Año 1, núm. 7, febrero de 2026
ISSN 3122-3583
tendencia
Cerrar brechas en la política social: los errores de exclusión del programa Becas del Bienestar como desafío institucional en México
Ana Razo *
Ampliar la cobertura de una política social no garantiza, por sí misma, inclusión. Cuando el acceso a los derechos depende de trámites, tiempos, capacidades digitales y arreglos de cuidado invisibles, la desigualdad se reproduce desde la administración misma del Estado.
En la última década, México ha realizado un esfuerzo sostenido por ampliar el alcance de su política social y reforzar el derecho a la educación como pilar del bienestar. Programas como el de Becas para el Bienestar Benito Juárez (PBBBJ) representan un cambio significativo respecto a esquemas anteriores: mayor cobertura, un enfoque de derechos y una clara intención de reducir las desigualdades históricas que han limitado las trayectorias educativas de millones de niñas, niños y adolescentes.
Este esfuerzo no es menor. En un país marcado por profundas brechas territoriales, de género e ingresos, el PBBBJ ha logrado llegar a regiones y poblaciones que durante años permanecieron al margen de la protección social. En comunidades rurales e indígenas, el programa se ha convertido en un apoyo relevante para sostener la permanencia escolar y aliviar las presiones económicas cotidianas.
Sin embargo, como ocurre con toda política pública de gran escala, los avances conviven con desafíos. El estudio Equity and Cash Transfers in Brazil, Colombia, and Mexico, financiado por el American Institutes for Research (AIR) y desarrollado con la participación académica de El Colegio de México, ofrece una oportunidad valiosa para aprender de la implementación del PBBBJ y fortalecerlo. Sus hallazgos permiten identificar áreas en las que el diseño y la operación del programa pueden perfeccionarse para asegurar que el objetivo de igualdad educativa se traduzca en una inclusión efectiva.
La desigualdad administrativa excluye a quienes más necesitan el apoyo, aun cuando cumplen con los criterios formales.
Este artículo parte de una premisa constructiva: reconocer los logros del PBBBJ y, al mismo tiempo, analizar los errores de exclusión que persisten, no como fallas individuales o institucionales aisladas, sino como retos estructurales propios de la expansión del Estado social. Desde una perspectiva de política social y de desigualdad, el texto propone que comprender estos desafíos —especialmente aquellos vinculados con el género, los cuidados y la gestión administrativa— es un paso indispensable para consolidar políticas educativas más justas, sensibles y eficaces.
Desigualdad administrativa: cuando el acceso se vuelve una barrera
La literatura de política social ha mostrado que el acceso a los derechos no depende únicamente de su reconocimiento formal, sino también de los mecanismos concretos de implementación (Mkandawire, 2005). En este sentido, los errores de exclusión pueden leerse como una forma de desigualdad administrativa, en la que el Estado impone costos —de tiempo, información, dinero y cuidado— que no todas las personas pueden asumir.
El estudio documenta que, en México, más del 80 % de los hogares elegibles con niñas y niños en educación primaria y secundaria quedan fuera del PBBBJ. Incluso entre quienes viven en pobreza extrema, las tasas de exclusión superan el 60 %. Estas cifras no son anecdóticas: revelan un patrón sistemático en el que la pertenencia territorial, el acceso digital y la capacidad para cumplir con trámites se convierten en filtros decisivos.
Un directivo escolar lo expresó de forma contundente durante el trabajo de campo: “Aquí hay familias que viven igual de mal, pero unas reciben la beca y otras no. La diferencia es que unas pudieron hacer el trámite y otras no”. La desigualdad, así, no está en la necesidad, sino en la posibilidad de navegar por el aparato burocrático.
El territorio importa (pero no como se cree)
Uno de los hallazgos centrales del estudio es el peso del enfoque territorial en la asignación de becas. El PBBBJ prioriza escuelas ubicadas en localidades clasificadas como de alta o muy alta marginación, lo que ha permitido una mayor cobertura en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En estas entidades, la cobertura puede superar el 50 % de los hogares elegibles.
Sin embargo, este mismo criterio produce exclusión en zonas urbanas y periurbanas, donde la pobreza es menos visible, pero igualmente severa. En la Ciudad de México, por ejemplo, la cobertura apenas alcanza el 3.4 %. Familias que viven en condiciones precarias quedan fuera simplemente porque sus hijas e hijos asisten a escuelas clasificadas como “no prioritarias”.
Desde la perspectiva de la política social comparada, este fenómeno ilustra los límites de la focalización geográfica en contextos de desigualdad urbana compleja (Sojo, 2017). La pobreza no se distribuye de forma homogénea ni respeta fronteras administrativas claras. Cuando el diseño ignora esta realidad, la exclusión se vuelve casi inevitable.
