Año 1, núm. 8, marzo de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Crimen, territorio y Estado: la descomposición mexicana
Jorge Javier Romero Vadillo
La crisis del Estado mexicano no es solo un problema de violencia: es la pérdida progresiva del control territorial y de la soberanía, sustituida por órdenes locales donde el crimen gobierna allí donde el Estado dejó de hacerlo.
Un Estado en retirada
El Estado mexicano se encuentra inmerso una crisis profunda y prolongada. No se trata de un episodio coyuntural ni de un mero problema de inseguridad pública, sino de un proceso histórico de descomposición de las capacidades básicas que definen a cualquier Estado funcional: el control territorial, la exacción fiscal, la provisión de bienes públicos y la garantía efectiva de derechos. En amplias regiones del país, el Estado ha dejado de ser el árbitro último del orden social y se ha convertido en un actor más —no pocas veces subordinado— dentro de arreglos locales de poder dominados por organizaciones criminales.
La violencia es síntoma de una descomposición estatal profunda, no su causa principal.
Durante buena parte del siglo XX, el Estado mexicano logró reducir la violencia y contener el conflicto social no mediante un Estado de derecho efectivo, sino por medio de un entramado de mecanismos informales de gobernabilidad. La ley operaba menos como norma general que como marco de negociación de intereses particulares. La violencia se contenía mediante la venta de protecciones, la negociación de la desobediencia, el corporativismo y el clientelismo, en un sistema donde el acceso a los recursos públicos, a la impunidad o a la aplicación selectiva de la ley dependía de la pertenencia a redes políticas y administrativas específicas.
Ese orden no era democrático ni igualitario, pero sí relativamente estable. La centralización del poder político, la disciplina de las camarillas gobernantes y la ausencia de competencia electoral efectiva permitieron durante décadas una coordinación informal que redujo la violencia abierta. El monopolio político facilitaba la coherencia de las redes de protección y hacía posible que los conflictos se procesaran sin recurrir sistemáticamente a la fuerza. La debilidad del Estado de derecho coexistía, paradójicamente, con una cierta capacidad estatal para reducir la violencia privada, aunque fuera al precio de la arbitrariedad, la corrupción y la exclusión.
Ese equilibrio comenzó a descomponerse con la liberalización económica, la erosión de la capacidad estatal para manipular la economía, la fragmentación del monopolio político y la apertura electoral. La democratización avanzó en el plano de la representación, pero no fue acompañada por una reforma equivalente del aparato estatal. Se desmontaron —de manera abrupta y muchas veces improvisada— los viejos mecanismos informales de control sin que se construyera un orden alternativo basado en reglas impersonales, burocracias profesionales y capacidad efectiva de gobierno territorial.
El problema central no fue la apertura política en sí, sino la persistencia del sistema de botín en un contexto de competencia. Al desaparecer la mediación informal centralizada, las redes de protección se fragmentaron y quedaron a merced de actores locales, cada vez más autónomos y mejor armados. La competencia electoral convirtió a los gobiernos subnacionales en arenas de disputa por recursos y control, sin que existieran policías profesionales, ministerios públicos eficaces ni sistemas judiciales capaces de contener la violencia dentro del marco legal.
En lugar de transitar hacia un Estado de derecho efectivo —con instituciones civiles capaces de cobrar impuestos, proveer servicios y garantizar seguridad—, el Estado mexicano quedó atrapado en un híbrido disfuncional: demasiado plural y fragmentado para sostener los viejos arreglos autoritarios, pero demasiado débil y colonizado por intereses particulares para imponer la ley de manera general. La ley dejó de ser siquiera un marco estable de negociación y la violencia comenzó a ocupar el lugar que antes tenían los acuerdos informales.
Ese vacío fue aprovechado por organizaciones criminales que contaban con recursos, capacidad de coerción y vocación territorial. Allí donde el Estado perdió la capacidad de reducir la violencia y de garantizar derechos básicos, otros actores ocuparon su lugar. No porque ofrecieran un orden legítimo, sino porque podían imponerlo. La crisis del Estado mexicano no es, así, el resultado de una retirada pura y simple, sino de una transición trunca: el deterioro de un orden informal sin la construcción de un Estado civil capaz de sustituirlo.
El resultado ha sido una transición incompleta: se desmontaron los viejos mecanismos de control político sin construir nuevas capacidades estatales. En ese vacío emergió un actor con recursos, disciplina armada y vocación territorial: el crimen organizado.
El narcotráfico como acumulación originaria
El ascenso del crimen organizado no puede entenderse sin reconocer el papel del narcotráfico como proceso de acumulación originaria. Durante varias décadas, el tráfico de drogas permitió a distintas organizaciones generar flujos extraordinarios de recursos en un contexto de debilidad institucional, corrupción estructural y tolerancia estatal selectiva. Esa renta ilícita fue la base material para un salto cualitativo: el reclutamiento de ejércitos privados, la compra masiva de armas y la construcción de capacidades para disputar —y eventualmente ejercer— control territorial.
