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Venezuela como espejo de la crisis civilizatoria: soberanía, paz y mujeres
Olivia Hidalgo Domínguez *
En vísperas del 8 de marzo, Venezuela nos obliga a replantear las preguntas. No basta discutir soberanía si no se habla de dignidad. No basta hablar de paz si se omite la justicia social. Mientras el debate internacional se centra en legitimidades estatales, millones de mujeres enfrentan la precariedad, la migración forzada y la sobrecarga del cuidado. Este texto sostiene que la verdadera disputa no es solo geopolítica: es civilizatoria. Y tiene rostro femenino.
I. La pregunta equivocada
La discusión internacional sobre Venezuela parece atrapada en un bucle: soberanía o intervención. Reconocimiento o desconocimiento. Legalidad diplomática o injerencia externa. Cada episodio reactiva el mismo debate, como si la historia estuviera condenada a girar sobre esa bisagra conceptual, pero esa insistencia revela algo inquietante: la pregunta dominante podría ser la equivocada.
El debate internacional sobre Venezuela insiste en una dicotomía: soberanía o intervención. Pero mientras las cancillerías discuten principios, millones de personas enfrentan precariedad, migración forzada y pérdida de derechos. La pregunta central no debería ser quién tiene la razón diplomática, sino quién está sosteniendo la vida cotidiana en medio de la crisis.
Cuando los Estados discuten quién violó la soberanía, rara vez se preguntan qué ocurre con la vida concreta dentro del territorio que dicen proteger. La soberanía se invoca como principio absoluto, pero la dignidad cotidiana de millones de personas permanece en segundo plano.
Venezuela se ha convertido en un campo simbólico donde se disputa la narrativa del orden internacional. Para algunos, es ejemplo de resistencia frente a la injerencia externa; para otros, evidencia de autoritarismo y colapso institucional. Sin embargo, en ambos discursos hay una constante: la población aparece como abstracción. Y dentro de esa abstracción, las mujeres quedan aún más diluidas.
No es un descuido anecdótico. Es una lógica estructural de la política moderna: elevar categorías macro —Estado, soberanía, legitimidad— mientras se reduce la complejidad de la vida cotidiana a cifras generales.
II. Crisis civilizatoria: más que un colapso nacional
Edgar Morin (1999) sostiene que las crisis contemporáneas no son meros episodios coyunturales; expresan el agotamiento de un modelo civilizatorio. La modernidad prometió progreso ilimitado, crecimiento constante y estabilidad institucional. Hoy esas promesas muestran sus fisuras.
En Venezuela, más de siete millones de personas han migrado en la última década (ACNUR, 2023). El deterioro de servicios básicos, la precarización económica y el debilitamiento institucional han sido documentados por organismos internacionales (CIDH, 2021). No obstante, reducir el fenómeno a una simple disputa política o a un enfrentamiento ideológico invisibiliza algo más profundo: la fractura de las condiciones que hacen posible la reproducción social.
Immanuel Wallerstein (2005) advertía que las crisis del sistema-mundo capitalista no se resuelven con ajustes superficiales; producen inestabilidad prolongada y disputas por nuevos órdenes. Venezuela puede leerse como parte de esa transición turbulenta, donde las categorías jurídicas clásicas comienzan a tensionarse.
La soberanía, concebida como potestad exclusiva del Estado sobre su territorio, se enfrenta a una paradoja: puede mantenerse formalmente intacta mientras su capacidad real para garantizar derechos se erosiona.
Las crisis nunca impactan de forma neutral. Cuando se deterioran los servicios, el empleo y la seguridad, las mujeres cargan con el peso invisible de la supervivencia: más trabajo de cuidados, mayor precariedad y riesgos de violencia en contextos de migración y desprotección institucional.
III. El desplazamiento del debate
El foco diplomático internacional ha sido insistente: ¿hubo injerencia?, ¿se violó la autodeterminación?, ¿quién detenta legitimidad institucional? Son preguntas válidas, pero cuando monopolizan la conversación, producen un desplazamiento. El centro del debate se mueve hacia el plano abstracto y deja en la periferia las experiencias materiales.
La categoría “violaciones generalizadas de derechos humanos” aparece en informes oficiales (CIDH, 2021), pero su amplitud puede ocultar diferencias internas. No todas las personas enfrentan el deterioro institucional de la misma manera. Aquí emerge la dimensión de género.
IV. La crisis siempre tiene rostro femenino
Las crisis no son neutras. Cuando el empleo formal disminuye, cuando la infraestructura sanitaria se debilita o cuando la escasez se vuelve cotidiana, las responsabilidades domésticas y de cuidado se intensifican. Históricamente, ese trabajo recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Nancy Fraser (2016) ha explicado que el capitalismo contemporáneo atraviesa una crisis permanente de la reproducción social: cuando el Estado reduce su capacidad, el cuidado se privatiza en el hogar. Rita Segato (2016) advierte que en contextos de crisis estructural las violencias de género no desaparecen, se agravan.
En el caso venezolano, la migración femenina implica riesgos específicos: exposición a explotación laboral, violencia sexual y trata en rutas migratorias (ONU Mujeres, 2022). Dentro del país, la precariedad de servicios incrementa la carga de trabajo no remunerado. No se trata de afirmar que solo las mujeres sufren la crisis. Se trata de reconocer que la sufren de manera diferenciada. Y esa diferencia importa.
