De la caída del dictador al conflicto permanente: Sudán, la guerra normalizada

En todo el planeta están ocurriendo cosas más allá de los temas que han acaparado la agenda en los últimos años. Desde hace tiempo observamos que hay asuntos que no parecen merecer la atención suficiente de una gran cantidad de medios y redes. No es que estos temas no sean cubiertos; sí lo son, pero de manera comparativamente desequilibrada. Es natural que, ante la crisis humanitaria en Gaza, la enorme cantidad de víctimas inocentes que ha dejado ese conflicto, o la magnitud de los recursos humanos, políticos y económicos que países como Estados Unidos han destinado tanto a ese escenario como al de Ucrania, o más recientemente a Venezuela, esos temas concentren los reflectores. Sin embargo, un conflicto como el de Sudán —que también ha provocado cientos de miles de víctimas inocentes, desplazamiento forzado masivo y una crisis humanitaria descomunal— no parece suscitar la misma atención. ¿Cómo se originó la fase actual del conflicto en Sudán? ¿Por qué se ha internacionalizado? ¿Qué factores han contribuido a su prolongación?

Tal vez las confusiones inician cuando se asume que las dictaduras están sostenidas por una única figura: “el Dictador”, cuya fuerza y poder serían de tal magnitud que, una vez fuera de la silla, se habría producido de manera automática e inmediata una “revolución”. Naturalmente, las circunstancias varían de caso a caso, pero la realidad es que, por lo general, existen poderosas estructuras —políticas, económicas y sociales— construidas a lo largo de muchos años, que sostienen el ejercicio del poder autoritario de esa persona. En ocasiones ocurre que, en efecto, se dan transiciones exitosas y emergen sistemas democráticos (en distintos grados). En otras, a pesar de la salida del dictador, esas estructuras, o una parte significativa de ellas, permanecen intactas.

El caso actual de Sudán puede resumirse de la siguiente manera: una lucha entre dos actores que emergen precisamente de esas mismas estructuras del poder dictatorial que sostuvieron a Omar al Bashir durante tres décadas. Ambos fueron instrumentales para la caída del dictador en 2019 y, a lo largo de los cuatro años siguientes, lograron —al menos de forma relativa— negociar sus diferencias y aspiraciones, hasta que ese frágil equilibrio terminó por romperse. Paralelamente, esos mismos actores, que en su momento afirmaron estar a favor de la transición democrática, llevaban también años negociando con la sociedad civil, en ocasiones cediendo en ciertos aspectos y, en otras, imponiendo su fuerza. Me explico.

Tras décadas de un gobierno autoritario y represivo, en 2019 emerge en Sudán un movimiento social de enorme trascendencia. Desde entonces observamos con atención el empoderamiento de las mujeres, de la sociedad civil en general, y su clamor por transformaciones de fondo. Sin embargo, la salida de Bashir del poder y su inmediata aprehensión tuvieron que ver, sobre todo, con la decisión de ciertas figuras que estaban bajo su mando, quienes optaron por retirarle el respaldo y sacarlo del cargo. Sobrevino entonces un primer golpe de Estado en abril de ese año, que culminó con la toma del poder por quien entonces era vicepresidente y ministro de Defensa, Ahmed Awad Ibn Auf. No obstante, las protestas sociales continuaron con fuerza, exigiendo que el dictador Bashir fuera extraditado para responder por sus cargos ante la Corte Penal Internacional. Ibn Auf no logró sostenerse bajo esa presión y, casi de inmediato, renunció; desde entonces, Abdel Fatah al-Burhan asumió el control del ejército y del país, prometiendo la transición.

Tres actores

Entonces, intentando simplificar, hablemos de tres actores. El primero es el general Abdel Fatah al-Burhan, líder de facto del país y representante del ejército (SAF). El segundo es el general Mohammed Hamdan, un líder militar que procede de las milicias de asalto que Bashir empleó durante décadas como fuerza paralela, los Janjaweed, macabramente famosos por su papel en las masacres y crímenes de Darfur, considerados por numerosas fuentes como genocidio. Hamdan lidera hoy las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar estimado en alrededor de 100 mil combatientes, que continúa operando como una fuerza paralela al ejército formal. Hamdan —también conocido como Hemeti— es además un hombre extremadamente rico, vinculado a negocios como las minas de oro, con conexiones que van desde Abu Dabi hasta el Kremlin y el grupo ruso de contratistas privados Wagner, que al inicio del conflicto apoyó a las RSF con armamento. El tercer actor es la sociedad civil, que no es un bloque unitario, sino un entramado de posturas diversas: durante cuatro años se observaron grupos que se rehusaban a negociar con los militares y otros, más pragmáticos, que sostenían que no había alternativa distinta a hacerlo.

