Año 1, núm. 8, marzo de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Del Estado liberal del siglo XIX al Estado privatizador del siglo XXI
Pedro Pérez Herrero *
El Estado liberal nació para limitar el poder y garantizar derechos, pero su transformación contemporánea ha debilitado su capacidad redistributiva y su función democrática frente a la captura corporativa y la desigualdad.
Las revoluciones políticas liberales de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se sustentaron en diversos principios estructurales que configuraron las bases del Estado moderno. Entre estos ejes fundamentales se encuentran, en primer lugar, la creación de estados libres, soberanos e independientes. En segundo, la transformación de las sociedades estamentales del Antiguo Régimen en sociedades articuladas en torno a clases sociales con una mayor movilidad social apoyada en el mérito y el esfuerzo individuales. Asimismo, se impulsó la construcción de una nación dotada de una identidad colectiva cohesionada, sustentada en valores compartidos y orientada al fortalecimiento del bien común.
En el ámbito económico, se creó una moneda nacional, un marco normativo claro para el funcionamiento del mercado y un sistema bancario destinado a favorecer el crecimiento. Al mismo tiempo, se configuró un sistema fiscal capaz de proveer al Estado de los recursos necesarios para la financiación de las políticas públicas. En el plano político-institucional, se promovió la instauración de un sistema representativo que garantizara la elección de los gobernantes mediante sufragio en elecciones libres, con participación ciudadana y mediación de partidos políticos, así como la división de poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— con el fin de evitar la concentración del poder. Finalmente, se consideró indispensable la creación de fuerzas armadas y cuerpos de seguridad para la defensa del territorio y el mantenimiento del orden interno, junto con el establecimiento de una administración pública basada en los principios de mérito, capacidad y transparencia para la gestión eficaz de los asuntos públicos.
El liberalismo histórico no equivale al neoliberalismo contemporáneo.
Los Estados modernos del mundo occidental, surgidos a partir de las revoluciones de comienzos del siglo XIX, alcanzaron su condición de entidades libres y soberanas una vez que lograron delimitar sus territorios —ya fuera mediante conflictos bélicos o de acuerdos diplomáticos—, suprimir los vínculos de dependencia respecto de sus antiguas metrópolis y consolidar sus estructuras jurídicas y políticas con la promulgación de constituciones refrendadas por la voluntad popular.
En este proceso, los principios de libertad, igualdad y solidaridad se configuraron como ejes conceptuales fundamentales de las sociedades liberales. La transformación del Estado democrático de derecho en Estado social y democrático de derecho, orientado a la provisión de respuestas institucionales a los problemas sociales, se inició con la Constitución mexicana de 1917 (no usó la fórmula literal “Estado social y democrático de derecho”, pero estableció derechos sociales fundamentales) y se fue extendiendo lentamente en Alemania (1949), Portugal (1976), España (1978), Brasil (1988), Colombia (1991) y Venezuela (1999) (Uña, 2023).
La transformación de las estructuras estamentales tradicionales en sociedades conformadas por ciudadanas y ciudadanos jurídicamente iguales ante la ley con posibilidades de movilidad social enfrentó numerosas dificultades. De manera análoga, la supresión de los privilegios de los grupos de poder del periodo anterior encaró importantes resistencias. Asimismo, los antiguos súbditos, convertidos en teoría en personas ciudadanas y trabajadoras libres, debieron emprender prolongadas luchas —no siempre exitosas— para lograr la materialización efectiva de los derechos consagrados en los textos constitucionales.
La paz social no se alcanzó de forma automática con las revoluciones liberales. A lo largo del siglo XIX, los golpes de Estado siguieron estando presente, las monarquías regresaron en ocasiones y las elecciones tardaron en implementarse y, cuando lo hicieron, tuvieron que enfrentarse a importantes obstáculos. La Iglesia mantuvo su poder en casi todas las regiones aún en los casos en los que las constituciones establecieron estados aconfesionales o laicos. La nobleza impulsó a menudo movilizaciones contrarrevolucionarias gozando en muchas ocasiones del apoyo de las nuevas burguesías que pretendían consolidar sus privilegios. Los altos mandos militares, muchos de ellos nacidos con la formación de los ejércitos independentistas, no dudaron en tomar las armas cuando vieron peligrar los beneficios que habían adquirido en la lucha como valientes patriotas.
