Año 1, núm. 8, marzo de 2026
ISSN 3122-3583
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Administrar lo público en un mundo sin reglas
Guillermo M. Cejudo *
Gobernar en democracia se ha vuelto más complejo cuando las reglas se erosionan, los contrapesos se debilitan y el conocimiento experto es visto como un obstáculo en lugar de un recurso para la acción pública.
Gobernar en democracia siempre ha requerido lidiar con equilibrios delicados. Los mandatos provenientes de las urnas deben traducirse en procesos burocráticos que desemboquen en bienes, servicios y políticas públicas. Para lograrlo, los actores políticos —depositarios de esos mandatos y de la legitimidad electoral— requieren operar mediante burocracias razonablemente competentes, con profesionales que ofrecen su conocimiento especializado y su experiencia para construir soluciones a los problemas públicas.
Esa capacidad burocrática necesita cierto grado de autonomía frente a la inmediatez política, por lo que se crean procedimientos administrativos y restricciones a la discrecionalidad de las y los gobernantes: quién ocupa una plaza en el servicio público, cómo se usa el presupuesto, quién puede acceder a la información pública, etc., son decisiones que no dependen de la voluntad de una o un político o la arbitrariedad de una o un funcionario, sino de reglas y procesos definidos ex ante.
El orden liberal no ha sido reemplazado: se encuentra en un vacío donde lo viejo muere y lo nuevo no logra nacer.
Existen múltiples formas en que esos equilibrios pueden romperse. Frecuentemente, quienes se dedican a la política buscan imponer decisiones que se saltan los canales burocráticos en pos de la velocidad, por conveniencia política o para evadir el escrutinio ciudadano. A veces, un cuerpo burocrático puede adquirir un poder excesivo y operar más allá de los márgenes del control democrático, amparado en su propia pericia técnica. En otros casos, la defensa rígida de reglas y procedimientos puede llevar a olvidar el mandato sustantivo que deberían cumplir; entonces, la burocracia termina encarnando la caricatura que domina el imaginario público: una organización lenta, rígida e ineficaz.
De unos años para acá, el equilibrio ha sido retado de un modo distinto: ya no porque las y los políticos o las burocracias estiren la liga a su favor, sino porque el proceso que define el mandato democrático está en crisis ante el auge del populismo iliberal, y porque el conocimiento técnico experto —insumo fundamental de la capacidad administrativa— se ha vuelto objeto de creciente desconfianza. En efecto, como argumentamos Fernando Nieto y yo en un ensayo que escribimos el año pasado,[1] los cuestionamientos a la administración pública ya no se limitan a su tamaño, a la corrupción o a la ineficiencia: ahora se cuestionan los pilares que le dan sentido.
Por un lado, la democracia liberal —que define los fines y límites de la acción administrativa y le otorga legitimidad— atraviesa una crisis profunda. Sus principios son desafiados por un populismo iliberal que se ha vuelto parte de la nueva normalidad política en buena parte del mundo. Ante ello, las y los funcionarios, las estructuras, las reglas, los procedimientos y demás componentes de la administración pública dejan de verse como un instrumento para garantizar derechos de las personas y cumplir decisiones democráticas. Así, se convierte en un estorbo para que el líder carismático —sea Trump, Bolsonaro, López Obrador o Milei— imponga su agenda.
La soberanía ya no es absoluta; es relacional, condicionada por interdependencias económicas, tecnológicas y ambientales.
La erosión de los contrapesos deja a las administraciones públicas sin las salvaguardas para proteger los procedimientos administrativos y sin la revisión por parte de juezas y jueces de que se cumplen las normas a cabalidad. Como han explicado Oliver Meza, Elizabeth Pérez-Chiqués y Aldo Martinez-Hernandez,[2] desde los ayuntamientos hasta los gobiernos nacionales, los mecanismos que debían contener, vigilar y equilibrar al poder se han debilitado. Esto deja a la ciudadanía ante una burocracia que se imagina más como el brazo ejecutor del poder que como un agente al servicio de las personas.
