Año 1, núm. 5, diciembre de 2025
ISSN 3122-3583
a fondo
Anticorrupción para la reducción de las desigualdades en México
Eduardo Bohórquez
Eduardo Bohórquez propone un giro decisivo: una política anticorrupción solo tiene sentido si reduce desigualdades y garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos establecidos en la Constitución.
Escribo esta colaboración para El Diluvio con base en varios años de reflexiones y conversaciones sobre el sentido y el propósito que ha de tener el control efectivo de la corrupción en un país como México. La conversación inició cuando fui formalmente consultado sobre los objetivos de una política nacional anticorrupción, que se construyó como resultado de una gesta ciudadana para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). De forma clara y sintética respondí que el principal objetivo de una política anticorrupción es asegurar que los derechos consagrados en la Constitución se cumplan. Y todavía más, insistí en si debíamos establecer prioridades.
Pongamos foco en el artículo primero de la Carta Magna. Este abarca un número importante de temas, pero esencialmente establece la obligación para todo aquel que cumple o ejerce funciones de autoridad, incluidas las empresas, de poner a los derechos humanos por encima de cualquier otro propósito u acción y asegurar que se cumplan. La reforma constitucional de 2011 puso a las personas, y no a la ciudadanía, en el centro de las obligaciones de autoridades y empresas; muchas de estas cumplen funciones que son equiparables a las de una autoridad.
La anticorrupción debe tener un norte ético: asegurar derechos y reducir desigualdades.
Es sobre los derechos humanos reconocidos en la Constitución donde se concentra un número aberrante de desigualdades en México, incluida la desigualdad económica en la que viven un número importante de personas, comunidades, municipios y hasta estados de la república. Pero ello no termina ahí, la desigualdad en México está presente en el acceso a servicios de salud de calidad, educación, transporte o seguridad; en las estructuras fiscales o en la equidad y la inclusión. En términos llanos, muchas desigualdades preexistentes, y las que hoy estamos generando, parten de no colocar los derechos de las personas al centro del diseño de planes y políticas públicas.
A casi tres lustros de la aprobación de la reforma constitucional de 2011, muchas personas servidoras públicas, y también un número importante de empresas, desconocen sus obligaciones, ya sea por acción u omisión, e incumplen lo dispuesto en el artículo primero constitucional.
Por ello, en un país donde la desigualdad en el ejercicio pleno de los derechos sigue siendo tal, las acciones anticorrupción —que agrupan políticas de transparencia, integridad, rendición de cuentas o acción legal del Estado contra quien actúa en contra patrimonio público, incluido el natural—, no deben ser vistas como un fin. El control efectivo de la corrupción debe y requiere un norte ético; ese destino va más allá de incrementar la eficiencia en la atención del fenómeno delictivo asociado a la corrupción, se trara también de reducir el ejercicio desigual de los derechos que ha prevalecido en nuestro país.
Han sido muchos y loables los esfuerzos en los últimos treinta años por incorporar este enfoque de combate a la corrupción, desde el trabajo de la academia hasta el de la sociedad civil para transparentar, por ejemplo, los subsidios al campo, las deliberaciones sobre el acceso a la justicia cotidiana, las movilizaciones para mejorar el acceso o la calidad en los servicios de salud o los esfuerzos por darle orden y sentido a la política social, las contrataciones públicas o el presupuesto; sin embargo, al carecer de un objetivo medible como la reducción de la desigualdad en México, muchos de estos esfuerzos valiosísimos han estado limitados por la duración de los proyectos que impulsaron estas acciones, por la existencia de donantes comprometidos con esta agenda o por los contextos gubernamentales. Los donantes cambian de prioridades, los proyectos terminan y los gobiernos se incomodan con la crítica. En una misma administración, las organizaciones de la sociedad civil pasan de ser “aliados indiscutibles” de la acción pública a “conocidos adversarios” del gobierno.
La corrupción erosiona acceso a servicios básicos, justicia, movilidad y oportunidades.
La dolorosa realidad ilustrada por tales estudios e iniciativas pronto es sucedida por nuevas agendas y prioridades. Pocas veces se ha conseguido que la acción institucional persista en el tiempo y que de ahí se conviertan en prioridades de Estado.