Con el transcurso del tiempo, muchas de las metas políticas y sociales planteadas por las revoluciones liberales se fueron alcanzando. Los sistemas de representación competitivos indirectos se expandieron, aunque se evidenció que los privilegios de las oligarquías no se redujeron con la intensidad inicialmente prevista, debido a la capacidad de las élites de presentarse como los sectores supuestamente más capacitados para dirigir el destino de una población considerada carente de la formación necesaria para ejercer plenamente su autonomía política. Ser demócrata y liberal no fueron conceptos intercambiables durante el primer cuarto del siglo XIX. Numerosos pensadores liberales tempranos sostuvieron que las decisiones fundamentales debían recaer en las élites por disponer de una mayor preparación intelectual y moral, a la vez que defendieron la primacía del bien común por encima del individualismo y manifestaron reservas frente a las doctrinas del laissez-faire, al considerar que estas podían favorecer la conformación de monopolios (Rosenblatt, 2020; Jones-Claeys, 2021; Mausfeld, 2022, pp. 130-143).
El proceso de expansión de las clases medias —con variaciones significativas según los países y los periodos históricos— estuvo acompañado por una disminución gradual de la pobreza y una lenta reducción de las desigualdades sociales. La acción de los sindicatos y partidos políticos, junto con la ampliación del acceso a la educación y el papel fiscalizador de los medios de comunicación, contribuyó a debilitar el poder y la influencia de las antiguas élites, que se resistían a renunciar a sus privilegios.
Los niveles y la calidad de vida experimentaron una mejora generalizada, aunque con desigual intensidad entre los distintos sectores sociales. Los avances en medicina permitieron una reducción de la mortalidad y un incremento de la esperanza de vida. La expansión de los sistemas educativos favoreció la disminución del analfabetismo y el aumento de la productividad laboral. La violencia y las injusticias fueron disminuyendo lentamente. Las economías registraron un crecimiento sostenido. Los países con estructuras productivas orientadas a la exportación se beneficiaron de la expansión de la demanda mundial, mientras que aquellos con economías inclusivas fortalecieron los encadenamientos productivos internos y las economías de escala (Pinker, 2018; Fontana, 2017).
La erosión fiscal y la privatización han reducido la capacidad del Estado para cumplir sus funciones sociales.
A partir de la década de 1980, el modelo de crecimiento económico comenzó a mostrar diversas estrangulaciones, lo cual derivó en un aumento de la pobreza, las desigualdades y el paro. El poder de los sindicatos disminuyó como resultado del crecimiento de la informalidad laboral y la precarización del empleo. La ralentización de la movilidad social generó una creciente desconfianza ciudadana hacia los principios del liberalismo y hacia los mecanismos de solidaridad colectiva, lo que favoreció el fortalecimiento de actitudes individualistas. Pero uno de los factores que produjo más turbulencias en el modelo liberal fueron los cambios en los sistemas fiscales.
La disminución de los ingresos tributarios de los Estados derivada de la reducción de los impuestos directos progresivos (en algunos nunca llegaron a alcanzar fuerza) fue compensada mediante el incremento de impuestos indirectos regresivos y el aumento del endeudamiento interno y externo. Como consecuencia, las grandes corporaciones multinacionales, en su condición de principales acreedoras de los Estados, tendieron a priorizar la defensa de sus intereses y privilegios sobre el bien común.
Paralelamente, la expansión de prácticas corruptas fue debilitando a los partidos y reorientando la acción de los representantes electos, quienes progresivamente pasaron de promover el interés general en los parlamentos a privilegiar la preservación de sus cargos y la defensa de los intereses empresariales de los cuales dependían, favoreciendo con ello el desarrollo de relaciones clientelares. En este escenario, muchas de las decisiones estratégicas dejaron de adoptarse prioritariamente en los espacios parlamentarios y comenzaron a concentrarse en los consejos de administración de las principales corporaciones empresariales, ámbitos en los que la ciudadanía carecía de representación directa (Naim, 2022).
La masificación de internet y la expansión de los teléfonos inteligentes a partir de la década de 1990 —que incrementaron de manera sustancial la velocidad de circulación de la información– fueron interpretadas en un comienzo como factores capaces de fortalecer la democracia, al empoderar a la ciudadanía y reducir la corrupción, al facilitar una mayor transparencia informativa. Sin embargo, con el cambio de siglo se constató que la continua y constante concentración del control comunicacional en un número reducido de grandes corporaciones tecnológicas, y en algunos casos de gobiernos, acabó limitando la libre circulación de las ideas y la información.
Si bien en una primera etapa internet favoreció la movilización masiva de la población y contribuyó a procesos de cambio político, como las revueltas en Túnez (2010) y Egipto (2011), en la década de 2020 el escenario se modificó sustancialmente. Plataformas como Twitter (X), Instagram, Facebook, TikTok y YouTube ejercieron un control creciente sobre los flujos informativos. A su vez, el desarrollo de la inteligencia artificial y de programas de vigilancia, como Pegasus, se convirtieron en instrumentos de control en manos de gobiernos autoritarios, grupos de poder y partidos políticos.
