Año 1, núm. 7, febrero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Crecimiento económico y desarrollo: del extravío a la vuelta a ideas fundamentales
Rolando Cordera Campos *
Durante décadas, el crecimiento económico se separó de la justicia social. El resultado ha sido una economía sin rumbo claro, incapaz de generar bienestar, cohesión y legitimidad democrática. Recuperar el desarrollo como proyecto colectivo implica reconciliar economía, política y sociedad.
¿Qué hacer en medio de un mundo incierto, carente de coordenadas y de rumbo? ¿Sería posible lograr que la economía fuera un sistema productivo, eficiente y dinámico que tendiera hacia sociedades equitativas, igualitarias y, cada vez más, sustentables? ¿Es posible reencauzar una economía sin rumbo, incapaz de tomar debida nota de las señales de desgaste y de los múltiples desequilibrios globales? ¿Cómo frenar las sistemáticas conductas especulativas y el paulatino abandono de políticas económicas y sociales de protección del interés colectivo?
De cara a estas y otras interrogantes, pareciera necesario volver a preguntar(nos) qué significa el término justicia social en estos tiempos. Habida cuenta de que, hasta antes de los años ochenta del siglo XX, el contrato social apuntaba hacia un gran acuerdo resumido por el concepto “estado de bienestar”, cuyos avances —en algunos países avanzados— permitieron que, tras la Segunda Guerra Mundial, fuera factible imaginar una economía capitalista “civilizada” e inclusiva. Un capitalismo reformado que, después de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, mostró que era posible combinar crecimiento económico, pleno empleo y cohesión social.
Esa fue una gran y promisoria plataforma, vista por muchos como un equilibrio político-social logrado gracias al diálogo político y plural. Un equilibrio que, a partir de los años ochenta dejó de funcionar o funcionó muy por debajo de lo requerido por las sociedades, cuando el discurso neoliberal, la revolución de los ricos —a decir de Carlos Tello y Jorge Ibarra— “olvidó” las dolorosas lecciones de los años treinta. Ello incluye a la Gran Depresión, los fascismos y el desplome de la democracia en Europa, a la par que condenó la presencia de los Estados como encargados de impulsar políticas de desarrollo, así como de intervenir en la redistribución de las riquezas mediante el otorgamiento de servicios y bienes públicos fundamentales como la seguridad social y la educación.
El crecimiento económico sin justicia social debilita la cohesión y la democracia.
Además, la cuestión fiscal y su dimensión tributaria progresiva pasó a retiro; en el centro del universo capitalista se entronizó al mercado, entendido como filtro y generador de las mejores iniciativas. Estas, se dijo una y otra vez, redundarían en un mayor crecimiento económico, inclusivo y redistribuidor de los frutos de dicho crecimiento.
De esa manera, el “nuevo orden mundial” proclamado por el presidente George Bush después de la Guerra del Golfo, se iría materializando en mayores índices de bienestar, fruto de un empleo creciente, una democracia representativa —comprometida con los derechos humanos—, así como una suerte de normalización de los criterios en uso para evaluar el desempeño económico y social de las naciones.
Hoy, con una globalización no solo inconclusa sino acosada por múltiples carencias y fallas, violencias, crímenes y conflictos bélicos por doquier, tendríamos que convenir en que aquella proclama fue, en todo caso, una optimista hipótesis de trabajo.
Economía, política y sociedad: trípode indispensable
El estado que vive hoy el mundo, desde luego nosotros, no debería dejar lugar a dudas: la economía debe recobrar su compromiso social y estar dispuesta a hermanarse con la política para reconfigurar el significado del interés general o del bien común. Esto supondría asumir los objetivos de justicia e igualdad, como la gran tarea de nuevos desarrollos que contemplen economías dinámicas e integradas, más y mejores empleos, así como procesos productivos responsables con el medio ambiente.
El abandono del estado de bienestar dejó economías más desiguales y frágiles.
La economía debe responder a la sociedad; sus intercambios comerciales y financieros, estar sujetos a criterios transparentes; sus procesos productivos, ser responsables con el medio ambiente y su protección. En este sentido, me parece, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (1) permiten desplegar hojas de ruta ciertas. Estas metas se enfocan no únicamente en el bien común, sino en la necesidad de asumir responsabilidades concretas en y entre los países que, de llevarse a la práctica, nivelarían los desequilibrios que amenazan no solo a la globalización económica y financiera, sino a la existencia misma de especies —incluida la humana— y regiones.
Se trata de la capacidad, la voluntad, de tomar decisiones de política inspiradas en tradiciones y experiencias culturales diversas, de un poder político e intereses económicos cuyas potencialidades suponen la acción y la presencia activa y permanente de los Estados. Así es como la economía recobraría su carácter de economía política.
