reproducción de la desigualdad.
En este proceso, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los movimientos de grupos históricamente excluidos y las redes ciudadanas desempeñan un papel fundamental. Estas estructuras canalizan la voz de la población, fortalecen la cohesión social, articulan demandas con movimientos comunitarios e indígenas, contribuyen a la vigilancia de la transparencia y la rendición de cuentas, además de impulsar políticas públicas y formas de gobernanza orientadas al interés de la mayoría.
El poder de los milmillonarios no solo amenaza a las personas en el contexto de sus países. Su capacidad desmedida de influir en la toma de decisiones amenaza la paz y la seguridad internacionales. Los conflictos actuales son solo el inicio del desmantelamiento del orden global construido desde la segunda guerra mundial. Después de un proceso acelerado de globalización y frente al imperio de la tecnología, el costo de no tener sistemas de gobernanza global es aún mayor. La pregunta que permanece es si ese orden global condujo al estado actual de cosas, cuál de sus partes conviene salvaguardar y cuáles debemos reinventar.
* Directora ejecutiva de Oxfam México.
Referencia
Oxfam. (2025). Contra el imperio de los más ricos: defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios. Informe global sobre desigualdad. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2026-01/ES%20-%20Resisting%20the%20Rule%20of%20the%20Rich_0.pdf