La llamada “guerra contra las drogas” no interrumpió ese proceso. Por el contrario, lo aceleró. La fragmentación de los grandes cárteles, combinada con el despliegue militar sin fortalecimiento de policías ni sistemas de justicia, multiplicó los actores armados y descentralizó la violencia. Las organizaciones criminales dejaron de ser estructuras dedicadas principalmente al trasiego internacional y se transformaron en empresas de extracción de rentas locales, profundamente insertas en economías regionales y en estructuras políticas subnacionales.
Hoy, el narcotráfico es solo una fracción —a veces menor— de los ingresos criminales. Extorsión, cobro de piso, control de mercados laborales, despojo de tierras, tráfico de personas, control del transporte, minería ilegal y apropiación de presupuestos públicos forman parte de un portafolio diversificado de actividades que requieren algo más que corrupción ocasional: requieren gobernar territorios.
El crimen organizado ejerce funciones estatales en amplias regiones del país.
De organizaciones criminales a poderes territoriales
En muchas regiones de México, las organizaciones criminales ya no se limitan a operar en la clandestinidad. Ejercen funciones típicamente estatales: regulan el acceso a la actividad económica, imponen reglas de convivencia, castigan infracciones, resuelven disputas y cobran tributos. No se trata de un poder paralelo abstracto, sino de órdenes locales concretos, sostenidos por la amenaza creíble de la violencia y por relaciones estables de colusión con autoridades formales.
Este tipo de gobernanza criminal no es necesariamente caótica. Por el contrario, suele ser selectiva y estratégica. La violencia se utiliza de manera instrumental: para disciplinar actores políticos, influir en procesos electorales, eliminar competidores o renegociar acuerdos. En amplias zonas rurales y urbanas, la población interactúa cotidianamente con este poder de facto, mientras el Estado formal aparece de manera intermitente, débil o abiertamente capturada.
El control territorial ya no es solo una cuestión de presencia armada, sino de capacidad de exacción. Allí donde el Estado no puede cobrar impuestos, garantizar contratos ni proteger derechos de propiedad, las organizaciones criminales cobran por hacerlo —o por permitir que otros lo hagan—. La frontera entre economía legal e ilegal se diluye, y la violencia se convierte en un insumo más de la regulación social.
La captura del orden municipal
El eslabón más frágil del Estado mexicano ha sido, históricamente, el municipio. Ayuntamientos con escasa capacidad administrativa, policías mal pagadas y mal entrenadas, haciendas públicas endebles y ciclos electorales cortos conformaron un terreno fértil para la captura criminal. En muchos casos, el crimen organizado no necesita sustituir al gobierno local: le basta con colonizarlo.
La colusión entre autoridades municipales y organizaciones criminales adopta múltiples formas: financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, control de policías, desvío de recursos públicos, uso de la violencia para disciplinar opositores y votantes. No se trata de corrupción marginal, sino de arreglos políticos estables que permiten al crimen operar con impunidad y al gobierno local sobrevivir en contextos de alta competencia y bajos recursos.
Este fenómeno no es uniforme ni espontáneo. Se intensificó con la democratización subnacional, cuando la competencia electoral fragmentó las redes de protección centralizadas sin generar mecanismos alternativos de control estatal. En ese contexto, las organizaciones criminales se convirtieron en actores políticos locales, capaces de inclinar elecciones, definir equilibrios de poder y castigar desviaciones.
Violencia, política y Estado fragmentado
La violencia criminal en México no es un subproducto inevitable de la desigualdad ni una anomalía cultural. Es el resultado de la interacción entre mercados ilícitos altamente rentables, instituciones débiles y competencia política sin Estado. La violencia aumenta cuando se rompen los acuerdos de colusión, cuando se disputan territorios o cuando los actores criminales buscan renegociar su relación con el poder político.
En este contexto, el Estado no está ausente: está fragmentado. Distintas agencias, niveles de gobierno y cuerpos de seguridad operan con lógicas contradictorias, frecuentemente en competencia entre sí y, en no pocos casos, en alianza con actores criminales. La idea de un Estado unitario que enfrenta a un enemigo externo resulta insuficiente. Lo que existe es una constelación de poderes locales, formales e informales, cuya interacción produce violencia, impunidad y desprotección para amplios sectores de la población.
Militarización como sustituto del Estado civil
Frente a esta crisis, la respuesta predominante ha sido la militarización. Incapaz —o renuente— a emprender una reforma profunda de policías, fiscalías y sistemas de justicia, el Estado optó por delegar crecientes responsabilidades en las Fuerzas Armadas. Primero en la seguridad pública, luego en tareas administrativas, regulatorias y de infraestructura.
Este proceso no ha recuperado el control territorial ni ha reducido de manera sostenida la violencia. Lo que sí ha logrado es desplazar a las burocracias civiles, debilitar los controles democráticos y normalizar un régimen de excepción permanente. La militarización ha funcionado como sustituto político de la reconstrucción estatal: en lugar de construir capacidades estatales civiles, se despliegan tropas; en lugar de profesionalizar policías, se amplía el ámbito de acción castrense.
