Año 1, núm. 3, octubre de 2025
voces
La cotidianeidad de la violencia en México
Eunice Rendón
México se convirtió en el país sin guerra más violento del mundo: en 2024 registró 33 241 homicidios y 797 feminicidios. La violencia dejó de ser excepcional y hoy forma parte del día a día en barrios y comunidades.
Según la Real Academia Española (RAE), “violento” es aquel que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. La Organización Mundial de la Salud (OMS) amplía la comprensión de la violencia; la define como un fenómeno complejo que, además de la agresión física, incluye el uso del poder para dañar o intimidar, contra otros o hacia uno mismo.
Esta concepción abarca desde el suicidio (autoinflingida) hasta los conflictos armados, pasando por la violencia interpersonal. Sus efectos incluyen no solo las muertes y lesiones, sino también los daños psicológicos, privaciones y secuelas en el desarrollo que deterioran el bienestar individual, familiar y comunitario.
Hablar de violencia es hablar de muchas violencias. Sin embargo, me referiré a una difícil de eludir, pues ha trastocado la vida de millones de mexicanos. Es la violencia criminal, carente de cualquier fundamento ético o propósito social: es una expresión brutal de una ambición desmedida que busca poder, control y dinero, cuyos efectos destruyen comunidades y desgarran el tejido social.
En 2024, México registró 91 homicidios diarios, según el Inegi.
Nuestro país se ha posicionado como el país sin un conflicto armado más violento y peligroso del mundo. El Índice de Conflictos de la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED), que mide letalidad, riesgo para civiles, extensión geográfica y presencia de grupos armados, coloca a México en el cuarto lugar, solo después de Palestina, Myanmar y Siria. En 2024 fue el séptimo país con mayor número de muertes por conflictos y el segundo donde los civiles resultaron más afectados.
México es uno de los países más peligrosos para el periodismo: en 2024 desaparecieron 30 periodistas, la cifra más alta del mundo, según Reporteros Sin Fronteras. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en 2024 un total de 33 241 homicidios, es decir, que 91 personas fueron asesinadas cada día. Ese mismo año se registraron 797 feminicidios, ha sido el año con el mayor número de incidentes de violencia política, y 24 personas se suicidaron por día.
De acuerdo con el Registro Nacional, en lo que va de 2025 van 10 441 personas desaparecidas y no localizadas, lo que corresponde a una media de 40 al día (si se cuentan desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, la cifra asciende a 119 696, registro muy por debajo de la realidad debido a la falta de denuncia por el miedo y la desconfianza en las instituciones).
La violencia en México se ha normalizado al grado de formar parte de la vida cotidiana. No solo se refleja en las cifras oficiales, es palpable en los barrios y comunidades en los que la marginación, la desintegración familiar, la falta de oportunidades y la pobreza marcan el destino de millones de personas, en especial de las jóvenes –el homicidio es la primera causa de muerte en personas de 15 a 44 años–. En esos espacios se gestan numerosos factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad frente a la violencia, las adicciones y la ocurrencia de delitos.
El narcotráfico mantiene bajo control a comunidades enteras: impone miedo, restringe libertades y erosiona el tejido social de manera cotidiana, lo que ha obligado a numerosas personas a abandonar sus comunidades por miedo a la delincuencia y el reclutamiento del crimen organizado. La violencia, además, se perpetúa cuando la corrupción y la impunidad protegen a los agresores y no hay justicia para las víctimas.
De esta manera, la violencia ha pasado a formar parte de la realidad y del tejido cultural de México, transformándose en un elemento central del imaginario colectivo. Desde el cine hasta la música popular, pasando por la literatura, el teatro y la fotografía, la violencia se presenta como una constante en la narrativa nacional. Estas formas de expresión abordan las realidades de la violencia cotidiana, la exaltan o la denuncian, pero en todos los casos reflejan su omnipresencia en la vida diaria. Dicha normalización se extiende a las movilizaciones sociales, donde expresiones como “ni una menos”, “justicia para las víctimas” o “vivos se los llevaron, vivos los queremos” se han repetido durante tanto tiempo que el mensaje ha perdido su impacto.
Más de 10 000 personas desaparecieron solo en los primeros meses de 2025.
La violencia se ha vuelto parte del paisaje emocional de México, se ha vuelto tan cotidiana que casi no nos alarma, lo que erosiona nuestra capacidad de indignación y, por lo tanto, de exigir justicia. Ha dejado de percibirse como excepcional para convertirse en la norma, como destino ineludible del presente de nuestro país. Asumir la violencia como cotidiana no solo la legitima, sino que además nos aleja de la posibilidad de superarla.