Hay excepciones, claro. La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG), por citar un ejemplo, fue un instrumento que cambió la discusión de percepción por una de victimización, puso en el centro la experiencia de los hogares mexicanos. Y para fortuna de todos, tras una década de levantamientos independientes y una serie de incómodas conversaciones con el Estado mexicano, el INEGI retomó la encuesta, y con modificaciones mínimas, asumió el reto de medir experiencias concretas de corrupción. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) transformó el esfuerzo social de medir la corrupción a establecerlo como responsabilidad del Estado.
Pero historias como la de la ENCBG son excepciones. En general, los contextos hacen difícil mantener y ampliar iniciativas cívicas, mucho menos cuando estas afectan intereses políticos o empresariales. Y todavía menos, cuando tales iniciativas afectan el acceso al poder o la consolidación de grupos que rinden beneficios económicos a quienes financian ilegalmente campañas políticas.
Contribuir activamente en la reducción de las desigualdades no es el único propósito de actuar contra la corrupción, pero es tal vez el que más sentido tiene en un momento nación como el que vivimos. En este momento el llamado “combate a la corrupción” —que siempre ha sido un instrumento retórico para los partidos políticos y los gobiernos— se ha ido reduciendo hasta convertirse en una herramienta para frenar candidaturas dentro y fuera de los partidos gobernantes. Todas las fuerzas políticas acusan corrupción en sus adversarios, pero una vez instalados en el gobierno, las acciones concretas contra esa corrupción se disipan, especialmente si los adversarios cambian de bando y se suman al grupo gobernante.
El país carece de prioridades claras para definir qué problemas anticorrupción atender primero.
¿Cómo establecer una anticorrupción que contribuya a la reducción de las desigualdades en México? En primer lugar, dejando claro que una tarea central al actuar contra la corrupción es y debe ser la reducción en el ejercicio desigual de los derechos en México, asegurando que haya una redistribución justa de poder, recursos y servicios públicos.
Posibles acciones sobran: evitar la corrupción en la justicia en zonas del país alejadas de los controles democráticos mínimos; priorizar el control de la corrupción contra pequeñas organizaciones productivas que no tienen los recursos para acceder a grandes despachos de abogados; hacer más accesibles los sistemas de contratación pública; mejorar el acceso a servicios públicos en zonas de mayor marginación; enfrentar la corrupción en el transporte público, entre otros.
Pero más que elaborar un listado infinito de problemas, lo que con frecuencia se traduce en parálisis e inacción, se trata de establecer un enfoque para las acciones anticorrupción en las distintas etapas de la política pública: prevención, detección, investigación, sanción, recuperación de activos, reparación de daño a las víctimas y garantía de no repetición.
Cuando se incluye un enfoque de reducción de desigualdades las acciones anticorrupción cambian drásticamente: la prevención incluye, por ejemplo, la lucha contra la evasión fiscal o nuevos enfoques en la contratación pública; en términos de detección de actos de corrupción importa no solo el número o el monto de los casos, sino que estos afecten ciertos derechos; en materia de investigación y sanción, se incorpora el ángulo de reconocimiento de las víctimas y, con ello, la garantía de no repetición.
Una agenda efectiva requiere alinear prevención, sanción, reparación y no repetición con enfoque de derechos.
Este enfoque también lleva a mejorar alianzas sociales en esta agenda: organizaciones productivas y de derechos humanos, colectivos de víctimas o incluso especialistas en desigualdad, pueden sumar su conocimiento y expertise a la agenda anticorrupción. Más que un filtro para las acciones anticorrupción, la desigualdad se convierte en un acicate para actuar o en un agravante cuando los actos de corrupción se cometen.
La noción de qué es y qué no es corrupción está cambiando en el mundo. Pero junto con ello debe también ajustarse lo que consideramos anticorrupción o control efectivo de la corrupción. La conversación sigue estancada en los periodos electorales o la descalificación de los adversarios, en la retórica política del día a día, pero no en la concepción de nuevas herramientas y mejores resultados.
México tiene un conjunto de organismos e instituciones con suficientes recursos para actuar, cuenta con un entramado nacional que le permite alinear acciones en los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, tiene también un reclamo social añejo que sigue siendo prioridad en todas las encuestas. Pero carece, hay que decirlo, de un rumbo claro para elegir qué tipo de problemas son prioritarios y por qué han de serlo.
Controlar la corrupción que agrava y reproduce las desigualdades en México es una de esas prioridades. La otra, igualmente compleja, es la vinculación entre redes de macrocriminalidad y corrupción en México. Empecemos ya por la primera: la de construir una anticorrupción que sirva a las personas y no solo a los poderosos.
