Año 1, núm. 7, febrero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Desigualdad y erosión de la democracia: y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Alejandro Sahuí
La desigualdad no solo concentra la riqueza: erosiona la democracia desde sus cimientos. Cuando las promesas de igualdad, dignidad y participación se incumplen de forma sistemática, el descontento social abre la puerta al autoritarismo y a liderazgos que capitalizan la frustración colectiva.
Además de dar cuenta de la enorme concentración de la riqueza, el Informe sobre la desigualdad mundial 2026 (Chancel et al., 2025) identifica diversas afectaciones que se producen más allá de la esfera económica, las carencias o el bienestar. La desigualdad trasciende a las relaciones entre grupos de población y entre regiones y, de modo particular, afecta la equiparación de los derechos humanos de las mujeres.
La desigualdad es un predictor clave de la erosión democrática, más determinante que otros factores políticos o culturales.
Datos similares incluye el Reporte de desigualdad global del G20 (Stiglitz et al., 2025). Ambos observan el daño que la desigualdad causa al medio ambiente y al combate al cambio climático, trasladando a los más pobres sus peores efectos. En este texto enfoco las repercusiones de la desigualdad en el sistema político, en el desempeño de las democracias, con miras a entender mejor la crisis de legitimidad de estos regímenes.
Stokes (2025) sostiene que la desigualdad en el ingreso se puede probar como la causa principal de la erosión democrática, como su predictor más seguro. Hay otros condicionantes, como el contagio entre regímenes autoritarios, pero la desigualdad explica mejor que el resto de los factores el trance de la política. Pormenoriza los avances de partidos y movimientos de derecha e izquierda en el norte y el sur globales, y señala que los etnonacionalismos surgen principalmente en los países ricos en donde se alimentan las divisiones culturales e identitarias, mientras que los populismos nacen en países en desarrollo que movilizan temas redistributivos.
Las divisiones de clase son inherentes a la izquierda y prevalecerían en la política latinoamericana, aunque reconoce que existen más temas sensibles como la inseguridad y la violencia que se asocian a la migración irregular. Este plano podría explicar la marea azul o el giro a la derecha en Chile, Ecuador, El Salvador y Perú, que se suman a Argentina, Bolivia, Honduras o Paraguay con otro tipo de causas.
En las sociedades ricas, por su parte, la afectación a las clases medias es una de las causas principales de descontento popular (Guilluy, 2020). Aquí no se trata de carencias básicas o de pobreza absoluta, sino del deterioro gradual de la calidad de vida que se resiente como una ruptura de la comunidad política. El aumento de la desigualdad y la precarización producen este agudo malestar, junto a cambios demográficos como la inmigración, la transición etaria o la urbanización acelerada. La pérdida de oportunidades y derechos se percibe públicamente como menosprecio hacia las mayorías.
El deterioro de la calidad de vida de las clases medias alimenta el malestar y fractura la comunidad política.
La desigualdad perjudica más a las mujeres y a las minorías étnicas, raciales, nacionales o religiosas, por la culpa que se les atribuye en la sobreoferta de población trabajadora. Dicha sobreoferta deprime los salarios junto a la deslocalización y la automatización, debilita los sindicatos y socava las bases de los partidos propiciando la captura del régimen (Turchin, 2024). En hombres jóvenes, el sentido de agravio parece mayor, según se aprecia en sus preferencias políticas conservadoras, ya que la cultura patriarcal asigna roles específicos a la masculinidad que difícilmente pueden satisfacer.
Por otro lado, en las distintas regiones al interior de los países y dentro de las ciudades, la desigualdad erige fronteras y excluye con sesgos de clase e identitarios. El primero de los informes citados hace énfasis en la dimensión espacial-territorial de la injusticia. Esta situación es notoria porque concurre con la emergencia del llamado derecho a la ciudad, cuyo núcleo esencial consiste en la inclusión y la paridad participativa de la ciudadanía en las decisiones colectivas. Las cuestiones inmobiliarias de vivienda, turismo, comercio, así como la accesibilidad a servicios públicos, están delineando un mapa político segmentado y polarizado. Hay brechas profundas entre las metrópolis y las ciudades medias y pequeñas que explican con gran tino las inclinaciones de los electorados.
Como si se tratara de un manual, los líderes regresivos o autoritarios (backsliders) concentran el poder, además de que eluden las instancias de control y rendición de cuentas: atacan a los tribunales, a las organizaciones de la sociedad civil, los opositores, las y los periodistas y los órganos electorales. Asimismo, endurecen las políticas de seguridad y pueden recurrir a la militarización de funciones civiles.