Recuperar al desarrollo como idea y como proyecto central de la reorganización planetaria es la gran tarea y una misión cargada de compromisos que miran al largo plazo. Como tarea colectiva, función central del Estado y objetivo medular de la cooperación internacional, el desarrollo va más allá de ser un área de estudio o una tabla de estadísticas referidas a los índices de crecimiento económico. Sin duda lo es y lo ha sido durante siglos, al menos en la economía política, cuyos fundadores se abocaron a investigar las causas de la riqueza de las naciones y los mecanismos que determinan la distribución de los frutos del esfuerzo social.
Como proyecto social, el desarrollo suele aparecer asociado con la modernidad e, incluso, se le ha “confundido” con los procesos de modernización emprendidos por diferentes países. En este sentido, el desarrollo ha encarado en diversos momentos de la historia y, sin duda seguirá siendo así: cuestionamientos, revisiones, reformulaciones y adaptaciones.
El mercado, sin regulación, no corrige las desigualdades estructurales.
Se trata, sin duda, de un arduo esfuerzo por parte de la comunidad internacional; un empeño que debe ser inscrito en el magno afán de construir una sociedad internacional capaz de darse formas de gobierno y regulación a la altura de los riesgos y las amenazas actuales. Así, se le plantean renovadas y complejas exigencias al desarrollo, mismo que (nos) obliga a innovar en sus prácticas y formas de gestión.
Además de atender y entender mejor las cuestiones de la distribución, la justicia social y la equidad, tanto entre clases y grupos sociales como entre géneros, el desarrollo debe también orientarse para tener en cuenta e interiorizar sus relaciones con el ambiente, los territorios y los ecosistemas, así como con la diversidad y la multiplicación humanas.
Los grandes temas del desarrollo —apunta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)—, como el permanente rezago tecnológico de numerosos países, la persistencia de la pobreza y la evidencia de que buena parte de la población mundial continúa sin participar del bienestar generado por el progreso técnico y el crecimiento económico, ya no pueden ser ignorados ni siquiera por las economías más ricas, hoy tensionadas por los flujos migratorios. Reducir las brechas tecnológicas y de ingresos, y difundir globalmente el conocimiento y la producción son inseparables del objetivo de construir un sistema mundial estable y comprometido con el pleno empleo, concibiendo el trabajo no solo como un medio de producción, sino como un fin en sí mismo.(2)
De salida
Sin duda la tarea aquí delineada no es fácil, pero urge asumir la gravedad del contexto e imponernos sus alcances globales. Para empezar a recuperar una idea del desarrollo a la altura de los tiempos del mundo, requerimos reinventar la disposición y la destreza colectivas de dialogar y alcanzar un acuerdo —del que ningún actor quede excluido—.
Volver a la economía política es clave para un desarrollo sostenible e incluyente.
El pacto necesario, el que hace falta, debiera ser el compromiso que nos vincule a partir de definir qué Estado, qué país queremos y podemos construir, tomando en cuenta nuestra situación y la del mundo; es una oportunidad inmejorable para plantearnos objetivos de largo aliento.
Debe ser un acuerdo que fije rutas, plazos y prioridades; que elabore una nueva racionalidad del Estado, así como una renovada arquitectura de este, sostenida en un orden social y económico compatible con los principios democráticos, claramente comprometido con la justicia social. En el fondo, estas y otras tareas atribuibles al proceso de desarrollo obligan a encarar una tarea siempre pospuesta, como lo es una reforma integral del Estado y una redefinición consistente de la democracia y la política.
En palabras del economista Antón Costas: requerimos:
[…] buscar un crecimiento de mayor calidad. El malestar viene del paro y de los malos empleos. La economía tiene que crear buenos empleos para toda persona que, queriendo trabajar, esté en condiciones de hacerlo […]mejorar las capacidades del Estado. No es suficiente con aprobar nuevas políticas y programas. Hay que tener capacidades administrativas de gestión e implementación.
Lo urgente es reparar el puente entre el crecimiento económico y la prosperidad compartida. Solo así las democracias liberales podrán eliminar las causas socioeconómicas del malestar social y ganar la batalla a las nuevas formas de democracia autoritaria que se avistan en el horizonte.(3)
* Profesor emérito Facultad de Economía de la UNAM.
Referencias
(1) El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de Objetivos Globales (17 puntos) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Véase:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
(2) CEPAL. (2016). Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible.
(3) Costas, Antón. (2025). “Reparar el puente entre crecimiento y prosperidad”. El País.