En este contexto, las emociones identitarias o tribales tendieron a desplazar a la deliberación racional, mientras que los conglomerados mediáticos contribuyeron a configurar climas de opinión favorables a candidaturas previamente elegidas por las élites (económicas o políticas). La difusión sistemática de información distorsionada (fake news) fue erosionando la capacidad ciudadana de formulación de juicios informados y por tanto de ejercer un voto autónomo. En consecuencia, los procesos electorales comenzaron a funcionar en muchos casos de manera vertical, limitando la capacidad efectiva del pueblo soberano para seleccionar representantes que defendieran sus intereses y necesidades. Se fue generando así una lenta restricción de las libertades, acompañada de un incremento del miedo y la desconfianza.
Estos cambios favorecieron la primacía del interés privado sobre el bien común, así como la consolidación de una lógica de corto plazo, centrada en lo inmediato y lo superficial, en detrimento de la planificación de largo alcance y la reflexión crítica (Naim, 2022; Baños, 2022; Fontana, 2011; Sandel, 2023; Acemoglu y Johnson, 2023; Zuboff, 2020).
La democracia representativa se debilita cuando las decisiones se desplazan fuera del espacio público.
La sobrecarga informativa que habían generado los nuevos medios de comunicación derivó paradójicamente en procesos de desinformación, mientras que el aumento del ruido mediático contribuyó al crecimiento de la desafección política. Como consecuencia, un número creciente de ciudadanas y ciudadanos comenzó a manifestar sentimientos de frustración y desencanto ante el progresivo debilitamiento del modelo meritocrático. Amplios sectores de jóvenes que, con el apoyo y esfuerzo de sus familias, habían invertido en su formación académica con la expectativa de acceder a empleos estables, bien remunerados y con posibilidades de movilidad social ascendente, constataron la imposibilidad de materializar dichas expectativas. A pesar de haber cumplido con las exigencias educativas y laborales prescritas, se enfrentaron a salarios reducidos y condiciones de empleo precarias, lo que dificultó el acceso a la vivienda y su emancipación, prolongando su dependencia del núcleo familiar. No fue casual comprobar que como consecuencia muchos jóvenes se radicalizaron hacia posiciones de extrema derecha, sosteniendo que la única vía para preservar su estabilidad vital consistía en el retorno a formas autoritarias que garantizaran el orden reafirmando los valores tradicionales de la patria, la familia y la religión (Sandel, 2020).
Esta reconfiguración del campo político-electoral alteró los patrones tradicionales de los alineamientos ideológicos. Mientras que históricamente el voto obrero se había orientado hacia los partidos de izquierda y los sectores profesionales con alta calificación habían tendido a identificarse con opciones de derecha, en el nuevo escenario la clase trabajadora comenzó por apoyar a partidos conservadores, al tiempo que los grupos con mayor nivel educativo se inclinaron por la abstención o por abrazar corrientes de izquierda moderada, frecuentemente centradas en agendas vinculadas a identidades culturales, raciales y de género (woke). Estos corrimientos en los comportamientos políticos fueron favorecidos por el hecho de que muchos de los antiguos partidos de izquierda habían ido perdiendo su capacidad para canalizar las demandas de amplios sectores sociales con menores recursos por haber ido abrazando, para poder ampliar sus caladeros de votos, algunos de los postulados neoliberales centrados en primar el mercado, abandonando gradualmente su función histórica de protección de los sectores más vulnerables. En este clima se llegó a sostener la tesis de que las personas pobres habían llegado a su situación de precariedad por no haberse esforzado lo suficiente.
Por su parte, el hecho de que los partidos políticos y los medios de comunicación dejaran de funcionar en buena medida como agentes de intermediación de las democracias con la fortaleza de antaño, al haberse convertido los primeros en representantes de sus clientelas en vez de la voz del conjunto de la sociedad a la que representaban, y los segundos en los voceros de los grupos que les financiaban, dejando de ser la voz crítica de la ciudadanía, supuso el resquebrajamiento de uno los pilares originales del liberalismo político. En este contexto, el autoritarismo fue cobrando fuerza entre muchos electores al presentarse como sistema político capaz de garantizar el orden por la fuerza, a cambio de restringir libertades, y al ofrecer soluciones rápidas a los problemas urgentes, en contraposición a los procesos deliberativos prolongados propios de las democracias representativas (Sánchez-Cuenca, 2022).
Se volvió así en bastantes casos a la casilla de salida de las sociedades occidentales de antiguo régimen de finales del siglo XVII, en las que no había división de poderes, elecciones ni movilidad social, pero ahora con el agravante de que todo sucedía en el escenario de aparentes democracias formales en las que los grandes empresarios ejercían el poder desde sus torres de marfil teledirigiendo las decisiones de muchos de los representantes políticos.