La militarización sin fortalecimiento institucional ha fragmentado aún más el orden público.
El resultado es paradójico: un Estado cada vez más presente en términos coercitivos, pero cada vez menos capaz de gobernar. La expansión del poder militar no ha ido acompañada de mayor capacidad de exacción, mejor provisión de servicios ni fortalecimiento del Estado de derecho. Por el contrario, ha contribuido a la opacidad, la concentración de poder y la erosión del carácter civil del Estado.
Autocratización sin capacidades estatales
En los últimos años, este proceso se ha visto acompañado por un nuevo intento hegemónico. La coalición gobernante ha impulsado una concentración del poder político, ha debilitado contrapesos institucionales y ha desmantelado a los órganos autónomos, todo ello bajo un discurso de regeneración moral y combate a la corrupción. Sin embargo, esta centralización no ha venido acompañada de una reconstrucción efectiva de las capacidades estatales.
El presidencialismo reforzado convive con un Estado incapaz de garantizar seguridad, justicia, servicios básicos e infraestructura en amplias zonas del país. La autocratización avanza sobre un terreno institucional erosionado, sin resolver los problemas estructurales que alimentan la violencia y la captura criminal. La militarización, lejos de ser una solución transitoria, se consolida como rasgo permanente del nuevo arreglo político.
Este nuevo intento hegemónico elude la reforma estructural del Estado, mientras preserva un arreglo que privilegia la discrecionalidad política sobre la certidumbre institucional. Sustituye reglas por lealtades, instituciones por mando, y legalidad por discrecionalidad. En ese contexto, el crimen organizado no es un adversario externo, sino un componente funcional de un orden político fragmentado, donde el control territorial se negocia y la exacción se privatiza.
Epílogo: un orden sin derechos
El orden político que se consolida en México descansa cada vez menos en instituciones capaces de garantizar derechos, proveer servicios públicos e impulsar el desarrollo de infraestructura, y cada vez más en la reproducción de lealtades políticas por medio de redes clientelistas, transferencias discrecionales y mecanismos informales de control. La construcción de capacidades estatales ha sido desplazada por la administración de dependencias, y la lógica de los derechos universales ha cedido terreno frente a un arreglo basado en la mediación personal, la excepción y la arbitrariedad.
En este contexto, el Estado se aleja progresivamente de un Estado social de derecho y se aproxima a un orden patrimonial, donde la ley funciona de manera selectiva y la autoridad se ejerce de forma fragmentada. El acceso a la protección, a los servicios y a la resolución de conflictos depende cada vez más de la inserción en redes políticas locales o de la convivencia forzada con poderes armados que ejercen control territorial. La violencia, criminal o estatal, se integra así como un componente ordinario de la regulación social.
Este arreglo no constituye una ruptura con la historia política reciente del país. Recupera muchos de los rasgos centrales del viejo régimen del PRI: la centralización del poder político, la colonización de las administraciones públicas por redes clientelares, la negociación permanente de la legalidad y la tolerancia selectiva de la ilegalidad como mecanismo de gobierno. La diferencia decisiva es que aquel orden se apoyaba en un Estado que conservaba capacidades administrativas, fiscales y de control de la violencia, mientras que el arreglo actual se asienta sobre un aparato estatal debilitado, fragmentado y crecientemente incapaz de gobernar el territorio.
La expansión de las Fuerzas Armadas en funciones civiles no ha corregido esa debilidad. Ha sustituido la reconstrucción institucional por el despliegue coercitivo y ha profundizado la erosión del control civil del Estado. Al mismo tiempo, ha reducido los incentivos para construir policías profesionales, sistemas de justicia eficaces y administraciones públicas competentes, consolidando un esquema donde el poder se ejerce sin reglas claras y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
En ausencia de una reconstrucción deliberada de las capacidades civiles del Estado —en particular su capacidad de cobrar impuestos, su presencia territorial y su aptitud para garantizar derechos—, el control del orden social seguirá disputado entre actores formales e informales, y la gobernabilidad dependerá de arreglos locales sostenidos por la fuerza y la negociación permanente. En ese marco, la democracia se reduce a un procedimiento electoral desvinculado de un Estado capaz, y el ejercicio del poder se desliza hacia formas crecientemente arbitrarias, compatibles con la colonización del Estado por intereses clientelares, militares y criminales.
En estas circunstancias, la propia idea tradicional de Estado se encuentra hoy en cuestión en México. La noción de una organización con ventaja competitiva en el uso de la violencia, capaz de controlar una población y un territorio a cambio de garantizar derechos, proveer servicios e infraestructura y hacer cumplir reglas generales, ha dejado de describir adecuadamente la realidad en amplias regiones del país. El control de la violencia, la exacción y la regulación del orden social se han fragmentado y privatizado, mientras el Estado conserva funciones formales sin las capacidades que les daban sentido. Lo que emerge no es una ausencia de poder, sino un arreglo en el que esa ventaja competitiva se diluye, se negocia y, de ser necesario, se disputa con las armas, lo que pone en entredicho los fundamentos mismos sobre los que se construyó el Estado moderno.