La focalización territorial deja fuera a la pobreza urbana, menos visible pero igualmente profunda.
Género y cuidados: la desigualdad que no aparece en los padrones
Si la desigualdad territorial explica una parte de los errores de exclusión, la dimensión de género permite comprender su profundidad. El estudio muestra que más del 77 % de los hogares encabezados por mujeres en situación de pobreza quedan fuera del programa. Esta cifra es consistentemente superior a la de otros grupos vulnerables.
La razón no es casual. En México, como en otros países de la región, las mujeres concentran la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado y son quienes interactúan cotidianamente con el Estado para gestionar apoyos, inscripciones escolares y servicios sociales. El acceso al PBBBJ exige tiempo, desplazamientos, manejo de plataformas digitales y recopilación de documentos: tareas que se suman a jornadas ya sobrecargadas.
Una madre soltera entrevistada en Puebla lo resumió así: “Trabajo todo el día. Cuando fui a hacer el trámite, me dijeron que faltaba un papel. No pude volver y mi hijo se quedó sin beca”. Este testimonio ilustra cómo el diseño administrativo presupone una disponibilidad de tiempo y recursos que muchas mujeres no tienen.
La política social, al no reconocer explícitamente esta desigualdad de cuidados, termina penalizando a quienes sostienen cotidianamente la reproducción social. Como advierte la literatura feminista de política social, la neutralidad de género en el diseño suele traducirse en resultados profundamente desiguales (Razavi, 2007).
A esta desigualdad se suma una figura frecuentemente invisibilizada en la política social: las abuelas y los abuelos cuidadores. En contextos de migración, violencia, enfermedad o ruptura familiar, un número creciente de personas adultas mayores asume la responsabilidad principal del cuidado de sus nietas y nietos. Estas personas desempeñan un papel clave en la continuidad educativa, pero enfrentan barreras específicas para acceder a programas como el PBBBJ.
Desde el punto de vista administrativo, las personas adultas mayores cuidadoras suelen enfrentar una triple exclusión. En primer lugar, la brecha digital, que limita su capacidad para completar registros en línea o dar seguimiento a trámites electrónicos. En segundo lugar, los requisitos documentales rígidos, que no siempre reconocen los arreglos de cuidado no formales ni las situaciones de tutela de facto. Y, en tercer lugar, las limitaciones físicas y de movilidad, que hacen especialmente costoso trasladarse a oficinas, esperar largas filas o repetir trámites fallidos.
Una abuela cuidadora en Oaxaca lo expresó con claridad con el siguiente testimonio: “Cuido de mi nieta porque sus padres migraron, pero no sé usar una computadora y nadie me ayuda con el papeleo. Al final, no pudimos inscribirla”. Este tipo de experiencias revela cómo la política social puede dejar fuera a quienes, paradójicamente, sostienen la reproducción cotidiana del bienestar y de la educación.
Las mujeres cuidadoras enfrentan mayores barreras de acceso por la sobrecarga de trabajo no remunerado.
La literatura sobre cuidados ha señalado que las políticas públicas suelen asumir implícitamente una persona cuidadora adulta, disponible y con capacidades administrativas y digitales, invisibilizando la edad como eje de desigualdad (Daly & Lewis, 2000; Esquivel, 2011). En el caso del PBBBJ, esta omisión se traduce en errores de exclusión que afectan directamente a niñas y niños cuyo principal sostén es una persona adulta mayor.
Reconocer explícitamente a las abuelas y los abuelos cuidadores como sujetos centrales de la política social no implica solo ajustar criterios administrativos, sino también ampliar la comprensión de quién cuida, en qué condiciones y con qué apoyos. Incorporar esta mirada permitiría avanzar hacia programas educativos más sensibles a las realidades intergeneracionales y a los desafíos del envejecimiento en contextos de desigualdad.
La exclusión digital como nueva frontera de la desigualdad educativa
Otro elemento clave es la digitalización de los procesos de registro y seguimiento del programa. Aunque la inscripción en línea busca eficiencia y transparencia, en la práctica ha generado, según el estudio, lo que se identifica como errores modernos de exclusión.
Hogares sin acceso estable a internet, con baja alfabetización digital o encabezados por personas adultas mayores enfrentan barreras significativas. En muchos casos, las familias deben pagar a terceros para realizar el trámite o desplazarse por largas distancias para recibir apoyo. Cuando el sistema falla —por saturación de la plataforma o por errores en la validación de documentos—, no existen mecanismos claros de apelación.
Muchas familias, especialmente en zonas rurales o urbanas en situación de marginación, carecen de acceso a internet, a computadoras o a conocimientos digitales. Como resultado, se enfrentan a gastos adicionales por alquilar tiempo en cibercafés o por pagar apoyos no oficiales que les ayuden con el registro, servicios que no garantizan el éxito ni la exactitud del proceso. Como dijo una de las madres de familia: “Tuve que pagar en el cibercafé para que me ayudaran con el registro”. Este tipo de situaciones revela cómo la brecha digital se convierte en una brecha educativa indirecta.