Por otro lado, también está siendo cuestionado otro pilar del arreglo político-administrativo en democracia. En todo el mundo, crece la desconfianza hacia el conocimiento experto, la formación técnica y la profesionalización de las burocracias. Se sospecha de personas especialistas y se afirma que “gobernar no tiene ciencia”. En esa lógica, se desmantelan instituciones dedicadas a producir conocimiento especializado para informar la toma de decisiones, se ataca a las universidades y a los centros de investigación, y se acusa a los medios de proveer fake news. Esto es, desde luego, un problema político (¿cómo puede sostenerse una democracia en un entorno dominado por la posverdad?), pero también lo es para la administración de lo público: los problemas públicos requieren buenos diagnósticos, políticas calibradas e informadas por evidencia, y un seguimiento a los resultados de la acción gubernamental para corregir cuando es necesario. Renegar del conocimiento puede ser eficaz como estrategia retórica, pero no una buena base para gobernar bien.
A ese diagnóstico hay que agregar un dato más. La administración del público también está siendo impactada por el quiebre en el orden internacional. Este proceso, acelerado y a la vista de todas las personas, afecta a la administración pública en cada país. La “ficción útil” a la que hizo referencia el primer ministro canadiense en su discurso en Davos a inicios de 2026 describía un orden internacional que ofrecía estabilidad a las relaciones entre los gobiernos y establecía un marco de cooperación, resolución de controversias y construcción de soluciones a problemas comunes. Cuando ese arreglo se desmorona, gobernar se vuelve mucho más complejo.
La legitimidad del Estado dependerá de su capacidad para gestionar la policrisis sin sacrificar derechos.
Por un lado, la predictibilidad de las reglas en el trato con otros países deja de estar garantizada (¿cómo diseñar políticas económicas ante la incertidumbre de los aranceles y los bloqueos comerciales?). Por otro, los espacios donde se construían respuestas a problemas globales —la UNESCO, la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud, por mencionar solo algunas— están siendo minados por falta de presupuesto, por la salida de países poderosos, notablemente Estados Unidos, y por ataques directos a la esencia de su misión. Los países que requieren del conocimiento de esas instituciones, que se acogen a sus mecanismos para dirimir controversias o que requieren su asistencia técnica pierden instrumentos para resolver sus propios problemas.
Y, finalmente, el retraimiento de la globalización complica aún más la tarea. Aunque algunos países prefieran mirarse el ombligo, buena parte de los problemas comunes desbordan por completo la escala nacional: las redes internacionales de tráfico de drogas o personas, los flujos migratorios, la crisis climática, y muchos otros desafíos no pueden resolverse dentro de las fronteras nacionales. En un mundo que, pese a la retórica nacionalista, seguirá profundamente interconectado, las administraciones públicas quedan con herramientas de alcance solo nacional, obligadas a enfrentar problemas que no reconocen esos límites.
La administración pública, como disciplina y como práctica, tendrá que ajustarse con rapidez a este nuevo escenario. Los supuestos que durante décadas dieron forma a su funcionamiento están colapsando. Aun así, no puede abandonarse el proyecto de construir gobiernos más competentes, sustentados en burocracias profesionales y ancladas en principios democráticos. No se trata solo de una reforma técnica; es una disputa política por el tipo de Estado que queremos. Es una tarea monumental, quizá de varias generaciones, pero ineludible: renunciar a ella sería renunciar a la posibilidad misma de gobernarnos, de proteger lo público y de enfrentar colectivamente los problemas que son de todas las personas.
*Profesor de políticas públicas en el CIDE
[1] Fernando Nieto Morales y Guillermo M. Cejudo. (2025). “Una administración pública para los nuevos tiempos”, Letras Libres. https://letraslibres.com/revista/nieto-cejuado-una-administracion-publica-para-los-nuevos-tiempos/
[2] Oliver Meza, Elizabeth Pérez-Chiqués, y Aldo Martinez-Hernandez. (2026). “Del gobierno municipal a la autocracia global”, Nexos, sección Pacto Federal. https://federalismo.nexos.com.mx/2026/01/del-gobierno-municipal-a-la-autocracia-global/