Los grandes empresarios, que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial aceptaron de forma instrumental las reglas del juego democrático, tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la consecuente desaparición de la amenaza del comunismo, volvieron a defender con fuerza y a cara descubierta la primacía del mercado sobre la política. Este proceso, orientado hacia una progresiva privatización del Estado y a la restauración de privilegios, fue presentado discursivamente como un proyecto pragmático, moderado, flexible, de centro, desideologizado, sustentado en la supuesta neutralidad de las leyes del mercado, que ayudaría a expandir las libertades individuales y reducir el intervencionismo estatal, considerado como el gran causante de los grandes males de las sociedades contemporáneas (ineficiencia en la gestión y corrupción política). No obstante, esta narrativa omitía deliberadamente el carácter relacional de los procesos de corrupción (no existen corruptos sin sus respectivos corruptores pagadores), así como el hecho de que una parte significativa del crecimiento de las grandes corporaciones no se produjo mediante la libre competencia en mercados abiertos, sino por su vinculación privilegiada con el sector público con el cual habían suscrito contratos, en bastantes ocasiones asociados al pago de comisiones ilegales, para realizar obras públicas en infraestructuras y ofrecer servicios esenciales en sanidad y educación (Torcal, 2023).
Como resultado de todo ello las desigualdades han ido creciendo con el consentimiento de los damnificados, tras haberse convertido en súbditos acríticos contaminados con informaciones falsas transmitidas en las redes sociales (Chul Han, 2014; Estefanía, 2011). Desde que Donald Trump fue elegido presidente en noviembre de 2024, la fortuna conjunta de los milmillonarios del planeta creció tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores, mientras una de cada cuatro personas en todo el mundo pasaba hambre. Los datos son contundentes. Los 12 milmillonarios más ricos del mundo acumularon más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial (cuatro mil millones de personas). Las consecuencias de este proceso son palpables, al comprobarse que la desigualdad económica está erosionando los derechos y las libertades políticas, a la vez que abonando los autoritarismos (Oxfam, 2026).
El mundo al revés. La revolución liberal traicionada por las élites económicas, con el apoyo de muchos representantes políticos y una ciudadanía ciega y sorda, misma que acude a las urnas tras haber comprado el relato ultraconservador de que los regímenes autoritarios nacionalistas les liberarán de pagar impuestos y les ofrecerán puestos de trabajo tras expulsar a las personas inmigrantes. Una democracia construida de arriba abajo y teledirigida por élites económicas con la complacencia de políticas y políticos corruptos. Una democracia que prioriza el beneficio aislado egoísta del individuo y demoniza el bien común. Los que presumían defender al Estado y la Constitución se están convirtiendo en los enterradores de la revolución liberal. Dicen ser liberales, pero no lo son (Mausfeld, 2022; D’Eramo, 2022; Orwell, 2022).
* Académico de la Universidad de Alcalá, <pedro.perezherrero@uah.es>
Referencias
- Acemoglu, Daron y Simon Johnson. (2023). Poder y progreso. Nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad, Barcelona, Deusto.
- Baños, Pedro. (2022). La encrucijada mundial. Un manual del mañana, Ariel, Barcelona.
- D’Eramo, Marco. (2022). La guerra invisible de los poderosos contra los súbditos, Barcelona, Anagrama, 2022.
- Fontana, Josep. (2017). El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914, Barcelona, Crítica.
- Fontana, Josep. (2011). Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado y Presente.
- Han, Byung Chul. (2014). En el enjambre, Barcelona, Herder, 2014.
- Joaquín, Estefanía. (2011). La economía del miedo, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- Jones, Gareth Stedman y Gregory Claeys (eds.). (2021). Historia del pensamiento político del siglo XIX, Madrid, Akal.
- Mausfeld, Rainer. (2022). ¿Por qué callan los corderos? Cómo la democracia de élites y el neoliberalismo están destruyendo nuestra sociedad y nuestros modos de vida, Madrid, La Catarata.
- Naim, Moisés. (2022). La revancha de los poderosos, Barcelona, Debate.
- Orwell, George. (2022). El camino a Wigan Pier, Madrid, Akal, 2022.
- (2026). Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios, Oxfam internacional.
- Pinker, Steven. (2018). En defensa de la ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, Barcelona, Paidós.
- Rosenblatt, Helena. (2020). La historia olvidada del liberalismo. Desde la antigua Roma hasta el siglo XXI, Barcelona, Crítica.
- Sánchez-Cuenca, Ignacio. (2022). El desorden político. Democracias sin intermediación, Madrid, La Catarata.
- Sandel, Michael J. (2023). El descontento democrático, En busca de una filosofía pública, Barcelona, Debate.
- Sandel, Michael J. (2020). La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?, Barcelona, Debate.
- Torcal, Mariano. (2023). De votantes a hooligans. La polarización política en España, Madrid, La Catarata.
- Uña, Rafael. (2023). La evolución histórica del Estado, Madrid, La Catarata.
- Zuboff, Shoshana. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Barcelona, Paidós.