Intersecciones que importan: pobreza, género y etnicidad
El análisis interseccional del estudio confirma que las exclusiones no se distribuyen de manera aislada. Los hogares indígenas, por ejemplo, muestran mejores niveles de cobertura que otros grupos pobres, pero siguen enfrentando tasas elevadas de exclusión, especialmente en la educación secundaria.
Cuando se combinan factores —ser mujer, indígena, cuidadora y pobre—, las barreras se multiplican. Las exigencias documentales, el uso exclusivo del español y la falta de acompañamiento institucional refuerzan las desigualdades históricas. La política social, al no adaptarse a estas realidades, reproduce patrones de exclusión que afirma combatir.
La brecha digital se convierte en un filtro silencioso para el ejercicio de derechos educativos.
Más allá de la universalidad: el papel de las intervenciones directas en la reducción de la exclusión
La transición hacia la Beca Universal Rita Cetina, anunciada para iniciar en 2025, abre una oportunidad histórica para corregir muchos de estos problemas. La universalidad, en principio, elimina los filtros territoriales y reduce la discrecionalidad. No obstante, el estudio advierte que la universalidad nominal no garantiza la inclusión efectiva.
Si los procesos de registro, comunicación y pago siguen descansando en capacidades desigualmente distribuidas, los errores de exclusión persistirán. La experiencia comparada muestra que los programas universales exitosos son aquellos que invierten en infraestructura administrativa, en acompañamiento local y en mecanismos de resolución de conflictos (Lindert et al., 2020).
Recomendaciones: repensar la justicia desde la implementación
Más que ajustes técnicos, las recomendaciones del estudio apuntan a una redefinición del vínculo entre Estado y ciudadanía:
- Simplificar y diversificar los mecanismos de registro combinando modalidades digitales y presenciales.
- Reconocer explícitamente las desigualdades de género y de cuidado en el diseño del programa.
- Fortalecer el rol de las escuelas como intermediarias confiables.
- Establecer sistemas claros de apelación y corrección de errores.
- Priorizar a los hogares con múltiples vulnerabilidades mediante criterios interseccionales.
Estas medidas no solo mejorarían la eficiencia del programa, sino que también avanzarían hacia una concepción más sustantiva de igualdad.
Cerrar la brecha invisible
El caso del PBBBJ muestra que la desigualdad educativa no se juega únicamente en las aulas, sino también en los pasillos de la administración pública, en los formularios digitales y en el tiempo invisible de las personas cuidadoras. Reconocer esta dimensión es fundamental para construir políticas sociales que no solo declaren derechos, sino que los hagan efectivamente accesibles.
La experiencia mexicana ofrece una lección clara: sin una mirada crítica sobre la implementación, incluso las políticas más ambiciosas pueden reproducir las desigualdades que buscan erradicar. El desafío es convertir la universalidad en una práctica concreta, sostenida por instituciones que entiendan —y acompañen— la vida real de quienes más necesitan al Estado.
* Académica de la UAM-Xochimilco. Coordinadora del estudio “Equity and Cash Transfers in Brazil, Colombia, and Mexico. Mexico Case Study”.
Financiamiento y agradecimiento
Este artículo se basa en el estudio Equity and Cash Transfers in Brazil, Colombia, and Mexico. Mexico case study, financiado por el American Institutes for Research (AIR) y desarrollado con la participación académica de El Colegio de México. Agradecemos a las comunidades, familias y personas que compartieron sus experiencias y testimonios.
Referencias
American Institutes for Research (AIR). (2025). Equity and Cash Transfers in Brazil, Colombia, and Mexico. Mexico Case Study. https://www.air.org/sites/default/files/2025-12/Equity-and-Cash-Transfers-in-Brazil-Colombia-Mexico-Mexico-Case-Study.pdf
Daly, M., & Lewis, J. (2000). The concept of social care and the analysis of contemporary welfare states. The British Journal of Sociology, 51(2), 281-298.
Esquivel, V. (2011). Sixteen years after Beijing: what are the new policy agendas for time-use data collection? Feminist Economics, 17(4), 215-238.
Lindert, K., Karippacheril, G. T.,Caillava, I.R., & Chávez, K.N. (2020). Sourcebook on the foundations of social protection delivery systems. World Bank Publications.
Mkandawire, T. (2007). Targeting and universalism in poverty reduction. Social Policy and Development Programme Paper, 23. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
Razvi, S. (2007). The political and social economy of care in a development context: Conceptual issues, research questions and policy options. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
Sojo, A. (2017). Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo. Cepal.
Secretaría de Educación Pública (2023). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2024.