El crimen organizado ha dejado cicatrices profundas tanto en la salud mental como en el tejido comunitario en México. Sus efectos psicosociales –entre ellos las adicciones, el miedo, la depresión, la desesperanza y la erosión de la cohesión social– constituyen una emergencia nacional. Solo a partir de este reconocimiento será posible diseñar políticas que no se limiten a contener la violencia, sino que también atiendan el trauma colectivo que hoy afecta a millones de mexicanos.
Apostar por la prevención comunitaria, promover la cohesión social y brindar alternativas reales a niñas, niños y jóvenes en riesgo es una de las tareas más urgentes del país. Nuestros adolescentes y jóvenes que crecen en medio de la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a oportunidades enfrentan un terreno fértil para la violencia. Hoy, cerca de seis millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad no estudian ni trabajan. Para ellos, las opciones de vida son mínimas y los grupos delictivos aparecen como una alternativa cercana y viable. No es casualidad que, de acuerdo con la revista Science, los cárteles mexicanos se hayan consolidado como la quinta fuente de empleo en el país, con más de 175 000 personas en sus filas.
La falta de oportunidades, sumada a la convivencia cotidiana con la violencia y el crimen organizado, expone a muchos jóvenes no solo a ser víctimas, sino también a reproducir conductas delictivas. A este contexto se agregan factores como el acceso temprano a armas y drogas, la presencia de pandillas y un entorno en el que las normas sociales han legitimado la violencia. De hecho, en muchos barrios y comunidades, pertenecer a un grupo delictivo significa obtener identidad, estatus y reconocimiento. Ya no se trata únicamente de una subcultura, sino de una cultura que organiza hábitos, símbolos e instituciones, y que ofrece un sentido de pertenencia difícil de encontrar en otros espacios.
El ámbito educativo refleja otra cara de esta vulnerabilidad. Más de la mitad de las y los estudiantes en el último año de educación media superior presenta bajos niveles de perseverancia y empatía, lo que incrementa la deserción escolar. Este abandono deja a millones de adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo y sin posibilidades de acceder a empleos dignos. El crimen organizado aprovecha estas grietas para ofrecer lo que las instituciones no han podido garantizar: ingresos inmediatos, pertenencia y un proyecto de vida, aunque sea desde la ilegalidad.
Frente a este panorama, quitarle manos al crimen no puede ser solo un lema; debe traducirse en políticas focalizadas que atiendan las causas estructurales de la exclusión juvenil. Se requiere ofrecer oportunidades sociales, educativas y profesionales diseñadas específicamente para quienes enfrentan los mayores riesgos, considerando los estigmas y la marginación que sufren. No basta con apoyos económicos generales o programas asistenciales; es necesario construir alternativas sólidas que fortalezcan competencias disciplinares y socioemocionales, generen factores de protección y reconstruyan el tejido social en los territorios más golpeados.
Esto implica, además, poner en marcha estrategias capaces de identificar y atraer a los jóvenes más vulnerables, con equipos humanos y mentores que logren generar vínculos de confianza y acompañamiento real. Se trata de transformar la complicidad y la cohesión que hoy sostienen a pandillas y grupos criminales en organización barrial, cohesión social y eficacia colectiva para el bien común.
Los cárteles son la quinta fuente de empleo en México, con 175 000 personas en sus filas.
La construcción de paz en México requiere un enfoque integral que combine seguridad ciudadana, justicia efectiva, desarrollo social y participación comunitaria. La acción militar, aunque en ciertos momentos necesaria, no resuelve las causas profundas de la violencia. Prevenir es mirar al futuro: invertir en oportunidades, habilidades socioemocionales y cohesión comunitaria resulta más eficaz y sostenible que depender exclusivamente de medidas coercitivas o represivas. Nadie nace siendo criminal; son los contextos de vida, los factores de riesgo acumulados y la falta de alternativas los que empujan a muchas personas hacia ese destino.
La paz no se decreta desde arriba ni se escribe en un escritorio; se construye desde abajo, en los territorios, con justicia, dignidad y oportunidades. Lograrla implica articular esfuerzos entre gobierno, sector privado, academia y sociedad civil, con inversión sostenida y resultados medibles. Romper los ciclos de violencia exige reconocer a las juventudes como protagonistas, brindarles caminos de vida distintos al crimen y apostar de manera decidida por sus comunidades. Es un reto enorme, pero también el único capaz de generar cambios duraderos.