Este último punto no representa un dilema menor. Quizá la primera señal clara de lo que vendría después apareció en 2019, cuando las milicias de Hamdan asaltaron el campamento de manifestantes, asesinando, hiriendo, violando y ultrajando a civiles. No se trataba únicamente de violencia material, sino de actos destinados a comunicar un mensaje de fuerza y terror al movimiento social emergente. Desde entonces, esos episodios quedaron grabados en la memoria colectiva, mostrando de lo que eran capaces quienes nunca se fueron y con quienes, sin embargo, había que negociar. “Sabíamos que esto podría suceder. Durante años, Hemeti mató y quemó en Darfur. Ahora Darfur ha llegado a Jartum”, decía Alaa Salah al New York Times en 2019.

El segundo golpe de Estado y el rompimiento con la sociedad civil: 2021

Es bajo ese contexto que, al revisar los años previos a 2023, se observan largos periodos de negociaciones, acuerdos firmados y rotos, pactos alcanzados y una esperanza construida para luego ser quebrada. De ese proceso emergió un gobierno civil encabezado por el primer ministro Abdallah Hamdok, quien intentó sostener delicados equilibrios en medio de la pandemia y de una profunda crisis económica y política internacional. Pero esos equilibrios no eran solo entre civiles y militares, sino también entre los propios generales. Durante años se buscó que las negociaciones entre el ejército (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) fluyeran, con la intención de institucionalizar a estas últimas y permitir que la transición avanzara.

El siguiente quiebre ocurrió el 25 de octubre de 2021, cuando los militares —tanto Burhan como Hamdan— decidieron frenar a una sociedad civil que seguía cuestionando sus privilegios. Hamdok fue derrocado y arrestado en este segundo golpe de Estado. Sin embargo, por la presión internacional y la fuerza social acumulada, los militares evitaron romper por completo el diálogo. Semanas después, restituyeron al primer ministro y reiteraron su disposición a continuar las negociaciones. Aun así, tras la renuncia definitiva de Hamdok y con Burhan como líder de facto, 2022 volvió a estar marcado por conversaciones intermitentes y esfuerzos internacionales por influir. Ese proceso alimentó expectativas cuando, en diciembre de ese año, se firmó un acuerdo marco que contemplaba dos años de transición rumbo a elecciones.

No obstante, ya en 2023, la transición volvió a postergarse reiteradamente por dos factores centrales: por un lado, el control persistente del ejército y su renuencia a ceder poder; por el otro, la disputa abierta entre Burhan y Hamdan, es decir, entre el ejército formal y las RSF, una fuerza paralela de dimensiones monumentales. La propuesta de integrar a las RSF al ejército, largamente discutida, terminó por detonar la confrontación. Las relaciones entre ambos generales se deterioraron públicamente y los esfuerzos por una transición pactada fracasaron. Ambos se prepararon para el enfrentamiento hasta que todo estalló en abril de 2023.

El estallido

Entonces vino la escalada violenta entre el ejército (SAF) y las RSF. En pocas semanas había ya miles de muertos y cientos de miles de desplazados, y Sudán se convirtió en una de las mayores crisis humanitarias del planeta. Se intentaron negociar rápidamente varios ceses al fuego, pero ninguno logró detener la confrontación.

Miles de hombres que habían trabajado como agentes de inteligencia bajo el expresidente Omar al-Bashir y mantenían vínculos con su movimiento islamista se sumaron a las fuerzas del ejército de Burhan, según fuentes militares y de inteligencia citadas por Reuters. Burhan —una figura cercana a Bashir, aunque no islamista— negó públicamente que estos grupos estuvieran apoyando a sus fuerzas. Sin embargo, exoficiales de la desaparecida Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS), una institución poderosa compuesta mayoritariamente por islamistas, confirmaron su participación en el conflicto.

Para entender la relevancia de este elemento conviene considerar dos factores. Primero, Sudán fue durante años uno de los espacios de operación de Osama bin Laden: Bashir le concedió asilo en 1990 y, aunque fue expulsado en 1996, el arraigo de la ideología islamista radical en el país tiene décadas y fue instrumentalizado por el régimen. Segundo, la investigación muestra que el conflicto armado es el principal predictor de la emergencia del terrorismo: desde que se publica el Índice Global de Terrorismo, más de nueve de cada diez atentados ocurren o se originan en contextos de guerra.

Internacionalización del conflicto

La posición geográfica privilegiada de Sudán, sumada a su importancia política, ha atraído intereses de distinta índole. Actores regionales como Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU) o Irán han tejido vínculos, en distintos momentos, con diversos actores sudaneses. En el pasado, Sudán fue un eslabón clave en el tráfico de armas de Irán hacia Gaza, lo que motivó ataques israelíes contra instalaciones en su territorio. En otro momento, la administración Trump contempló a Sudán dentro de los procesos de normalización con Israel a cambio de retirarlo de la lista de patrocinadores del terrorismo, un proceso que quedó estancado tras el golpe de Estado de 2021.