Que la desigualdad sea causa de la crisis de legitimidad no es una idea original. Los efectos perversos del capitalismo en las sociedades modernas, incluidos los estados de bienestar, fueron diagnosticados por pensadores como Habermas (1989) u Offe (1990): existen muchas promesas incumplidas. Se trata de una postura que comparten Sandel y Piketty (2025) sobre los motivos del descontento democrático. La igualdad es una idea compleja: las cuestiones económicas se integran con otras de reconocimiento cultural o políticas relativas a la representación y participación. Junto a la adscripción de clase social importa el estatus que asigna respeto y dignidad a las personas, así como el empoderamiento en las decisiones colectivas.
Quizá sea el feminismo crítico el enfoque que ha desarrollado los aspectos de la desigualdad con más profundidad, como los casos de Fraser (2008), Young (2000) o Mansbridge (2023) en el campo de la teoría democrática. Por ello llama la atención que sean los derechos y la igualdad de las mujeres los que reciban los peores ataques en todas partes. No extraña que sean ellas quienes votan mayormente a partidos progresistas.
La captura del poder y el debilitamiento institucional son efectos recurrentes de sociedades profundamente desiguales.
A la luz de lo anterior cabría sostener que los procesos de erosión democrática no son una respuesta contingente a la desigualdad entre personas y grupos, sino su consecuencia necesaria. Este postulado tiene implicaciones considerables. En primer lugar, porque parte de un presupuesto democrático que imputa discernimiento práctico a todos los individuos, incluidos quienes votan liderazgos autoritarios, considerando que en la mayoría de los casos se trata de perdedores de la globalización, más allá de sus ventajas respecto a otros grupos vulnerables como las personas migrantes. La ciudadanía no enloqueció de súbito y eligió personajes excéntricos por casualidad, sino porque las reglas de juego fueron sistemáticamente corrompidas. Este contexto favoreció el surgimiento de competidores oportunistas y desleales sin tapujos.
En segundo lugar, subrayar la relación entre democracia e igualdad ayuda a entender la crisis actual y da pautas para imaginar respuestas al malestar. Al lado de las políticas redistributivas y de bienestar, tales respuestas deben desvelar los mecanismos de captura de la política y fijar condiciones adecuadas para la participación. El triunfo de la demagogia no obedece a fallas de la racionalidad colectiva. Urge tomar en serio las fuentes de indignación popular. Estamos ante víctimas no deplorables con quienes se debe discutir las causas de las injusticias.
La desigualdad es un problema inherente a la democracia política porque daña la agencia que es uno de sus componentes básicos, no solamente porque afecta el bienestar. Ella desfigura la naturaleza de la democracia que debe asegurar a sus participantes autonomía, responsabilidad y razonabilidad. Esto quiere decir que la desigualdad afecta las libertades. Sin capacidad de actuar de manera concertada, de autogobernarse en reciprocidad, las personas carecen de móviles para brindar adhesión al régimen. La democracia exige una sociedad de iguales (Rosanvallon, 2014) que traduzca demandas ciudadanas en leyes y políticas, donde las élites no controlen la agenda.
En este tenor, el anterior consenso que impulsó las transiciones y la extensión del modelo democrático se apoyaba en bases limitadas. Se puso énfasis en los órganos y procedimientos electorales, que son sin duda requisitos sine qua non, pero sin ofrecer un cauce a los intereses y necesidades de la gente. El momento de la elección ocultó otras instancias básicas como la selección, la deliberación, la decisión, el control y la rendición de cuentas. La ciudadanía cuenta con poca participación en estos espacios que son constitutivos del régimen político. Son los actores poderosos los que determinan las decisiones y esto genera un gran descontento. No hace falta suscribir todo el alegato populista para admitir que no estamos ante acusaciones falsas. En América Latina, O’Donnell (2010) alertó del déficit democrático de los países de la región e identificó sus debilidades estructurales hace mucho tiempo.
En México, el autollamado régimen de la Cuarta Transformación ha tenido logros importantes como la reducción de la pobreza debida al aumento al salario mínimo, más que a las transferencias monetarias; sin embargo, es relevante expresar que tal logro no tiene nada que ver con la captura o desaparición de órganos autónomos como los de derechos humanos; transparencia y acceso a la información; evaluación de la política social; reforma judicial y de seguridad, o con los ataques a la prensa y la oposición. Se arruinaron piezas fundamentales del Estado de derecho y del régimen político, sin afectar un ápice del modelo económico neoliberal. La política social está desatada de un esquema de desarrollo serio y este requiere atender la cuestión tributaria, tabú de la administración actual y pasadas.
La democracia requiere una sociedad de iguales: sin agencia, autonomía y participación real, pierde legitimidad.