V. Paz negativa y paz positiva: una distinción olvidada
Johan Galtung (1969) distinguió entre paz negativa y paz positiva. La primera implica ausencia de violencia directa; la segunda exige transformación de las estructuras que producen desigualdad y exclusión. La discusión sobre Venezuela se ha movido predominantemente en el terreno de la paz negativa: estabilidad política, control territorial, equilibrio diplomático; pero la paz positiva requiere algo más profundo: garantizar condiciones de vida dignas y eliminar violencias estructurales.
Una sociedad puede no estar en guerra y, aun así, vivir en violencia estructural cotidiana. La escasez crónica, la precarización del cuidado y la inseguridad económica constituyen formas de violencia menos visibles, pero igualmente determinantes. Si la paz se reduce a estabilidad institucional, se convierte en formalidad administrativa.
VI. Soberanía y responsabilidad en el siglo XXI
La soberanía ha sido principio central del derecho internacional. En América Latina, su defensa tiene una carga histórica asociada a procesos de emancipación y resistencia frente a intervenciones externas.
Sin embargo, el derecho internacional contemporáneo ha evolucionado. Tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención de Belém do Pará (1994) establecen obligaciones específicas para los Estados en materia de derechos de las mujeres. La soberanía ya no puede entenderse como autonomía absoluta desvinculada de responsabilidad.
Boaventura de Sousa Santos (2010) advierte que la modernidad creó líneas invisibles que determinan qué experiencias se reconocen como centrales y cuáles se relegan. Cuando la soberanía se absolutiza, puede operar como una de esas líneas: protege el contorno estatal mientras invisibiliza desigualdades internas. Una soberanía legítima no es la que excluye el escrutinio, sino la que garantiza dignidad efectiva.
Una sociedad puede no estar en guerra y, aun así, vivir bajo violencia estructural. Si la paz se reduce a estabilidad política, se vuelve un concepto vacío. La verdadera paz exige dignidad, derechos y condiciones de vida que permitan sostener la vida sin precariedad.
VII. América Latina frente a su propio espejo
Venezuela interpela a la región. América Latina ha oscilado entre proyectos de emancipación y dinámicas de desigualdad estructural. Ha defendido la soberanía frente a potencias externas, pero también ha reproducido exclusiones internas persistentes.
El caso venezolano obliga a una pregunta incómoda: ¿puede hablarse de autodeterminación plena cuando amplios sectores de la población migran para sobrevivir?, ¿es suficiente la estabilidad política si la reproducción social descansa sobre precariedad estructural? Estas preguntas no buscan simplificar el conflicto. Buscan complejizarlo.
VIII. El centro del debate pendiente
Venezuela no es únicamente un conflicto diplomático. Es una escena donde se cruzan los límites de un modelo que separó soberanía de responsabilidad, paz de justicia social y derecho de vida concreta. Defender la soberanía no puede significar silenciar el sufrimiento diferenciado. Tampoco puede implicar que la paz se reduzca a estabilidad política mientras persisten estructuras que erosionan la dignidad de más de la mitad de la población.
La pregunta no es solo quién controla el Estado. La pregunta es quién sostiene la vida cuando el Estado falla. Y mientras esa respuesta tenga rostro de mujer, cualquier debate que ignore esa realidad seguirá siendo incompleto.
Quise escribir este artículo porque hay historias que no pueden seguir siendo silenciosas. Dana —una mujer venezolana que hoy vive fuera de su país— me confió lo que pocas veces se escucha: cómo fue detenida y torturada durante el gobierno de Maduro. Ahí, en el silencio de un cuarto desconocido, soportó golpes, gritos e injusticias que desbordaban cualquier relato oficial. Lo que la sostuvo no fue una abstracción, sino el amor inquebrantable por sus hijas; y con ese amor protegido como un tesoro, sostuvo su dignidad incluso cuando todo parecía quebrarse. Su historia —y la de miles de mujeres venezolanas— rara vez aparece en las crónicas de las conferencias diplomáticas, comunicados, conversatorios, análisis de mesas, porque suele asumirse que es obligación de ellas sostener su dignidad, a pesar de todo lo que las violenta, vulnera y expulsa.
Este 8 de marzo es imprescindible visibilizar la múltiple violencia ejercida sobre más del 50 % de la población venezolana: niñas, adolescentes y mujeres que han tenido que apretar los dientes ante el dolor físico y emocional, y ante el hambre de justicia para ellas, para sus hijas e hijos y para su país.
Este 8 de marzo, el espejo internacional debe reflejar un compromiso real con el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela. Solo desde esa coherencia podrá irradiarse, con legitimidad, un horizonte de dignidad para el resto de las mujeres que habitamos en América Latina.
* Doctoranda en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Investiga la construcción jurídica de la paz y los derechos humanos de las mujeres. Es presidenta de la Comisión de Paz de la colectiva 50+1 Guerrero.
Referencias
ACNUR. (2023). Venezuela situation report.
CIDH. (2021). Situación de derechos humanos en Venezuela. OEA.
CEDAW. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Naciones Unidas.
Convención de Belém do Pará. (1994). OEA.
Fraser, N. (2016). Fortunas del feminismo. Traficantes de Sueños.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.
Morin, E. (1999). La cabeza bien puesta. Seuil.
ONU Mujeres. (2022). Mujeres migrantes venezolanas en América Latina.
Santos, B. de S. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce.
Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.
Wallerstein, I. (2005). Análisis de sistemas-mundo. Siglo XXI.