En el conflicto entre Abdel Fatah al-Burhan y el general Hamdan, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), se observaron varios alineamientos relevantes. Arabia Saudita y EAU formaron parte del denominado “Quad”, junto con Estados Unidos y Reino Unido, activo en las negociaciones para una transición que debía desembocar en un gobierno civil. Al mismo tiempo, EAU desarrolló una relación económica y política estrecha con Hamdan, interesándose en el potencial alimentario del país y, sobre todo, en la industria aurífera controlada por las RSF, que venden oro a compradores de Rusia y Medio Oriente, incluido Abu Dabi. Combatientes sudaneses de las RSF participaron incluso en la guerra de Yemen del lado de la coalición respaldada por EAU.

Egipto, en contraste, ha apoyado al ejército sudanés y a Burhan, a quien considera un socio estratégico. Buena parte del liderazgo militar sudanés recibió formación en Egipto, y la cooperación bilateral se intensificó en el contexto de las tensiones con Etiopía por la represa de al-Nahda y el control del caudal del Nilo. En 2023, las RSF llegaron a detener a soldados egipcios en Sudán, temiendo una intervención directa, lo que evidenció el riesgo de una escalada regional. Hubo también reportes del respaldo del mariscal Khalifa Haftar, desde Libia, a las fuerzas de Hamdan.

Hacia 2025, sin embargo, la tensión más visible es la competencia estratégica entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ambos países respaldan a bandos rivales y utilizan la guerra civil sudanesa como escenario de proyección de poder. Mientras EAU continúa apoyando a Hamdan, quien controla rutas de contrabando y el comercio del oro, Riad busca preservar un Estado formal con el cual negociar estabilidad, seguridad en el Mar Rojo y control de rutas marítimas estratégicas.

Basta observar un mapa para dimensionar la relevancia geográfica de Sudán: acceso a costas, puertos y recursos en un punto clave entre África, el mundo árabe y las rutas comerciales globales.

Hacia el final del 2025

Hacia finales de 2025, el conflicto en Sudán no solo no ha encontrado una vía creíble de resolución, sino que ha entrado en una fase de cronificación profunda. La guerra se ha convertido en el nuevo estado “normal” del país: con líneas de frente móviles, economías de guerra consolidadas, y actores armados cada vez más autónomos de cualquier mando central efectivo. Las iniciativas diplomáticas continúan, pero se han vuelto intermitentes, fragmentadas y, sobre todo, desconectadas de la realidad sobre el terreno. Ni el ejército de Burhan ni las Fuerzas de Apoyo Rápido de Hamdan parecen hoy apostar por una victoria rápida; más bien, ambos han internalizado que el tiempo, el desgaste de la población civil y la fragmentación territorial pueden jugar a su favor. En este contexto, la transición democrática ha dejado de ser siquiera una promesa incumplida para convertirse en un horizonte prácticamente ausente del debate inmediato.

El país parece hoy materialmente dividido en dos: una zona controlada por las SAF, apoyadas por Arabia Saudita, y otra bajo control de las RSF de Hamdan, respaldadas por EAU. En este contexto, el príncipe saudí Bin Salman está buscando involucrar a Trump en la negociación de un cese al fuego definitivo. Algo que, sin duda, sería encomiable, pero que también operaría en favor de los intereses saudíes en su disputa geopolítica con Emiratos, y que por lo mismo enfrentará más de un obstáculo en el camino, dadas todas las variables en juego.

Paralelamente, la comunidad internacional parece haber entrado en una fase de adaptación al desastre. Sudán es hoy uno de los mayores escenarios de crisis humanitaria del mundo, pero también uno de los menos visibles en términos políticos. Las prioridades globales —Ucrania, Medio Oriente, el Indo-Pacífico o más recientemente, el hemisferio occidental— han relegado al país a un segundo plano, y con ello, la presión efectiva sobre los actores armados se ha diluido. Mientras tanto, la internacionalización del conflicto se ha vuelto más densa y menos transparente: flujos de armas, financiamiento y apoyos indirectos continúan alimentando la guerra sin asumirla abiertamente. Lo que persiste, entonces, no es solo la herencia de la dictadura de Bashir, sino una mutación aún más compleja: un sistema de violencia sostenida, con múltiples patrocinadores, escasa rendición de cuentas y una sociedad civil exhausta que, aun así, sigue pagando el costo más alto de una transición que nunca llegó.