Sin esta determinación, incluso el impacto redistributivo positivo de la política salarial será limitado. La enmienda de la norma fiscal es clave para los sistemas educativos, de salud y de pensiones que están bajo un estrés enorme. En este ámbito se refleja el poder de las élites económicas y no se puede negar el carácter paternal y clientelar de transferencias que producen réditos de bienestar y electorales patentes, pero no cambian las estructuras de la desigualdad.
Partiendo de estas premisas, cabe concluir que en la práctica se han descuidado cuestiones sustantivas de justicia, las cuales no son exclusivamente económicas. O’Donnell trató con profundidad el tema del Estado, cuyas dimensiones jurídica y administrativa habrían sentado las bases de la ciudadanía universal, no como mera abstracción. Por medio de las relaciones sociales que autoriza es posible juzgar el valor real de la democracia política o poliarquía en los términos de Dahl (1989). Esta noción de democracia no es minimalista porque se complementa con el Estado y la agencia humana.
El tipo de sistemas que el profesor argentino calificó como democracias delegativas, con ejecutivos que concentran los poderes públicos, se ha vuelto el arquetipo. Pero si seguimos el argumento de Stokes de la desigualdad como factor principal de la crisis democrática, es por lo menos curioso que los procesos de autocratización no se acompañen de una revisión de sus causas y estructuras profundas. Hasta ahora los populismos conocidos han sido exitosos sin dirigir su artillería a las élites económicas o la política neoliberal. Al margen de la retórica etnonacionalista o socialista que utilicen, en la práctica se han aliado con las oligarquías y eludido los problemas de fondo de la desigualdad.
Vale expresar entonces: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”, frase célebre del personaje de la televisión mexicana, el Chapulín Colorado, el cual ha sido fenómeno sociológico de estudio por académicos latinoamericanos. Por mi parte, quiero creer que pueda surgir una efectiva reacción desde lo local contra las injusticias del capitalismo desregulado y de los Estados capturados por actores económicos. Si la geografía vuelve al centro del conflicto político debido a divisiones regionales, rurales-urbanas, metropolitanas y relativas a ciudades pequeñas o provincianas —como señala el Informe sobre la desigualdad global—, debemos estar atentos al comportamiento del público en los mapas, a la orientación de la participación cívica en el territorio.
De modo que, aunque es cierto que esos mapas enseñan los lugares que han votado a líderes y partidos autoritarios, a Trump o Morena, por ejemplo, ellos exhiben también formas de resistencia dignas de atención. En Estados Unidos se aprecia el poder de las ciudades santuario contra la política migratoria o de Nueva York al elegir a un inmigrante socialista y musulmán. En México, por su parte, a pesar de la parálisis de la oposición, es notoria la dificultad del régimen de arraigar en los estados, ya que sus triunfos penden de arreglos con élites locales provenientes de todos los partidos e ideologías. Este puede ser un primer paso para que la ciudadanía reconozca que tiene capacidad de desafiar el sistema político y orientarlo a su favor.
Referencia
Chancel, L., Gómez-Carrera, R., Moshrif, R. y Piketty, T. (eds). (2025). World Inequality Report 2026 [Informe sobre la desigualdad mundial 2026]. World Inequality Lab. https://wir2026.wid.world/
Dahl, R. A. (1989). La poliarquía. Participación y oposición. Tecnos.
Fraser, N. (2008). Escalas de justicia. Herder.
Guilluy, C. (2020). No society: El fin de la clase media occidental. Taurus.
Habermas, J. (1989). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Amorrortu.
Mansbridge, J. (2023). Feminismo, democracia y poder. Gedisa.
O’Donnell, G. (2010). Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa. Prometeo Libros.
Offe, C. (1990). Contradicciones en el estado del bienestar, Alianza Editorial.
Rosanvallon, P. (2014). La sociedad de iguales. Manantial.
Sandel, M. J y Piketty T. (2025), Igualdad: Qué es y por qué importa. Debate.
Stiglitz, J.E., Abdenur, A. E., Byanyma, W., Ghosh, J., Valodia, I. y Zembe-Mkabile, W. (2025). G20 Global Inequality Report [Reporte de desigualdad global del G20]. G20 Independent Expert Review Panel. https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202511/g20-global-inequality-report-full-and-summary.pdf
Stokes, S.C. (2025). The Backsliders. Why Leaders Undermine Their Own Democracies. Princeton University Press.
Turchin, P. (2024). Final de partida. Élites, contraélites y el camino a la desintegración política. Debate.
Young, I.M. (2000). La justicia y la política de la diferencia. Cátedra.
